El equipo del Ejecutivo saliente insiste en la concreción del negocio antes del vencimiento del plazo legal en febrero, mientras baraja la participación del Estado en la explotación y la de un tercer privado en la construcción de la terminal portuaria.
—¿Cuál es el estado actual de la negociación? ¿Cuándo fue la última reunión con la empresa?
—En el mes de octubre. Con el proceso electoral en medio, si bien se siguió trabajando, hubo una cierta impasse. No obstante, se ha mantenido el contacto.
—¿Quiénes son los representantes de la empresa hoy?
—Los representantes siguen siendo los mismos: el equipo técnico de Zamin Ferrous y quienes negocian asesorando en la parte legal, el estudio De Posadas. Estamos a la espera de la presentación del cronograma de operación, de él depende el ritmo y el plazo total de la explotación y en consonancia, el programa financiero. Ese es un primer tema que falta.
—El ministro Roberto Kreimerman marcó como pendiente la solvencia económica de la explotación y las garantías que la empresa debe presentar para echar a andar el proyecto, ¿en qué está eso y qué es lo que falta?
—Ese es el segundo elemento faltante para una eventual firma del contrato: que se constituyan las garantías que exige la ley. El gobierno aspira a que se integren los títulos de las tierras que compró Zamin como parte de la garantía, aunque no son suficientes para cubrir el monto total, pero de ese modo se tiene un respaldo importante del proyecto, cosa que la empresa ha aceptado.
—¿Cuál es el monto total exigido de garantía?
—No me atrevo a decirlo porque depende de cuál es el número final de inversión que consoliden, eso estará en el plan de operaciones ajustado que presenten. La garantía es un porcentaje de la inversión total. En su momento se habló de 140 millones, que es bastante.
—¿Cuál es el margen de inversión que estiman hoy para Aratirí?
—Nos seguimos manejando con las proyecciones de la empresa que son entre 2.800 y 3.000 millones de dólares, de acuerdo a su planteo original. Nos han trasmitido que lo están ajustando.
—¿Ajustando a la baja?
—No sabemos. La voluntad del gobierno es continuar y avanzar con el proyecto, concretarlo siempre que se cumplan las garantías para una minería responsable.
—¿Qué fue lo que sucedió con el pedido de la empresa del cambio de ubicación de la terminal portuaria?
—El tercer elemento importante, vamos desgranando los nudos, es el tema de la salida del mineral de hierro, la logística necesaria y, por tanto, la terminal portuaria. Nosotros, y hablo como gobierno, porque integré la comisión del puerto de aguas profundas, analizamos y definimos su ubicación en El Palenque. Así se lo hicimos saber a la empresa. Ésta contestó que tenía estudios avanzados en la Angostura, costeados por ella misma y que el puerto en El Palenque les significaba mayor costo y tiempo. Frente a lo cual volvimos a trasmitir, y esa es la posición actual del gobierno, que entendemos que la terminal portuaria es buena para el proyecto y es buena para el país porque constituye uno de los pilares para el desarrollo del puerto de aguas profundas y que creemos que debe haber facilidades o garantías otorgadas por el Estado para que la terminal se concrete. Ese tercer elemento no depende únicamente del Ministerio de Industria sino del conjunto del gobierno.
—¿Se han discutido estas facilidades con Zamin? ¿Cuáles son?
—Hemos planteado la voluntad del gobierno de facilitar esa inversión y estamos estudiando distintas modalidades para que Uruguay pueda contar con esa terminal portuaria. Una de ellas puede ser estudiar la experiencia de la regasificadora, donde quizás ni el Estado ni Zamin sino un tercero pueda, mediante un contrato, hacerse cargo de la inversión de la obra y luego arrendar sus servicios a los operadores. Y que en determinada cantidad de años esa infraestructura pase a ser propiedad del Estado. Es el modelo que hemos explorado. Permite que el país no haga un desembolso de inversión millonaria, de la que es difícil disponer en el corto plazo, y al mismo tiempo se crea esta infraestructura que el país y la empresa necesitan. La otra modalidad, que es en la que veníamos, es que la propia empresa se haga cargo de la inversión.
—¿La alternativa surgió porque Zamin tiene dificultades para concretar esa inversión?
—Surgió porque el país necesita el puerto y porque esa inversión es uno de los costos importantes que tiene el proyecto Aratirí. En la búsqueda de alternativas, ésta parece razonable, sin haber descartado todavía que la empresa financie la construcción por sí misma. Es importante analizar las opciones. La tercera podría haber sido la construcción por parte del Estado uruguayo de la terminal portuaria, que al momento estamos descartando, pero sí creemos que el Estado debe garantizar que esto se concrete en alguna de las posibilidades, o de parte de Zamin o de parte de un tercero que contrate con el Estado y le brinde sus servicios a la empresa.
—Hace un año se manejaban fechas exactas de la firma del contrato, ¿qué pasó para que este proceso se dilatara tanto?
—Creo que todos los actores hemos aprendido que un proyecto de la complejidad y magnitud de éste requiere una actitud sólida y un estudio profundo, una exigencia responsable del Estado que viabilice el proyecto, pero en buenas condiciones. He insistido con esto: no se va a mover ni una piedra si no están las condiciones ambientales, los permisos, y las mejores prácticas. Estamos en una recta final, en la que la empresa debe presentar la información y garantías correspondientes y el Estado avanzar en la concreción de su voluntad una vez recibida esa información, o bien firmando el contrato, o bien un memorando de entendimiento para continuar.
—¿Esa sería la posibilidad que se maneja si se vence el plazo del 28 de febrero?
—Esa recta final es hacia el 28, avanzar hacia entendimientos con la empresa y hacia la firma del contrato, siempre y cuando se cumplan las condiciones. De lo contrario, si bien no es lo que tenemos como primera opción, deberemos trabajar de acuerdo a lo que nos marca la ley, en la búsqueda de nuevos inversores o de nuevas formas para la explotación de un recurso que es una riqueza del país.
—Entonces, alcanzado el 28, ¿se abriría la posibilidad a otras empresas interesadas en la explotación?
—Necesariamente tenemos que trabajar hacia la concreción de los acuerdos de cara al 28. De lo contrario, seguir las alternativas que plantea la ley: que la empresa presente un socio o un inversor alternativo, o al momento que las tierras y el área del proyecto entren al registro de vacancia, se haga un llamado para que ingrese otro privado. La ley prevé incluso la participación del propio Estado en la explotación minera, alternativa que, en lo personal, entiendo que sería muy buena de explorar, en cualquier hipótesis, aún con participación de Zamin.
—Se maneja públicamente que lo que podría suceder, dado que Zamin Ferrous es una empresa junior, es que una vez firmado el contrato y obtenidos los permisos, la empresa venda la explotación a otra más grande, ¿eso fue manejado por el gobierno?
—La existencia de empresas junior y senior, y el intercambio de estas es algo común en el mundo de la minería. Algunas se concentran en la exploración y la estructuración de los proyectos y otras en la explotación. Es un tema que tampoco descartamos. En caso de presentarse algo de esa naturaleza, la ley también lo prevé. A su vez, le da al Estado la posibilidad de voto y veto de cualquier asociación.
—Con el precio del hierro tan bajo ¿habrá interesados en asociarse?
—Creo que el ciclo del hierro, como todo ciclo, si bien está en un proceso de baja va a tender a estabilizarse en un precio más alto. Aún con el precio actual el proyecto Aratirí es rentable.
—Los cálculos se hicieron a cien dólares la tonelada y ahora está en torno a 70.
—Sí, es cierto, pero con márgenes que admitían fluctuaciones. Creo que todavía es un proyecto viable y rentable y que va a mejorar su rendimiento económico con el tiempo, ni bien salga de esta meseta el precio.
—¿No cree que esta baja del hierro sea una situación definitiva?
—No. No creo que se mantenga en el mediano plazo pero tampoco que vuelva a los picos del inicio del proyecto. Con la demanda internacional, creo que el proyecto es rentable y es positivo encararlo, por parte de privados e incluso evaluar la explotación por parte del Estado.