En medio de fuertes enfrentamientos en el Congreso, Pedro Sánchez flexibiliza las medidas de la cuarentena y aspira a la memoria de los pactos de la Moncloa para lograr un gran acuerdo nacional. Pero la oposición agudiza sus críticas, con el estado de alarma y las autonomías regionales en el centro del debate.
Desde Madrid
La desescalada española de las medidas de confinamiento comenzó esta semana. Luego de dos meses de cuarentena obligatoria, el gobierno de Pedro Sánchez inició el plan de transición que establece una hoja de ruta para alcanzar la “nueva normalidad”, pautada, si el contexto sigue mejorando, para fines de junio. Hasta el momento, las fuertes restricciones impuestas por el gabinete progresista han surtido efecto, y desde hace días el país ve descender las cifras de contagios y muertes. En un proceso gradual dividido por fases, que avanza de acuerdo a la situación sanitaria de cada comunidad, el gobierno espera llegar al verano con la pandemia controlada y la economía reactivándose.
Pero al tiempo que el virus pierde fuerza, también se desvanecen los mínimos consensos políticos logrados en el contexto de la emergencia sanitaria. La semana pasada, el presidente español puso a votación la cuarta prórroga del estado de alarma, una medida que hasta el momento había logrado obtener los respaldos necesarios en el Congreso de los Diputados. Pero esta vez el Partido Popular (PP), liderado por Pablo Casado, decidió no acompañar la medida y, finalmente, se abstuvo. En un discurso que destacó por su rudeza, el 6 de mayo el líder de la oposición acusó a Sánchez de haberse “instalado en el absolutismo”.
Como respuesta, el Psoe le exigió responsabilidad institucional y señaló que sin estado de alarma se desataría “un caos sanitario y económico”. Sánchez argumentó que esta era la única herramienta legal para restringir la movilidad entre las comunidades autónomas y brindar ayudas económicas y sociales a la ciudadanía (véase “Vivir en estado de alarma”, Brecha, 27-III-20). Sin embargo, la respuesta del líder de la oposición fue acusar a Sánchez de “chantajear” a la población cuando la legislación ordinaria ofrece otras vías para gestionar la crisis, las que deberían contar con el visto bueno de las comunidades autónomas.
No es menor que el PP tenga en sus bolsillos encuestas auspiciosas en materia de intención de votos. Según el barómetro del 15 de abril del Centro de Investigaciones Sociológicas (Cis), el PP pasó del 19,6 por ciento al 21,1 por ciento en el nivel de aprobación, mientras el Psoe bajó del 31,9 por ciento al 31,2 por ciento. Si bien las cifras cambian de un momento a otro, con un número alto de indecisos, este respaldo le bastó a Casado para retomar su papel como líder beligerante de la oposición, que muchas analistas asimilan al estilo del expresidente José María Aznar. En una foto que publicó en su perfil de Instagram, en el que se lo ve frente al espejo de un baño con gesto preocupado, Casado escribió: “Esto es una catástrofe en vidas y un drama en empleo. Aquí nadie va a ganar y ya hemos perdido demasiado todos. Más de 20 mil compatriotas fallecidos merecen nuestro respeto, homenaje y luto”.
Para Javier Franzé, politólogo y docente de la Universidad Complutense de Madrid, la percepción de que el país ya pasó el peor momento le dio margen al PP para adoptar de nuevo una posición confrontativa. “El PP está tensando la cuerda porque sabe que no corre riesgo y que puede darse ese lujo. Pero sigue una estrategia equivocada desde hace tiempo, que es la del seguidismo a Vox, de intentar recuperar votantes con un discurso más duro. Cuando la estrategia de Vox no es explícitamente ganar el gobierno, sino la de presentar cualquier cosa que haga este como una posición de ultraizquierda, con el objetivo de frenarlo”, señala Franzé.
En sus comparecencias en el Congreso, el líder de Vox Santiago Abascal ha insistido en que con la participación de Unidas Podemos en la coalición oficialista se está instaurando un nuevo régimen comunista. En referencia al líder de esta agrupación, el segundo vicepresidente del gobierno Pablo Iglesias, Abascal llegó a decir durante la sesión en la que se prorrogó el estado de alarma: “No nos va a amedrentar ni sus formas de matón bolivariano ni sus amenazas de chequista”. El uso del concepto chequista hace referencia a la Cheká, nombre original de los servicios secretos rusos, cuya participación en la guerra civil española fue usada por la propaganda franquista para apelar a la idea del Terror Rojo en la retaguardia republicana.
MANDO ÚNICO. Pero no sólo el PP le quitó su apoyo al gobierno la semana pasada, también lo hizo Esquerra Republicana de Catalunya (Erc), que, luego de abstenerse en las votaciones anteriores, se volcó el miércoles 6 a la posición del no. Gabriel Rufián, portavoz de Erc en el Congreso, aseguró que “hay alternativa a la recentralización”. La formación independentista considera que la Generalitat catalana debería decidir por sí misma y con plenas competencias sobre el plan de desconfinamiento. La misma postura tienen partidos como Junts per Catalunya (Junts per Cat) y la Candidatura de Unidad Popular (Cup), aunque estos dos rechazan el “mando único” de Madrid desde el inicio de la emergencia.
“El tipo de respuesta a la pandemia desarrollado por el gobierno español ha implicado una centralización que, a ojos del gobierno catalán y de una parte importante de la opinión pública catalana, resulta innecesaria e, incluso, ineficaz. No ha permitido aplicar decisiones que el gobierno de la Generalitat pedía como, por ejemplo, un confinamiento total de Madrid o, ahora, un desconfinamiento alternativo, no siguiendo los límites provinciales sino [los de] las regiones sanitarias catalanas”, afirma a Brecha Jaume López Hernández, profesor de Ciencia Política en la Universidad Pompeu Fabra.
Frente a estos reclamos, Sánchez ha señalado que el estado de alarma no había sido el plan de gobierno de la coalición progresista cuando asumió el pasado 7 de enero y sostuvo que durante la crisis se incrementó el contacto de Madrid con las comunidades autónomas. Todos los domingos el presidente español se reúne mediante videoconferencia con los presidentes autonómicos. También lo hacen durante la semana los distintos ministros para coordinar acciones con sus pares en las comunidades. En el contexto de la crisis, el gobierno creó un fondo de 16 millones de euros para apoyar a las autonomías y asegura, además, haber recogido el 83 por ciento de las propuestas que esos gobiernos propusieron para el plan de desescalada.
Sin embargo, para López Hernández, “partidos como Erc, Junts per Cat o la Cup difícilmente vayan a apoyar ninguna extensión del estado de alarma en estas condiciones: por filosofía y por estrategia política”. Como telón de fondo están las elecciones autonómicas catalanas, previstas inicialmente para mediados de mayo y que debido a la pandemia fueron pospuestas de forma indeterminada. Erc, integrante del bloque que en enero invistió a Sánchez como presidente del gobierno español, tenía como estrategia política posicionarse como el interlocutor entre Madrid y la Generalitat. Pero ahora su voto negativo le hace perder “centralidad y capacidad de negociación”, explica el docente de la Universidad Pompeu Fabra.
A su vez, el rechazo de los republicanos catalanes a prorrogar el estado de alarma llevó al gobierno del Psoe a una búsqueda contrarreloj de nuevos aliados. Encontró el respaldo inesperado de Ciudadanos, ahora liderado por Inés Arrimadas, que la semana pasada terminó dándole los votos necesarios a Sánchez. La de Arrimadas es una conducción que busca reperfilar a la agrupación que antes lideraba Albert Rivera: “Una especie de pista de aterrizaje para una vuelta al centro, una posición que se había perdido en las últimas elecciones trayéndoles resultados catastróficos”, según Franzé. Además de aprovechar el corrimiento de los republicanos catalanes, con su apoyo a Sánchez, Ciudadanos gana posiciones frente a otro adversario. “Es una manera inteligente de intentar quitarle peso dentro del gobierno a Podemos”, apunta el politólogo de la Universidad Complutense de Madrid.
EN FASES. Desde el inicio de la pandemia, Sánchez está obligado a buscar acuerdos. En la última votación sobre el estado de alarma también logró el respaldo del Partido Nacionalista Vasco, con el compromiso de incrementar la participación de las comunidades autónomas en la gestión de la crisis. Pero en estos días no sólo el PP y los nacionalismos periféricos mostraron su descontento, también comunidades gobernadas por el propio Psoe manifestaron su malestar con el plan de desescalada. El presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, del Partido Socialista del País Valenciano, se indignó con el Ejecutivo por dejar a las principales ciudades de la comunidad autónoma en fase cero: el nivel más estricto de confinamiento.
El calendario de la desescalada está compuesto por cuatro fases (de cero a tres). Las comunidades autonómicas deben presentar sus informes sanitarios y una comisión de expertos creada por el gobierno central define qué provincias pasan de etapa. En el análisis se evalúan indicadores como el número de casos nuevos y la capacidad que tiene el sistema sanitario de afrontar un posible rebrote del virus. Este lunes 11 de mayo, 28 provincias pasaron íntegras a la fase uno, lo que representa el 51 por ciento de la población española. En fase cero quedaron la Comunidad de Madrid; casi la totalidad de Cataluña y de Castilla y León; las provincias de Toledo, Albacete y Ciudad Real en la comunidad de Castilla-La Mancha, y Málaga y Granada en Andalucía.
El caso más polémico es el de la Comunidad de Madrid, donde su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, integrante del PP, pidió el paso de la capital a la fase uno, a pesar de que la directora general de Salud Pública lo desaconsejaba. En referencia a las posibles muertes que generaría flexibilizar las medidas de confinamiento, Díaz Ayuso llegó a decir: “Cada día hay atropellos y no por eso prohíbes los coches”. La presidenta madrileña es partidaria de acostumbrarse a convivir con el virus, porque “la opción B es estar confinados eternamente hasta diciembre y arruinarnos”.
NO HAY PACTOS. Con la nube negra de la crisis sanitaria disipándose, las preocupaciones del gobierno central se enfocan ahora en los efectos que la pandemia tendrá en lo económico. En abril, el Banco de España anticipó una caída máxima del 13,6 por ciento del Pbi. El país tiene al turismo como uno de sus principales motores, lo que supone el 13 por ciento del Pbi y el 14 por ciento del empleo. Según el Instituto Nacional de Estadística, en 2019 este sector generó un récord de ingresos de 92 millones de euros. Si bien el gobierno estableció planes de ayuda para la industria turística y espera que la actividad se reactive en el verano, las fronteras cerradas y las medidas de distanciamiento obligatorias lo hacen muy improbable.
En la senda de conseguir consensos, Pedro Sánchez propuso semanas atrás unos nuevos pactos de la Moncloa con los que generar un gran acuerdo económico y social para la reconstrucción del país tras el coronavirus. Los pactos de la Moncloa originales se firmaron en octubre de 1977 y lograron reunir a los principales partidos políticos, asociaciones empresariales y sindicatos (a excepción de la Cnt) con el objetivo de darle estabilidad al gobierno democrático de Adolfo Suárez.
Si bien Sánchez apela a estos acuerdos porque son parte del imaginario de la supuestamente exitosa transición española –una valoración aún hegemónica en el país–, también son parte de un modelo que desde hace tiempo mostró sus límites. Para Javier Franzé, la apelación de Sánchez “es un síntoma de impotencia, de la vejez en la que ha entrado el discurso de la transición y de la dificultad para renovarse”.
Además, un pacto nacional tiene pocas posibilidades de llegar a buen puerto sin la participación del PP, que no es proclive a este tipo de acuerdos con el gobierno actual. Por otro lado, para Jaume López Hernández este tipo de iniciativa centra las decisiones en los partidos políticos y les quita protagonismo a otros actores. Según el politólogo, el gobierno no sólo carece de una comunicación fluida con la oposición y las comunidades autónomas, también peca de falta de contacto con los sindicatos y otras organizaciones clave de la sociedad civil.
Mientras en el Congreso los partidos endurecen sus discursos en un ida y vuelta de reproches, son las asociaciones vecinales las que se coordinan para generar alternativas para las decenas de familias que se han visto golpeadas por los efectos económicos de la pandemia. Cada semana aumentan las filas de personas que recurren a estas organizaciones en búsqueda de alimentos, materiales sanitarios o alojamientos. Hasta el momento, son las únicas redes que logran dar respuestas inmediatas a las necesidades más urgentes que genera la crisis.
