El coronavirus no ha llegado a las casi 12 mil personas privadas de libertad en el país ni a los 3.500 funcionarios del Inr, afirman las autoridades. Esto puede cambiar de un momento a otro. Pero ciertas cosas no, como la discrecionalidad del sistema judicial, que, por razones sanitarias, otorgó prisión domiciliaria al expropietario de Fripur y no a una joven madre presa por microtráfico.
Ciento diez personas ingresan por semana al sistema carcelario metropolitano. La única vía de ingreso para varones que son privados de libertad es el Centro de Ingreso, Diagnóstico y Derivación, ubicado en un pabellón de la Unidad 1 de Punta de Rieles. Las mujeres no tienen asignada una vía determinada. Si bien en el centro se hacen los controles de rutina, todavía no hay exámenes específicos para detectar la covid-19 en quienes ingresan, cuya estadía en ese punto no debería superar las 72 horas hasta ser derivados a otra unidad.
“En caso de detectar el coronavirus, se procede a aislar a la persona que presente síntomas para separarla de la población. En cada establecimiento hay lugares de aislamiento”, aseguró el director del Instituto Nacional de Rehabilitación (Inr), Luis Mendoza, en una entrevista publicada por Unicom este lunes. Ya había aclarado a Brecha que, como parte del protocolo presentado el 16 de marzo, quien presentara síntomas sería aislado en algún módulo “alejado del resto”.1 Esta semana se descartó la presencia del virus en las 19 personas que permanecían aisladas en distintas cárceles por presentar síntomas de la enfermedad. A 11 se les hizo hisopados, que dieron negativo.
“El ingreso del coronavirus es inminente”, dijo, sin embargo, Daniel Márquez, médico e integrante de Nada Crece a la Sombra. Según él, todavía falta generar una “logística de aislamiento”, como propusieron esta semana a las autoridades del Inr junto con el Sindicato Médico de Uruguay. “Si no existe la posibilidad de aislar en forma preventiva en los ingresos y la enfermedad entra a las cárceles, se puede diseminar muy rápido y agravar la crisis sanitaria nacional”, dijo a Brecha. Explicó que ese aislamiento debería durar siete días si en ese lapso se puede hacer el hisopado o 14 si no hay elementos para el testeo.
“La enfermedad se va a encontrar con personas muy pobres, que ya presentan condiciones de salud muy deterioradas, como comprobamos en el reciente diagnóstico participativo que le hicimos al cien por ciento de las mujeres privadas de libertad”, continuó Márquez. Privadas, además, de actividades recreativas y educativas, estas mujeres pasan más de diez horas diarias sentadas o acostadas (sin contar las horas de sueño). La mayoría fuma, casi un cuarto de ellas ha intentado autoeliminarse y el 78 por ciento dijo que había barreras para acceder a los servicios de salud.
A los presos les repartieron unos volantes del Ministerio de Salud Pública con las medidas generales de prevención del coronavirus y otras enfermedades infecciosas respiratorias. En la precariedad de las condiciones carcelarias, indicaciones básicas para la población en general, como lavarse las manos –en varias unidades suele ser escaso o inexistente el acceso al agua potable durante varias horas por día–, evitar compartir utensilios y el mate, mantener los ambientes bien ventilados y consultar al médico si “luego de realizar un viaje [la persona] presenta cualquier tipo de sintomatología”, se vuelven difíciles de cumplir. “El Estado no puede recomendar algo que les niega, y no adaptar las recomendaciones generales a la cárcel puede resultar violento”, dijo Márquez. Contó que Kung-Fú OmBijam, rapero privado de libertad que integra Nada Crece a la Sombra, adaptó las recomendaciones y las grabó. El audio se pasó con altoparlantes en varios módulos.
Nada Crece a la Sombra acompaña la decisión del Inr de no suspender las visitas, porque entiende que esto provocaría “mucha tensión”; además, como el Estado no provee suficientes productos de higiene y alimentación, suelen hacerlo las visitas. La organización ha vehiculizado las donaciones de artículos de este tipo que se han recibido en la sede central del Pit-Cnt y otras instituciones.
Por su parte, el comisionado parlamentario Juan Miguel Petit gestionó la donación de unos setecientos paquetes para 1.000 internos del antiguo Comcar. La Mesa de Trabajo sobre Mujeres Privadas de Libertad está solicitando frazadas y kits de higiene personal para 650 reclusas y los hijos que permanecen en cautiverio con ellas.
El lunes Petit tuvo una reunión con el presidente de la república, Luis Lacalle Pou, en la que abordaron las recomendaciones del comisionado para prevenir la covid-19 en las cárceles. Al terminar, el funcionario celebró ante la prensa que las visitas se hayan restringido y “exhortó” a las familias de los presos y las presas a no hacer visitas o limitarlas a “lo mínimo indispensable hasta que pase la parte más fuerte de esta crisis”.
El comisionado también informó que analiza promover medidas alternativas a la privación de libertad para personas mayores de 65 años presas por delitos leves. Una opción que hasta ahora no se había manejado, pero que se ha visto en otros países, es la de otorgar medidas alternativas a la privación de libertad tales como la libertad anticipada o asistida, o amnistías.2 Petit recomendó “tramitar las prisiones domiciliarias que sean posibles, dada la situación de la salud de los internos, en particular, la de las madres con hijos a cargo”, unas cuarenta en todo el país.
El 27 de marzo, Petit presentó un recurso de habeas corpus para que una joven madre, presa junto con su hija de cuatro meses (que nació durante la privación de libertad), procesada en condición de primaria por microtráfico de drogas, cumpla la prisión domiciliaria, dada la emergencia sanitaria y las condiciones de reclusión, pero la Justicia de Canelones negó la solicitud. Sí falló a favor de un recurso similar la jueza letrada de Feria Sanitaria María Noel Tonarelli: le otorgó la prisión domiciliaria a Alberto Fernández, expropietario de Fripur, “en forma provisoria mientras perdura la emergencia sanitaria”. Fernández fue procesado con prisión en diciembre por haber vendido mercadería que había sido hipotecada en garantía de los préstamos otorgados por el Banco República.3
Respecto de los 297 adolescentes privados de libertad, un miembro del Inisa confirmó a Brecha que hasta el 14 de abril no había casos sospechosos entre los jóvenes. Ratificó que sólo un funcionario dio positivo en el test de covid-19 y, aunque no quiso especificar en qué área se desempeña, es de público conocimiento que se trata de un psiquiatra del hospital Vilardebó que el 2 de abril atendió a algunos jóvenes y el 8 fue diagnosticado como uno de los 19 casos positivos detectados entre los funcionarios del nosocomio.
Este lunes, frente a la sede del Inau, el sindicato de dicho instituto reclamó a las autoridades, que ese mismo día se estrenaban en el cargo, que se les hagan los test a todos los funcionarios y los adolescentes que hayan estado en contacto con el médico en el centro de ingreso Ciam, ubicado en el complejo Belloni. El sindicato denunció que el director de Salud del Inisa no había ordenado el aislamiento de internos ni funcionarios porque la confirmación del caso positivo había sido posterior a la atención del profesional en el Ciam.
Ante la consulta de Brecha, las autoridades respondieron con un informe en el que reconocen que “existen casos sospechosos en funcionarios que no tienen vinculación con el único caso positivo”, pero no aclaran cuántos están en aislamiento. Según el documento, estos trabajadores “fueron derivados a sus domicilios junto con sus contactos, para la consulta con su respectivo prestador integral”, y los adolescentes que estuvieron en contacto con ellos “están siendo hisopados en su totalidad, aun sin presentar síntomas, en coordinación directa con Asse”.
Como en las cárceles de adultos, se les ha dado la vacuna antigripal a adolescentes y funcionarios, aunque esta no protege del nuevo coronavirus, y se han disminuido las visitas de familiares. A partir de esta semana, tres equipos de profesionales harán una recorrida diaria de los centros de privación de libertad y las oficinas para monitorear el cumplimiento de las medidas preventivas del Msp. Ciertos anuncios despiertan la necesidad de ver para creer.
1. “Cuando el encierro no es voluntario”, Brecha, 20-III-20.
2. Esta semana, en un comunicado, el Comité de Derechos del Niño Uruguay exhortó a las autoridades del Poder Judicial y a la Fiscalía General de la Nación a optar por medidas no privativas para adolescentes infractores.
3. El 8 de abril la fiscal Gabriela Fossati apeló, sin embargo, esta sentencia y pidió que se revocara. En su escrito, Fossati subraya “que agravia especialmente a esta Fiscalía” el enunciado de la jueza de que el delito de Fernández “no es un delito grave”: “Este Ministerio Público entiende exactamente lo opuesto. El delito cometido es especialmente grave y sensible porque afecta a la sociedad toda, porque generó perjuicios importantísimos, incluso a los trabajadores […]; porque no hubo reflexión alguna por parte del responsable, porque tiene condiciones para reparar aunque sea parcialmente el daño ocasionado pero las consecuencias le son indiferentes”.
