El Marco Global de Biodiversidad Kunming-Montreal –así llamado por la ciudad china en la que inicialmente iba a desarrollarse la Conferencia de las Partes (COP) y por la urbe canadiense en la que finalmente se realizó, debido a las restricciones chinas por la pandemia– establece un ambicioso plan con el fin de lograr una transformación en la relación de nuestras sociedades con la biodiversidad. Dentro de sus hitos está la llamada meta 30 por 30 y la reducción de los subsidios a los pesticidas, a la agricultura y a otras actividades que deterioran la biodiversidad.
El acuerdo da un reconocimiento inédito a los derechos humanos y al derecho a un ambiente limpio, saludable y sostenible. Su paquete de medidas busca dar cumplimiento a un conjunto de 23 metas con las que se busca garantizar, para 2050, la visión compartida de vivir en armonía con la naturaleza.
CAMBIO TRANSFORMADOR
Una de las demandas de los grupos de la sociedad civil presentes en la COP15 fue la de impulsar un cambio en la forma en la que se valora la naturaleza en las decisiones políticas y económicas. Según el Informe de Evaluación sobre los Valores Diversos y la Valoración de la Naturaleza, elaborado por la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas de Naciones Unidas, existen en la actualidad cuatro perspectivas generales, a veces en competencia, a veces complementarias, con las que los humanos valoran la naturaleza: vivir de la naturaleza, con la naturaleza, en la naturaleza y como parte de la naturaleza.
La primera, vivir de la naturaleza, corresponde a la tendencia mundial dominante, concentrada en los beneficios que los humanos pueden extraer a corto plazo de la naturaleza y en el crecimiento económico. La segunda, vivir con la naturaleza, se refiere a la capacidad de otorgar a la vida no humana el derecho intrínseco a vivir en su medio o ecosistema, independientemente de las necesidades humanas. La tercera, vivir en la naturaleza, se refiere a la importancia que los humanos dan a la naturaleza como entorno que les permite desarrollar su sentido de identidad y pertenencia a un lugar.
Pero uno de los grandes hitos de esta COP ha sido el reconocimiento de la importancia de los pueblos indígenas y las comunidades locales como custodios de la biodiversidad y socios en su conservación, restauración y desarrollo sostenible. De aquí la valoración de su visión de vivir como parte de la naturaleza, bajo una perspectiva que percibe el mundo natural como parte física, mental y espiritual de las personas.
DERECHOS HUMANOS Y BIODIVERSIDAD
El nuevo Marco Global de Biodiversidad está basado en las 20 metas Aichi, grupo de objetivos que hizo parte del Plan Estratégico para la Biodiversidad 2011-2020. Con ellos pretendía detenerse la pérdida de especies y ecosistemas en la década pasada, pero estuvieron muy lejos de cumplirse. Ahora, en el documento aprobado en Montreal, fueron aumentados a 23.
Una de las metas más importantes en materia de defensa de derechos humanos es, por ejemplo, la meta 22. A través de ella se «garantiza la representación y la participación equitativa desde una perspectiva de género de los pueblos indígenas y las comunidades locales en la toma de decisiones, así como el acceso a la justicia y la información relacionada con la biodiversidad, respetando sus culturas y sus derechos sobre las tierras».
Tras su aprobación por la mayoría de la comunidad internacional, el Marco Global de Biodiversidad se convirtió, junto con el Acuerdo de Escazú, en uno de los tratados más ambiciosos en este tema, ya que además garantiza «la plena protección de los defensores de los derechos humanos medioambientales», un factor clave en América Latina, una de las regiones más biodiversas del mundo, donde se registra el 68 por ciento de los asesinatos de activistas ambientales de los últimos diez años.
El enfoque de derechos humanos también hace parte de la meta 30 por 30. Esta se refiere a que al menos el 30 por ciento de las zonas terrestres, de aguas continentales, costeras y marinas del mundo se deben conservar y gestionar eficazmente a través de sistemas de áreas protegidas ecológicamente, y que estas zonas deben elegirse entre las más biodiversas del planeta.
El nuevo acuerdo también menciona la gobernanza equitativa de estas áreas, respetando los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales sobre sus territorios tradicionales. Incluye también un enfoque de equidad de género, por el que se reconoce el papel de las mujeres y las niñas en la administración de la naturaleza, en pos de brindarles las mismas oportunidades y capacidades para contribuir a los objetivos de la convención, acceso a la tierra, participación y liderazgo en todos los niveles de acción.
Gracias a la incidencia de la Red Global de Jóvenes por la Biodiversidad (GYBN, por sus siglas en inglés), la plataforma de jóvenes creada por el Convenio de Diversidad Biológica de 1992, se busca garantizar la participación significativa de las nuevas generaciones en los ámbitos de toma de decisiones, como las COP y los espacios abocados a la aplicación del convenio a nivel nacional y local.
DÉFICIT DEMOCRÁTICO
Pese a que estos espacios cuentan con grupos de base, como las mujeres, los jóvenes, los pueblos indígenas, las comunidades locales y los defensores de derechos humanos, aún existe un gran déficit de su participación en este tipo de escenarios. Esta brecha refuerza la desconexión de los escenarios globales con las realidades locales sobre las que se decide en este tipo de acuerdos multilaterales.
Así lo señala Erika, una joven indígena náhuatl que defiende su territorio en Cuentepec, México, de tres empresas mineras canadienses que pretenden explotarlo: «El mensaje que quiero dar en la COP es que las verdaderas causas de la pérdida de biodiversidad son estas grandes empresas extractivistas que se instalan en los territorios indígenas individuales y colectivos», dice. La creciente demanda global de recursos naturales, que ha desencadenado en América Latina un boom extractivista, ha volcado la economía de la región hacia actividades como el agronegocio a gran escala y la minería.
El 5 por ciento del PBI de Canadá se deriva de la extracción minera. Muchas transnacionales de la minería, que causan graves afectaciones ambientales, económicas, sociales y culturales en el mundo y particularmente en América Latina, tienen su sede en ese país norteamericano. Aunque el gobierno canadiense conoce esta problemática, sigue brindando apoyo político, jurídico y financiero a estas empresas. Esto se replica en escenarios como la COP, donde, aunque el tema tenga relevancia en la discusión, no se aprobó ninguna meta dentro del nuevo marco global de la biodiversidad que les exija a las compañías rendir cuentas por sus violaciones a los derechos humanos.
CONTRADICCIONES
Es sintomático que, mientras se celebraba la COP15 en Montreal, el gobierno de Canadá lanzó una estrategia de minerales críticos que incentiva una extracción más acelerada de materias primas para los mercados mundiales, en franca oposición al objetivo de frenar la pérdida de biodiversidad global que simultáneamente estaba negociando en la cumbre el exactivista ambiental Steven Guilbeault, hoy ministro canadiense de Medioambiente y Cambio Climático.
En tanto, gracias a la incidencia de activistas jóvenes, como Xiomara Acevedo, líder del capítulo Colombia de la GYBN, se logró sacar del texto final del Marco Global de Biodiversidad el término nature positive, «un enfoque promovido en la previa de la cumbre por agencias y corporaciones con muchos recursos, que no tenía una base contextual basada en la ciencia ni en el conocimiento tradicional», según dijo Acevedo a Brecha. De acuerdo a sus críticos, el concepto de nature positive, con su vaguedad y estilo marketinero, dejaba la puerta abierta a propuestas empresariales «compensatorias», promoviendo, por ejemplo, la idea de que una compañía puede destruir determinado ecosistema si al mismo tiempo invierte recursos en proteger o restaurar otros.
A pesar de que el concepto de nature positive no prosperó en el acuerdo final, sí quedaron en él otros igualmente polémicos, como bonos verdes, compensación de la biodiversidad y créditos verdes. «Este tipo de lenguaje domina completamente el espacio de las discusiones climáticas y el resultado es terrible. Desde que comenzaron a usarlo, ¿cuántas emisiones de carbono se redujeron? Ninguna. El carbono es una molécula, pero la biodiversidad, no. Es imposible destruir un lugar y luego reemplazarlo por uno igual, es como si matáramos a las personas porque sabemos que podemos hacer otras», afirmó Melina Sakiyama, cofundadora y activista juvenil de GYBN.
OBSTÁCULOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN
Pese a que la Convención de la Diversidad Biológica de Naciones Unidas, la directriz global que fija las prioridades y los planes de trabajo en materia de biodiversidad, lleva 30 años de aprobada, hasta hoy existen varios obstáculos en su implementación. «Una de las cosas que salieron mal en la última década fue que no había suficiente dinero. También llevó mucho tiempo establecer el sistema por el que los países en desarrollo pueden acceder a desarrollar proyectos», explica Jessica Mickkol, joven integrante de GYBN que asistió como observadora y representante de esta red en la COP.
Durante la última sesión de negociaciones de la COP15, el presidente de la República Democrática del Congo, con el apoyo de Uganda y Ruanda, llamó a detener la aprobación del documento final, puesto que algunos países africanos y latinoamericanos, entre ellos Brasil, no habían estado de acuerdo con el mecanismo de movilización de recursos para su implementación a través del Fondo Mundial para el Medioambiente (GEF, por sus siglas en inglés).
«El GEF apoya el trabajo de siete convenciones, por lo que no está solo para la biodiversidad. Y su funcionamiento es extremadamente burocrático, por lo que toma mucho tiempo que el dinero llegue al sur global», aseguró Mickkol.
En un hecho insólito, los países que se opusieron a la aprobación del acuerdo por ese punto no fueron tomados en cuenta por la presidencia de la cumbre, lo que demostró, una vez más, el déficit democrático de estos espacios. Los críticos proponían crear un nuevo fondo para la biodiversidad, algo que rechazaron los países desarrollados, junto con otros en desarrollo, argumentando que esos mecanismos tardan en construirse y en contar con todos los requisitos administrativos.
Ante esta polémica, Colombia, México, Chile, Costa Rica y Perú encabezaron una propuesta –finalmente aprobada– de crear un fideicomiso específico dentro del GEF. Susanna Muhammad, ministra de Ambiente de Colombia, aseguró que se trata de un «acelerador, una alianza entre países que tienen una ambición alta en temas de biodiversidad y cambio climático» y que hará más eficiente la distribución de los fondos de cooperación internacional. «Esta iniciativa ya cuenta con el apoyo de Alemania, que puso 29 millones de dólares, y de Noruega, con 2 millones de dólares, lo que le da al menos tres años de implementación asegurada.»
