¿Unidos y adelante?

La relación entre el movimiento sindical y los integrantes de las fuerzas de seguridad nunca fue fácil, ni siquiera cuando los últimos lograron agruparse en sus propios sindicatos. Nunca lo fue. Y en ningún lugar. Los viejos revolucionarios anarquistas o comunistas de fines del siglo XIX y primeras décadas del XX consideraban que los «agentes del orden» –fundamentalmente aquellos que elegían esa profesión– no eran de fiar, porque, a la larga, aunque no fueran conscientes de ello, eran «el último garante del orden burgués» y en esa condición terminarían actuando, obedeciendo a las órdenes de los gobiernos, aunque eso significara atacar a sus compañeros de clase, reprimir sus manifestaciones y sus huelgas, ponerlos presos y eventualmente asesinarlos. Fomentar que se organicen corporativamente para que defiendan sus derechos y que sus jerarcas no los pisoteen es una cosa, pero otra es que el movimiento obrero los contemple como a «cualquier otro trabajador» y los integre en sus filas a las centrales nacionales o internacionales, pensaban.

«El obrero convertido en policía al servicio del Estado capitalista es un policía burgués y no un obrero», escribía por los años 1930 un Trotsky ya exilado, en polémica con los socialdemócratas alemanes que creían que los policías podían llegar a frenar el ascenso de Hitler porque «en última instancia» eran trabajadores y, algunos de ellos, incluso socialistas. El marxista argentino Rolando Astarita trajo a colación esos debates en 2012, cuando en su país centrales obreras y organizaciones de izquierda discutían sobre si promover o no el naciente sindicalismo policial («Sindicato de policías, ¿consigna socialista?», rolandoastarita.blog, 06-X-12). Había en la Argentina de entonces confederaciones sindicales –una de las CTA, sectores de la Confederación General del Trabajo– y algunas organizaciones políticas de izquierda que, aun admitiendo que se trataba de trabajadores «especiales» pertenecientes a un sector muy especial, el de los cuerpos represivos del Estado, los policías no dejaban de ser asalariados, en su gran mayoría de un origen social muy pobre, que, en tanto tales, tienen «objetivamente» intereses comunes con el resto de los trabajadores. Y que si el movimiento obrero organizado apunta a ganar para su causa a todos quienes venden su fuerza de trabajo, no puede excluir a policías o gendarmes.

Pura ilusión, respondían otros, Astarita entre ellos: llegado el caso, el policía, por más sindicalizado que esté, responderá a su «patrón» porque no podrá no hacerlo. Estar a la orden del Estado es la naturaleza de su trabajo, y mientras el Estado siga respondiendo a «los intereses de la clase dominante», aunque esos intereses no sean los suyos, el policía los defenderá y los servirá. Sindicalizarse les será funcional para protegerse de abusos y progresar en su carrera; podrán incluso protagonizar movilizaciones por salarios y mejores condiciones de trabajo como cualquier otro sindicato (ejemplos de ese tipo de movilizaciones ha habido muchos en todo el planeta, América Latina incluida); podrán incluso hasta cogestionar los propios cuerpos de seguridad junto a las autoridades del Ministerio del Interior (ahí está el caso de Francia, donde desde hace muchos años buena parte de los policías pertenecen a sindicatos que gozan de un poder enorme a la hora de negociar condiciones laborales y definir reglamentos). Pero de ahí a ponerse «del lado» del resto de los trabajadores, apuntaba Astarita –ubicándose en una tradición de sindicalismo revolucionario, socialista–, hay un enorme trecho. Y mencionaba la rareza extrema de los ejemplos de «confraternización en las calles» de policías y el resto de los trabajadores por reivindicaciones que los unificaran.

Uno de los más notorios y recientes fue el de Portugal de comienzos de la década pasada, cuando policías sindicalizados se negaron a reprimir algunas movilizaciones contra las políticas de austeridad y recortes del gobierno de la época, y llegaron a sumarse a ellas bajo la consigna «somos ciudadanos antes que policías». En marzo de 2019, en momentos en que las movilizaciones de los chalecos amarillos en Francia crecían en amplitud y la violencia policial lo hacía aún más, algunos agentes se negaron a acatar órdenes que consideraron «ilegales», como la detención de manifestantes que no habían cometido delito alguno. La filial de Solidarios, Unidos, Democráticos (SUD), una central sindical de creación relativamente reciente, los respaldó y denunció la «instrumentalización política de la Policía por el gobierno» de Emmanuel Macron, al que acusó de «tratar al movimiento social únicamente por la fuerza» y de contribuir al «distanciamiento cada vez mayor entre la Policía y la población».

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Pero son ejemplos muy excepcionales. En Francia, el peso de SUD entre los policías sindicalizados es ínfimo. Los sindicatos policiales mayoritarios tienen, según algunas investigaciones universitarias, un comportamiento exclusivamente corporativo que se traduce en la defensa férrea de los agentes acusados de «excesos» en la represión a movilizaciones sociales o señalados por casos de gatillo fácil, racismo, xenofobia, homofobia, sexismo. Un sondeo encargado por el Instituto de Ciencias Políticas de París, citado en diciembre por la radio estatal France Culture, da cuenta de una sobrerrepresentación del voto por la extrema derecha entre los policías sindicalizados en relación con lo que «pesa» la Agrupación Nacional de Marine Le Pen en la sociedad francesa en su conjunto. Y además, apunta France Culture, la existencia de las gremiales no ha impedido que surjan desde comienzos de la década pasada agrupaciones policiales «extrasindicales» que afirman representar a miles de agentes y que amenazan con «desbordar» a los sindicatos aún más por la derecha.

Una de ellas es Hors Service (fuera de servicio), que recientemente llamó desde sus redes sociales a «matar a los agitadores de extrema izquierda» en las manifestaciones sociales: «Basta de balas de goma o gases lacrimógenos. Tiros reales». El mismo mes la revista Charlie Hebdo recordó que en cada movilización importante convocada por las centrales sindicales francesas (entre las más recientes: contra la reforma laboral, contra la Ley de Seguridad Global) ha habido «excesos» en la represión, cubiertos y justificados por la gran mayoría de los sindicatos policiales. A tal punto llegaron esos supuestos «excesos» que el presidente Macron debió reconocer, en una entrevista con el portal Brut (4-XII-20) –uno de cuyos periodistas fue golpeado por un uniformado–, que «existe en Francia violencia policial» y que hay un ensañamiento particular de las fuerzas de seguridad con los «diferentes» y con los que «no tienen piel blanca». Macron, promotor de leyes liberticidas y de un reforzamiento en todos los planos de las fuerzas de represión (véase, por ejemplo, «Orwellianas», Brecha, 27-XI-20), pasó sin embargo a ser desde entonces blanco de ataque de la mayoría de los sindicatos policiales y de las asociaciones extrasindicales de uniformados, como Hors Service, Policías Indignados, el Colectivo Libre e Independiente de la Policía y otras.

SUD no renuncia, a pesar de todo, a continuar la lucha por «mejorar las relaciones entre la Policía y la sociedad y por reforzar los lazos de los policías con el resto de los trabajadores». Pero en esa misma central, surgida como una escisión por izquierda de otra confederación obrera, la Confederación Francesa Democrática del Trabajo, hay dirigentes de otros sindicatos que se cuestionan si son «realistas» esos «esfuerzos». «Hay un nivel de asociacionismo policial que indudablemente debe defenderse, para que los agentes tengan derechos sociales y se les proteja en su salud e integridad personal. Son trabajadores particularmente expuestos y tienen una función social. Pero, por otro lado, nunca están de nuestro lado, sobre todo cuando uno se maneja con una concepción del sindicalismo que va más allá de la mera reivindicación salarial o de mejores condiciones laborales», dijo un sindicalista de SUD citado por el diario Libération en 2005, año de grandes movilizaciones sociales en Francia. Y se preguntaba si a los sindicatos policiales hay que integrarlos a las centrales obreras o promover que permanezcan autónomos, «para no mezclar campos». En su blog, Astarita señalaba que la propia «función social» de la Policía debía ser cuestionada desde un sindicalismo con «intención socialista».

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En Estados Unidos, en junio del año pasado, el New Yorker publicó un amplio informe sobre el tema. John Greenhouse, su autor, un experiodista del New York Times especializado en el mundo del trabajo, recordó cómo desde fines del siglo XIX hasta los primeros años del XX –es decir, la época de mayor influencia en Estados Unidos de las corrientes sindicales «clasistas», que a menudo eran impulsadas por inmigrantes europeos– en la Federación del Trabajo de ese país regía una resolución taxativa: «No está dentro de las competencias del movimiento obrero la organización especial de los policías, de la misma manera que no lo está la organización de los militares, siendo que ambas fuerzas son controladas generalmente por poderes hostiles al movimiento de los trabajadores». A medida que el propio sindicalismo estadounidense «evolucionó», las cosas fueron cambiando. El proceso de sindicalización de los policías del país norteamericano comenzó a desarrollarse en los años de posguerra, pero desde su inicio tuvo un sello exclusivamente corporativo: lejos de relacionarse con los movimientos de trabajadores, los policías se centraron en mejorar sus propias condiciones de trabajo y en exigir mayor «cobertura» de parte de las instituciones del Estado, apunta el articulista del New Yorker.

El informe cita además tres investigaciones universitarias que demuestran cómo el mayor «empoderamiento» policial se fue traduciendo en una violencia acentuada de la represión a las movilizaciones sociales y a las minorías raciales. «Un estudio de 2018 de la Universidad de Oxford sobre las 100 ciudades estadounidenses más grandes –dice la revista– encontró que el nivel de protecciones estipuladas en los contratos policiales estaba directa y positivamente relacionado con el nivel de violencia de la Policía y de otros abusos de esa fuerza contra civiles.» Otra investigación, de 2019, de la Universidad de Chicago, concluyó que «otorgar derechos de negociación colectiva a los ayudantes del sheriff en Florida llevó en ese estado a un aumento anual del 40 por ciento de los casos de conducta violenta». Y un tercer estudio, aún no publicado, del profesor universitario Rob Gillezeau, fue en el mismo sentido. «La habilidad de la Policía de llevar adelante negociaciones colectivas llevó a un incremento sustancial del asesinato de civiles a manos de agentes», le dijo Gillezeau a Greenhouse al adelantarle parte de sus conclusiones.