Arremeter contra los funcionarios públicos y los cargos políticos, aunque no mueve la aguja, parece ser el mensaje populista de la derecha. La oposición parece coincidir en algunos puntos de esa propuesta, aunque se desmarca cuando propone una renta básica para vastos sectores de la población. Los sectores empresariales juegan a la caridad y anuncian su renuncia a la devolución de impuestos a las exportaciones. En ese plano, el gobierno no fija normas y apela a la bondad de los poderosos.
A esta altura de los acontecimientos se discute, en algunos sectores de la academia médica, si se justifica o no declarar como pandemia al coronavirus, aunque esto ponga de relieve la capacidad de respuesta de los sistemas sanitarios a esa definición de la Organización Mundial de la Salud. Lo que nadie pone en cuestión es la crisis económica y social que en el mundo ha desatado la expansión del virus. El enlentecimiento de la economía y la probable parálisis en algunos de sus sectores es el destino seguro pronosticado por todos. El novel gobierno uruguayo se está enfrentando a esta crisis con distintas medidas, no todas suficientes, según la oposición, aunque avanzan en una dirección correcta, según el equipo de dirección del FA.
El miércoles el Senado aprobó la creación del Fondo Coronavirus, y ayer lo hizo la Cámara de Representantes. Al mismo tiempo, el gobierno ha tomado otra serie de iniciativas encaminadas a paliar las consecuencias del aislamiento social voluntario, que determinó el cese de varias actividades comerciales y muchos problemas para quienes pasan al seguro de paro, son despedidos o no tienen la cobertura social que les permita capear el temporal.
El proyecto enviado por el Ejecutivo plantea nutrir ese Fondo con los aportes de los empleados públicos y de los jubilados y pensionistas de todas las cajas de previsión social, más el 30 por ciento de las ganancias del Brou, hasta el cien por ciento de las obtenidas por la Corporación Nacional de Desarrollo y la utilización de los préstamos contingentes aprobados en el pasado por el Bid, el Banco Mundial y la Corporación Andina de Fomento, que rondan los 2.000 millones de dólares. El gobierno estima en 400 millones de dólares el dinero con el que puede contar ese Fondo, lo que considera suficiente para resolver el momentáneo problema ocasionado por el virus.
El texto aprobado por el Parlamento crea un impuesto transitorio (de dos meses, en principio, con posibilidad de prorrogarlo por igual lapso), por el cual los salarios de los funcionarios públicos serán gravados en diferentes franjas: a partir de los 120 mil pesos nominales y hasta 130 mil, en un 5 por ciento; de 130 mil hasta 150 mil, en un 10 por ciento; de 150 mil hasta 180 mil, en un 15 por ciento y desde 180 mil en adelante, con un 20 por ciento. Los cargos de presidente, vicepresidente, ministros y personal de confianza tendrán el 20 por ciento de descuento. Esta regla se aplicará, además, a los empleados de las empresas públicas de derecho privado, por ejemplo, a los funcionarios de Alur. La salvaguarda es que ningún funcionario público afectado recibirá menos de 80 mil pesos líquidos. Ese gravamen también se aplicará sobre las jubilaciones y pensiones de todas las cajas (incluidas la militar y policial), y se sumará al Iass. Las franjas serán las mismas, con la salvedad de que los pasivos afectados no podrán percibir menos de 100 mil pesos líquidos.
Aunque la votación parlamentaria fue unánime, la iniciativa mereció cuestionamientos desde la oposición frenteamplista, puesto que la decisión sólo afecta a los salarios públicos y no a las remuneraciones privilegiadas del sector privado, que en muchos casos perciben sueldos superiores a los públicos. En filas frenteamplistas se entiende que tiene un carácter demagógico, pues se asienta en la creencia popular de que los problemas del país residen en los altos salarios de la administración pública y de los cargos políticos. La recaudación en su conjunto (contando los puestos gubernamentales) no superaría los 6 millones de dólares mensuales y más parece un gesto simbólico que real a la hora de enfrentar los problemas de la economía. Sin embargo, durante el debate parlamentario, el FA propuso un aditivo para que el descuento a los cargos parlamentarios, gubernamentales y de confianza se haga durante los cinco años del período, con la intención de que, una vez superada la crisis del coronavirus, ese 20 por ciento fuera destinado a un fondo de viviendas. Según fuentes consultadas por Brecha, esa iniciativa fue propuesta por el senador Óscar Andrade en la reunión de bancada, mientras transcurría la sesión con la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, en la Comisión de Presupuesto. Ese fue el motivo, dijeron las fuentes, por el que la idea no se presentó a la ministra antes de su difusión pública. El oficialismo rechazó la propuesta tras calificarla de demagógica.
OTRAS DISCUSIONES. El FA entiende que las medidas tomadas por el gobierno no son suficientes para resolver la crisis económica y social que ha desatado la pandemia del coronavirus. En particular, afirmó a Brecha el senador socialista Daniel Olesker, se hace necesario el establecimiento de una renta básica para aquellos sectores que no están formalizados o son monotributistas y que, en función de las medidas sanitarias establecidas, no pueden desarrollar sus actividades (por ejemplo, peluquerías, vendedores callejeros, etcétera). Una de las propuestas es establecer una renta básica de un salario mínimo (16.300 pesos nominales) para ese grupo de actividad, con un costo cercano a los 240 millones de dólares, pero que tendría una repercusión positiva en el consumo. Para Olesker no es suficiente ni la duplicación de la Tarjeta Uruguay Social (Tus) por un mes (para una familia de cuatro hijos o más es de 3.230 pesos cada 30 días), ni la multiplicación de la canasta que ofrece el Mides junto con las intendencias (arroz, fideos y poca cosa más), ni el planteo de incremento de las asignaciones familiares del Plan de Equidad (estas tienen un valor de 1.757 pesos por mes). La idea es que a esos 16.300 pesos nominales se les resten los beneficios de las asignaciones familiares y la Tus.
Otra medida que tomó el gobierno es reducir el encaje de los bancos en el Bcu. De esa manera, pretende aumentar el dinero circulante y facilitar los préstamos al consumo y las empresas. Las entidades bancarias deberían depositar un 22 por ciento del valor de sus plazos fijos en el Bcu (ahora esa cantidad es un 15 por ciento), por lo cual la liquidez en el sistema bancario aumentaría de forma significativa. Esa medida resolvería la posibilidad de un financiamiento más rápido desde los bancos. Sin embargo, significaría para las empresas y las personas un mayor endeudamiento. En los países desarrollados europeos, también en Estados Unidos, la lógica es inyectar recursos a las familias y las empresas sin hipotecar el futuro con nuevos préstamos. El Congreso estadounidense aprobó un bono temporal de 1.000 dólares para las familias, como forma de paliar la crisis del coronavirus. Las medidas en Europa son de tono similar, aunque más acentuadas en la situación de la población, por ejemplo, con el diferimiento de las tarifas públicas y los alquileres.
El dato curioso de la realidad uruguaya es que algunos dirigentes de las gremiales rurales (hasta ahora no se han pronunciado oficialmente) están dispuestos a renunciar a la devolución de impuestos que la ley establece por las exportaciones o la venta de ganado y granos. De acuerdo al decreto 19/2017 el reintegro de impuestos a los sectores exportadores es del 3 por ciento del valor Fob (Free on Board) de la mercadería puesta en el barco. Lo que llama la atención es que no exista la posibilidad de que esa renuncia a la devolución de impuestos (se hace mediante certificados ante el Bps y la Dgi, para descontar sus aportes y no por dinero) se haga mediante un decreto o ley y se deje librada a la voluntad del empresario.
Todas las medidas tomadas por el gobierno, en opinión de varios dirigentes frenteamplistas y líderes sociales, tienen un contenido de clase insoslayable: los que pagan la crisis son los asalariados y, en especial, los públicos. Por lo cual la pregunta es si se está ante unas medidas equitativas o ante una simple reducción del gasto del Estado.
