Los hondureños salieron a votar masivamente contra la continuidad del prolongado régimen autoritario de Juan Orlando Hernández. Los resultados preliminares de las elecciones generales del 28 de noviembre perfilan a Xiomara Castro como la próxima presidenta de Honduras, con una ventaja de 20 puntos (53,61 por ciento) sobre el candidato oficialista Nasry Asfura (33,87 por ciento). La coalición de partidos que la acompaña tiene ante sí el desafío de cumplir con las expectativas de una ciudadanía esperanzada en encontrar soluciones a las crisis sociales y políticas que viene enfrentando el país.
POLÍTICAMENTE INESTABLE
Honduras, uno de los países más pobres y desiguales de América Latina, se ha caracterizado por una permanente inestabilidad política. Durante la segunda mitad del siglo XIX y el primer cuarto del siglo XX, la sucesión gubernamental se dirimió primordialmente a través de la guerra civil y, de tanto en tanto, por elecciones amañadas en las que se obstaculizaba el voto opositor. Luego de la dictadura de Tiburcio Carías Andino (1933-1949), el golpe de Estado fue la técnica de cambio de gobierno por excelencia, hasta que en 1981 –y por presiones externas– comenzó un período de alternancia democrática dominado por los partidos Liberal y Nacional. Esta forma de bipartidismo se vio bruscamente interrumpida por el golpe de Estado de 2009 contra Manuel Zelaya, lo que creó las condiciones para un reacomodamiento del tablero político a partir de 2012. Sin embargo, el Partido Nacional ganó las elecciones de 2009 y los comicios generales de 2013 y 2017, que llevaron al Poder Ejecutivo al nacionalista Hernández y volvieron a poner en escena las «elecciones estilo Honduras» (véase «Malos recuerdos», Brecha, 1-XII-17). Diputado entre 1998 y 2014 y presidente del Congreso Nacional entre 2010 y 2014, Hernández fue el primer mandatario hondureño en lograr la reelección. Su padrino político fue el expresidente Porfirio Lobo (2010-2014), ahora relegado a una posición marginal y adversario suyo.
El régimen de Hernández, émulo confeso del viejo dictador Tiburcio Carías, ha significado un profundo retroceso para el país. Ha minado las bases del Estado de derecho y de la mutua vigilancia de los poderes. Se considera a sus titulares como hombres leales al presidente que, junto con el alto mando militar, forman parte del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad que lo sostiene (véase «Lo que lleva a la revuelta», Brecha, 12-VII-19). Su gobierno ha enriquecido a sus aliados de la banca privada al otorgarles la administración de fondos públicos en forma de fideicomisos y les ha cedido el control de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros. Además, ha debilitado de manera severa la capacidad de maniobra de las empresas de servicios públicos, así como los sistemas de salud y educación. La pandemia también mostró con claridad cómo se maneja el régimen del todavía presidente. Y es que las posibilidades de sobrevivir al covid-19 han estado ligadas a la capacidad de pagar los altos precios requeridos para el tratamiento, en un contexto en el que el Partido Nacional ha puesto en cuestión los derechos laborales consagrados por el Código de Trabajo, al emitir una ley de trabajo por hora. Las cosas no terminan ahí. Bajo el gobierno de Hernández se ha aplicado una política de neto corte extractivista, con sus consabidas depredaciones de bosques, minería a cielo abierto y entrega de los bienes comunes como el agua (véase «Criminalizados», Brecha, 17-III-16). Con el aparato estatal bajo su control, Hernández ganó las elecciones de 2013 y de 2017, pero lo hizo contaminado por una fuerte impopularidad.
Pese a todo, el clan Hernández ha sabido beneficiarse y hegemonizar el sistema de negociaciones cupulares imperante en Honduras, respetando las «reglas del juego» al responder cuidadosamente a los intereses de todas las elites prominentes, que son, en esencia, las facciones mayoritarias de los sectores empresariales, de las Fuerzas Armadas y de las iglesias. La embajada estadounidense ha jugado un papel tutelar en ese sistema (véase «La ingeniería del Estado de sitio», Brecha, 8-XII-17). El prolongado régimen de Hernández se ha desenvuelto en medio de una cultura política de acuerdos entre pares, en la que juegan un rol fundamental los grandes pactos entre quienes se consideran caciques de los partidos políticos.
LA SEDUCCIÓN POPULISTA
Las elecciones del domingo marcan un cambio de rumbo de la política hondureña. Perteneciente a una familia de hacendados y empresarios de la madera, vinculada históricamente al liberalismo, Xiomara Castro lidera una coalición que ha sido la revelación de la campaña. Sus críticas al gobierno de Hernández le granjearon parte del apoyo popular y la ubicaron en la primera línea política. Autoidentificada como una persona de izquierda, afirmó que su lucha es por desarrollar en Honduras un modelo basado en el «socialismo democrático».
Castro es esposa de Manuel Zelaya, el presidente depuesto por un golpe de Estado en 2009. Antes miembro del Partido Liberal, Zelaya fue víctima de un golpe tras evidenciar un giro al estilo del «populismo refundador» sudamericano, para usar la expresión del sociólogo Carlos de la Torre. Las críticas a los tratados de libre comercio con Estados Unidos, el acercamiento a Venezuela y al llamado bloque de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América y la tentativa de modificar la Constitución le atrajeron la enemistad de una parte de la elite tradicional. Con el golpe consumado, su esposa saltó a la palestra y se ganó la simpatía de un sector de la ciudadanía hondureña. Cuando Zelaya fundó el partido Libertad y Refundación (LIBRE), Castro se convirtió en la primera figura de la organización. En 2012, apenas un año después, se lanzó como candidata presidencial, pero en 2013 quedó en segundo lugar, con 28,8 por ciento de los votos. Quiso volver a intentarlo en 2016, pero acabó por abandonar la carrera en favor de Salvador Nasralla, líder de la Alianza de Oposición contra la Dictadura y entonces el candidato mejor posicionado para enfrentar a Hernández. Nasralla perdió la elección por un escasísimo margen y denunció un «descomunal fraude electoral» (véanse «Democracia rematada» y «El fraude casi consolidado», Brecha, 8-XII-17 y 22-XII-19).
Castro volvió a lanzarse como candidata en enero de 2020. Con la venia de su marido, derrotó a sus tres oponentes internos dentro de LIBRE con el apoyo de seis de las nueve corrientes internas del partido e inició el camino hacia la presidencia. Su campaña estuvo centrada en la crítica a las leyes destinadas a sostener el juanorlandismo, en la promesa de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente para redactar una nueva carta magna, en la crítica a las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico –a las que calificó como una entrega de la soberanía popular a empresas internacionales–, y en el rechazo al modelo neoliberal y a la corrupción. Además de su promesa de vender el avión presidencial –al que consideró un lujo que el país no puede permitirse cuando buena parte de la población atraviesa severos problemas sociales–, afirmó que Honduras buscará relaciones con China, con lo que marcó una agenda alejada del histórico «norteamericanismo» de la dirigencia política local. Castro prometió, asimismo, terminar con el régimen de «narcodictadura» que, según su perspectiva, encarna Hernández.
Su discurso también tuvo un eje de especial importancia: el referido al rol de las mujeres. La candidata se manifestó contra la violencia de género y el acoso sexual, aunque ha sido ambivalente en relación con el aborto. Ha hecho declaraciones favorables cuando se trata de ciertas causales, pero también ha sostenido posiciones más ambiguas. Por otro lado, la virtual presidenta electa ha sido duramente criticada por sus pasadas manifestaciones en favor del chavismo. Sus detractores la han acusado de querer implantar el comunismo en el país y de generar un clima de desconfianza en el mundo empresarial. Ella ha respondido que es una «socialista democrática» que busca una política que tenga a los seres humanos en el centro de las preocupaciones. Tras conocerse los resultados preliminares, que dejaron a Castro 20 puntos por encima de Asfura y más de 40 por encima de Yani Rosenthal, del Partido Liberal, la futura presidenta resaltó la importancia de llamar a un diálogo con todos los sectores para la puesta en marcha de una democracia directa y participativa. El Ejecutivo adquiere, sin lugar a dudas, una nueva dirección.
LOS PARTIDOS Y SUS PERSPECTIVAS
Las elecciones del domingo despertaron gran afluencia e interés gracias a los efectos que supone la salida de Hernández, en un país en que las tasas de abstención tradicionalmente se ubican en la mitad del censo electoral. El partidizado Consejo Nacional Electoral registró una participación histórica de 68,09 por ciento, aun cuando las novedades son escasas: los actores en contienda cuentan con décadas de experiencia en el sistema político de negociaciones cupulares, en el que han colaborado en la construcción de una cultura de la ineficiencia y de la corrupción, donde la carrera política aparece ante todo como un medio para el enriquecimiento. El lenguaje político de los competidores se inscribe en la tradición personalista de las lealtades y los vínculos partidarios en beneficio de prebendas y favoritismos clientelares.
Esta figura del Estado como «botín de los triunfadores» quedó evidenciada con nitidez en el trabajo de las instituciones judiciales estadounidenses. Frente a la debilidad de la justicia en Honduras, Estados Unidos ha extraditado y arrestado en su territorio a reconocidos políticos y gánsteres hondureños que violaron las leyes estadounidenses. En este contexto, la justicia de Estados Unidos sentenció en marzo a cadena perpetua al hermano del presidente y exdiputado Antonio Hernández, a causa de su implicación en el tráfico de cocaína hacia ese país, en complicidad con el cártel de Los Cachiros, liderado por Devis Maradiaga, cuyas declaraciones fueron una pieza clave en varios juicios. Maradiaga afirma haber colaborado con conocidos profesionales de la política local, lo que lo ha vuelto uno de los narcotraficantes más célebres del país. Preso en Estados Unidos, reveló en el juicio a Antonio Hernández haber pagado sobornos por varios cientos de miles de dólares al presidente actual, a su vicepresidente Ricardo Álvarez y a los expresidentes Zelaya y Lobo.
El candidato del Partido Liberal, el banquero Yani Rosenthal, guardó prisión por tres años en una cárcel estadounidense por lavado de activos para Los Cachiros. Es hijo del banquero Jaime Rosenthal, quien fuera vicepresidente (1986-1990) y diputado por el departamento industrial de Cortés (2002-2006). En su dilatada carrera política, Yani ocupó cargos de dirección en el Partido Liberal, fue ministro de la presidencia (2006-2008) en el gobierno de Zelaya, diputado en el Congreso Nacional entre 2010 y 2014, y precandidato a la presidencia en 2012. Ganó las primarias en 2021, pero no funge como dueño de partido. Los Rosenthal fueron propietarios del diario Tiempo, del Banco Continental y de Canal 11, un medio privilegiado para su campaña. Su emporio comenzó a decaer tras el escándalo internacional que lo vinculó con la banda de Maradiaga. La condición de exconvicto le restó credibilidad a su intento de presentarse como «el centro» frente a «una derecha corrupta y una izquierda radical», tal como declaró en su campaña.
Por su parte, el candidato nacionalista Asfura era percibido como la continuación del régimen de Hernández. De haber ganado, se habría visto en la incómoda situación de tener que proteger al actual mandatario, quien es acusado en la fiscalía del distrito sur de Nueva York de haber recibido del Chapo Guzmán un aporte de 1 millón de dólares para financiar su candidatura en 2013. Para ese mismo propósito, los nacionalistas saquearon los fondos del seguro social y de la Secretaría de Agricultura. La candidatura de Asfura, quien ha sido incondicional al presidente, heredó el legado de un gobierno que es muy corrupto y que está políticamente desgastado. Su principal activo fueron los recursos públicos y de la cooperación internacional, que se manejan a través de la más importante estructura clientelar del Partido Nacional: el programa Vida Mejor. El oficialismo también dispone de abundantes recursos financieros obtenidos por el robo de fondos públicos durante la pandemia y de los onerosos préstamos aprobados por la mayoría mecánica de que disponen en el Congreso.
Castro tiene, por su parte, otros condimentos que se agregan a los ya explicados. En primer lugar, fue promovida por su marido, quien busca recuperar las riendas del Estado desde que fue expulsado por un golpe en 2009. La familia Zelaya formó parte de un grupo de ricos hacendados, históricos empresarios de la depredación del bosque, y es parte de la clase política que maneja el Estado desde la década de 1980. Por eso fue sorprendente su giro a la izquierda como presidente. Su larga trayectoria de militancia en el Partido Liberal y una década de coordinación general de LIBRE le permitió al matrimonio Castro-Zelaya acumular un capital político considerable, con el que tienen un papel decisivo en los vaivenes del sistema. Zelaya fue expulsado momentáneamente del juego político debido a sus proclamadas simpatías con el castrismo y el chavismo y a la tentativa de amañar a su favor la elección de los miembros de la Corte Suprema de Justicia y convocar a una «consulta popular de la cuarta urna» con pretensión hegemónica. Pero la forma de la asonada en su contra, mediante un golpe de Estado, marcó la política hondureña durante estos 12 años de autoritarismo.
Zelaya se reintegró al tablero gracias a los acuerdos de Cartagena firmados en 2011 con el gobierno de Lobo. Frente a la aún inhabilitada figura de la reelección, decidió promover la candidatura de Castro en 2013 con el partido LIBRE, básicamente un desprendimiento del otrora poderoso Partido Liberal y que dispone de una pequeña ala de izquierda organizada. LIBRE le arrebató al liberalismo alrededor de la mitad de sus adherentes. El perfil carismático de Castro ha sido exitoso entre su militancia, aun cuando su presencia parece limitarse al período electoral y pese a que sus apariciones mediáticas son escasas. Ha sabido aprovechar la herencia simbólica y material de su esposo, pero evitó esta vez vociferar, como en campañas anteriores, que «votar por Xiomara es votar por Mel». Aunque todavía en 2016 Zelaya apostaba abiertamente por su retorno a la presidencia, el malestar general que el Partido Nacional le imprimió a esta perspectiva lo ha convencido de que esa no es la mejor estrategia, al tiempo que redujo sus apariciones públicas con Castro.
UNA CAMPAÑA DESESPERADA
El proceso electoral adquirió un giro inesperado el 13 de octubre cuando, tras una reunión con el expresidente Zelaya, Salvador Nasralla anunció su afiliación a la fórmula presidencial de LIBRE en calidad de vicepresidente. Nasralla es el presentador de televisión más conocido del país y ha atraído la simpatía de los electores más jóvenes por su lucha abierta contra la corrupción del régimen actual. Obtuvo el segundo lugar en las elecciones de 2017 como candidato de LIBRE, luego de ser expulsado del Partido Anticorrupción, con el que participó por primera vez en 2013. Desde el 12 de noviembre, la coalición la compone adicionalmente el excandidato del movimiento Honduras Humana Milton Benítez, conductor del programa El perro amarillo, que ha ganado reputación por sus denuncias contra la corrupción y la banca.
La súbita suspensión de la enemistad que perduraba desde el comienzo de la crisis poselectoral de 2017 entre Nasralla y los Zelaya permitió que nasrallistas, indecisos e independientes se sumasen progresivamente a LIBRE y optaran por el voto de castigo contra el régimen de Hernández. La coalición despierta expectativas al prometer un desmonte del proyecto gubernamental desarrollado por el Partido Nacional, al que critica sin ambages como «pandilla de ladrones». Pese a la multiplicidad de identidades políticas que componen la coalición, su estrategia populista fue exitosa. En una muestra de desesperación, el oficialismo aceleró la entrega del Bono de Vida Mejor del Bicentenario, decretado hace un mes y equivalente a 7 mil lempiras en efectivo por beneficiario (289 dólares), con lo que acudió de manera descarada al mecanismo de compra de votos.
En un país con un pasado anticomunista visceral, el Partido Nacional se ha servido de los elogios de Zelaya hacia el régimen cubano, al igual que hacia el venezolano y el nicaragüense, para intensificar una campaña anticomunista contra Castro. En busca de afianzar su posición con las iglesias, los nacionalistas concentraron su campaña en sacar provecho de la postura un tanto ambigua de los Zelaya sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo y el aborto. Asfura llegó a firmar un acuerdo provida con la Confraternidad Evangélica de Honduras y orientó su discurso a la defensa de los valores tradicionales.
A pesar de estas querellas de orden ideológico, Hernández mantuvo buenas relaciones con su vecino Daniel Ortega, y los principales líderes de la oposición nunca dejaron de acudir a las reuniones a puerta cerrada con el oficialismo. Poco después de una reciente reunión con Ortega en Managua, las autoridades hondureñas encarcelaron al candidato independiente y excapitán de las Fuerzas Armadas Santos Orellana, quien ganó notoriedad por denunciar el involucramiento de los militares en el narcotráfico. Existe un aproximado de 26 militantes asesinados entre el 23 de diciembre de 2020 y el 25 de octubre de este año.
Pero las elecciones no se focalizaron en contrastar alternativas para resolver estas y otras problemáticas urgentes que enfrenta el país. Por el contrario, buena parte de las campañas se basaron en la solicitud del «voto en plancha», en desprestigiar a las adversarias y los adversarios o, en el mejor de los casos, en proponer soluciones mágicas sustentadas en el cortoplacismo electoral. Para los grandes jefes de los partidos, sus clanes internos, sus fieles lugartenientes y quienes participan en sus redes clientelares –en particular, para los familiares y amigos de los candidatos–, lo esencial es ocupar un lugar en el sistema de negociaciones cupulares. Honduras es una suerte de democracia oligárquica.
Con todo, gran parte de la ciudadanía decidió ejercer su derecho al voto de manera pacífica. Aunque los caudillos tradicionales de los partidos políticos declararon ganadores a sus candidatos antes de tiempo, los competidores han respetado tácitamente los resultados. No se registraron mayores disturbios, protestas o conflictividad social similares a las conocidas en 2017. La calidad del espinoso avance democrático alcanzado está por verse en este país de tradiciones políticas autoritarias.
* Daniel Vásquez es profesor de Teoría Política en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de Honduras.
(Publicado originalmente en Nueva Sociedad. Brecha reproduce fragmentos con autorización.)
