El 16 de noviembre OSE aprobó la iniciativa del consorcio Aguas de Montevideo para la creación de una planta potabilizadora en el Río de la Plata, en Arazatí, departamento de San José. El consorcio está formado por cuatro empresas de gran porte (Saceem, Berkes, Ciemsa y Fast), proveedoras de OSE y constructoras a cargo de la mayoría de las megaobras en nuestro país. Se pretende que el agua sea procesada en Arazatí y trasladada por bombeo, a través de un caño de 73 quilómetros, hasta el empalme en Melilla con la red de abastecimiento de la zona metropolitana.1
El proyecto es presentado en el marco de la ley 17.555 (Ley de Reactivación Económica), pensada para el contexto de crisis de 2002. Esta ley permite que un privado presente un proyecto de obra pública y, en caso de que se catalogue como pertinente, sea aprobado. Posteriormente, debe hacerse un estudio de factibilidad y luego una licitación pública, en la que la empresa que dio pie a la iniciativa corre con la ventaja de entre un 5 y un 20 por ciento en el precio en relación con sus competidores y la posibilidad de mejorarlo en caso de quedar por encima del mejor postor. En este caso, es de esperar que el consorcio de empresas gane la licitación.
Luego de la aprobación, el presidente Luis Lacalle Pou –junto con el ministro de Ambiente, Daniel Peña, el director y la subdirectora de OSE, Raúl Montero y Susana Montaner– dio una conferencia de prensa. Las autoridades se mostraron muy contentas y afirmaron cosas muy elocuentes, aunque sin sustento empírico: que es la inversión más importante de la historia, que ahora vamos a tener una fuente infinita de agua y que este gobierno se preocupa por el ambiente. A su vez, Lacalle dijo que el proyecto no es anticonstitucional, en el entendido de que el suministro quedará en manos de OSE. Pero nada dijo acerca del artículo 47 de la Constitución, en su inciso 1, parte b, que dice: «La gestión sustentable, solidaria con las generaciones futuras, de los recursos hídricos y la preservación del ciclo hidrológico constituyen asuntos de interés general. Los usuarios y la sociedad civil participarán en todas las instancias de planificación, gestión y control de recursos hídricos, estableciéndose las cuencas hidrográficas como unidades básicas».
Esta parte ignorada se vuelve relevante cuando la tensión sobre el uso intensivo del territorio produce a diario una agenda de conflictos explícitos y latentes, razón por la que todo lo concerniente a la producción de agua potable requiere más miradas y debates, cosa que no ocurrió con este proyecto. Pero tampoco con los mecanismos formales de la ley 18.610 (Ley de Política Nacional de Aguas), que prevé coordinaciones regionales entre las jurisdicciones que se encargan de la vigilancia del Río de la Plata y su frente marítimo. Y tampoco hubo coordinaciones en ningún ámbito formal de comisiones de cuencas, ni en el Consejo Nacional de Agua, Ambiente y Territorio (que nunca ha sido convocado). La falta de debate produce más riesgos e incertidumbres.
La producción de agua potable es un tema tan holístico que se vuelve imposible de comprender o de resolver mirando solo una o dos dimensiones. Implica medir las consecuencias y los posibles riesgos que existen sobre los territorios, sobre las personas y sobre nuestras cuencas a través de investigación y debates profundos acerca de aspectos biológicos, ingenieriles, sociales, demográficos, económicos. Por lo pronto, voy a detenerme en este último factor.
¿QUÉ ES UNA FUENTE INFINITA?
Lacalle Pou afirmó categóricamente que ahora vamos a tener una fuente infinita, al poder tomar agua del Río de la Plata. Esa afirmación es sin duda una ilusión. Esconde los problemas de tomar agua de un estuario de enorme caudal; la cuenca baja de caudalosos ríos que dependen de cuatro países y que, además, interactúa con el océano. Asimismo, al ser un estuario, es muy frecuente la presencia de salitre en el lugar de la toma. Esto hace más costosa y riesgosa la producción de agua potable. Como consecuencia, se construirá una laguna artificial de 200 hectáreas en la zona costera de la toma. Para una cantidad infinita, ¿qué dimensiones debe tener esa laguna?
Esta solución es cara en inversión y en costos operativos. El estudio de factibilidad presenta dos opciones: una con una compra estatal (similar a las obras públicas más tradicionales) y otra en la que el privado crea una figura jurídica, que puede ser una sociedad anónima o un fideicomiso, que contrata con OSE por 30 años y lleva adelante la obra. A la vez, OSE se compromete a pagar un canon –«pago por disponibilidad»– por el uso de la planta durante 28 años (los dos primeros años se dedicarán a la construcción). Ese canon paga la inversión de la obra, los costos financieros y los costos de mantenimiento; por otro lado, OSE se hace cargo de operar la planta y los costos operativos asociados. A pesar de ser la opción más cara, el propio estudio adelanta que es de interés del gobierno optar por esta modalidad.
Se dijo que la planta vertería 296 mil metros cúbicos por día de agua potable, pero en el estudio se menciona que, en esta etapa, la capacidad de producción máxima será de 160 mil metros cúbicos por día. No queda claro cuándo se llegará al máximo prometido y tampoco si el presupuesto es por 160 mil metros cúbicos por día o por 296 mil metros cúbicos por día. Pero los costos operativos de producción de agua se van incrementando en los 30 años, dando un salto en el año 20 y llegando al final con el doble de costos. Esto hace pensar que, luego de los 30 años, la capacidad de producción alcanzará el objetivo de producir un máximo de 296 mil metros cúbicos por día, pero toda la descripción de la obra es sobre los 160 mil metros cúbicos, por tanto, hay una interrogante.
En el negocio, el consorcio pone 49 millones de dólares y el resto de la inversión –199 millones de dólares– es un préstamo. El préstamo es de organismos internacionales, a bajas tasas de interés, tiene de garante a OSE y se destinará a un rubro para el que suelen existir facilidades. El riesgo que corre la empresa es casi nulo. A partir del año tres, la empresa comienza a obtener renta positiva (esta es progresiva: comienza con 5 millones de dólares y al final termina con cifras cercanas a los 30 millones al año). En promedio, la ganancia es de 10 millones de dólares al año. La empresa pone 49 millones al principio y gana 292 millones a lo largo de los 30 años.
Ahora veamos la parte del negocio que afecta a OSE y a los usuarios. El pago del canon más los costos operativos hacen que el proyecto le cueste a OSE, en promedio, 40 millones de dólares por año. Los costos son incrementales: comienzan con 30 millones y terminan con 54 millones en el año 30. Esto quiere decir que –si se consideran los números actuales– OSE incrementará su presupuesto operativo en un 12 por ciento (tomando el promedio) y en un 17 por ciento (si miramos el final de los pagos). Desde la década del 90, OSE aplica lo que se llama el realismo tarifario: digamos –resumiendo– que sus cuentas son equilibradas. Es decir, desde que la empresa se estatizó, en 1952, los ingresos no alcanzaban a cubrir los costos operativos ni de las inversiones y tenía que recurrir a rentas generales. Se precisaba extender el servicio de agua a toda la población a precios accesibles y asegurar que todo el mundo tomara agua de una fuente segura. Pero desde 1990 las tarifas se diseñan para poder cubrir sus costos, tanto operativos como de inversión. De no cambiar ese lente financiero, inevitablemente el aumento de los costos operativos que origina este proyecto se trasladará a las tarifas.
En Uruguay el servicio de agua potable es prácticamente universal y casi la totalidad de los hogares tiene micromedidores, esto hace que paguen lo que consumen. En el 20 por ciento de los hogares más pobres viven en promedio 4,5 personas. Si tomamos que cada persona consume 5 metros cúbicos de agua al mes, esos hogares gastan 1.610 pesos en pagar el agua y 1.630 si tienen red de saneamiento (3.640 pesos al mes, en total). Es decir, deben destinar algo más del 9 por ciento de sus ingresos en pagar estos servicios.2 Por otro lado, el 20 por ciento de los hogares más ricos está integrado por 2,3 personas en promedio y pagan 423 pesos por el consumo de agua potable y 430 pesos si están conectados en la red de saneamiento. Un total de 853 pesos: 0,6 por ciento de sus ingresos. Estas cifras son más que preocupantes y contradicen las recomendaciones de los organismos internacionales, según los cuales un umbral mayor al 3 por ciento de los ingresos para pagar el agua y el saneamiento se considera un exceso, un peligro para las personas que sufren esa privación y un riesgo para la salud de la población en general, que puede pasarse a fuentes no confiables de agua y saneamiento.
Este proyecto nace ante una idea de riesgo o escasez de abastecimiento de agua que es muy discutible. De hecho, el riesgo de escasez es ante eventos de falta de hidraulicidad en la cuenca del río Santa Lucía, pero no siempre se precisa esa agua. Para solucionar esto, se crea un proyecto por iniciativa de un consorcio privado, que hace un negocio sin riesgo financiero y sin responsabilidades, ya que toda la operación corre por parte de OSE, en un sitio donde sabemos que hay salitre y frecuencia de cianobacterias, pero también donde pueden ocurrir eventos que desconocemos. Tomar agua del Río de la Plata puede ser una opción interesante, pero este proyecto tiene muchos riesgos no bien evaluados y, sobre todo, es muy caro. Además, se oculta o ignora que los costos del acceso al agua y al saneamiento son el gran problema del abastecimiento hoy en día, cosa que este proyecto aumentará sustantivamente. La solución que para el presidente es una fuente infinita esconde una realidad finita y concreta para muchas personas: gastar mucho dinero para pagar este servicio esencial o pasarse a fuentes no confiables.
1. Más sobre este proyecto en el pódcast Economía por asalto, disponible en Spotify.
2. Para el de ingresos se tomó la Encuesta Continua de Hogares de 2021 y se calculó el ingreso promedio por deciles de ingresos. Del pliego tarifario se calculó el consumo de 5 metros cúbicos por persona y se tomó la tarifa de todo el país, pero en las zonas de balneario el costo fijo es el doble y en Maldonado toda la tarifa es el doble.
