“Donde no hay justicia hay escrache”, se leía en los carteles desplegados en la concentración frente al nuevo domicilio de Miguel Etchecolatz, a tres quilómetros de la ciudad balnearia Mar del Plata. Ex subjefe de la temible Policía Bonaerense durante la última dictadura, Etchecolatz tiene seis condenas por delitos de lesa humanidad, tres de ellas a cadena perpetua por secuestros, torturas, robo de bebés, asesinatos y desapariciones forzadas. Fue el responsable del operativo del 16 de setiembre de 1976 en la ciudad de La Plata conocido como La Noche de los Lápices, cuando fueron secuestrados y desaparecidos seis estudiantes secundarios que reclamaban por el boleto estudiantil.
Pese a eso el Tribunal Oral Federal 6 le otorgó la prisión domiciliaria por haber cumplido 88 años y “padecer diversas dolencias”. Fue suficiente para que los organismos de derechos humanos y vecinos de la ciudad de Mar del Plata se movilizaran. Entre el sábado 6 y el domingo 7 alrededor de 5 mil personas se manifestaron cada día en la ciudad y frente a la casa que lo alberga, en el barrio Peralta Ramos, portando siluetas que le recordaban la ausencia del testigo Julio López –desaparecido el 18 de setiembre de 2006 en La Plata después de testificar en uno de los juicios en su contra–, y le recordaban su condición de criminal con carteles colgados en los árboles de las calles con la leyenda “El único hogar para un asesino es la cárcel” y “Aquí vive un asesino”.
TOMANDO LA POSTA. La marcha la encabezaron, entre otros, Nora Cortiñas, referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora. Pero esta movilización se diferenció de otras por la presencia y peso de las nuevas agrupaciones sociales que empiezan a tomar la posta del reclamo de memoria, verdad y justicia. Entre ellas se destacaron las agrupaciones de Hijos, y volvieron a mostrarse con fuerza los colectivos Historias Desobedientes y los Hijos y Ex Hijos de Genocidas, dos agrupaciones paridas del dolor de varias décadas de convivencia en el espacio familiar de los torturadores. Historias Desobedientes hizo su presentación en sociedad durante la marcha contra el fallo de la Corte Suprema que habilitaba la ley del “dos por uno” a favor de los condenados por delitos de lesa humanidad para acortar sus años en prisión. En noviembre pasado presentaron un proyecto de ley en Diputados para modificar dos artículos del Código Penal que impiden a los hijos denunciar a sus padres y testimoniar contra ellos durante un juicio penal. Hijos y Ex Hijos de Genocidas también tuvo su bautismo en esos días, aunque este fin de semana emitió un manifiesto luego de participar en las movilizaciones contra la decisión judicial a favor de Etchecolatz. “Hemos atravesado miedos, traumas, silencios y dolores, síntomas más o menos evidentes que se entrelazaron con lo cotidiano”, señalan.
Mariana Dopazo, la “ex hija” de Etchecolatz, publicó un testimonio personal en La Garganta Poderosa, una publicación de las villas miseria (cantegriles) de Buenos Aires, sobre el impacto que le provocó enterarse y ver que su ex padre salía de prisión para instalarse en un cómodo arresto domiciliario rodeado de un bosque de pinos cerca de la costa atlántica, donde hace 40 años veraneaba con su familia. “Cuando era chica y nos enterábamos de que venía a casa desde la Jefatura de Policía, con mi hermano y mi madre rezábamos para que se muriera. (…) A mis 47 años jamás creí que sufriéramos tal retroceso en derechos humanos. (…) Es imposible que le den la domiciliaria, me aseguraba mi mamá, hasta que nos llamaron para avisarnos. Ni pude pensar, ni hablar más”, escribió Dopazo, que en 2016 logró despojarse del apellido paterno y asumir el de su madre.
CONDENA A DOMICILIO. El fallo que otorgó la detención domiciliaria a Etchecolatz se emitió cinco días después de que la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad presentara su informe anual en el que consigna un aumento de las detenciones domiciliarias en las causas judiciales de este tipo de crímenes. “La tendencia en alza de los imputados en libertad comienza en diciembre de 2015, en forma paulatina, se profundiza durante 2016, y podemos decir que se consolida en 2017, por lo que no parece haber signos que logren revertir la situación en el futuro”, señala un párrafo del informe. Concretamente, en 2015 fueron 439 los imputados condenados a prisión domiciliaria, en 2016 aumentaron a 519, y en 2017 llegaron a 549. El informe también concluye que, en promedio, el proceso judicial de cada causa por crímenes de lesa humanidad tarda cinco años en concluir (desde el momento en que se inicia la instrucción hasta que se llega a una sentencia firme). El informe calcula que si durante este año se elevaran a juicio todas las causas pendientes, se llegaría a una sentencia en todas recién en 2024, “año en que se cumplirían 18 años de juicios, y cerca de 50 años de los hechos investigados”, constata.
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Marcelo Balcedo, astilla del mismo palo
El “sindicalista” argentino
Acusado por la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) de presunto lavado de dinero y delitos tributarios, Marcelo Balcedo funge como secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación (Soeme) y es propietario de un multimedio en la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, que incluye el diario Hoy y la radio La 92.
El juez federal Ernesto Kreplak decidió su detención en Navidad y pocos días después fue apresado en su mansión de Maldonado por la policía uruguaya, paso previo a su pronta extradición a Buenos Aires. El caso tuvo una inmediata repercusión política en Argentina, donde los medios y el gobierno se encargaron de mostrar a Balcedo como un sindicalista corrupto vinculado al kirchnerismo. Sin embargo se trata de un ingeniero que heredó la secretaría general del gremio fundado en 1960 por su padre, Antonio Balcedo, un peronista que supo hacerse un lugar en la Cgt y fue electo diputado nacional en 1962, cargo que nunca llegó a asumir porque el presidente Arturo Frondizi, presionado por las fuerzas armadas, desconoció las elecciones. Con la llegada de la dictadura del general Juan Carlos Onganía, en 1966, Balcedo padre se enroló en la combativa Cgt de los Argentinos, que nucleaba al gremialismo peronista alejado del sector sindical que negociaba con la dictadura. Con el tiempo, Antonio Balcedo se sumó también a las filas del sindicalismo peronista dedicado a los negocios, y con la vuelta de la democracia, en 1983, su suerte personal empezó a cambiar. Opositor al gobierno de Raúl Alfonsín, encontró su momento con la llegada de Carlos Menem al poder. Así empezó a construir el multimedio mediante el cual, según admiten sus compañeros de militancia sindical y políticos peronistas, se dedicó a extorsionar a funcionarios e instituciones educativas. A través del diario Hoy llevó adelante campañas sucias contra funcionarios bonaerenses, y desde el sindicato inventaba denuncias contra escuelas privadas a las que amenazaba con llevar a la justicia si no pagaban una multa al Soeme. En todo el país hay más de 2 mil denuncias por “tentativa de extorsión” iniciadas por escuelas privadas contra el sindicato. Antonio Balcedo falleció en 2012 siendo un acérrimo opositor al gobierno de Cristina Fernández y un hombre ligado a las llamadas 62 Organizaciones Sindicales Peronistas, lideradas por Gerónimo Momo Venegas, el jefe de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uarte), vinculado a Carlos Menem y el único dirigente de la Cgt que se lanzó abiertamente a apoyar la candidatura presidencial de Mauricio Macri en 2015, fogoneada también desde las páginas del diario Hoy de los Balcedo.
Heredero del estilo de los sindicalistas empresarios, Marcelo Balcedo se hizo cargo del sindicato fundado por su padre, y de su fortuna. En 2017 fue el primero de los sindicatos ligados a la educación que rompió el frente sindical para aceptar la paritaria salarial de la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, la delfín de Macri. En las últimas elecciones ensayó una pirueta buscando enrolarse en la agrupación Unidad Ciudadana, liderada por Cristina Fernández, apoyando económicamente a la lista de senadores provinciales, pero la suerte le fue esquiva y se quedó sin candidatura. Su detención tiene la marca del sindicalismo corrupto, sin pertenencia partidaria pero con ansias de poder.
