Está muriendo poco a poco. No estamos ante un desenlace que toma segundos o minutos, que tras un arrebato de violencia consuma el asesinato. No hay un arma humeante. Es, por el contrario, una enmarañada secuencia de acciones y omisiones que se han sucedido sin pausa por décadas. No hay un criminal, pero sí muchísimos cómplices en esta agonía que, parece, desembocará en muerte. Son vidas que se apagan en silencio, no porque allí no se grite o gima, sino porque nosotros no sabemos escucharlas.
Esta es la situación de la cuenca del río Santa Lucía, y no hay ninguna exageración en describirla de este modo. Estamos ante uno de los más grandes fracasos en el papel del Estado y los partidos políticos para generar políticas públicas. Los riesgos en esa región se conocen desde la década de 1990, así que nadie puede decir que la situación nos toma por sorpresa este verano. Durante las últimas tres décadas, la contaminación de la cuenca se mantuvo o empeoró y el deterioro de bosques y bañados persistió. Ningún gobierno logró aplicar soluciones adecuadas. Ningún partido político generó las bases de una gestión que asegurara la sobrevida del Santa Lucía.
Seguramente unos son más culpables que otros, pero aquí no hay inocentes. Hoy, en el contexto de un gobierno de coalición, el herrerismo presidencial parece más preocupado por los negocios que impulsan la construcción de una planta para tomar agua del río de la Plata que en la tarea ecológica de recuperar la cuenca. El exministro de Ambiente Adrián Peña, del Partido Colorado, dijo que defendería con uñas y dientes ese emprendimiento privado, pero no puso el mismo empeño en el planteo de medidas efectivas para limpiar la cuenca del Santa Lucía. Si alguien faltaba en la lista, no hay que olvidar que la dirección de calidad y evaluación ambiental está en manos de Cabildo Abierto.
A su vez, las prioridades del directorio de OSE por momentos parecen invertidas. Por un lado, insiste en tomar más agua con ese emprendimiento privado en la costa de San José (el denominado Proyecto Neptuno), pero, por otro lado, se estima que pierde o no contabiliza la mitad del agua que pasa por sus cañerías. Las lógicas elementales indicarían que su primera urgencia debería ser reducir tan alta tasa de pérdidas.
Además, como no se llegó a la situación actual de un día para otro, los tres gobiernos del Frente Amplio también tienen su responsabilidad. El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente de la época no logró detener la agonía de la cuenca. Los desencadenantes de su contaminación están en el uso de agroquímicos, la intensificación agrícola, la tala y el deterioro de los bosques nativos, la destrucción de bañados, la remoción de arenas, los tambos que no cuentan con un adecuado manejo de efluentes, las redes cloacales que vierten directamente en los cursos de agua y muchas otras situaciones de este tipo.
Las prácticas agropecuarias tienen un lugar sumamente relevante en este pool de factores. En los períodos anteriores, las intenciones gubernamentales chocaban con la gestión del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), que, más allá de su discurso público, terminaba operando para mantener las condiciones que alimentaban el deterioro ecológico del Santa Lucía. En este gobierno, el MGAP sigue cumpliendo el mismo rol. Se desemboca así en una gestión fracturada, donde hay una parte del Estado que termina tolerando que se destruya la cuenca, incluso sin darse cuenta de que esta es la base patrimonial que sustenta a la actividad agropecuaria.
En 2017 se aprobó una reforma de la ley de riego, liderada por el MGAP que encabezaba Tabaré Aguerre, que fue presentada como la solución ante los déficits hídricos. Se crearon sociedades agrarias de riego y se dijo que se construirían reservas de agua adecuadas para la demanda agropecuaria. En aquel entonces se le advirtió al gobierno que esa propuesta, en realidad, era poco más que una mercantilización de la gestión del agua y que en otros países solo tenía alguna utilidad para los productores con mayor acceso al capital, pero no para los medianos y pequeños. La advertencia fue ignorada. En la actual sequía, las denuncias y reclamos de los productores rurales muestran que no se cumplió aquella promesa de campos con represas y aguadas de todo tipo, dejando en evidencia que el instrumento es poco efectivo.
Esto no impide reconocer que en el mundo agropecuario existen situaciones distintas. Hay productores agobiados por necesidades o deudas, obligados a bañar sus hortalizas en agroquímicos, pero hay muchos otros a quienes no les interesa lo que sucede en el río y su obsesión es la rentabilidad. La política pública debe actuar sobre todos ellos, reconociendo esas distintas situaciones.
Pero, más allá de estos y otros problemas, buena parte de la clase política sigue adoleciendo de limitaciones para enfrentar la crisis ambiental. Incluso, hay momentos en que caen en creencias mágicas y actúan como si las cianobacterias tuvieran un color partidario. Así, vemos que los frentistas denuncian ahora las crisis de cianobacterias de la coalición multicolor, a la inversa de lo que ocurría años atrás. Pero, al final de cuentas, el color del agua contaminada por las floraciones siempre es verde.
