Trato hecho

Fue una semana atípica en el caso Astesiano, marcada por sorpresas, suspenso, expectativas y giros discursivos de 180 grados. El domingo a la noche, El Observador (12-II-23) dio a conocer una denuncia del exjefe de la seguridad presidencial ante las autoridades de la cárcel de Punta de Rieles –donde está recluido– en la que dejaba constancia de que el exdirector de Convivencia del Ministerio del Interior durante el último gobierno del Frente Amplio (FA), Gustavo Leal, había visitado a su padre, Raúl Astesiano, en su domicilio de Barra do Chuí. La denuncia de Astesiano, en la que afirmó que Leal le había ofrecido ayuda y dinero a su padre, fue efectuada el 3 de febrero. Su relato del episodio quedó estampado en un acta que fue remitida a la fiscal Gabriela Fossati, en quien recae la causa que lo tiene como protagonista, aunque el excustodio descartó presentar una denuncia penal contra Leal. En la misma nota de El Observador, el dirigente frenteamplista respondió acusando a Astesiano de ser «un delincuente y un manipulador», y anunció que aclararía públicamente el episodio el jueves, día para el que estaba prevista su comparecencia ante la fiscal Fossati, que lo había citado como testigo.

El lunes, el oficialismo desató su ofensiva. Tras meses teniendo que dar explicaciones por las actividades de su funcionario caído en desgracia, la extraña visita de Leal invertía los roles, apuntando los reflectores hacia un actor de la oposición. En rueda de prensa, el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado –que la semana anterior había calificado a Astesiano como «un mitómano»–, abundó en las suspicacias que generaba la visita de Leal y le exigió que diera sus explicaciones inmediatamente, pues no cabía esperar al día de la citación en fiscalía. También salieron a la carga varios legisladores nacionalistas, pero Leal se mantuvo en sus trece y no hizo declaraciones públicas, aunque tuvo una reunión a raíz del episodio con el presidente del FA, Fernando Pereira. En distintos sectores de la oposición la visita de Leal causó malestar (véase recuadro). Pocas horas después, el padre de Astesiano confirmaba a Subrayado que la visita había ocurrido, aunque desmentía el ofrecimiento de dinero y cargaba contra el gobierno, que tiró a su hijo «a los perros», según sus palabras. Luego se sumarían declaraciones del hermano de Astesiano a Telemundo en el mismo sentido. Ambos familiares declararon como testigos ante Asuntos Internos del Ministerio del Interior, por disposición de la fiscal Fossati.

Mientras ese episodio tomaba la agenda, MVD Noticias daba a conocer nuevos chats del Fibra. Entre ellos, una captura de pantalla de sus chats con el presidente Luis Lacalle Pou, reenviada al exsubdirector ejecutivo de la Policía Nacional Jorge Berriel y relacionada con las averiguaciones sobre un viaje de Lorena Ponce de León. La captura dio cuenta de que el presidente estuvo al tanto de las averiguaciones. A su vez, la divulgación de los audios intercambiados entre Astesiano y uno de los custodios de Ponce de León permitió completar el puzle de ese episodio, que hasta el momento era conocido parcialmente a partir de los mensajes escritos de Whatsapp filtrados con anterioridad.

Pero, para ese entonces, ya se vaticinaba que el miércoles, en la audiencia a la que estaba convocado Astesiano, se concretaría un acuerdo abreviado entre la defensa del excustodio y la fiscal Fossati.

EL ACUERDO

Astesiano aceptó cargos por cuatro delitos –asociación para delinquir, tráfico de influencias, revelación de secreto y conjunción del interés personal y público– y fue condenado a una pena de cuatro años y seis meses de penitenciaría, a una multa de 100 unidades reajustables (unos 150 mil pesos al valor actual) y a una inhabilitación especial para asumir cargos públicos por cuatro años. El excustodio había sido formalizado por dos de esos delitos –asociación para delinquir y tráfico de influencias– y por suposición de estado civil, delito asociado a la falsificación de documentos en la trama de los pasaportes. Este delito quedó por el camino en la condena, pues la fiscal entendió que Astesiano no llegó a participar directamente de los trámites documentales irregulares, aunque se lo había prometido al escribano Álvaro Fernández –otro protagonista de esa trama, que llegó a pagarle 10 mil dólares al Fibra–. A su vez, se agregaron dos nuevos delitos que no estaban en la formalización –revelación de secreto y conjunción del interés personal y público–.

Aunque hay líneas de investigación que siguen abiertas, para Astesiano, el voluminoso caso, por el que la fiscal llegó a manifestar públicamente que estaba desbordada, se resolvió en menos de cuatro meses. Fossati, en una rueda de prensa posterior a la condena, dijo: «La fiscalía hizo una evaluación completa de la evidencia que reunía y que tiene en su poder. Alguna ha sido filtrada y transmitida a la opinión pública a partir de ustedes, otra no». Justamente, la relación entre la información dada a conocer por la prensa y la que ha sido tenida en cuenta por la fiscal en su investigación es un nodo conflictivo que ha signado el caso durante meses, y que también en esta etapa desemboca en cuestionamientos y suspicacias.

Por ejemplo, la propia fiscal quiso saber de qué medio era un periodista en virtud de las preguntas que le estaba haciendo en la rueda de prensa. «No sé de qué me habla sobre los procesos licitatorios porque no están dentro del objeto de esta investigación», respondió al ser consultada sobre un eventual rol de mediador de Astesiano en licitaciones públicas. Sin embargo, horas después La Diaria divulgó un nuevo chat en el que el excustodio negociaba la adjudicación de obras públicas en la ruta 9, pedía «cuatro lucas» de adelanto y aseguraba a su interlocutor que la empresa a la que representaba iba a ser la elegida para las obras. También Búsqueda (16-II-23) reveló nuevas comunicaciones de Astesiano, que involucran al recientemente designado director nacional de Policía José Manuel Azambuya y al diputado nacionalista Gabriel Gianoli. De acuerdo a las declaraciones de la fiscal, todo ese material ya fue evaluado para acusar a Astesiano, pero, como anteriormente hubo varios episodios en los que las citaciones recién se produjeron tras las divulgaciones de la prensa (por ejemplo, en el caso de Vertical Skies, en el del seguimiento al presidente del PIT-CNT Marcelo Abdala o en el del envío a Astesiano de nombres y teléfonos de estudiantes del Liceo N.^o 41 por parte de un policía de la custodia presidencial), las dudas sobre la exhaustividad del análisis de la fiscal están sembradas –no solo en el terreno periodístico, sino también entre operadores judiciales–.

A favor de la posición de la fiscal, puede considerarse que los presuntos delitos que surgen de los chats publicados luego del acuerdo abreviado podrían encuadrar dentro de los ilícitos por los que Astesiano fue condenado (por ejemplo, tráfico de influencias). Sin embargo, la propia acusación de Fossati deja lugar a la especulación. Luego de exponer en términos generales cuáles eran las prácticas ilegales de Astesiano, en su escrito la fiscal describe específicamente algunos de los favores que Astesiano pedía a Berriel y al exsubdirector de la Policía Nacional Héctor Ferreira, dando fecha y hora de los mensajes que lo prueban, pero lo hace «a vía de ejemplo». Por tanto, no deja constancia de que su raconto abarque todos los hechos delictivos identificados en la evidencia, sino solo algunos ejemplos. La negociación de obras para la ruta 9 no entra en la lista.

Brecha consultó sobre este punto a Juan Raúl Williman, docente de Derecho Procesal y Práctica Profesional de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Williman explicó que, en la sentencia de un acuerdo abreviado, puede usarse la fórmula «a vía de ejemplo» para dar cuenta de los hechos delictivos, pero «una acusación debería tener un detalle acabado». El abogado también dio su opinión sobre el acuerdo alcanzado: «Debo reconocer que esta es la vía más habitual de resolución del conflicto jurídico en el nuevo sistema procesal penal. O sea que pasó algo previsible». Sin embargo, también deslizó una posición crítica. «Otra cosa es si el caso, por su complejidad y por lo grande que es, no requería mayor tiempo de investigación y también la máxima garantía, que, en casos de este porte, sin duda es el juicio oral y público, porque ahí se diligencia prueba y en el acuerdo abreviado no», dijo al semanario.

También opinó sobre el resultado desde el punto de vista de la defensa. «Creo que el mejor beneficio para Astesiano está en los delitos que se le imputan y en los hechos que abarcan, no sé si tanto en la reducción de la pena. Por ejemplo, no se le imputó nada relativo a la suposición de estado civil, que entre los incluidos en su formalización era el delito que tenía mayor pena (ocho años). La ventaja es que hay un cúmulo de hechos que quedan abarcados en este abreviado por los que no debería volver a ser responsabilizado», concluyó el docente.De todas formas, la investigación seguirá abierta y puede haber más personas formalizadas por vínculos delictivos con Astesiano. Incluso, esta semana fue formalizado otro policía y los hechos también están siendo investigados por la flamante Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos, a cargo de Enrique Rodríguez. La incógnita es si las consecuencias legales alcanzarán o no a jerarcas políticos, en especial teniendo en cuenta que, en su acusación del miércoles, Fossati dejó constancia de que el Fibra «proporcionaba de manera oficiosa [“por contraposición a oficial, que hace o dice alguien sin formal ejercicio del cargo público que tiene” es una de las acepciones del diccionario de la RAE] la información que recibía a su entorno de Presidencia, como, por ejemplo, al secretario personal del presidente de la república», Nicolás Martínez, «o al propio presidente».