La ratificación política del Consejo de Ministros presidido por Mariano Rajoy a la extradición del coronel (r) Eduardo Ferro, concedida por la justicia española ante un pedido de la similar uruguaya, obligará a actualizar el abultado punteo de reclamos contra el terrorista de Estado que en 2017 fugó del país cuando debía presentarse en un juzgado y fue detenido por Interpol en un hotel de Madrid.
El de Ferro es un caso paradigmático de la impunidad llevada al extremo. En noviembre de 1988, como la punta de un iceberg, del historial de crímenes que acumulaba el entonces jefe de operaciones de la inteligencia militar sólo emergía uno, pero muy notorio: el secuestro de Lilián Celiberti y Universindo Rodríguez, en noviembre de 1978 en Porto Alegre, cuya denuncia puso de manifiesto la coordi...
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