La Casa del Intendente, en Paysandú, tuvo siempre la marca de haber sido construida durante la dictadura. El privilegio que suponía que los contribuyentes le resolvieran la vivienda al jefe comunal fue motivo de escándalo, por lo que la casa no fue utilizada con tal fin desde la vuelta a la democracia. La construcción, espaciosa y con un fondo verde, que incluye otros dos apartamentos individuales, continuó siendo propiedad municipal y se destinó a ser el alojamiento de las delegaciones que pasaban por la ciudad, abriéndose esporádicamente.
En 2016, bajo la administración del frenteamplista Guillermo Caraballo, y en acuerdo con el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), el Ministerio del Interior (MI) y el Poder Judicial (PJ), se decidió emplearla para la atención especializada y el alojamiento transitorio de mujeres víctimas de violencia doméstica, que hasta el momento compartían refugio con la población en situación de calle. Desde agosto de 2017, el inmueble pasó a ser una Casa de Breve Estadía.
El PJ derivaba los casos que estaban en proceso y en los que entendía necesario que la víctima se recluyera por un breve período, hasta la decisión del juez; el MI, a través de la Policía comunitaria y de cámaras de seguridad, se encargaba de la vigilancia; mientras tanto, la comuna y el MIDES ponían a disposición recursos humanos para mantener el dispositivo funcionando. En cierto punto, luego de capacitar a funcionarios municipales, el MIDES dejó todo en manos de la intendencia.
Como directora de Desarrollo Humano y Social, Olga Rodríguez estaba encargada de la administración de la casa en el período anterior. La casa, explicó en diálogo con Brecha, «permanecía cerrada y, cuando el juez determinaba que había la necesidad de protección para alguien que estaba con riesgo real de vida, se abría con los dispositivos de seguridad del MI, guardia policial 24 horas y acompañamiento a través de un funcionario de la intendencia que también estaba 24 horas allí». Así, la intendencia asumía también los costos de mantenimiento –algo que, de todas formas, ya hacía antes–, alimentación y eventualmente proveer la asistencia médica a través de acuerdos con la Administración de los Servicios de Salud del Estado, entre otras necesidades que puedan surgir en situaciones como estas.
El personal se completaba con un equipo compuesto por «psicólogos, asistentes sociales y una doctora en leyes que hacían el acompañamiento a las víctimas durante la estadía y su seguimiento una vez que egresaban».
Según Rodríguez, el tiempo de estadía de las víctimas variaba según lo que resolviera el juez, si la pena para el agresor era la cárcel o la colocación de una tobillera electrónica. Si bien lo normal era entre tres y diez días, Rodríguez recordó «una señora, del sur del país, que llegó a estar un mes». Porque sí, la casona se convirtió en una referencia a nivel nacional y supo recibir mujeres con hijos de todas partes del país. Según dijo a Caras y Caretas la entonces responsable de la Unidad de Género, Generaciones y Derechos Humanos, Mariela Coiro, por allí pasaron más de 100 personas, entre madres e hijos.
Sin embargo, con el advenimiento de la pandemia las cosas se complicaron. Con algunos funcionarios en cuarentena y la movilidad restringida, en algunas ocasiones a lo largo de 2020 se optó por alojar a las víctimas en habitaciones de hotel de manera provisoria.
CAMBIO DE RUMBO
En las elecciones departamentales de setiembre de 2020, el Partido Nacional recuperó el sillón municipal de la mano de Nicolás Olivera. La Dirección de Desarrollo Humano pasó a llamarse de Promoción Social. Durante la transición, Guadalupe Caballero, que sería la directora de Promoción Social, se comunicó con Olga Rodríguez. Según relató la exdirectora, Caballero le hizo «dos preguntas puntuales: cuánta erogación significaban los ocho CAIF que administraba la intendencia [los mismos que fueron entregados a fundación A Ganar]1 y cuánto costaba la Casa del Intendente cada vez que ingresaban mujeres».
No está claro el día exacto en el que se dio el cambio. Lo cierto es que, luego de asumido el nuevo gobierno departamental el 26 de noviembre, el dispositivo dejó de funcionar en la casona.
Lucas Facello, un ingeniero especializado en temas viales, que en los noventa fue director en la administración departamental del nacionalista Domingo Burgueño, en Maldonado, y asesor en materia de tránsito durante la anterior gestión de Enrique Antía, es el nuevo director de Tránsito de la Intendencia de Paysandú y quien ahora ocupa –como vivienda particular– la Casa del Intendente. No hubo comunicación oficial, pero pronto fue vox populi.
EN BUSCA DE RESPUESTAS
La edila frenteamplista Paola Ifrán señaló a Brecha que el 4 de febrero hizo un pedido de informes al intendente Olivera para saber qué solución se les está dando a las mujeres que necesitan ser relocalizadas. La respuesta que obtuvo fue el llamado de una secretaria para explicarle que el intendente tiene un «plan quinquenal» respecto a las políticas de género, que sería expuesto en la junta, y que las mujeres estaban siendo alojadas en habitaciones de hotel y en apartamentos particulares. «Si vos tenés un plan de género para el quinquenio, como dice, es solamente adjuntar ese plan a un pedido de informe, ¿qué diferencia puede hacer si ya tenés algo planeado?», objetó la edila.
Según Ifrán, tampoco se dispone de información acerca de qué pasó con los funcionarios municipales destinados a la casa, en un momento en el que «está el Zorro Escobar en Promoción Social».2 Si el problema fue por el gasto que la casa le generaba a la comuna, Ifrán se pregunta: «¿Qué tanto puede costar una casa de este estilo? El gasto se lo genera el director de Tránsito, que está allí de manera permanente».
Caballero dio a Brecha la versión de la actual administración. Según esta, cuando entró el nuevo gobierno, «la casa no se utilizaba más» y a las víctimas se las estaba alojando en hoteles, cosa que –como se ha dicho– las anteriores autoridades presentan como una medida transitoria a raíz de la pandemia.
Para Caballero, la casa ya no puede ser utilizada porque las denuncias públicas no hicieron más que «quemarla», puesto que «les están diciendo a los agresores que la víctima va a estar ahí». La directora aseguró a Brecha que las mujeres están siendo ubicadas en distintos hoteles, pero optó por no dar más detalles. Sí aseguró que su dirección se ha hecho cargo de su alimentación.
«No es competencia de mi dirección, la Casa del Intendente es la Casa del Intendente», señaló al ser consultada sobre cómo llegó Facello a vivir allí. Eso sí, aseguró que los dos apartamentos que se encuentran al fondo de la casa principal fueron destinados por su dirección para alojar a los habitantes del hogar estudiantil, pues este está en obras.
Por su parte, la edila nacionalista y esposa del intendente Olivera, Sabrina Buono, aseguró en el programa La tribu, de la emisora local Contacto FM, que el traslado de las víctimas a hoteles obedeció a razones de seguridad, al tiempo que descartó que haya «un vínculo causal entre que dejó de funcionar el dispositivo y que Facello lo use como casa-habitación». Buono, además, se refirió a un informe de Inmujeres, realizado tiempo atrás, en el que se recomendaba «que se deje de usar la casa».
Brecha se contactó con la exdirectora de Inmujeres Mariella Mazzotti, quien negó haber hecho «una evaluación formal» de la casa, pero dijo que Inmujeres había apoyado la experiencia «porque podía dar una respuesta muy necesaria», sin perjuicio de que esta aún debía ser fortalecida.
1. Véase «¿Lobo estás?», Brecha, 7-I-21, y «Es ahora», Brecha, 5-II-21.
2. El miércoles Olivera asumió finalmente que la contratación de Escobar había sido un error. Véase «No barrerás», Brecha, 26-II-21.