«Estamos en las calles por un salario digno», «No puedo ni comprar medicinas», «El dólar sube, el salario baja, el hambre avanza», «Somos docentes, no somos delincuentes», «¿Cuánto ganas tú, Maduro, presidente obrero?», «El salario es de hambre y la pensión es de muerte»… Consignas voceadas, carteles escritos a mano, convocatorias por redes sociales para marchas improvisadas y escasamente coordinadas. La protesta sorprendió al gobierno, justo cuando terminaba el asueto continuado de Navidad y Año Nuevo, y también a la atomizada oposición, que inicia 2023 con su mayor falta de unidad y de estrategia en 15 años.
Las autoridades llamaron a clases en todos los centros de enseñanza el 9 de enero, pero redes y sindicatos de maestros anunciaron que en vez de ir a las aulas acudirían a las sedes del Ministerio de Educación en Caracas y otras ciudades a protestar por la degradación de sus salarios. «El éxito nos sorprendió a nosotros mismos», comentó a Brecha Luisa González, del gremio de profesores de secundaria. «En otras protestas reuníamos, cuando mucho, a 50 o 60 personas, y solo para iniciar la demostración se presentaron unas 800 y después se sumaron muchas más» en la primera de las demostraciones callejeras en Caracas.
Seiscientos quilómetros al sureste, en Ciudad Guayana, a orillas del Orinoco y principal asiento de la industria pesada –que opera muy por debajo de sus niveles de finales del siglo XX–, los obreros de la siderúrgica estatal Sidor, con respaldo de vecinos trabajadores del hierro, aluminio e hidroelectricidad, cumplían varios días de marchas y ocupaciones, reclamando mejores salarios y respeto a viejas conquistas sindicales. Nueve activistas fueron arrestados y se ordenaron juicios militares en su contra (todo el sureste venezolano, teóricamente, es zona de seguridad), pero luego fueron liberados al abrirse negociaciones.
Grupos y gremios de la salud, empleados administrativos y pensionados se fueron sumando a los reclamos de los maestros. La decepción, la crítica y la decisión de protestar crecieron una vez que el 12 de enero, contrariando rumores y expectativas, Nicolás Maduro dio su mensaje anual al parlamento y admitió que aún no podía autorizar aumentos (de salario mínimo, pensiones y de la escala salarial en la administración pública y empresas estatales, de la cual la principal es la del petróleo) debido a «los efectos del bloqueo y la guerra económica retomada por algunos sectores desde Miami» sobre la tasa cambiaria, pero aseguró que «estamos conscientes y actuando».
El «bloqueo» se refiere a la ruptura de relaciones y la política de sanciones adoptadas por Washington contra autoridades y empresas del Estado venezolano o firmas relacionadas, la prohibición de operaciones de compañías estadounidenses en Venezuela, del comercio y vuelos entre ambos países, el cierre de canales financieros y la retención de fondos estatales venezolanos, con excepciones puntuales decididas por Estados Unidos.
El 23 de enero, en el que se conmemora en Venezuela el día, de 1958, en que cayó la dictadura militar de Marcos Pérez Jiménez (1948-1958), los trabajadores de distintos sectores y los jubilados manifestaron por miles en la capital y en ciudades de 19 de los 23 estados del país. Hubo amenazas de grupos civiles oficialistas, bloqueos de las marchas por fuerzas policiales, gritos e indignación, pero las protestas concluyeron pacíficas y sin muertos, heridos ni más detenidos.
SALARIOS AL FOSO
¿De cuánto es el salario en Venezuela? Durante 60 años los gobiernos establecieron un salario mínimo, de base, que en tiempos de bonanza sobrepasó los 200 dólares mensuales. Pero desde que en 2013 la economía inició un largo período de recesión –luego acompañada de hiperinflación– los salarios se desplomaron, y a eso se sumó, desde 2018, una dolarización de facto, que dividió a los venezolanos entre una minoría que obtiene ingresos en dólares –por su labor o por remesas de los migrantes– y una mayoría que solo dispone de bolívares, moneda a la que en sucesivos recortes le han quitado ya 14 ceros.
Así, el salario mínimo es el más bajo del continente, pues –según la agencia Bloomberg, al cierre de 2022– en Costa Rica equivale a 603 dólares, en Uruguay, a 540, en Ecuador, a 450, en México, a 325, en Brasil, a 250, en Argentina, a 189, y en Venezuela, a ocho dólares en diciembre y a solo seis al concluir enero. Otro parangón es posible: desde el pasado otoño boreal, el Banco Mundial considera en pobreza crítica a las personas que en países de ingresos bajos sobreviven con menos 2,15 dólares diarios, y el salario mínimo venezolano es de seis mensuales para quien puede ser cabeza de familia.
Para agravar el tema, la inflación ya no es la de 130 mil por ciento de 2018, pero todavía en 2022 llegó a 234 por ciento, según la vicepresidenta, Delcy Rodríguez. En el supermercado, un litro de leche cuesta 1,80 dólares, una lata de atún de 170 gramos, 2,40, un quilo de harina de maíz (base para la arepa, el pan nacional), 1,50, y un quilo de carne o de queso blanco, entre siete y 12 dólares. Con sus seis dólares un pensionado puede comprar una caja con 30 aspirinas y otra con 30 tabletas de losartán, medicamento para controlar la presión, y ya. La Federación Venezolana de Maestros sostiene que la canasta familiar de 60 artículos cuesta al menos 450 dólares mensuales. Más de la mitad de los venezolanos vive en la pobreza, y según Naciones Unidas, 7 millones, casi una cuarta parte de la población, han migrado en la última década.
POLÍTICA A UN LADO
El oficialismo respondió a las protestas del 23 de enero con marchas «de rebelión antimperialista» en Caracas y otras ciudades, para exigir el cese de las sanciones estadounidenses, señalándolas como causa de las privaciones a que está sometido el pueblo. Replicar con contramarchas las manifestaciones de quienes se le oponen es una táctica que ha practicado durante años el oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela. Exhibe su musculatura como el primer partido del país, pero esta vez quizá hace una lectura equivocada de la coyuntura, porque no enfrenta a un contendor político concreto, sino a un clima de efervescencia social.
Los partidos opositores, por su parte, no han sintonizado con la nueva protesta social, y sus dirigentes están enzarzados en el reparto de culpas por los fracasos de los últimos años para tratar de desbancar a Maduro. Una excepción es el pequeño Partido Comunista de Venezuela, que durante un cuarto de siglo fue fiel aliado del chavismo, pero que en los últimos años rompió con Maduro «por su política económica laboral contraria a los trabajadores, de represión contra los dirigentes, de salarios miserables y una política que beneficia al gran capital y no al pueblo», según dijo en medio de la protesta en Caracas su secretario general, Oscar Figuera.
El clima de inconformidad se mantiene, aunque al momento de publicarse este artículo los trabajadores se han reincorporado a sus labores. Los grupos convocantes de manifestaciones han fijado un nuevo plazo, el lunes 30 de enero, para anunciar un paro nacional si no se consigue un remedio para sacar los salarios del abismo.
