El dedo en el ojo

Luego del referéndum contra parte de la Ley de Urgente Consideración, el presidente Luis Lacalle Pou planteó a los miembros de la coalición –a instancias de Julio María Sanguinetti– que el gobierno debía «recuperar el centro del ring». Notaba que estaba perdiendo la iniciativa política y el control de la agenda, a pesar de la ajustada victoria en el referéndum. La ofensiva posterior a la amplia reunión de mediados de mayo en la residencia de Suárez y Reyes y a la más selecta de principios de junio en Anchorena –con los ministros Luis Alberto Heber y Javier García, junto a algunos asesores– se ha hecho notar en varios frentes. Uno de ellos es el del puerto.

Indudablemente, el gobierno tiene que haber tomado nota de la única encuesta de opinión pública divulgada sobre el tema –a la que quizás sume mediciones propias–. El 19 de abril, Cifra presentó un estudio en el que preguntó a 1.006 uruguayos qué les parecía la extensión de la concesión a Katoen Natie en la Terminal Cuenca del Plata hasta 2081. El asunto es tan complejo que hasta la formulación de la pregunta de la consultora toca asuntos polémicos, pues hay quienes interpretan que el acuerdo entre la empresa belga y el Ejecutivo no es una extensión de la concesión otorgada en 2001, sino una nueva concesión, bajo nuevas reglas y con un plazo mayor al previsto originalmente. Pero, quizás porque sus principales consecuencias son comprensibles, el 72 por ciento de los encuestados se animó a opinar. El resultado fue contundente: al 46 por ciento el acuerdo le parece «mal» y solo un 23 por ciento lo ve con buenos ojos (un 3 por ciento dijo que ni una cosa ni la otra y un 28 no opinó).

Pero las malas noticias para el gobierno no se agotaron allí. El resultado de la encuesta reveló que el tema ha logrado, en buena medida, escapar de la «grieta», y en un sentido desfavorable para la actual administración. Si entre los votantes de la oposición la opinión sobre el acuerdo es abrumadoramente negativa, entre los de la coalición los que lo ven con buenos ojos superan solo por 1 punto porcentual a los que lo valoran negativamente. Incluso expertos en materia portuaria de filiación blanca y colorada se han posicionado contra el nuevo régimen portuario. Ante este panorama, el gobierno ha hecho un esfuerzo por reencauzar la discusión hacia la grieta nuestra de cada día. Con Heber sacudido en el Ministerio del Interior tanto o más que cuando firmó el acuerdo como ministro de Transporte, la tarea quedó en manos del prosecretario Rodrigo Ferrés, docente de derecho administrativo y familiarizado con el lenguaje jurídico que sostiene la concesión dada a Katoen Natie.

PELIGROS DEL CONTRAGOLPE

El 28 de junio, Heber y Ferrés declararon como indagados ante el fiscal de delitos económicos y complejos Gilberto Rodríguez, que actúa en la causa iniciada tras la denuncia penal presentada por legisladores del Frente Amplio (FA) contra los negociadores del acuerdo. Si en la interpelación del año pasado la voz cantante la tuvo Heber, esta vez el ahora ministro del Interior pasó ante los micrófonos de la prensa sin hacer declaraciones. Quien habló fue Ferrés: «Cuando asumimos el gobierno, nos encontramos con una situación ilegal e irregular en el manejo de las áreas públicas del puerto de Montevideo por parte de las administraciones anteriores, lo cual a todas luces ha sido una vergüenza», afirmó con contundencia. ¿Pero fue tan sorpresiva la situación que se encontró el gobierno, y a la que califica de ilegal?

La pregunta ya era pertinente al mirar la trayectoria del actual presidente de la Administración Nacional de Puertos (ANP), Juan Curbelo, que fue parte del equipo que negoció con Katoen Natie y también está denunciado en la causa. Curbelo integró el directorio de la ANP como representante de la oposición durante el gobierno anterior y, en ese entonces, no cuestionó la legalidad del régimen bajo el que opera en las áreas públicas Montecon, competidora de la empresa belga en la operativa de contenedores y a la que, según el gobierno, el FA favoreció. Pero no solo Curbelo estaba al tanto de la cotidianidad portuaria de los últimos años: el propio Ferrés fue asesor suyo y del anterior representante blanco en el organismo.

En una resolución del 24 de junio de 2015 –a la que tuvo acceso Brecha– el directorio de la ANP aprobó la contratación de Rodrigo Ferrés Rubio para cumplir tareas de asesoramiento en temas de derecho administrativo, función pública e infraestructura, a pedido del entonces director vocal en la ANP, Andrés Chahnazaroff. La resolución debió ser corregida al mes siguiente porque un error le había adjudicado al actual prosecretario las tareas de asesoramiento ambiental que correspondían a Nicolás Martinelli, otro asesor de confianza de Lacalle Pou que fue asesor en ANP durante la administración anterior. La contratación de Ferrés fue por un salario mensual de 91.500 pesos, de acuerdo a la resolución de 2015. Luego, cuando Curbelo sustituyó a Chahnazaroff, la ANP dictó una nueva resolución (el primer contrato había cesado con la renuncia del anterior director) y contrató a Ferrés para las mismas tareas de asistencia al vocal del directorio, esta vez con un sueldo de 109.047 pesos. La resolución es del 23 de febrero de 2017 y es retroactiva al 20 de febrero, fecha en la que Curbelo asumió funciones.

Este cargo no figura en la experiencia laboral que el prosecretario publica en su perfil de la red social Linkedin, donde sí constan sus desempeños como asesor jurídico en el Grupo Ferrés & Cia, como abogado sénior en Pricewaterhouse Coopers, como profesor de derecho administrativo en la Universidad Católica del Uruguay y como consultor en el Banco Interamericano de Desarrollo y en Ferrés & Law Consultores, entre otros antecedentes. Ferrés no mencionó su rol en la ANP en la rueda de prensa posterior a su declaración en fiscalía ni en la extensa entrevista que concedió a El Observador unos días antes. Tampoco se lo comunicó al fiscal Gilberto Rodríguez en la hora y cuarto que duró su declaración –a la que accedió este semanario–, aunque tuvo sobradas oportunidades para hacerlo. Sin embargo, en varias ocasiones se excusó de profundizar en temas que lo excedían por no estar en la ANP, aunque estuvo allí varios años.

Si Ferrés hubiera dado a conocer su anterior rol en el organismo, tanto los colegas de la prensa como el fiscal podrían haberle preguntado si en ese entonces, estando en conocimiento de que una empresa operaba de manera ilegal, cumplió con su deber de funcionario público de denunciar el hecho ante sus superiores jerárquicos o, incluso, por qué no lo denunció ante la Justicia, como hizo la entonces oposición en ANCAP, donde también tenía representación. Estas mismas preguntas probablemente serían formuladas si el gobierno concretara, como ha insinuado el prosecretario y también el senador Jorge Gandini, una denuncia contra el FA por presuntos favorecimientos a Montecon. En una situación similar estaría el subsecretario de Transporte y Obras Públicas, Juan José Olaizola –también integrante del equipo negociador del gobierno–, que fue asesor en la ANP de Chahnazaroff y de su predecesor, José Pedro Pollak, entre 2010 y 2015.

VAYA SORPRESA

La consulta de algunas resoluciones de la ANP puede ayudar a ponderar hasta qué punto llegaron los directores nacionalistas, en su rol de oposición y asesorados por Ferrés, en el control de la situación que hoy califican de ilegal. Por ejemplo, el 25 de octubre de 2017 el organismo aprobó un nuevo reglamento de atraque de buques, texto que regula la actividad portuaria y que alcanza a la operativa de contenedores, en la que competían Katoen Natie y Montecon. La resolución dictada por el directorio de la ANP dejó constancia de la incorporación de modificaciones al reglamento anterior a sugerencia del Centro de Navegación –la cámara que nuclea a las empresas de servicios marítimos y portuarios–, pero no mencionó ninguna sugerencia o comentario discrepante por parte de Curbelo ni de ningún otro director. «Desconozco el tema de quién votó en el directorio», respondió Ferrés a El Observador cuando le preguntaron por la acusación del FA contra el gobierno por el presunto ocultamiento de un informe del gerente de jurídica de la ANP, Edgardo Amoza, que desestimó en 2019 los argumentos de la empresa belga, en un reclamo por los mismos asuntos actualmente en discusión. Una nueva versión del reglamento de atraque de buques sería incluida en 2021 en el acuerdo firmado con Katoen Natie. Allí es donde se le otorga el monopolio (o la preferencia, según el gobierno) en la operativa de contenedores.

Ese mismo año, y también en diálogo con El Observador (20-IV-19), Curbelo dio su parecer sobre la decisión de la ANP de adjudicar, tras un llamado público lanzado en 2017, tres predios en los muelles públicos por diez años. «Una empresa vinculada a Katoen Natie» fue adjudicataria de una de esas tres áreas en los muelles públicos –donde hoy aduce que no debería haber operación de contenedores–, informó entonces el matutino. Luego esa empresa desistió del uso del área y su parte le fue asignada a Montecon, a la que inicialmente se le había dado otro de los terrenos (el tercero fue para la naviera MSC). Curbelo afirmó entonces que las nuevas concesiones darían mayor certeza que los permisos precarios anteriores, habilitarían a los adjudicatarios a hacer mayores inversiones y permitirían «ordenar la carga de contenedores». En esa ocasión no acusó ninguna ilegalidad en que Montecon operara con ese tipo de cargas.

Otra actuación de la oposición que merece atención fue señalada por Ferrés en la entrevista referida anteriormente. «Hasta donde yo tengo entendido, en uno de los momentos de mayor crisis por estos temas, […] Andrés Chahnazaroff pidió una auditoría en el directorio de las áreas públicas y se la rechazaron», dijo el prosecretario. Ese capítulo empezó en 2015. El vocal pidió una auditoría externa luego de los informes emitidos por la división Auditorías de la propia ANP, elaborados a pedido de quien entonces presidía el ente portuario, Alberto Díaz, y referidos a la ocupación de áreas públicas en el recinto portuario. En esos informes se dio una serie de recomendaciones sobre los sistemas de facturación, la delimitación de los espacios a adjudicar y la unificación de los procedimientos por los que las empresas portuarias pueden solicitarlos, entre otros elementos.

El primer informe fue aprobado por el directorio el 25 de mayo de 2016 y, en la misma resolución, se resolvió incorporar dos de sus recomendaciones, a la vez que se encomendó un segundo informe. Cuando este llegó, en una resolución del 20 de julio del mismo año, la ANP resolvió crear un grupo de trabajo para analizar sus recomendaciones, integrado por representantes de distintas áreas de su organigrama. Al año siguiente, el 11 de setiembre de 2017, el directorio aprobó dos reglamentos para los servicios de depósitos de mercadería en las áreas públicas (uno para el interior y otro para Montevideo), a partir de proyectos elevados por el grupo de trabajo. Entre sus consideraciones generales estuvo la promoción de la libre competencia marcada por la Ley de Puertos y su decreto reglamentario. Es decir, esa auditoría interna, que no detectó ilegalidades en la operativa de ninguna empresa, tuvo sus efectos, aunque la mayoría oficialista de entonces no cedió a la solicitud opositora de una auditoría externa. El punto fue desestimado en 2019. Ya durante el actual gobierno, y luego de conocido el acuerdo con Katoen Natie, el directorio aprobó una auditoría externa a pedido del vicepresidente de la ANP, el cabildante Daniel Loureiro. Ese estudio evaluará la operativa de contenedores desde 2001 hasta el presente y estará a cargo de la Auditoría Interna de la Nación (AIN). De acuerdo a lo que pudo saber este semanario, la contratación de la AIN aún está en trámite, aunque se resolvió solicitarla en mayo de 2021.