El desempeño de la coalición gobernante desde el inicio de la presencia de Luis Lacalle Pou muestra una sucesión de medidas para debilitar o desmontar la gestión ambiental. Son acciones análogas a las observadas en las políticas sociales, como las enfocadas en pobreza, salud o educación.
En el flanco ecológico, el ejemplo más reciente ocurrió con la aprobación, por parte del directorio de OSE, de licitar la construcción y gestión de una toma de agua en la costa de San José a cargo de empresas privadas. Esa decisión hace que el ministro de Ambiente, Adrián Peña, y los directores de OSE por la coalición de gobierno estén dispuestos a conflictos y peleas con un enorme abanico de actores que se oponen a esa obra por diferentes razones.
Entre los que quedan del otro lado se cuentan el sindicato de OSE, que advierte que se está ante una privatización; las organizaciones locales de San José, que denuncian los impactos en esa costa; académicos de la Universidad de la República (Udelar) y grupos ambientales, que señalan los riesgos ecológicos de terminar tomando aguas contaminadas; muchos técnicos del Ministerio de Ambiente y OSE, cuyos pareceres fueron desatendidos, y la oposición y tantos otros que entienden que todo eso es un mal negocio que solo beneficia a unas pocas empresas privadas.
Esto deja en claro que el gobierno está dispuesto a satisfacer a un grupo de empresas aún si eso significa enfrentarse a muchos otros actores y al casi seguro aluvión de recursos administrativos y judiciales. Se expresa un modo de entender la gestión pública, que es llevado adelante desde la coalición de gobierno, especialmente por Ciudadanos (Partido Colorado) y el herrerismo (Partido Nacional). La secuencia pasa desapercibida si solo se observan hechos aislados, pero es inocultable una vez que se identifican las expresiones destacadas asociando una con otra. Se la puede caracterizar como «tres erres»: reorganización, recortes y reorientación.
LAS TRES ERRES
La coalición de gobierno decidió reorganizar la gestión ambiental, creando un Ministerio de Ambiente (MA) a partir de la división del anterior ministerio mixto, que incluía a vivienda y ordenamiento territorial. Pero al poco tiempo comenzó a recortar y debilitar sus capacidades de gestión y evaluación ambiental. En efecto, bajo el ministro Peña, se redujo a aproximadamente la mitad el presupuesto de la nueva cartera ambiental, y no se puede negar que esto desemboca en el debilitamiento de los controles y evaluaciones. Ese encogimiento presupuestario es el más alto de los observados en la administración central. Al mismo tiempo, el ministro lanza opiniones sobre temas ambientales que parecen ignorar a sus propios técnicos y a los de la Udelar, debilitándolo también en ese aspecto.
Paralelamente, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), siguiendo una decisión del ministro Fernando Mattos, decidió aprobar agroquímicos antes prohibidos para satisfacer un pedido de la empresa UPM. La implicancia expresa otro tipo de debilitamiento: el Estado está dispuesto a rebajar sus exigencias en ambiente (y salud) en función de demandas empresariales. Esa decisión, de una enorme gravedad, solo se parece a la andanada de agrotóxicos aprobados en Brasil bajo la presidencia de Jair Bolsonaro.
Ese tipo de posturas, usualmente denominadas como flexibilizaciones ambientales, han sido comunes bajo gobiernos conservadores como ocurrió en Brasil, pero también en Colombia, Perú y Chile. En todos los casos, van en paralelo con flexibilizaciones laborales y sociales, recortando derechos de los trabajadores o normas sanitarias, y su objetivo es atender intereses empresariales.
Estamos rodeados de ejemplos de esas situaciones. El reciente informe de URSEA (Unidad Reguladora de Servicios de Electricidad y Agua) sobre la diseminación de derivados del herbicida glifosato y otros agroquímicos en múltiples muestras de agua potable en todo el país refleja la incapacidad del MGAP y del MA para impedirlo. Otro ejemplo impactante ocurrió semanas atrás, cuando casi todo el gobierno festejó junto con empresarios la inauguración de una terminal portuaria a pesar de que carece de permiso ambiental.
En tanto el Estado se recorta y debilita a sí mismo en monitorear, controlar y fiscalizar, las alertas provienen cada vez más desde la academia y los grupos ciudadanos. Eso hace que los gobiernos también busquen blindarse en ese flanco, y apelen a medidas para acosar o acallar las voces independientes. Justamente eso acaba de ocurrir, como ejemplifica la demanda penal contra dos académicos o la decisión del MA de apoyar una acción judicial contra organizaciones vecinales.
La reorganización no implica que estemos ante un Estado que desaparece, sino que modifica sus orientaciones para privilegiar algunos intereses privados. No se vuelve funcional a todo el empresariado en general, sino que se enfoca en algunos de ellos, aún a costa de relegar a otros actores privados. Entre ellos están los conocidos «malla oro», como las grandes empresas −UPM o las que proponen la nueva planta para tomar agua del Río de la Plata−, pero también se cuentan algunos pequeños, como ocurrió cuando la presidencia rebajó la reglamentación para controlar la cacería a gusto de unos pocos actores privados con escopetas.
Estos y otros ejemplos muestran una reorientación política. Sus promotores más claros corresponden al ala lacallista del Partido Nacional, ideólogos de la reorganización ambiental y de los recortes presupuestarios, y a los colorados de Ciudadanos desde el MA y MGAP, que actúan en tándem, como muestran los ejemplos de arriba. No solo eso, sino que, por momentos, Ciudadanos se vuelve más intensamente herrerista en su gestión, y el sector parece dispuesto a recibir buena parte de los costos políticos.
Su expresión más impactante ha sido la confesión del ministro Mattos. Reconoció que el MGAP habilitó agroquímicos, antes prohibidos por su riesgo o peligrosidad, porque desde la empresa se amenazó con cesar trabajadores. Esa es una excusa muy vieja, y la empleaban años atrás algunas curtiembres que sostenían que si se les clausuraba por contaminar arroyos, deberían cerrar y se perderían los puestos de trabajo. Aceptar esa razonamiento, como hace el MGAP, crea antecedentes: cualquier otra empresa contaminante podría en el futuro reclamar que se le habilitara algo prohibido poniendo como excusa los empleos generados, más allá de que eso sea cierto o justificable.
No importan las intenciones, si son buenas o malas, si lo hacen a propósito o si es solo una consecuencia de incapacidades para organizar políticas públicas de otra manera. Lo relevante es que esa reorientación deja en segundo plano al bien público como determinante de las políticas estatales para atender criterios circunstanciales, usualmente económicos y en especial empresariales, y que se está dispuesto a recortar y reorganizar políticas e instituciones para lograrlo. Es un cambio que está en marcha, al mismo tiempo, en las políticas sociales y educativas. Es otro modo de entender la política y el bien común.
