Queremos expresar nuestro asombro y rechazo ante la decisión de la cancillería uruguaya de remover al embajador Pablo Sader de la dirección de Asuntos Políticos debido a la votación de Uruguay, el 14 de setiembre de 2020 en el Consejo Económico y Social (Ecosoc) de la ONU, a favor de una resolución que pedía protección a los derechos humanos de las mujeres y niñas palestinas. La medida fue tomada tras recibir un pedido de informes del diputado Ope Pasquet respecto a dicha votación y, sobre todo, tras la visita del embajador de Israel al presidente Lacalle. A modo de rectificación, el canciller Bustillo declaró que el voto uruguayo en favor de la mencionada resolución del Ecosoc fue «un error circunstancial».
Lo ocurrido es doblemente preocupante e inadmisible porque:
1) Demuestra que el gobierno uruguayo está dispuesto a ceder ante las presiones de un país al cual le molesta ser condenado en la ONU por sus constantes violaciones a los derechos humanos. El Estado de Israel es experto en este tipo de presiones para acallar toda crítica a sus políticas violatorias del derecho internacional, en lugar de acatar las resoluciones de la ONU y poner fin a la ocupación de Palestina. ¿Significa que cualquier país puede presionar al gobierno cuando no le gusta una votación uruguaya en la ONU? ¿Actuaría de la misma manera la cancillería uruguaya si el país condenado hubiera sido Venezuela?
2) La resolución del Ecosoc no hace otra cosa que reafirmar el consenso internacional de la ONU –al cual Uruguay ha adherido históricamente– sobre la ilegalidad de la prolongada ocupación y colonización israelí del territorio palestino. Y todo esto lo hace reafirmando el marco legal pertinente (tanto el derecho internacional humanitario como el derecho internacional de los derechos humanos) relativo a los derechos humanos, los derechos de las niñas y mujeres a una vida libre de violencia y la protección de la población civil en situaciones de conflicto, en particular de las niñas y mujeres.
Tras acoger el contundente informe del secretario general de la ONU respecto a la situación de las mujeres palestinas bajo la ocupación israelí, la resolución expresa la preocupación del Ecosoc «por las continuas violaciones sistemáticas a los derechos humanos del pueblo palestino por parte de Israel, la potencia ocupante,1 y sus efectos en las mujeres y las niñas». También reafirma que «la ocupación israelí sigue siendo un grave obstáculo para las mujeres y las niñas palestinas en lo que respecta a la realización de sus derechos […] e integración en el desarrollo de la sociedad palestina». Y señala «la necesidad de que Israel rinda cuentas por todas las violaciones del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos» para acabar con la impunidad.
Nos preguntamos entonces si, al decir que el voto uruguayo a favor de esta resolución fue «un error circunstancial», el canciller Bustillo está anunciando que Uruguay pretende apartarse de un consenso internacional de más de medio siglo. ¿Será que Uruguay pasará a alinearse a la política del gobierno de Trump, considerando legales la ocupación, la colonización y la anexión israelí del territorio palestino?
Nuestras organizaciones habían preparado una respuesta al pedido de informes del diputado Ope Pasquet a la cancillería por el voto uruguayo a favor de la mencionada resolución del Ecosoc. A continuación exponemos esta respuesta a los conceptos expresados por el diputado, porque aporta fundamentos sobre lo que ha sido y es el consenso internacional de la ONU respecto a las políticas de Israel.
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En su pedido de informes, el diputado Pasquet cree conocer la situación de las niñas y mujeres palestinas mejor que la ONU y que las mismas palestinas organizadas,2 y por eso afirma que Israel trata mejor a las mujeres árabes que los países musulmanes vecinos. Al diputado Pasquet sus informantes no le cuentan que, por ejemplo, las mujeres palestinas nacidas en Jerusalén oriental no tienen ciudadanía ni pueden votar por el simple hecho de no ser judías, ya que Israel anexó –ilegalmente– la parte palestina de la ciudad sin otorgarles derechos a sus habitantes, una de las tantas expresiones del régimen de apartheid israelí, que gobierna a dos grupos de población con sistemas legales diferentes.3
Es muy preocupante que una resolución de un órgano de Naciones Unidas haya molestado al diputado Pasquet, y más preocupantes son las razones que expresó para esa molestia:
1) Al diputado Pasquet le molesta que el Estado uruguayo haya apoyado una resolución que se refiere a los «territorios palestinos ocupados» por Israel. Es decir, le molesta que Uruguay mantuviera su posición histórica de apego al consenso oficial de Naciones Unidas. Un consenso internacional que solamente Israel rechaza, pues al menos desde 1967 numerosas resoluciones de la ONU consideran que Cisjordania, Gaza y Jerusalén oriental (al igual que los Altos del Golán sirios) son territorios ocupados por Israel. Incluso Estados Unidos, hasta la llegada de Trump, adhería a ese consenso, y por esta razón ningún país tiene su embajada en Jerusalén (excepto Estados Unidos y un par de países serviles) como rechazo a la ocupación y anexión ilegal de Jerusalén oriental por parte de Israel.
2) Al diputado Pasquet le molestó el voto de Uruguay a favor de la resolución porque «lastima los sentimientos de los judíos uruguayos», asumiendo que la comunidad judía apoya unánimemente las políticas del Estado de Israel. Pero la comunidad judía es diversa y muchas personas judías –en Uruguay y en todo el mundo– no apoyan las políticas de Israel, sino que las critican y defienden el derecho del pueblo palestino a vivir en libertad, igualdad y justicia. Y si a una parte de la comunidad judía organizada que defiende incondicionalmente las políticas criminales de Israel le «lastima» que Uruguay adhiera al consenso de Naciones Unidas, ¿es razón para que el Estado uruguayo se aparte de dicho consenso?
3) El diputado Pasquet afirma que la «democracia» israelí es «asediada por regímenes autoritarios». Curiosa democracia la israelí, donde casi la mitad de la población que vive bajo su dominio –entre el Mediterráneo y el río Jordán– carece de todos los derechos básicos por el simple hecho de no ser judía.4 Curiosa democracia, que desde hace 72 años prohíbe el regreso a su patria de tres o cuatro generaciones de refugiados y refugiadas palestinas, mientras invita a emigrar a Israel con plenos derechos ciudadanos a personas judías de todo el mundo.
Queremos creer que Ope Pasquet desconoce los principios supremacistas que están en la base del Estado de Israel, construido y organizado en torno a la supremacía de un grupo humano sobre los otros, un concepto incompatible con el de democracia en el siglo XXI. Esa supremacía se traduce en su legislación y en las políticas hacia la población no judía o palestina. La Ley Constitucional del Estado Nación Judío aprobada en 2018 define oficialmente a Israel como «el Estado del pueblo judío», en el cual:
a) sólo el pueblo judío tiene derecho a la autodeterminación;
b) sólo las personas judías tienen derecho a la nacionalidad, la cual les confiere derechos y privilegios que se le niegan a la población no judía (entre muchos otros, el acceso al 93 por ciento de la tierra);5
c) la población no judía es discriminada por más de 60 leyes (según la base de datos de Adalah) y un sinnúmero de políticas y prácticas cotidianas.6
Pensemos: es como si un Estado se definiera a sí mismo como «el Estado de las personas blancas», o «el Estado de las personas cristianas». ¿Es esa la concepción de democracia –laica y moderna– que tiene el diputado Pasquet?7
4) La afirmación del diputado Pasquet refleja, además, una profunda islamofobia. Decir de manera genérica que el Estado de Israel trata a las mujeres palestinas mejor que todos los países musulmanes a sus mujeres es una manifestación de prejuicio y estereotipación; y reproduce expresiones propagadas por el aparato de propaganda sionista para presentar a Israel como una democracia iluminada en medio de un vecindario árabe salvaje y oscurantista. Un falso estereotipo que desmienten las innumerables condenas de la ONU que Israel acumula desde 1948, muchas más que los países árabes y musulmanes.
En efecto, en su defensa de la «democracia» israelí, el diputado Pasquet una vez más parece (o elige) ignorar que Israel es el país con más condenas y resoluciones negativas de la ONU, especialmente del Consejo de Derechos Humanos.8 Veamos el historial de resoluciones de la ONU condenando a Israel:
1) Consejo de Seguridad: 81 resoluciones desde 1948 hasta 2016 (y no hubo más por el veto de Estados Unidos).
2) Asamblea General: más de 200 resoluciones desde 1947 hasta 2019. En 2018, Israel fue el país más condenado: de las 27 condenas emitidas, 21 fueron a Israel por su violación de los derechos palestinos.
3) Corte Internacional de Justicia, 2004: dictamen condenatorio del muro y de todo el sistema de colonización y ocupación asociado, ordenando a Israel desmantelarlos y a la comunidad internacional actuar con firmeza para ponerles fin.
4) Además de resoluciones, han emitido informes críticos de las políticas de Israel los principales órganos vigilantes de los pactos y convenciones internacionales de derechos humanos y los relatores del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. En junio de este año, 47 relatores especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU afirmaron que la anexión israelí del territorio palestino ocupado constituye «una visión del apartheid en el siglo XXI».
Conviene mencionar que la «democracia» israelí no ha permitido nunca la entrada a su territorio ni al ocupado de ninguno de los relatores especiales de la ONU para los derechos humanos del pueblo palestino. Tampoco permite la entrada de misiones internacionales de observación de las organizaciones mencionadas; y recientemente expulsó del país al representante local de Human Rights Watch, el jurista Omar Shakir.
Por todo esto, consideramos que el voto uruguayo a favor de la resolución del Ecosoc mencionada estuvo plenamente justificado, y por eso nos preocupa profundamente la decisión de la cancillería uruguaya de considerarlo «un error» y de remover al director de Asuntos Políticos. Rechazamos las presiones del Estado de Israel y del lobby local que lo apoya incondicionalmente para silenciar y descalificar toda crítica a sus políticas hacia el pueblo palestino, sometido desde hace más de medio siglo a un régimen de ocupación militar, colonización territorial y apartheid jurídico intolerable en el siglo XXI, al cual la comunidad internacional en su conjunto tiene el deber de poner fin, tal como ordenó la Corte Internacional de Justicia hace más de 15 años. Esperamos que lo ocurrido con esta resolución del Ecosoc no signifique que el gobierno actual pretenda dar la espalda al consenso internacional de la ONU en relación con Palestina-Israel.
Comisión de Apoyo al Pueblo Palestino
Comité Palestina Libre
Colectivo Contraimpunidad
Servicio Paz y Justicia
