La fórmula presidencial marcó distancia. Tanto Tabaré Vázquez –en Caras y Caretas en su último número de agosto– como Raúl Sendic –véase entrevista en esta edición– sostuvieron, con mayor o menor claridad, el error de cálculo que significó meterse con el delito de “abuso innominado de funciones” en medio de la campaña electoral.
La Comisión de Legislación y Códigos de Diputados viene estudiando la reforma del Código Penal desde 2010, cuando el Ejecutivo remitió un proyecto al respecto. En su sesión del 27 de agosto la bancada oficialista presentó una iniciativa que, según relató el diputado Daoiz Uriarte, encargado de elaborarlo, propone modificar y mantener el delito, frente a la sugerencia de “eliminarlo porque es violatorio de las garantías constitucionales” que había planteado la comisión técnica encargada de revisar el Código Penal.
Lo candente del asunto es que este delito pesa sobre Fernando Lorenzo y Fernando Calloia por su actuación en la entrega del aval para la empresa Cosmo, en el caso Pluna.
Según informó El País en su edición del jueves 4, la bancada del fa se reunió el martes 2 y definió postergar el tratamiento del tema hasta que las elecciones dejen de agitar las aguas de la política partidaria. Sin embargo Brecha no consiguió confirmar la existencia de la mencionada reunión, y en la sesión de la comisión del día siguiente, miércoles 3, los legisladores frenteamplistas no presentaron ninguna propuesta en ese sentido.
En las declaraciones de la fórmula presidencial del fa se huele la intención de desmarcarse de la propuesta de modificación del delito, centrando la mira en problemas de coordinación con los parlamentarios de su propio partido. Sin embargo, la presidenta de esa fuerza política, Mónica Xavier, venía manteniendo contactos con los principales referentes de los partidos de la oposición antes de la presentación del proyecto en la comisión parlamentaria.
“Estoy informado de que se había llegado a un acuerdo con todos los partidos políticos hace como 15 días. El primero que se hace el desentendido es Pedro Bordaberry; luego saca el pie del lazo Luis Lacalle Pou, diciendo que no estuvo en ningún acuerdo de ese tipo. En función de eso se estaba viendo una estrategia distinta”, comentó a Brecha Juan Castillo, vicepresidente del fa.
Pablo Mieres, candidato a la Presidencia por el Partido Independiente, transparentó esas conversaciones al diario El País y las confirmó a este semanario: “Fue una consulta de la presidenta del Frente Amplio, Mónica Xavier, para ver qué posición teníamos nosotros sobre el tema. Este miércoles le respondí que nosotros no estamos dispuestos en este momento a modificar el delito de abuso de funciones. Creemos que en algún momento hay que especificar el delito, darle una redacción más ajustada, pero la propuesta que hace el fa no nos gusta porque, en definitiva, el delito terminaba derogado, al superponerse con otras figuras delictivas como el cohecho”.
Salvo para el diputado colorado Fitzgerald Cantero, integrante de la comisión, que sostuvo que no está de acuerdo “con la derogación ni con la modificación del delito”, parece haber consenso en las distintas filas en la necesidad de modificarlo, pero la poca pertinencia de hacerlo en este momento ha ido ganando posiciones. Tanto Cantero como el nacionalista Pablo Iturralde han hecho acusaciones directas de que esta es “una ley con nombre y apellido”.
Según dijo Uriarte, en la comisión parlamentaria recién se está terminando de analizar las consideraciones generales del Código Penal, para pasar luego al estudio puntual de los casi 50 artículos que fueron desglosados para su discusión, ente los que obviamente se encuentra el de marras. La comisión va a continuar trabajando, en doble horario, durante el receso que se inicia el 15 de setiembre.
También afirmó que la bancada oficialista no está dispuesta a aprobar ninguna de las modificaciones en solitario. “Partimos de la base de que la aprobación del Código Penal requiere un consenso bastante amplio, no unánime, pero sí amplio”, sostuvo. Iturralde afirmó, por su parte, que esa búsqueda de consenso sólo pretende evitar el pago de los costos políticos en solitario.
Lo cierto es que el trayecto de esta iniciativa se parece a un campo minado, nadie tiene muchas ganas de pasar por él.