«Yo practiqué judo alguna vez. Para derribar a mi oponente tenía que ver cuáles eran sus puntos débiles y buscaba una técnica para llevarlo al piso y ganarle. El rechazo hizo eso: aprovechó todas las instancias en que el apruebo le dejó la puerta abierta», reflexiona Víctor Cartes, un profesor de la comuna de Petorca –una localidad de la región de Valparaíso situada a 204 quilómetros al norte de Santiago– que votó rechazo a la propuesta de nueva Constitución sometida a plebiscito el domingo. Petorca pertenece a la provincia homónima, que ha sido etiquetada por el gobernador regional, Rodrigo Mundaca, como «el epicentro de la violación del derecho humano al agua». Alude a la acción de grandes empresarios agroindustriales que, según él, han secado los valles y horadado la vida de la comunidad, merced a los numerosos derechos de aprovechamiento de agua que poseen.
En esa comuna, golpeada por una severa crisis hídrica, mezcla de megasequía y usurpación de aguas, la opción rechazo ganó con un 56,11 por ciento, mientras que el apruebo marcó solo un 43,89 por ciento. El resultado causó sorpresa a nivel nacional, en tanto la propuesta constitucional consagraba el derecho humano al agua y su calidad de bien común natural inapropiable, entre otras medidas. De cualquier modo, lo sucedido en Petorca se replicó en casi todo el país y de forma apabullante: el rechazo ganó en 338 comunas, mientras que el apruebo solo se impuso –y por escaso margen– en ocho de ellas.
A Víctor Cartes le irrita que lo llamen «ignorante», la palabra más suave proferida por los partidarios del apruebo en redes sociales contra quienes en Petorca optaron por el rechazo. «Yo no soy ningún ignorante, me parece poco atinado que traten a la gente así. La gente consiguió el texto, lo leyó y se informó a través de los debates en la televisión. Ha habido una mirada despectiva sobre Petorca. Yo tengo mi posición, pero no voy a convencer a la gente; les decía: “Léala, si le gustan los diez puntos más importantes, vote apruebo; si no le gustan, vote rechazo”», comenta el docente, para quien «faltó convencimiento de la Convención Constitucional de que el trabajo que se hacía era correcto. Hubo un problema de transmisión de la información respecto de la propuesta: se ideologizaron, tomaron posturas partidistas, y eso no me parece».
Tanto el pueblo de Petorca como los sectores más rurales de la comuna, reconoce Cartes, se abastecen de agua a través de camiones aljibe. Pero desmiente que la gente se tenga que bañar por partes y que las niñas no van al colegio porque no se pueden lavar las manos durante su período menstrual por la falta de agua en los recintos educativos, como señaló en una entrevista la activista y exconstituyente petorquina Carolina Vilches. «A mí, al menos, nunca me ha faltado el agua», esgrime el profesor. No fue el agua, sino otras razones las que lo llevaron a impugnar el texto plebiscitado: «Cuando leí el texto, sentí que no abarcaba las necesidades básicas de la sociedad chilena en su conjunto. Tenía líneas segregadoras muy marcadas y errores gramaticales y de sintaxis. Por otra parte, la propuesta segregaba a la familia, la familia no aparecía en ninguna parte en la Constitución, solo hablaba del Estado». En rigor, el artículo 10 del texto reseñaba que «el Estado reconoce y protege a las familias en sus diversas formas, expresiones y modos de vida, sin restringirlas a vínculos exclusivamente filiativos o consanguíneos, y les garantiza una vida digna».
LOS NUEVOS VOTANTES
El expresivo 61,87 por ciento que obtuvo a nivel nacional el rechazo versus el 38,13 por ciento del apruebo mantuvo en vigencia la Constitución de 1980 escrita en dictadura y dinamitó el trabajo que durante un año emprendió la convención constitucional electa por votación popular, con perspectiva de género y participación de independientes y pueblos originarios. La gran brecha con el plebiscito de entrada de 2020 (con voto voluntario, un 78,31 por ciento marcó apruebo versus un 21,69 por ciento que lo hizo por el rechazo) radicó en la histórica participación –inédita en Chile– en el referéndum del domingo: más de 13 millones de electores. El llamado Acuerdo por la Paz del 15 de noviembre de 2019, que destrabó por vía institucional la revuelta de octubre, había determinado que el plebiscito de salida fuese con voto obligatorio. ¿El resultado? Más de 4 millones de votantes nuevos –respecto de la segunda vuelta presidencial de 2021– aparecieron en escena e inclinaron la balanza a favor del rechazo.
«Ese 38,13 por ciento del apruebo estaba de acuerdo con algunos derechos que para otra parte del país no eran temas relevantes. Esa desconexión no era evitable, porque no podíamos saber qué pensaban los chilenos que no votaban, y se podía creer que apoyarían estas medidas que en otros países se alababan. Internacionalmente era una propuesta muy bien recibida, pero parece que no tocaba las preocupaciones o demandas más sentidas de las y los chilenos», explica Diana Aurenque, directora del Departamento de Filosofía de la Universidad de Santiago, quien además era parte del equipo suplente del Comité de Ética de la Convención Constitucional.
Otros analistas y los propios exconvencionales coinciden en que hubo una convergencia de muchas variables que explican el rutilante triunfo del rechazo, cuya amplia distancia con el apruebo no fue ni siquiera presagiada por las encuestas. «Puedo mencionar como causas la votación obligatoria, en la cual participaron personas que sienten una desafección profunda con la política, por lo tanto, ejercen un voto de castigo; la amplificación, a través de los medios de comunicación, de estereotipos conservadores sobre cosas como el poco sentido patriótico de la convención, elemento que no tenía ningún asidero; la asimetría de aportes en la campaña electoral y los propios errores de la convención», admite la expresidenta del órgano constituyente María Elisa Quinteros. La exlíder de la convención, asimismo, critica el tiempo limitado en que transcurrió el proceso, lo que influyó en que «no pudimos insertarnos en los sectores populares, porque escribir la propuesta implicaba dejar de volver a nuestros territorios. No se logró hacer pedagogía constitucionalista, que era muy necesaria por la brecha de educación cívica que hay en la población chilena».
Esta imposibilidad de cubrir todos los territorios la padeció el profesor Cartes, quien asegura haber visto a la exconvencional Carolina Vilches haciendo campaña por el apruebo y explicando la propuesta en la comuna, solo en el acotado plazo de dos meses entre la entrega del documento final (4 de julio) y el plebiscito de salida (4 de setiembre). «Si querían un voto informado, deberían haber traído a gente del apruebo y el rechazo a través de un cabildo abierto para la gente», plantea Cartes, quien votó por el ultraderechista José Antonio Kast en la segunda vuelta presidencial y, paradójicamente, por Rodrigo Mundaca (reconocido activista de la zona por la defensa del agua) en la elección para gobernadores regionales. Optó por el rechazo tanto en el plebiscito de entrada como en el de salida, pues –arguye– no es necesaria una nueva Constitución.
PLURINACIONALIDAD, UN CONCEPTO QUE NO CALÓ
Las causas del fracaso de la ruta constituyente exploradas por los comandos del apruebo oscilan entre las críticas externas y la propia autocrítica. Más allá de la campaña de descrédito orquestada por el rechazo (véase «Ecos de una campaña sucia», Brecha, 12-VIII-22), que implicó una multimillonaria inversión en redes sociales y difusión de noticias falsas validadas por el espectro de medios de comunicación hegemónicos, los analistas sospechan que los contenidos de la propuesta y el desempeño de la Convención Constitucional fueron vistos con suspicacia por el grueso del universo electoral.
«Cada convencional se presentó con un programa determinado. Los independientes lo hacían por los animales, el agua, el feminismo, etcétera. Cada uno llegó con sus banderas de lucha y hubo mucho énfasis para un electorado que no funciona de la misma manera. Hay grupos que defienden ciertas banderas y que no van en la lógica de la mayoría de la población: el aborto, la plurinacionalidad. Los constituyentes estaban de forma legítima en representación de sus territorios, pero fallaron en ese examen de presentar una Constitución no solo para los grupos que defendían esas banderas, sino para toda la población. Les faltó mayor amplitud», analiza Javiera Ulloa, académica de la carrera de Ciencia Política de la Universidad de Los Lagos.
Parcialmente coincide en el diagnóstico el abogado constitucionalista Javier Couso, para quien la definición de Estado plurinacional tuvo muy poca acogida en la sociedad chilena. Tanto es así que hasta en las comunas con alta población indígena el rechazo también se impuso: «Se podía sentir que no había mucha empatía con la plurinacionalidad, diría que fue desconcertante. La mezcla entre la aprobación de las normas del aborto y del Estado plurinacional produjo una caída del apruebo en las encuestas de la que nunca más se recuperó». Esto se conjugó, según el experto, con que en la asamblea había convencionales muy «radicalizados» y que contribuyeron a presentar normas «abiertamente desalineadas con la opinión del votante medio chileno» dentro de las comisiones. Aclara Couso que varias normas fueron corregidas o rechazadas en el pleno, pero igualmente los medios las reprodujeron y alarmaron a la población. Un poco en línea con la analogía del judo, reseñada por el profesor de Petorca.
La filósofa Diana Aurenque, directora del Departamento de Filosofía de la Universidad de Santiago, percibe que hubo un «maximalismo progresista» de la Convención Constitucional, ya que, además de garantizar derechos sociales demandados desde hace mucho tiempo, «se incluyeron otros derechos llamados liberales, como la plurinacionalidad, que no se sabía tan claramente si estaba siendo exigida por el país». Sin embargo, en ese punto, Aurenque responsabiliza al gobierno de Sebastián Piñera por entorpecer el funcionamiento de la convención: «No hubo una campaña informativa del gobierno de Piñera para socializar lo que se conversaba en el interior de la convención con el resto del país. Y como el gobierno no condujo el proceso, ciertos conceptos le parecieron muy extraños a la ciudadanía». Para Couso, profesor titular del Departamento de Derecho Público de la Universidad Diego Portales, otro pecado de la convención fue «no convocar a la derecha, que tenía una representación del 20 por ciento en el órgano constituyente, a través del reglamento».
La politóloga Ulloa cree que, al final de cuentas, la Convención Constitucional fue escrutada con la misma vara con que se mide a la clase política en general: «Fue vista como una nueva elite política, habiendo ya un enorme descrédito de la clase política. La gente comenzó a mostrar distancia desde la instalación de la convención, cuando algunos constituyentes gritaban en el pleno. Ahí la gente sintió que no se mantenía una formalidad republicana. Basta que esa nueva clase política, en un país tan formal como Chile, se comporte de manera inadecuada para que confirme esa idea general que hay sobre los políticos en su totalidad».
LA CAMPAÑA DE DESINFORMACIÓN
Los expertos atribuyen, paralelamente, la victoria del rechazo a lo que llaman campaña del terror, impulsada por la elite y que fue reproducida sin contrapeso por la prensa en sus diferentes plataformas. «Fue una estrategia que hizo a los convencionales perder mucho tiempo en desmentir una información falsa en vez de hablar de los artículos de la propuesta. Y luego, cuando querían entrar a hablar de los artículos, surgía otra mentira. Es una estrategia antigua. Goebbels y Hitler hicieron lo mismo para ganar audiencia y poner la atención en otras cosas. Tampoco tenemos leyes que protejan o regulen la desinformación y los discursos de odio», critica Aurenque.
Desde el seno de la ex Convención Constitucional, su expresidenta María Elisa Quinteros, sin eludir la autocrítica, señala que «hay que respetar la democracia, pero también hay que resguardar que la información sea objetiva y no enlodada por una estrategia política. Eso claramente daña la democracia». Del mismo modo, Quinteros descarta que la propuesta haya sido demasiado vanguardista para una sociedad con una subjetividad conservadora importante: «La propuesta era superclara e iba directo a las demandas claves: un proyecto de sociedad de derechos, migrar hacia un sistema nacional gratuito de salud, la defensa de la educación pública, entre otras cosas». Pese a la derrota, agrega la expresidenta de la convención, «las transformaciones no pararán y esto tiene que ser una etapa intermedia para seguir impulsando cambios y que terminemos de una vez con una Constitución heredada de la dictadura. La historia a veces da dos pasos y retrocede uno; todavía estamos en un proceso de construcción».
Para Javiera Ulloa, el oneroso despliegue de recursos de los grupos del rechazo para difundir noticias falsas, como la expropiación de las viviendas, la división territorial del país y la no heredabilidad de los fondos de pensiones, «vino a jugar con los miedos que ya tenía la población», y eso se conjuga con que los medios de comunicación «dieron más cobertura a los escándalos de la convención que a los contenidos mismos de la propuesta. Era más atractivo mostrar eso que el trabajo que hacían los constituyentes hasta las 12 de la noche». Por ello, cree Ulloa, el plebiscito, más que una evaluación de la propuesta constitucional, fue al desempeño de la convención y, adicionalmente, un plebiscito al gobierno del presidente Gabriel Boric, cuya posición quedó debilitada ante el triunfo del rechazo. No obstante, asegura Aurenque, «no se puede decir que el rechazo ganó por las fake news», pero sí «que tuvo que ver en parte con la decisión; cuando se le pregunta a la gente en la calle por qué votó rechazo, muchos citan argumentos que eran mentiras, principalmente respecto de la vivienda y de los símbolos patrios».
Esta situación quedó refrendada, por solo citar un caso puntual, en un reportaje de Ciper que reveló que al menos 29 cuentas de redes sociales invirtieron un total de 116,7 millones de pesos chilenos (más de 130 mil dólares) en Facebook e Instagram para divulgar información falsa sobre normas de la propuesta que supuestamente ponían en riesgo los fondos de pensiones, la vivienda propia, los colegios particulares subvencionados y la atención de salud.
UNA OLLA A PRESIÓN
«La derecha no puede atribuirse el triunfo del plebiscito», señala Ulloa categóricamente. «Lo que primó fue una división de la centroizquierda, con una parte que se sumó al rechazo y rompió un cierto equilibrio», agrega la académica de la Universidad de Los Lagos, para quien, sin embargo, la derecha «está en una excelente posición para hacer sentir que gracias a ellos el país recobró la cordura y primó el sentido común».
Para Couso, en tanto, la derecha mostró destreza política en desaparecer de los primeros planos en la campaña del rechazo y delegar ese espacio a personeros de la ex-Concertación, que fueron los verdaderos rostros de la oposición al texto constitucional propuesto. Son ellos, principalmente, quienes enarbolaron la bandera de una «nueva» pero «buena» Constitución. La pregunta es, según Couso, si la derecha «cumplirá o no su promesa de articular un nuevo proceso constituyente, encarnado en la frase rechazar para reformar».
El miércoles 7 de setiembre se llevó a cabo en el Congreso Nacional de Valparaíso la primera reunión formal entre el presidente Boric y los líderes de todos los partidos políticos, a efectos de trazar las líneas de la nueva hoja de ruta constituyente. Hubo algunos consensos preliminares, sin todavía ser materializados oficialmente: una convención cien por ciento electa, no más de seis meses de funcionamiento, fin a las listas de independientes y trabajar sobre la base de la propuesta constitucional de la expresidenta Michelle Bachelet y de la recientemente rechazada.
Durante la mañana de ese mismo día, en Santiago, un grupo masivo de estudiantes secundarios realizó evasiones en algunas estaciones del metro, lo que evocó las jornadas de la revuelta del 18 de octubre. El martes 6, en tanto, otro grupo de escolares había marchado por el centro de la capital chilena para exigir una asamblea constituyente sin la «cocina» de los partidos políticos y sin exclusión de la ciudadanía, mientras Boric lideraba en La Moneda su primer cambio de gabinete: el caso más altisonante fue la salida de Izkia Siches del Ministerio del Interior y el ingreso en ese cargo de la exministra de Michelle Bachelet y exalcaldesa de Santiago Carolina Tohá, rostro de la ex-Concertación que apostó por el apruebo. Hay anunciadas otras concentraciones y marchas, en la víspera –además–, del 49.o aniversario del golpe de Estado, este domingo, 11 de setiembre.
«Ese miedo a dejar que hubiera listas de independientes se vio bastante devaluado por el voto obligatorio del plebiscito», esgrime Couso. El abogado constitucionalista prevé que la izquierda estará dispuesta a eliminar algunos aspectos de la propuesta rechazada que provocaban más ruido: «Creo que vamos a tener un Estado multicultural y no plurinacional. La gente de la derecha más liberal reconoció que la paridad de género llegó para quedarse y hay acuerdo en que debe haber un reconocimiento a los pueblos originarios, pero sin llegar a la plurinacionalidad».
En tanto, Ulloa presume que el Senado se reincorporará en el debate constitucional, ya que el texto rechazado lo reemplazaba por una Cámara de las Regiones. «Creo que habrá un mayor rol de los partidos políticos y que en el aborto no se avanzará», plantea la académica. Coincide con Couso en que la plurinacionalidad no será parte del nuevo proceso y, además, destaca la voluntad de diálogo de Boric en este particular. «El presidente tiene un buen talante para el diálogo, para aceptar las diferencias. Tiene el ánimo de avanzar escuchando a otros sectores, y eso probablemente le traerá diferencias con su propio conglomerado», añade.
Diana Aurenque postula que el nuevo proceso debería darse en un plazo breve y que la derecha más recalcitrante debe ser capaz de «soltar la Constitución de Pinochet y permitir que haya un Estado que deje de ser subsidiario. En el fondo, debe dejar de decir que porque en la Constitución aparezca el Estado vamos a tener socialismo o nos vamos a volver Cuba o Venezuela. Nada de eso: buscamos un Estado de bienestar, como lo hay en un montón de países capitalistas».
Para la expresidenta de la convención María Elisa Quinteros, los movimientos sociales no pueden estar excluidos del próximo proceso constitucional, y así lo han expresado las nuevas protestas en el centro de Santiago, que han sido reprimidas con dureza por la fuerza pública. «Este nuevo proceso no debería ser solo de la clase política», dice Quinteros, quien llegó a la convención precisamente desde los movimientos sociales: «La base donde se ha originado todo este proceso es la desafección, la distancia y la falta de representación de la clase política con respecto a las bases sociales. El problema sigue siendo el mismo».
