Uruguay es un país elogiado por el desempeño de sus instituciones políticas. No solo es una de las democracias más consolidadas y estables de América Latina, sino que también tiene uno de los sistemas de partidos más institucionalizados del continente, que ha demostrado su capacidad para adaptarse a los cambios sociales y a las nuevas demandas ciudadanas. Además, en el contexto regional, presenta altos niveles de igualdad socioeconómica. Pero estas características conviven con malos indicadores en cuanto a la inclusión política de las mujeres, un rasgo de larga duración en la democracia uruguaya.
Hasta las elecciones de 2019 ninguna mujer había integrado una fórmula presidencial competitiva. Desde el retorno de la democracia, el número de legisladoras electas aumentó elección tras elección. Sin embargo, luego de las elecciones de 2019 las mujeres elegidas como titulares, que asumieron sus cargos el 15 de febrero de 2020, representaban tan solo el 21,5 por ciento del Parlamento (considerando ambas cámaras e incluyendo el cargo de la vicepresidenta). Al día de hoy, luego de los cambios en la integración de las cámaras tras la renuncia de legisladores hombres que fueron elegidos intendentes, el porcentaje de mujeres titulares en ambas cámaras asciende al 24,6 por ciento (algunas mujeres elegidas como suplentes pasaron a ser titulares).
En la comparación internacional estos indicadores colocan a Uruguay en una mala posición. En América Latina, en los últimos años, no solo varios países han tenido mujeres presidentas, sino que la mayoría registra altas tasas de presencia de legisladoras. El nivel de inclusión de Uruguay contrasta con el de países similares, como Argentina y Costa Rica, cuyos Congresos están compuestos por alrededor de un 40 por ciento de mujeres desde hace más de una década. Incluso es un nivel bajo en comparación con países como México, Bolivia, Ecuador y Nicaragua, cuyos poderes legislativos son, desde hace algunos años, paritarios o cuasiparitarios, es decir, están compuestos casi en proporciones iguales por mujeres y por hombres.
¿Por qué Uruguay muestra este rezago en cuanto a la inclusión política de las mujeres? Es común escuchar argumentos como que las mujeres no quieren estar en política o que si no llegan a los principales cargos es porque no han hecho el suficiente esfuerzo o no tienen los méritos. Estas afirmaciones, si bien podrían sustentarse teóricamente (por ejemplo, en la teoría de la ambición), en el caso de Uruguay tienen poca evidencia empírica. Si se consideran, por ejemplo, los recursos que suelen asociarse con la participación política de los individuos –en particular, el acceso a la educación terciaria o universitaria–, las actuales brechas de género en participación política no pueden explicarse. Según las estadísticas publicadas por el Instituto Nacional de las Mujeres, en 2020, entre la población de 24 años y más, el 24,7 por ciento de las mujeres tenía educación terciaria frente a solo el 18,2 por ciento de los hombres.1
Más allá de los recursos individuales, es verdad que ciertos factores estructurales condicionan la disposición de las mujeres a competir por un cargo. Según las encuestas de uso del tiempo disponibles en Uruguay, las mujeres son las principales encargadas de las tareas de reproducción de los hogares y están mayormente a cargo del cuidado de niñas y niños y otras personas dependientes dentro de las familias. En entrevistas hechas a mujeres políticas, este factor es señalado sistemáticamente como un obstáculo para el desarrollo de las carreras políticas femeninas. Sin embargo, esto sigue sin explicar por qué Uruguay presenta un rezago en la inclusión política de las mujeres en comparación con otros países de América Latina. ¿Son las mujeres uruguayas menos educadas que las de otros países del continente? ¿Las mujeres uruguayas realizan más tareas de cuidados dentro de las familias que las de otros países de América Latina? La respuesta a ambas preguntas es no. En realidad, el factor que mejor explica el desempeño del país en la inclusión política de las mujeres es que el sistema político uruguayo ha adoptado escasas medidas para superar este problema.
Independientemente de las diferencias culturales entre sociedades y de sus niveles de modernización socioeconómica, la evidencia comparada muestra que el principal obstáculo para que más mujeres accedan a los principales cargos de toma de decisiones de las democracias está en el papel que cumplen los partidos políticos. Por lo general, los procesos de reclutamiento de candidaturas dentro de los partidos son cerrados o poco transparentes y dejan de lado a las mujeres, quienes suelen ser incluidas mayormente en candidaturas poco competitivas. Como forma de subsanar esto, los países han adoptado leyes de cuotas de género y, más recientemente, leyes de paridad. Las cuotas han sido consideradas como la vía rápida para aumentar la presencia de mujeres en cargos legislativos, al obligar a los partidos a ubicar candidatas en lugares destacados de las listas (Tripp y Kang, 2008). No obstante, también se ha señalado que las cuotas crean un techo, porque los partidos las suelen usar de forma minimalista. Esto conlleva que la presencia de mujeres en los cargos de representación política se estanque en niveles cercanos al 30 por ciento. Por esto, y también por razones de justicia, muchos países han avanzado hacia la paridad.
La paridad es la consecuencia de considerar que el estatus de ciudadanía política incluye, necesariamente, la participación equilibrada de hombres y mujeres en los más diversos ámbitos de la sociedad: los sociales, los económicos, los políticos. Puesto que las mujeres son la mitad de la humanidad y no una minoría, la defensa del principio paritario implica que estas no deben ser reducidas a una categoría social. La paridad como principio se ha traducido pragmáticamente en una variedad de reformas. En América Latina, la discusión en torno a la paridad comenzó en los años dos mil. A comienzos de 2021 ocho países habían adoptado distintas fórmulas de paridad para la elección de sus cuerpos legislativos: Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y Argentina. Además, en algunos casos, como el de México, la legislación ha incluido el principio paritario también en los poderes Ejecutivo y Judicial, y varios países han aplicado la paridad también a los cargos subnacionales.
Paradójicamente, en Uruguay la legislación de avanzada en torno a los derechos de las mujeres ha contemplado poco los aspectos de inclusión política. Mientras que la mayoría de los países de América Latina adoptaron leyes de cuotas en la década del 90, en Uruguay esta ley se adoptó recién en 2009 y se usó por primera vez en 2014 para la elección de los cargos nacionales y subnacionales. La ley de cuotas fue efectiva la primera vez que se utilizó; en particular, para aumentar la cantidad de senadoras y edilas. Sin embargo, sus rendimientos se limitan debido al uso de la ley que hacen los partidos, que colocan a las mujeres en el último lugar permitido: el tercero. En las elecciones de 2019, si el Frente Amplio no hubiera usado voluntariamente el principio de paridad para confeccionar sus listas, el porcentaje de legisladoras electas habría estado por debajo del 20 por ciento. Como forma de superar este escenario, mujeres de diferentes partidos han presentado proyectos sobre paridad en la legislatura anterior y en la actual, pero los partidos no han podido ponerse de acuerdo para aprobar la ley. El objetivo de las legisladoras es tratar la ley este año, aunque el escenario es complicado, en especial entre los partidos de la coalición de gobierno. Si la ley no se aprueba, será difícil para los dirigentes políticos dar buenas razones que justifiquen la negativa.
* Doctora en Ciencia Política, Departamento de Ciencia Política, Universidad de la República.
1. https://www.gub.uy/ministerio-desarrollo-social/comunicacion/publicaciones/estadisticas-genero-2019.
