A Berta la mataron por luchar. En la noche del 2 de marzo de 2016, al menos dos sicarios armados entraron a su casa en la ciudad La Esperanza, en Honduras, y le dispararon a quemarropa. Al militante mexicano Gustavo Castro Soto, que también se encontraba en la casa, también le dispararon, pero sobrevivió.
Berta lideraba el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) y era la voz más fuerte de resistencia contra el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, de la empresa Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima (Desa), en el río Gualcarque. Hace más de dos años que su familia y las organizaciones sociales vienen dando una intensa lucha por que se reconozca que fue asesinada por su militancia y por orden de la empresa hidroeléctrica.
Luego de un tortuoso proceso judicial en el que el propio Ministerio Público intentó evitar presentar esta hipótesis, el jueves 29 de noviembre un tribunal de Tegucigalpa terminó condenando a siete personas por el asesinato de Cáceres. El fallo reconoce justamente que el asesinato fue hecho a pedido de empleados de la empresa patrocinadora del proyecto de la represa hidroeléctrica. Así, el escrito de la sentencia explica que Sergio Rodríguez, gerente ambiental de Desa, coordinó con Mariano Díaz (policía militar y miembro de las fuerzas especiales del Ejército en actividad), el ex jefe de seguridad de Desa (y teniente retirado de las fuerzas armadas) Douglas Geovanny Bustillo y “otro ejecutivo” de esa empresa la contratación de cuatro sicarios –Henry Hernández, Elvin Rápalo, Edilson Duarte y Óscar Torres– que matarían a Cáceres. Estos cuatro también fueron condenados por el asesinato. El presidente de la empresa no ha sido condenado, pero está siendo procesado en un juicio paralelo.
CON LOS FISCALES EN CONTRA. Ya a fines de octubre de 2017 el informe “Represa de violencia. El plan que asesinó a Berta Cáceres”, elaborado y publicado por el Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE), concluyó que Berta, otros integrantes del COPINH y familiares “fueron sometidos a un sistema de control, vigilancia y seguimiento” que incluía “una red de informantes establecida por agentes de Desa en coordinación con miembros de las fuerzas de seguridad del Estado” y que tenía como objetivo “controlar, neutralizar y eliminar cualquier oposición al proyecto”. Según el documento, estas acciones incluían “la instrumentalización de las comunidades para generar ruptura del tejido social, campañas de desprestigio, infiltración, seguimiento, amenazas, sicariato y sabotaje”. Berta murió en este contexto: no es un caso aislado. Desde el golpe de Estado de 2009 –que derrocó al presidente Manuel Zelaya–, los ataques y persecuciones contra defensores de los derechos humanos y del territorio se habían agravado en Honduras.
“Lo que vivimos en este proceso desde el principio hasta ahora es una exclusión permanente, que demuestra el odio tajante del Estado a las víctimas que tenemos una actitud activa, que no nos quedamos calladas y no nos creemos lo que nos quieren decir. Es un proceso lleno de irregularidades, maltratos y abusos por parte del Ministerio Público, que se supone representa los intereses de las víctimas”, señaló a Brecha, desde Honduras, Berta Zúñiga Cáceres, una de las hijas de la lideresa asesinada y actual coordinadora general de la organización que dirigía su madre. El Ministerio Público dedicó sus primeros esfuerzos a intentar probar que la muerte de Berta Cáceres había sido un crimen pasional. La misma estrategia de siempre cuando se trata de mujeres: investigar a la víctima. Otra hipótesis que intentaron hacer correr fue que el asesinato respondía a disputas dentro de la organización. Además, constató el informe del GAIPE, “el Ministerio Público ha impedido la participación oportuna y diligente de las víctimas, al declarar la reserva del expediente”. Diversas decisiones durante el proceso impidieron el acceso a documentos y pruebas.
La sentencia confirmó la relación de la empresa Desa con el asesinato de Berta y la participación directa en éste de agentes de seguridad del Estado. Pero faltan eslabones en la cadena de las responsabilidades.
Ya lo advertía el informe del GAIPE: “Se han obviado las líneas y diligencias de la investigación que conducen a identificar la estructura completa de personas involucradas en el planeamiento y la ejecución del crimen”. Después de analizar el tráfico de llamadas entre los imputados, el grupo de expertos consideró que “participaron otras personas en la ejecución del asesinato, las cuales no han sido identificadas por el Ministerio Público”. Según afirmó el COPINH en un comunicado emitido luego de la sentencia: “La familia Atala Zablah, accionistas dueños de la empresa Desa, están detrás de toda la trama de persecución, hostigamiento, ataques y amenazas que llevaron al asesinato de Berta Cáceres”. La organización sostiene que “los hechos criminales cometidos por la empresa Desa bajo la dirección de esta familia van más allá del asesinato y comprenden una serie de crímenes realizados en contra de Berta Cáceres, del COPINH, del pueblo lenca e incluso de la administración pública y del Estado de Honduras”.
Los Atala Zablah pertenecen a la nata de la oligarquía hondureña, y es dueña de bancos y empresas en distintos rubros. “No es cualquier familia, y ese es el gran desafío: cómo logramos llegar a esos niveles de jerarquía, a pesar de que ya sabemos que era expresa su voluntad de acabar de alguna manera con la resistencia del COPINH, y que hablaban de la amenaza que significaba el liderazgo de mi mami con relación al proyecto y el conflicto instalado en la comunidad”, comentó a Brecha Berta Zúñiga.
LOS MATICES. “La sentencia no deja de ser importante. Pero es el primer escalón en la búsqueda de justicia”, afirmó la hija de la ambientalista asesinada. A pesar de considerar que “este es el resultado más pobre que pudo haber dado el Estado después de tres años de denuncia permanente, en uno de los casos en que ha recibido mayor presión internacional”, afirmó que se pueden destacar aspectos importantes del fallo. Por ejemplo, que “esta sentencia deja firme que Berta Cáceres fue asesinada por su lucha en oposición a un proyecto que pertenece a una empresa privada hondureña, que se dice generadora de energías limpias, respetuosa del ambiente y los derechos humanos, y no es nada de eso”. Otro elemento central es que se consiguió parar el proyecto, que la organización identifica como “el motivo y la fuente de todo el conflicto y de toda la violencia”. A pesar de esto, la concesión por 50 años que recibió Desa para operar está lejos de concluir. “La empresa continúa potencialmente activa en el territorio, comprando conciencias y fortaleciendo sus estructuras comunitarias para activarse en algún momento”. El COPINH espera que la sentencia “desmoralice y deslegitime de alguna manera a esas estructuras paralelas creadas en las comunidades para atacar a la resistencia”, comentó Zúñiga Cáceres. Los movimientos ya consiguieron ahuyentar a dos de los tres bancos financiadores del proyecto, y a la empresa que iba a proveer las turbinas y asistencia técnica. “No queremos sólo el resultado, sino un proceso que permita conocer la verdad, cómo operó cada una de las personas. En eso el Estado hondureño sigue en deuda con nosotras. Exigimos que se delimiten las responsabilidades y se avance sobre los autores intelectuales del crimen.” En el comunicado emitido el jueves 29 el COPINH reafirmó: “Con las condenas al eslabón más bajo de la estructura criminal, con las que el Estado hondureño pretende silenciar la demanda de justicia, no termina la lucha por justicia para Berta Cáceres y el pueblo lenca, por el contrario, se profundizan nuestros esfuerzos (…). La impunidad que hasta hoy muestran y disfrutan los autores intelectuales de este crimen es parte del entramado de corrupción y violencia que sostiene al modelo extractivista que saquea nuestros pueblos (…). Nos comprometemos a seguirlos enfrentando, como lo hizo Berta Cáceres, hasta que la dignidad, la verdad y la justicia prevalezcan”.
Con una década arrastrando un golpe de Estado que ha desembocado en un gobierno fraudulento al que no quiere nadie, y con un éxodo que no para de desangrar al país, la resistencia del pueblo lenca sigue siendo una reserva moral en un país ahogado por la corrupción y la impunidad.
