El gobierno brasileño consiguió aprobar la medida provisoria 1031/2021, que habilita la privatización de la totalidad de las acciones de la empresa estatal Eletrobras, la principal empresa del sistema eléctrico brasileño. Fundada en 1962, Eletrobras era una sobreviviente del proceso de privatizaciones de la década del noventa. Hasta ahora, el Estado controlaba el 60 por ciento del llamado sistema Eletrobras y, con él, 125 usinas y 71 mil quilómetros de líneas de transmisión. Creada para ser uno de los motores del desarrollo económico y social brasileño, la compañía será ofrecida en bandeja a los capitales privados.
El presidente Michel Temer ya había enviado al Congreso, a comienzos de 2018, un proyecto de privatización que no prosperó. Luego, en noviembre de 2019, el propio Jair Bolsonaro remitió una propuesta que también resultó derrotada. Ahora, en momentos en que Brasil supera el medio millón de fallecidos por covid-19, diputados y senadores han corrido contra el tiempo para modificar y aprobar la venta de las acciones estatales de la compañía. El relator del proyecto en el Senado, Marcos Rogério, del partido Demócratas, encabezó la iniciativa y alternó por esta vez su papel de líder de la tropa bolsonarista que intenta obstaculizar la labor de la comisión de investigación sobre la gestión de la pandemia (véase «Cómo Bolsonaro usa la pandemia a su favor», Brecha, 11-VI-21). En el Senado, la votación fue apretada: 42 votos a favor, 37 en contra. En Diputados, la diferencia fue de 258 a 136. Una de las principales justificaciones del gobierno para vender este gigante es que la venta reducirá las cuentas de luz de los usuarios en un 7 por ciento. Pero casi todos los actores involucrados en el sector dicen lo contrario: la cuenta de luz va a aumentar.
SALDO CERO
Gilberto Cervinski, magíster en Energía por la paulista Universidad Federal del ABC y uno de los coordinadores de la Plataforma Obrera y Campesina del Agua y la Energía, que reúne a movimientos sociales y sindicales del sector energético, dijo a Brecha que con esta privatización, que define como una «transferencia de patrimonio», solo hay un beneficiario: la burguesía financiera. «Los nuevos dueños serán bancos privados, fondos de inversión internacional especulativos y grupos empresariales locales que sustentan el gobierno de Bolsonaro. Quien va a pagar la cuenta es el pueblo brasileño. […] La privatización de Eletrobras representa una completa destrucción de la soberanía energética del país», afirmó. Aseguró que la privatización «hará que aumente el precio de la luz y se acelere la desindustrialización por el peso de esta carga sobre centenas de medianas y pequeñas empresas».
El especialista en temas energéticos estima que la privatización traerá un aumento del 25 por ciento en las cuentas de los consumidores. Hoy 20 usinas estatales cuya inversión inicial ya fue amortizada venden energía más barata que la del mercado global, entre otras cosas que mantienen precios accesibles para la industria y los hogares brasileños. Con el nuevo régimen esos contratos caerán y pasaría a regir el precio de mercado. Actualmente, cerca de 20 hidroeléctricas de Eletrobras (con un total de 13.500 megavatios de potencia) venden el megavatio a 65 reales (13 dólares), aunque el precio de mercado actual está por encima de los 250 reales (51 dólares). La Unión por la Energía, que reúne más de 40 entidades del sector, estima que los aumentos que deberá costear la industria podrían llegar al 15 por ciento, un costo que terminaría siendo «pasado a los consumidores». En tanto, la Asociación de los Grandes Consumidores Industriales estima un aumento del 20 por ciento en la factura como consecuencia de la privatización.
DE TODOS LADOS
Es llamativa la amplia oposición que concita lo aprobado por el oficialismo. Sectores políticos, económicos y mediáticos históricamente favorables a las privatizaciones criticaron duramente la medida. La periodista y comentarista de temas económicos Miriam Leitão, conocida por sus posiciones favorables a la desestatización, llegó a escribir en su columna en O Globo que «los consumidores van a pagar [el valor equivalente a] una Eletrobras para que el gobierno privatice la Eletrobras». Y agregó: «Esta medida no tiene ningún sentido económico, distorsiona el mercado y le pasa la cuenta a la población».
En el Senado, Álvaro Dias, del partido Podemos, que como candidato a presidente en 2018 defendía la necesidad de un «amplio programa de privatizaciones», entre ellas la de Eletrobras, se mostró en contra de la norma recién aprobada y argumentó desde su banca que la sociedad «no fue escuchada». Desde la bancada del derechista Partido de la Socialdemocracia Brasileña, el senador Tasso Jereissati, redactor de un proyecto de ley que crea un «mercado del agua» en el país, también votó contra la medida provisoria. Hildo Rocha, senador por el Movimiento Democrático Brasileño, una formación que por lo general también es favorable a las privatizaciones, dijo que «esta medida va contra todos los conceptos y todas las teorías de la libertad económica». Bolsonaro tiene 15 días para sancionar la norma, y con eso se inicia un proceso que el gobierno estima que terminará en febrero de 2022. Varios senadores de la oposición ya anunciaron que irán al Supremo Tribunal Federal para impugnar lo aprobado por el Senado, que consideran inconstitucional.
LO QUE QUEPA
El texto de la medida provisoria 1031/2021 ha llamado la atención por la profusión de los llamados jabutis (tortugas) que contiene: enmiendas traficadas en su redacción, que se extienden más allá del objeto inicial a legislar. La jerga proviene del dictado popular jabuti não sobe em árvore, ou foi a enchente ou mão de gente, que explica actos llamativos que no ocurren de forma natural. En este caso la causa no fue una inundación, sino la mano del Ejecutivo y de los diputados y los senadores.
Entre los puntos más polémicos está la exigencia al Estado de contratar 8 mil megavatios de energía proveniente de termoeléctricas a gas natural ubicadas en regiones donde no hay gas ni termoeléctricas. Eso demandará construcciones millonarias, de usinas y gasoductos, que promediarán los 800 quilómetros de extensión. Otra de las novedades son los subsidios que el Estado deberá mantener por 20 años adicionales para empresas de energía eólica que ya amortizaron sus inversiones. De yapa, la 1031/2021 autoriza al gobierno a construir la línea de transmisión de la hidroeléctrica de Tucuruí –que conectaría el estado de Roraima con el sistema eléctrico nacional– sin las debidas autorizaciones ambiental y de la Fundación Nacional del Indio, a pesar de que la obra atraviesa la tierra indígena Waimiri-Atroari.
Otra tortuguita colada en la nueva regulación son los beneficios que se dará a la construcción de nuevas «pequeñas centrales hidroeléctricas», a través de la creación de reservas de mercado de 2 mil megavatios. El costo total estimado de estos jabutis supera los 80.000 millones de reales (16.000 millones de dólares). Un poco más de lo que el gobierno estima recibir con la privatización. Algo bastante parecido a pagar para vender, dicen los descreídos. Pero la ironía no termina ahí. La norma vende una empresa estatal y, al mismo tiempo, crea otra, que estará encargada de administrar la actual Eletronuclear y la hidroeléctrica binacional de Itaipú, que quedaron fuera de la privatización. Lo cierto es que Paulo Guedes, ministro de Economía, podrá, finalmente, poner una gran privatización en su currículum y tachar un ítem de su prometida agenda neoliberal.
MÁS CLOROQUINA
En una sesión del Senado que debatió el asunto el 2 de junio, Ikaro Chaves, presidente de la Asociación de Ingenieros y Técnicos del Sistema Eletrobras (AESEL), dijo que «la privatización de la empresa es la cloroquina del sector eléctrico: no va a resolver los problemas y puede matar al paciente». Frente a los argumentos oficialistas, que alegan la necesidad de aumentar la competitividad, preguntó: «¿Cómo crear un ambiente competitivo permitiendo que una empresa privada controle el 30 por ciento de la capacidad total de generación energética del país, 52 por ciento del agua almacenada y 43 por ciento de la capacidad de generación hidroeléctrica? Una empresa como esa tendrá un poder de mercado desmesurado».
En un comunicado, la AESEL afirmó que la privatización «habilita un oligopolio privado en el sector eléctrico brasileño, algo extremadamente perjudicial para el país, ya que concede el poder de formación de precios a pocas empresas guiadas exclusivamente por el interés de lucro de sus accionistas». Chaves también desmintió que Eletrobras deba ser vendida como consecuencia de su situación financiera: «Es una empresa lista para hacer inversiones, tiene el capital para ello y no tiene ninguna dificultad para conseguir financiamiento ni en el país ni en el exterior».
Actualmente Eletrobras tiene 14.000 millones de reales en caja (2.800 millones de dólares) y en los últimos tres años dio ganancias por 30.000 millones de reales. Incluso durante la pandemia, en 2020, facturó 6.400 millones de reales (1.300 millones de dólares). Sin embargo, su nivel de inversiones sufre desde 2015 una fuerte caída. Una nota técnica del Departamento Intersindical de Estadística y Estudios Socioeconómicos de mayo de este año afirma que el análisis de los datos financieros de la empresa «indica una estrategia deliberada de freno a las inversiones, fruto de una nueva estrategia de negocios, que busca el desmonte deliberado de su capacidad de inversión». En Brasil a esto se le llama sucatear, que viene de sucata (‘chatarra’): dejar arruinar algo a propósito.
Día D
Esta semana fue de grandes titulares en Brasil. El martes, O Estado de São Paulo publicó un telegrama secreto de la embajada brasileña en Nueva Delhi. Allí se estipula que el gobierno de Jair Bolsonaro compró la vacuna india Covaxin por un precio 1.000 por ciento superior que el ofertado por el fabricante. Según el periódico, la orden para comprar la vacuna fue dada personalmente por el presidente brasileño. A diferencia de las otras negociaciones por inmunizantes, hechas de forma directa entre el gobierno y las empresas, en este caso la adquisición fue mediada por la empresa Precisa Medicamentos. La firma está siendo investigada por la Comisión Parlamentaria de Investigación sobre la gestión de la pandemia. Los altos precios ofertados fueron uno de los argumentos del gobierno para retrasar su negociación con Pfizer. Las vacunas indias, sin embargo, no solo son mucho más caras, sino que ni siquiera han llegado aún a Brasil y no han completado todas las etapas de análisis necesarias para su aprobación.
El miércoles, día en que este escándalo acaparaba la atención pública, el ministro de Medio Ambiente Ricardo Salles fue dado de baja de su cargo tras haber pedido la renuncia, según consta en el diario oficial. Elogiado por Bolsonaro en una conferencia de prensa celebrada el día anterior por haber promovido un «casamiento perfecto» entre la agricultura y el medioambiente, es investigado por su presunta asociación con el tráfico de madera ilegal (véase «Lejos del disfraz», Brecha, 30-IV-21). A pesar de que su salida ha sido recibida como una buena noticia por organizaciones indígenas y ecologistas, el ministro no era más que un ejecutor; su reemplazo no abre ninguna esperanza de cambios de rumbo. Formado en administración de empresas y consejero de la Sociedad Rural Brasileña entre 1996 y 2019, Joaquim Alvaro Pereira Leite promete continuidad con la línea extractivista y proagronegocio que caracterizó la gestión de Salles.
También el miércoles, el pleno del Supremo Tribunal Federal ratificó por mayoría que el juez Sérgio Moro actuó con parcialidad en el proceso contra el expresidente Lula da Silva por el caso del triplex do Guarujá (véase «El proceso», Brecha, 13-IV-18). Con esto, serán anuladas todas las decisiones tomadas por el juez que mantuvo a Lula en prisión durante 580 días y el proceso deberá recomenzar desde cero en los tribunales de Brasilia. En un comunicado, la defensa del exmandatario celebró la sentencia, que se suma a otros 11 procesos en los que el líder petista fue declarado inocente o que fueron archivados por falta de pruebas.
