El juez federal Daniel Rafecas solicitó a la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, toda la información obrante en los archivos de esa repartición sobre los militares uruguayos del Servicio de Información de Defensa (SID) y del Órgano Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA) que actuaron en los centros clandestinos de detención Automotores Orletti y la base de la calle Bacacay en 1976. En un escrito de nueve páginas, en el que desarrolla 14 requerimientos a la AFI sobre las actividades de posibles agentes que actuaron en Orletti, el juez incluyó los nombres de «Ernesto Soca Prado, Luis Alfredo Maurente Mata, Manuel Juan Cordero Piacentini, José Nino Gavazzo, José Ricardo Arab, una persona de nombre Menotti Ortiz, Hugo Campos Hermida, Jorge Alberto Silveira Quesada, Ernesto Avelino Ramas Pereira, Ricardo José Medina Blanco y Gilberto Valentín Vázquez Bisio o cualquier otro agente vinculado al SID o al OCOA, ambas reparticiones de la República Oriental del Uruguay, o que se hubiera vinculado a las Fuerzas Armadas del país vecino».
El pedido se produjo luego del anuncio de Caamaño de que revisará y digitalizará los archivos de la vieja Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) desde su creación, en 1946, hasta la sentencia del Juicio a las Juntas Militares, dictada el 9 de diciembre de 1985. El 15 de abril fue encontrada en estos archivos la ficha del agente civil Eduardo Giachino, un enlace entre la SIDE y Orletti, donde actuaba la sanguinaria banda de Gordon. El hallazgo fue azaroso: se trata de una ficha en la que consta una sanción a Giachino –fallecido en 2004– por inconductas en el servicio. Este material pone de manifiesto lo que Brecha denunció en 2010 en ocasión del juicio Orletti: la existencia de una red armada por la banda de Gordon al amparo de la SIDE, con el fin de apropiarse de los bienes de los secuestrados, en especial de los uruguayos del Partido por la Victoria del Pueblo. En la ficha consta que, además de aquella sanción, Giachino había recibido una felicitación de sus superiores, en este caso por su actuación en el Operativo Oro, una de las maniobras con las que los militares y los paramilitares despojaban a los secuestrados de sus bienes y su dinero.
Para Rafecas, el hallazgo tiene una enorme importancia, porque confirma las complicidades en el rompecabezas del organigrama de Orletti y de su predecesor en la calle Bacacay, ubicado en la misma manzana. Por ello agregó a su pedido a la interventora de la AFI una docena de nombres de agentes, aportados por Brecha en 2010 a la causa Orletti, que luego tomó el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.o 1 en la sentencia por la causa del Plan Cóndor en 2016. Desde aquellos juicios, buena parte de la investigación judicial había quedado detenida hasta ahora. La aparición de la ficha de Giachino puede ser el preludio de una catarata de nuevos documentos, que permanecían escondidos hasta hoy en el viejo edificio de la calle 25 de Mayo, donde funcionaba la SIDE, reconvertida en 2015 en la AFI.
En su requisitoria, Rafecas pide la documentación existente acerca del Grupo de Tareas 5 (GT5), que entre sus hombres incluía a Oscar Gutiérrez y Oscar Nerone, condenados a cadena perpetua por su participación en el secuestro de la familia Julien Grisonas y la desaparición de Roger Julien y Victoria Grisonas. El GT5 operaba al amparo de la SIDE y se encargaba de detener a extranjeros en Argentina. Con el cierre de Orletti, en noviembre de 1976, tras el escape cinematográfico y a los tiros del matrimonio integrado por Graciela Vidaillac y Ramón Morales (véase «La mujer que venció a Orletti», Brecha, 4-VI-21), la estructura de la banda de Gordon y el GT5 se habría mudado a otro inmueble, en la avenida Chiclana o la calle Gregorio Pomar al 4100, en el barrio de Parque Patricios, a unas 30 cuadras de donde funcionaba Orletti. Rafecas reclama a la AFI informes sobre esas propiedades y todos los contratos de alquiler obrantes en los documentos y fechados entre 1976 y 1978.
¿Qué pasaría si el pedido de Rafecas abriera una caja de Pandora sobre la actuación de funcionarios militares uruguayos en otros centros clandestinos de detención? En la AFI son optimistas. Fuentes de la agencia confiaron a Brecha que «toda la documentación será remitida a los juzgados donde estén abiertas causas por delitos de lesa humanidad». El dato es importante si se tiene en cuenta que desde octubre de 2020 se lleva adelante el juicio oral y público por los crímenes cometidos en los centros clandestinos de detención Pozo de Banfield, Pozo de Quilmes y brigadas de Lanús –investigados en el marco de la causa 737/13, caratulada «Minicucci»–, donde fueron detenidos ilegalmente 22 uruguayos, algunos de los cuales fueron asesinados y otros llevados con vida en 1978 al 300 Carlos, en Montevideo. Los detenidos eran militantes de los Grupos de Acción Unificadora, el Partido Comunista Revolucionario y el Movimiento de Liberación Nacional. Sus casos, según se estima en el Tribunal Oral Federal N.o 1 de La Plata, donde se desarrollan las audiencias, serán tratados en octubre. Pese al paso del tiempo, se siguen descubriendo huellas del Cóndor.
