La regulación del mercado de la marihuana avanza, no sin problemas. El gobierno otorgó una veintena de licencias para producir cannabis en sus distintas variantes y estudia proyectos de inversión por unos 100 millones de dólares. En este proceso se presentó un socio clave: Canadá, cuyas empresas comienzan a cooptar buena parte del negocio. Algo que no todos ven como positivo.
Este mes el Instituto de Regulación y Control del Cannabis (Ircca) iniciará el proceso para otorgar nuevas licencias de producción de cannabis psicoactivo destinado a la venta en farmacias. Se trata de cinco permisos para producir hasta dos toneladas anuales de marihuana cada uno, con el objetivo de atender el aumento de la demanda por esa vía de comercialización.
Actualmente unas 43 mil personas están inscriptas para adquirir cannabis por vía legal; de ellas, 33.515 están habilitadas para comprar hasta 40 gramos de marihuana al mes en las 17 farmacias habilitadas en diez departamentos. Según datos del Ircca, desde el inicio de la venta en farmacias (19 de julio de 2017) hasta el 30 de noviembre de 2018 se realizaron 383.280 transacciones de paquetes de cannabis de cinco gramos, lo que totaliza unos 1.916 quilos de marihuana vendida por esta vía. O sea, casi dos toneladas en 16 meses.
Las ventas se concentraron en las ocho farmacias de Montevideo (61,5 por ciento), al tiempo que sólo el 85 por ciento de los registrados (unos 27 mil) efectivamente compró cannabis por esta vía. El promedio de compra fue de 8,3 gramos por mes por persona; pero en el bimestre octubre-noviembre de 2018 el promedio aumentó a 12,4 gramos por mes.
El aumento sostenido de las ventas y de los usuarios registrados, sin embargo, no fue acompasado con un incremento de la producción. En ese desfase entre oferta y demanda se funda la necesidad de otorgar nuevas licencias para producir cannabis de uso recreativo. “Es necesario aumentar la disponibilidad del producto”, afirmó a Brecha el director ejecutivo del Ircca, Martín Rodríguez.
El proceso es seguido con atención por varios operadores privados, y algunas empresas ya preparan sus ofertas para obtener las nuevas licencias, aunque aún persisten dudas sobre la viabilidad del negocio. Pero también surgen dudas sobre qué empresas pueden presentarse, en un proceso que tendrá lugar en pleno año electoral, con la incertidumbre que genera un cambio de gobierno para el futuro de la política de regulación del mercado de la marihuana.
LICENCIADOS. En 2015 el gobierno entregó dos licencias para la producción de cannabis con fines recreativos. Las empresas elegidas fueron Icc Labs y Simbiosys. Por contrato, el Ircca proporcionaría el predio de producción y la seguridad perimetral. También las semillas para producir las cuatro variedades de cannabis habilitadas para la venta (que contienen hasta un máximo de 4 por ciento de tetrahidrocannabinol –Thc–). En tanto, las empresas se comprometían a producir hasta dos toneladas de cannabis por año, cifra que no fue alcanzada por ninguna de las dos.
Se trata de dos empresas con origen diferente. Icc Labs es un fondo de inversión con sede en Vancouver (Canadá), que cotiza en la Bolsa de Valores de Toronto y posee licencias para la producción de cannabis en Uruguay y Colombia; Simbiosys es una empresa de capitales argentinos y uruguayos, creada para producir cannabis psicoactivo en Uruguay.1 En ambos casos la operativa de venta se hizo a pérdida o con niveles mínimos de ganancia, aunque para Icc no se afectó el negocio global, dijeron fuentes del sector a Brecha.
En noviembre Icc Labs –que tuvo entre sus inversores al precandidato nacionalista Juan Sartori– inauguró el primer laboratorio en América Latina dedicado a la elaboración de productos farmacéuticos derivados del cannabis. Está instalado en el Parque de las Ciencias, zona franca especializada en farmacéutica, y equipado con tecnología de punta; la inversión rondó los 12 millones de dólares. El propio presidente Tabaré Vázquez participó en la inauguración.
La empresa producirá aceite de cannabidiol (Cbd), el componente no psicoactivo de la planta, en tres concentraciones; también se plantea generar otros productos a partir de cannabis (cápsulas, ungüentos, parches y sprays). El mismo día de la inauguración, el Ceo de Icc Labs Alejandro Antelich presentó un aspecto relevante: la venta del paquete accionario a Aurora Cannabis Inc, una de las principales empresas canadienses del mercado cannábico.
El negocio se cerró en unos 220 millones de dólares, cifra relevante teniendo en cuenta que Icc Labs aún no realizó ninguna exportación de sus productos. Pero se explica por la dinámica de las inversiones en cannabis en el mercado bursátil canadiense. Allí existe una gran efervescencia por colocar acciones –con grandes empresas participando del negocio–, que algunos comparan a una burbuja financiera, en la que se entremezclan operaciones rentables y otras “de papel”.
Sin embargo, esta no es la única participación de Icc Labs (hoy Aurora) en el negocio del cannabis. Una de sus empresas subsidiarias, Tersum SA, tiene autorización para importar y plantar semillas de cáñamo y exportar fibras y aceites con extractos de cáñamo. Otra, Plomfin SA, acaba de obtener una licencia de industrialización para la elaboración de hasta 660 quilogramos de extracto crudo de cannabis (Thc menor al 1 por ciento) por año.
El origen y la realidad de Simbiosys son diferentes. El proyecto fue pensado durante una charla de café entre Gastón Rodríguez Lepera y un amigo, que se contactaron con Eduardo Blasina, director de la consultora Blasina & Asociados y del Museo del Cannabis. Al proyecto se sumó el argentino Fernando Saicha; los principales inversionistas fueron un matrimonio de empresarios argentinos vinculados al negocio del software. A medida que el proyecto avanzó, desavenencias entre los socios hicieron que los accionistas minoritarios abandonaran el proyecto.
Ese 30 por ciento vacante fue adquirido por un inversor europeo, Francisco Ortiz von Bismarck, bisnieto del ex canciller alemán Otto von Bismarck. A principios de 2018 el gobierno autorizó la venta del restante 70 por ciento al mismo inversor (Búsqueda, 25-I-18), pero desavenencias sobre la forma de pago hicieron que el negocio se cayera. Actualmente Von Bismarck se mantiene como socio minoritario de Simbiosys y está inmerso en un juicio civil con los socios mayoritarios por el frustrado negocio.
La llegada de Ortiz von Bismarck al mercado de la marihuana no pasó desapercibida. Sobre todo por sus contactos: fue compañero de Sartori en la Universidad de Harvard y juntos crearon una sociedad en las Islas Vírgenes Británicas llamada Camaleon Consulting (que aparece mencionada en los Panama Papers). También figura como director de Union Agriculture Group, compañía vinculada a Sartori, que fue accionista de Icc Labs, y que mantiene una importante deuda con el Banco República (El Confidencial, 27-VI-18).
ABRIR EL JUEGO. Si todas las personas registradas actualmente se presentaran, cada mes, a comprar el máximo legal permitido (40 gramos mensuales), “sería necesaria una producción anual de 15 toneladas de marihuana”, afirmó Rodríguez. Esto no sucede porque los usuarios no hacen ese tipo de consumo, pero la cantidad de personas registradas sigue en aumento.
“Esto desde el punto de vista de la política de regulación del mercado del cannabis es un hecho positivo, porque cada vez más personas confían en este sistema para acceder de manera legal y regulada al cananbis y están dejando vías alternativas, ilegales, de acceso a la sustancia”, dijo Rodríguez. Y fundamenta la necesidad de otorgar nuevas licencias para atender esa posible demanda futura.
Las sensaciones previas al inicio del llamado son positivas. Operadores uruguayos, brasileños y canadienses, representantes de empresas instaladas en Uruguay o en el exterior, o que se crearían especialmente para la ocasión, se apersonaron ante el Ircca para solicitar información sobre la propuesta. A todos se les contestó que la información disponible estaba en la página web y que el 11 de febrero se liberaría el pliego de condiciones, explicó Rodríguez.
En este contexto, tres especialistas (Sebastián Aguiar, Julio Rey y Diego Hernández Nilson) plantearon la posibilidad de que entre las cinco nuevas licencias se reserve un espacio para productores nacionales o para asociaciones de clubes cannábicos (véase “Cinco años después”, Brecha, 21-XII-18). Sin embargo el gobierno tiene otra visión: “No hay ninguna restricción porque la normativa no lo prevé. El llamado está orientado a empresas locales y extranjeras, con distintos tipos de arreglos organizacionales. Podrán ser desde una cooperativa hasta una sociedad anónima con capitales extranjeros”, apuntó Rodríguez. Según pudo saber Brecha, representantes de varios grupos cannábicos analizaron la idea de presentarse a la licitación y apostar al mercado de la venta de cannabis recreativo, pero la descartaron por un tema de costos.
En este contexto, ampliar las licencias fue “una decisión acertada y consistente” con la regulación, dijo Gustavo Robaina, integrante de Monitor Cannabis. Desde esta organización (que terminó su actividad en diciembre) se calculó que el mercado uruguayo necesitaría hasta 26 toneladas de marihuana al año para satisfacer la demanda, por lo que pasar de cuatro a 14 toneladas anuales de producción es relevante. “Si no abastecés la demanda por el sistema regulado incentivás que el cannabis se consiga por el sistema no regulado: por las bocas, pero también por autocultivadores o clubes cannábicos que la suministran”, afirmó Robaina.
Sin embargo, el llamado también genera algunas dudas. “Se abre la puerta a capitales especulativos”, dijo una fuente del sector. Esto se fundamenta en el momento en que se realiza –en pleno año electoral y cuando se desconoce cuál será el futuro de la ley–, la realidad del mercado y el tiempo que implica obtener una licencia.
Según esta fuente, el mercado del cannabis está impregnado de capitales especulativos. Hace unos años el negocio era obtener licencias y venderlas, ahora es la apertura de mercados; pero obtener una licencia de producción ayuda a viabilizar otros negocios en otras partes del mundo. En el gobierno están confiados en que el proceso es necesario y que será exitoso, y que se hará un control estricto de la viabilidad del proyecto, los inversores y el origen de los fondos. Esto último será una de las tareas de la Senaclaft.
OTRA PLANTA. El Ircca otorgó una decena de licencias de investigación a empresas y grupos académicos. Esto incluye habilitaciones para el desarrollo de cultivos y selección de variedades, para el tratamiento del dolor con fines veterinarios, para estudiar los efectos protectores que pueda tener el Cbd y para evaluar el daño cognitivo del consumo de marihuana, entre otros.
Una parte importante del negocio es el cannabis medicinal. En este rubro aparecen empresas como Burey SA –de capitales brasileños, ubicada en el Polo Tecnológico de Pando, con licencia para la obtención de extractos de cannabis pharma-grade– y Medic Plast SA –que produce Epifractan, primer aceite de cannabis que salió al mercado, para el tratamiento de la epilepsia refractaria en niños y adolescentes–. El laboratorio Caillon & Hamonet, en tanto, fue autorizado a importar extractos de cannabis sativa desde Suiza para evaluar la fabricación y comercialización de productos en Uruguay.
Entre las habilitadas también aparece Inverell, empresa uruguaya que acaba de concretar la venta del 80 por ciento de su paquete accionario a Auxly Cannabis Group Inc (Cannabis Wheaton), otra firma canadiense. Inverell, fundada por el especialista en biología molecular Raúl Urbina, tiene licencia para producir cáñamo a cielo abierto en hasta 200 hectáreas –en modalidad de alta y de baja densidad–; la inversión rondó los 5,5 millones de dólares.
Pero Inverell apuesta a la instalación de un laboratorio propio para la extracción de Cbd al 99 por ciento de pureza. Estos productos tendrán como destino la industria farmacéutica de la región y de Canadá. Pero no se descarta elaborar una línea de productos propios, afirmó a Brecha Alonso Martínez, Ceo de Inverell. “Estos proyectos funcionan mejor cuando existe una integración vertical entre el agro y la parte industrial”, agregó. La empresa tiene previsto empezar a vender su producción en octubre de 2019.
En este sentido, Martínez afirmó que Inverell se postulará para obtener una de las cinco licencias para producir cannabis psicoactivo: “Es una actividad que nos interesaría por varias razones”. Si bien desde el punto de vista económico el rédito no sería muy importante, la empresa pretende utilizar su experiencia en el cultivo para intentar reducir costos de producción; y también en un futuro, utilizar Thc con fines medicinales.
Por último existen dos licencias para la producción de cannabis psicoactivo (más de 1 por ciento de Thc) con fines medicinales. Los permisarios son Fotmer Corporation SA y Cannapur (Dormul SA). Fotmer es una empresa de capitales de varios países (Estados Unidos, Uruguay, Argentina y Venezuela), con licencia para el cultivo e industrialización de cannabis destinado a la industria farmacéutica; cuenta con invernaderos en el Parque de las Ciencias y en la zona franca de Nueva Helvecia, y está instalando un laboratorio para la producción de aceite de cannabis.
Cannapur, por su parte, es una firma de capitales uruguayos y canadienses, y prevé una inversión total de 53 millones de dólares. Por el momento Cannapur tiene licencia para producir flores secas de cannabis psicoactivo medicinal con destino a la industria farmacéutica de Canadá, Estados Unidos y Alemania.
Pero también solicitó autorización para instalar un laboratorio para la industrialización de la materia prima, extraer Cbd y producir aceite de cannabis. El objetivo del proyecto es exportar hacia Brasil y otros países de la región, y se testean alianzas con empresas de México y Colombia, dijo Marcos Algorta, presidente de la Cámara de Empresas de Cannabis Medicinal de Uruguay (Cecam).
En este sentido, Algorta afirmó que Uruguay debería tener una gestión más rápida en el proceso de otorgamiento de autorizaciones, ya que el mercado del cannabis medicinal está en auge. “Hace unos años Uruguay era el único jugador en el tablero, pero hoy ya no; países como Colombia están avanzando a pasos acelerados”, dijo Algorta. El país caribeño otorgó unas 150 licencias. Por eso el impulso inicial que tenía Uruguay hoy ya no es tal. Aun así, inversores de varios lugares siguen interesados en nuestro país.
- Marihuana oficial. Crónica de un experimento uruguayo, de Christian Müller y Guillermo Draper.
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El G 16
La recientemente creada Cámara de Empresas de Cannabis Medicinal de Uruguay (Cecam) está integrada por 16 empresas: Cannapur, Phytoplant Research, Bcbd Medicinal, Inverell, Innovaterra, Cannabis Uruguay, Nube Serena, Greenfield, Expo Cannabis, Yvy, Medic Plast SA, Heluz, Frenital SA, Laboratorio Caillon & Hamonet, Raíces Hemp y Blooming.
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Golpe al narcotráfico
Según estimaciones del Ircca, desde su entrada en vigencia, la ley 19.172 retiró unos 22 millones de dólares del mercado negro. O sea del narcotráfico. Esta cifra se compone del volumen de venta en farmacias más la estimación de la producción de autocultivadores y clubes cannábicos, multiplicado por el precio pagado en el mercado negro. Esto es un dato relevante, ya que se trata de uno de los objetivos de la norma. Sin embargo, el director ejecutivo del Ircca, Martín Rodríguez, dijo que erradicar o eliminar totalmente el mercado negro es un objetivo difícil.
“El horizonte de desarrollo tiene como objetivo de máxima la universalización, que el cien por ciento de las personas que optan por usar cannabis lo obtengan por un mecanismo regulado, que nadie le compre al mercado ilegal. Pero ese es un horizonte difícil de lograr para cualquier mercado, ya que puede haber ofertas, de cualquier producto, a veces marginales, que algún sector de la población, por conveniencia o desinformación, termina comprando”, afirmó Rodríguez.
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Las restricciones del norte
La operativa del mercado de la marihuana tiene un escollo hasta ahora difícil de sortear: el sistema financiero. Por reglas internas, el sistema bancario de Estados Unidos no permite a sus instituciones trabajar con dinero proveniente de la marihuana. Esto implicó que varias farmacias dejaran de vender cannabis para evitar que sus cuentas bancarias fueran cerradas. El presidente del Ircca, Martín Rodríguez, dijo que este problema se generó por una contradicción entre “esquemas regulatorios”, y reconoció que “la situación no está resuelta, sigue habiendo restricciones”.
En este sentido, Rodríguez dijo que la regulación de la marihuana en Canadá puede abrir expectativas de que “surja una solución estructural al problema”, ya que un grupo de los principales bancos canadienses presta servicios financieros a empresas vinculadas al cannabis sin ninguna restricción.
Pero las limitantes actuales generan dificultades para los operadores, incluso para aquellas empresas dedicadas al cannabis medicinal. “Es un problema serio y generalizado”, dijo un operador a Brecha. Por ejemplo, las firmas tienen dificultades para pagar salarios o a sus proveedores, y deben hacerlo a través de transferencias internacionales, lo que incrementa los costos de la transacción. Pero también se generan problemas con el Estado: los pagos al Bps no pueden hacerse por transferencia bancaria y deben realizarse en efectivo o por medio de otros operadores financieros. Todo esto pese a que la licencia requiere autorización de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft).
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El precio, una variable crítica
El precio de venta del paquete oficial de cinco gramos es de 213 pesos. Éste se calcula con base en una paramétrica que tiene en cuenta el Ipc, el índice medio de salarios y el tipo de cambio, y alguna variable que pueda afectar la dinámica del mercado, que se ajusta cada seis meses –lo hará en febrero–. Según pudo saber Brecha, las empresas licenciadas reclamaron en diversas oportunidades ajustar la paramétrica y subir el precio, pero el Ircca desestimó la idea.
En este sentido, su presidente dijo que el precio de venta “es una variable crítica” para competir con el mercado negro. El objetivo de la propuesta es ofrecer un producto de calidad, más seguro y sin los riesgos de consumir marihuana ilegal (presencia de agroquímicos, metales pesados u hongos). Pero para incorporar a los usuarios al sistema el precio tenía que ser “bajo, y competitivo” con el mercado negro, eso explicaría el aumento sostenido de los usuarios registrados.
Sin embargo, representantes del sector industrial afirman que el precio de venta puede afectar el futuro de las empresas. El gramo de cannabis se vende actualmente en las farmacias a 0,9 dólares, cuando los costos de producción se ubican entre 0,7 y 0,8 dólares, sin tener en cuenta posibles sobrecostos. “El margen de ganancia es poco”, dijeron las fuentes. En una producción de 2 mil toneladas la ganancia se situaría entre 300 mil y 500 mil dólares al año.
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