Desde hace meses, el Ministerio de Igualdad de España viene impulsando una serie de leyes que ponen nuevamente en tensión a los movimientos feministas. En mayo, la «ley del solo sí es sí», que frente a la violencia sexual consagra como clave el consentimiento libre y expresado, estuvo a punto de no seguir trámite en el Congreso por una enmienda presentada por el Partido Socialista (PSOE) que penalizaba la prostitución. El articulado, descolgado del fin último del texto, castigaba al proxenetismo y reintroducía la figura penal de la tercería locativa, que fue creada durante el franquismo y despenalizada en democracia por los propios socialistas.
Como tercería locativa se denomina al alquiler de un espacio destinado a ejercer la prostitución. Su recuperación dentro del Código Penal busca castigar a cualquier persona que lucre con este arrendamiento, aun con el consentimiento de la trabajadora sexual. Finalmente, la enmienda fue eliminada, al no contar con el apoyo del restante bloque de izquierda con representación en el Congreso, ni de sectores del propio gobierno, como En Comú Podem, coalición catalana formada por Unidas Podemos, Els Comuns y Esquerra Unida, que se muestra en contra de este tipo de iniciativas.
La posición abolicionista sobre la prostitución es mayoritaria dentro del gobierno español. Tanto la ministra de Igualdad, Irene Montero, de Unidas Podemos, como las líderes socialistas consideran que la actividad no cuenta con suficiente penalización en el Código Penal, a diferencia de lo que ocurre en otros países que han procedido a regular su persecución. En junio, el PSOE redactó un proyecto de ley, conformado por cuatro artículos, que propone combatir al proxenetismo «en todas sus formas» –sin exigir relación de explotación–, penalizar la tercería locativa, castigar a los clientes de la prostitución y equiparar a la trabajadora sexual con la víctima de un delito. Este texto se comenzará a estudiar en setiembre y todavía no está claro cuánto tiempo llevará su discusión.
ILEGALES
En España no existe una ley concreta que prohíba la prostitución, aunque existen algunas actividades que sí son consideradas ilegales. En los papeles, a la trabajadora sexual no se la penaliza. En cambio sí se persigue al proxeneta que lucra con el negocio de la prostitución. Pero en las calles, las normativas son papel mojado. Tanto la Ley Mordaza, una ley de seguridad ciudadana de 2015 que limita las libertades de manifestación y de expresión, pero que también les dio más poder a las fuerzas de seguridad para perseguir a la prostitución callejera, como una serie de ordenanzas municipales –todas con habilitación a multar por desobediencia o por exhibicionismo– permiten una cacería casi diaria de las trabajadoras sexuales.
En Madrid, una de las zonas centro de este hostigamiento es el Polígono de Villaverde, ubicado en las afueras de la ciudad. «Es el lugar donde toma fuerza Afemtras [Agrupación Feminista de Trabajadoras del Sexo], a partir de la aplicación de la Ley Mordaza, que se suponía que solo venía a multar al cliente. Pero terminó siendo una política de acoso y derribo a las trabajadoras sexuales. Desde 2015, estamos siendo perseguidas como si hubiéramos cometido algún delito», señala a Brecha Beyonce, trabajadora sexual trans e integrante de Afemtras. Un informe de la Cadena Ser de marzo de este año señala que en Málaga, ciudad que tiene una ordenanza municipal de convivencia, las trabajadoras sexuales son multadas tres veces más que los clientes.
Los colectivos de prostitutas denuncian que los cambios del Código Penal que propone la ley abolicionista profundizan la criminalización directa o indirecta de las trabajadoras sexuales. «Si penalizan mi vivienda yo ya estoy criminalizada, porque no tengo contrato, ni derecho a exigir nada. Si multan a mi cliente, también las consecuencias van a ser nefastas. La Policía a quien va a perseguir, hostigar, vigilar y chantajear es a la mujer. Además, muchas dejarán de denunciar agresiones o abusos porque van a priorizar la seguridad de su cliente, que es el que tiene el dinero que ellas necesitan», señala a este semanario Kenia García, trabajadora sexual e integrante del Colectivo de Prostitutas de Sevilla.
Las representantes políticas que defienden la ley abolicionista lo hacen bajo preceptos feministas, sin embargo las trabajadoras entienden que tratar de erradicar el comercio sexual a través de la intervención de la Policía no desafía el patriarcado, sino que reproduce las lógicas punitivistas: más agresiones en la calle, más condenas, más desalojos. «La prostitución no se va a acabar con esta ley, lo que ellas están logrando es que seamos más clandestinas, que estemos más expuestas a las violencias y que nos encontremos con los clientes que abusan de nosotras. Nos echan a los depredadores», dice Beyonce, quien también enfrenta las dificultades por ser una mujer migrante. Muchas mujeres tienen a su cargo familiares radicados en sus países de procedencia, a quienes sustentan con el dinero que reciben por su trabajo. La nueva normativa penaliza a quienes lucran con la actividad, sin establecer de forma clara los límites, por tanto deja abierta la posibilidad de que un familiar sea penalizado.
La posición del gobierno de coalición es que la prostitución es una forma de violencia que oprime a las mujeres y, abolir la actividad, la vía para eliminar la estructura patriarcal que la sostiene. Las trabajadoras sexuales no niegan su trasfondo machista, pero entienden que este tipo de iniciativas no termina con el problema. «Nosotras no podemos cargar sobre los hombros con deconstruir todo el sistema patriarcal machista en el que vivimos. Porque es el sistema, no solamente la prostitución. Te puedo asegurar que ninguna mujer que se va a meter a la prostitución está pensando que es una institución patriarcal, y que va a fomentar la desigualdad y el machismo. Está pensando que su nevera está vacía, que no tiene dinero para pagar el alquiler, que el niño se está quedando sin comida», señala García. Los colectivos de prostitutas no participaron de la redacción del proyecto, y denuncian que se haya elaborado en los despachos del Congreso, sin tener en cuenta el impacto material que tiene en la vida de las trabajadoras.
PRODERECHOS
Las trabajadoras sexuales rechazan denominaciones como mujeres prostituidas o en contexto de prostitución, utilizadas por el sector abolicionista, por considerarlos términos degradantes, que las posiciona como víctimas, personas sin voz ni agencia política, que solo necesitan protección. En cambio, abogan para que se las reconozca como trabajadoras. «Vivimos en una sociedad que se basa en un modelo laboral y si no estás reconocida como trabajadora, no puedes acceder al resto de derechos que deriva de este reconocimiento. Es también una manera de tomar conciencia política, si no tienes una nómina, no puedes acceder a un contrato de alquiler, ni abrir una cuenta, ni sacarte una hipoteca, ni comprarte un coche», explica la integrante del Colectivo de Prostitutas de Sevilla.
En 2020, España fue uno de los primeros países afectados por la pandemia. En ese momento, el gobierno definió un presupuesto de emergencia con ayudas sociales para las personas más vulnerables. Las prostitutas no estuvieron dentro de esa población. En cambio, los prostíbulos aplicaron a ayudas otorgadas por el gobierno para los empleados en plantilla, conocidos como ERTE, similares a un seguro de paro en Uruguay. Para todos y todas quienes estaban en la nómina de estas empresas, menos para las trabajadoras sexuales. «En la pandemia nosotras nos tuvimos que buscar las castañas solas. Por eso nosotras siempre marcamos que somos trabajadoras», señala Beyonce.
El trabajo sexual incluye a la prostituta, pero también a la modelo webcam, la actriz porno, la stripper, la asistente sexual, la que atiende una línea erótica o la bailarina en clubes. El modelo al que aspiran los colectivos de prostitutas es uno proderechos, similar al de Nueva Zelanda, que en 2003 despenalizó por completo el trabajo sexual y les dio derechos laborales a las trabajadoras. En el caso de España aplicar esta experiencia implicaría derogar todas las leyes que penalizan directa o indirectamente a las trabajadoras sexuales, como la Ley Mordaza, las ordenanzas de convivencia, que proliferan por todos los municipios, y la Ley de Extranjería.
Esta última es la norma que regula la entrada y estancia de los extranjeros que no son de la Unión Europea, así como los derechos y las libertades que se les reconocen. En España, el 90 por ciento de las trabajadoras sexuales son migrantes que no acceden a la residencia legal. La normativa, considerada racista y clasista por el sesgo de su aplicación, somete a los y las migrantes a estar como mínimo tres años en situación administrativa irregular. En esos años, las mujeres acceden a trabajos feminizados y precarizados, sin derechos laborales, como las tareas en el campo, en el trabajo del hogar y los cuidados, o la prostitución.
Según un infome de la organización In Género, que se dedica a la atención integral de personas en contextos de prostitución y víctimas de trata con fines de explotación sexual, la mayoría de las mujeres migrantes que ejercen la prostitución no lo habían hecho antes de llegar a España (80 por ciento), ni tampoco habían llegado con ese propósito (76,4 por ciento). «A mí un putero no me fue a llamar a la puerta a decirme “Oye, ven, prostitúyete”. A mí lo que me acabó empujando a la prostitución son los empleos precarizados de los que no lograba salir. Entonces, acabé huyendo. Yo siempre digo que las mujeres huyen, no caen en la prostitución», señala García, que es paraguaya y reside desde hace varios años en España.
Dentro del sector abolicionista otro argumento que se suele utilizar para eliminar la prostitución es compararla con una violación pagada o con la trata de personas con fines de explotación sexual, entendiendo que ninguna mujer ejerce el trabajo sexual de forma libre. Sin embargo, en España la trata de personas, tanto la sexual como la laboral, está ligada a la falta de vías seguras para migrar, junto con la ausencia de derechos laborales fomentada por la Ley de Extranjería, que convierten a las personas en carne de cañón de los sectores más precarizados. La revisión de esta normativa no forma parte del proyecto que el gobierno de coalición impulsa en el Congreso.
¿Y LA SALIDA?
La prostitución es una puerta giratoria en el círculo de pobreza. No todas quieren dejar de ejercer, pero exigen el mismo camino de salida: más derechos. «No puede ser que ahora mismo las alternativas para abandonar la prostitución sean aquellos empleos de los cuales huyen. Huyen de trabajar 12 horas como camarera ganando 800 euros, del trabajo del hogar donde ganan 700 euros sin estar dadas de alta en la seguridad social, del campo donde están más de seis horas encorvadas recogiendo fruta. Si tú me ofreces la alternativa de la que huí, voy a volver otra vez a la prostitución», señala la integrante del Colectivo de Prostitutas de Sevilla.
En el Estado español, un conglomerado de empresas y ONG integran lo que las prostitutas llaman industria del rescate. Una red que creció de manera exponencial luego de la pandemia y que se erige como «salva vidas». El caso más emblemático es el de CLECE, empresa de Florentino Pérez, dueño del club Real Madrid, que tiene el monopolio de los trabajos de cuidados: mantenimiento y servicios de limpieza. Esta es una de las alternativas que se les plantea a las trabajadoras sexuales como salida a la prostitución. Pero las mujeres que trabajan en el sector de cuidados, como las agrupadas en la asociación de camareras Las Kellys, denuncian desde hace años su situación de precariedad: contratos temporales de tres a seis meses, mal pagados, y con cargas horarias excesivas.
«En el caso de las mujeres trans la mayoría ejercemos la prostitución por falta de cupos laborales en el sistema, y, por tanto, es más difícil encontrar un trabajo. Somos putas porque la sociedad nos ha empujado ahí. Y con esto no queremos victimizarnos, sino que es la realidad que tenemos. Yo misma he tenido otros trabajos, pero siempre han sido abusivos o como reemplazo cuidando una casa, pero cuando te ven, no quieren que estés ahí», señala Beyonce.
En un mundo dominado por lógicas de mercado que lucran con cuerpos vulnerados y esclavizados, las prostitutas son las únicas que cargan con el estigma de vender un servicio sexual. Según García, «si no fuese por el estigma, las calles estarían llenas de mujeres furiosas manifestándose en contra de estas leyes punitivistas. Pero eso no pasa porque las mujeres tienen vergüenza y miedo de salir a la calle. Yo misma, que doy la cara y digo que soy prostituta, tengo la vida totalmente arruinada. Cuando quiera cambiar a otro proyecto de vida, eso siempre va a estar detrás. Es una marca que te acompaña de por vida».
