En el México de los 100 mil desaparecidos, no es común asistir al funeral de un joven recuperado a la luz desde la clandestinidad. Sí es usual ver la lucha de sus familiares, sus manifestaciones, sus variadas formas de búsqueda, pero, dada la falta de dirección en la investigación de los casos de desaparición, sumada a múltiples trabas oficiales, en México identificar a un desaparecido es algo tan azaroso como su propia desaparición, signada por una serie de eventos que cambian la vida de una familia para siempre.
Si Marwan Uriel Andrade Martínez –de 27 años, con dos hijos, trabajador golondrina o migrante interno que repartía pizas en moto en una localidad diminuta de Jalisco, a 500 quilómetros de su lugar natal– pudo regresar a casa tras 17 meses de estar desaparecido, fue por su madre, Adriana Martínez.
El hijo de Adriana fue desaparecido junto con dos de sus compañeros de trabajo, Leonel León Hernández, de 22 años, y su primo Juan Manuel Hernández Castro, de 25. Marwan había llegado a La Barca, Jalisco, apenas tres meses antes de su desaparición y cada día, a las seis de la tarde, salía en moto con unas 30 pizas para vender a domicilio, a 50 pesos mexicanos (2,4 dólares) cada una. Por cada piza vendida, los muchachos ganaban la mitad. Al terminar de vender, regresaban al complejo de apartamentos donde alquilaban juntos, cenaban y jugaban a las cartas, hasta que caían rendidos por el sueño.
En la tarde del domingo 7 de febrero de 2021, salieron los tres juntos, cada uno en una moto, pero ninguno regresó esa noche. Otro de sus compañeros, el único que logró comunicarse con Marwan el mediodía del lunes, supo que los había parado la Policía de Sahuayo. En media hora estarían de regreso, le dijo Marwan. No se volvió a saber de ellos hasta que sus cadáveres fueron hallados inhumados de manera clandestina en un pueblo de la zona, a fines de junio de este año. No hay nada en la trayectoria previa de los jóvenes que explique su desaparición, más que el lugar en el que se encontraban: la frontera entre Jalisco y Michoacán, infame por su violencia. La localización limítrofe del crimen fue utilizada por las autoridades de ambos estados para exculparse de buscarlos. Esa negativa de las autoridades a cumplir con su deber terminó de configurar el caso como una desaparición forzada.
EL HALLAZGO
El 18 de junio, las autoridades de Michoacán dieron aviso del hallazgo de una fosa con seis personas inhumadas clandestinamente, cuatro mujeres y dos hombres. Aunque públicamente se informó que se había llegado al lugar gracias a una denuncia anónima, colectivos locales de familiares de personas desaparecidas dijeron a Brecha que hacía largo tiempo tenían interés en buscar en esta zona, el parque nacional Los Negritos, debido a múltiples pistas previas. Al cierre de esta edición, ya han sido exhumados de allí 25 cadáveres, entre ellos los de Marwan, Leo y Juan Manuel, encontrados juntos en una décima fosa, localizada el 23 de junio. Se trata de la mayor zona de enterramientos clandestinos hallada hasta el momento en el estado de Michoacán. Según ha trascendido, los cuerpos estaban a una profundidad tal que las varillas usuales de metro y medio que suelen utilizarse como herramienta de búsqueda no lograban detectar los puntos de enterramiento, que esta vez fueron ubicados usando máquinas retroexcavadoras.
El parque nacional Los Negritos es una zona geotérmica donde, además de aguas termales, hay múltiples cráteres, que hacen brotar a la superficie lodo hirviendo, al que se le atribuyen poderes curativos. A principios de 1900, sucedió allí una explosión que produjo un enorme cráter, del que brotó agua hasta formar un lago de 2 hectáreas llamado La Alberca. Desde comienzos de este milenio, se buscó consagrar el área como un destino turístico que potenciase el crecimiento económico del municipio de Villamar, pero lo paradisíaco del ambiente nunca logró hacer frente a la violencia desatada que se vive en la región, que fue bautizada hace unos años como «el triángulo de las Bermudas», debido a la gran cantidad de personas que allí han desaparecido. Villamar colinda, entre otros municipios, con Sahuayo, el lugar desde donde Marwan, Leo y Juan Manuel avisaron de su detención por la Policía.
«Nunca nos dejaron entrar con las brigadas de búsqueda a Los Negritos. Nos decían: “Si los aventaron en esas aguas hirviendo, nunca van a aparecer”, pero nosotras seguíamos necias», explica a Brecha Evangelina Contreras, fundadora del colectivo Desaparecidos de la Costa y Feminicidios de Michoacán (Decofem) y madre de Tania Contreras Ceja, desaparecida desde hace una década.
A finales de abril, los colectivos michoacanos se manifestaron exigiendo las búsquedas urgentes de enterramientos clandestinos y lograron que Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos del Gobierno Federal, diera su visto bueno. «Empezamos a presionar para que se hiciera un operativo, pero, cuando llegamos a ese punto, nuevamente no nos dejaron entrar. A los cinco días, entraron ellos diciendo que había sido por una llamada anónima a los policías municipales. Ellos entraron, pero a nosotros no nos lo permitieron. Hasta recibimos amenazas de la Policía estatal para que pasáramos a las fosas, aunque tenemos derecho por ley», agrega Contreras.
El colectivo Decofem respondió presentando ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos una queja por discriminación, y se ha encargado de difundir en redes sociales unas fichas con las características visibles de los cadáveres exhumados. Así fue que Adriana supo que su hijo era uno de ellos y, al reclamarlo a tiempo, evitó que fuera nuevamente desaparecido por una mala gestión forense.
EL REGRESO
Al llegar a Michoacán, a la mañana siguiente de haber leído la ficha informativa de Decofem, Adriana se presentó en la Fiscalía Regional de Jiquilpan, donde está radicada la investigación de los hallazgos. Tras haber viajado toda la noche en autobús, le negaron la información porque era sábado y le dijeron que volviera en otro momento. Pero ella llevaba el nombre de un jerarca del servicio forense que una compañera había contactado previamente y lo usó como contraseña. La puerta se abrió y le mostraron las fotos. Aunque el elemento distintivo fueron sus dos tatuajes, Adriana identificó a su hijo cuando le mostraron sus calcetines. Marwan siempre usaba esas medias cortitas, de colores. Ella fue la única de las tres madres que aceptó que se abriera una carpeta de investigación por el homicidio de su hijo. La mandaron de regreso a su casa sin ningún dato más que la promesa de llamarla cuando tuvieran novedades.
En Ciudad de México, Adriana logró ser atendida por la Fiscalía General de la República, a la que solicitó su intervención para agilizar las pruebas de ADN. Esa misma tarde, volvieron a llamarla de Michoacán diciendo que debía presentarse a las nueve de la mañana del día siguiente si quería que le entregaran a su hijo. Al llegar, la médica del servicio forense de Sahuayo asentó que la fecha de muerte de los muchachos fue el 8 de febrero de 2021, al otro día de su desaparición, sin mayor labor pericial que una entrevista con sus madres. Eso causó que el Registro Civil se negara a emitir sus actas de defunción: por ley, acepta un plazo máximo de seis meses desde la fecha de muerte y aquí ya iban 17. Ahora, las familias deben entablar un juicio para conseguir ese documento y debieron sortear, por sus propios medios, ese escollo para que el panteón aceptara los restos de los muchachos.
Marwan fue velado en el patio que lo vio crecer y enterrado el sábado 9 de julio de 2022, en el Panteón Municipal de San Miguel Xico, en Valle de Chalco, Estado de México. Al despedirse, Adriana dijo en voz alta que había cumplido «la promesa que le hice, mijo»: lo había traído de regreso a casa.
