La intensidad de los embates contra la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) por parte de actores del gobierno y del oficialismo es novedosa. Para Wilder Tayler, uno de sus cinco directores, el gobierno y algunos legisladores de la coalición multicolor desconocen para qué fue creada.
La defensa, promoción y protección en toda su extensión de los derechos humanos reconocidos por la Constitución y el derecho internacional son, a grandes rasgos, los cometidos que debe cumplir. Las obligaciones del organismo refieren a «sugerir medios correctivos, efectuar recomendaciones no vinculantes e intervenir en denuncias por violaciones a los derechos humanos, sin incursionar en las funciones jurisdiccionales, ejecutivas o legislativas que a los respectivos poderes correspondan».1
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