Las palabras se tradujeron en imágenes. Las denuncias que hace años reiteran organizaciones sociales e instituciones internacionales, familiares y adolescentes privados de libertad, autoridades y trabajadores del Inau, se materializaron en un video que muestra la violencia con que un grupo de al menos 20 funcionarios –algunos de ellos a las patadas y con saña– reprimieron el pasado 24 de julio a varios adolescentes internados en el Centro de Privación de Libertad, que desde un patio con rejas, y con golpes, gritos y algunos destrozos, llamaban la atención de los funcionarios (véase recuadro “En patota”).
En modo respuesta automática, el presidente del sindicato y vicepresidente del Pit-Cnt, Joselo López, se embarcó en un manido tour por los canales de televisión y repitió el discurso de siempre: que los procedimientos se ajustan al protocolo, que no violan los derechos humanos, que “como sindicato hicimos lo que teníamos que hacer, y lo volveríamos a hacer”, tal como dijo, por ejemplo, a Telemundo. Creyó que, como de costumbre, sería suficiente explicación. Pero desestimó el poder de la imagen.
A 24 horas de que El Observador y Subrayado difundieran el video, la indignación social se hizo casi unánime; en las redes sociales se replicó con furia el video, con comentarios de repudio al sindicato y a López; varias paredes cercanas a la sede del Pit-Cnt amanecieron con pintadas del tipo “Si torturar es un trabajo, sos el primer trabajador. Joselo renunciá”, o “Joselo: no hay protocolo que termine en tortura”.
Políticos del Frente Amplio (FA) y de la oposición fueron duros con el sindicato y patearon la pelota a la cancha de la central sindical. “La patota de tipos que se la dieron a los dos pibes de la colonia del Inau y su líder @joselosuinau, una forma de naturalizar la violencia”, escribió sin vueltas en Twitter el diputado socialista Daniel Arbulo.
Propios del Pit-Cnt, que inmediatamente después de difundidas las imágenes habían respaldado y repetido el speech de López, matizaron su apoyo: “Visto de afuera, a mí no me gusta lo que veo. Capaz que habrá otros procedimientos similares, capaz que en la interna está legitimado. Sobre eso es que hay que establecer con claridad”, dijo al semanario Búsqueda el secretario general de la central. Otros, en una escena inusual, fueron más categóricos al cuestionar la actitud de los trabajadores del Inau (léanse las opiniones de Richard Read en el recuadro “Diametralmente opuesto”). En este contexto, no está claro cuál será el panorama del próximo martes, cuando el secretariado de la central obrera se reúna y discuta el tema. No obstante, resulta significativa la ausencia de López en la mesa de oradores durante la conferencia de prensa que la central sindical dio ayer jueves, en el marco de su primer paro general desde el inicio del nuevo gobierno.
También se expresaron instituciones como Unicef, que en un comunicado sentenció: “Las imágenes muestran la utilización innecesaria y desmedida de la violencia”, y agregó que “preocupa” su naturalización a través de dichos como “normalmente se actúa así” y que “la actuación responde al protocolo vigente”.
En medio del revuelo mediático las autoridades se llamaron a silencio, y pese a que Brecha llamó insistentemente a la presidenta del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa), Gabriela Fulco, a la presidenta del Inau, Marisa Lindner, y a la ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, no obtuvo respuesta. Quien sí habló fue el director y miembro de la Comisión Delegada del Sirpa Edgard Bellomo, que explicó los entretelones de la presentación de la denuncia ante la justicia, de la que forman parte el video y los registros médicos que dan cuenta de las secuelas de la golpiza en los adolescentes.
A LA JUSTICIA. “Hoy (por el miércoles) se ratificó la denuncia. Se borró el nombre del director del centro, Alfredo Rivas, que se lo mencionaba para decir que no se le pidió autorización para hacer la asamblea. Y se borró el nombre de Joselo López, del que se decía que era llamativa su participación” durante la represión a los adolescentes, dijo a Brecha el director. De hecho, confirmaron Bellomo y diversas fuentes, la carátula original del expediente era “Fulco contra José López”. La presidenta del Sirpa había pedido a su asesora letrada, Mónica Rodríguez, que presentara una notitia criminis (una nota con información sobre hechos que podrían considerarse pasibles de ser juzgados). Pero en lugar de eso la abogada habría presentado directamente una denuncia el viernes 31 de julio y vuelto al Sirpa con el número de expediente y el número de juzgado que la recibió.
Sin embargo, la versión que maneja la justicia es otra. Tanto la fiscal Adriana Umpiérrez como el juez Gustavo Iribarren dijeron a este semanario que la denuncia se concretó recién el miércoles 5, por lo que no hubo una primera y una segunda carátula, y que lo que se trasladó el 31 de julio fue una consulta a la Oficina de Recepción y Distribución de Asuntos del Poder Judicial para averiguar en qué juzgado penal correspondía efectuar la denuncia. El mismo miércoles, pocas horas después, se sumó una denuncia de la Institución de Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (Inddhh) ante el Juzgado Penal de 3er Turno. Allí se puso a disposición información recabada el 27 de julio durante una visita que hizo la institución para relevar lo ocurrido en el motín del 24, en la que se tomó testimonio a cinco adolescentes, se realizó un registro fotográfico del lugar y de uno de los agredidos, al que durante la golpiza los funcionarios le partieron varios dientes. En la misma denuncia, a la que accedió Brecha, se establece que “la gravedad de estos hechos comprometen seriamente al Estado uruguayo al constituirse en garante de la integridad física y psíquica de los adolescentes privados de libertad” y que “los actos cometidos son de especial significación y magnitud no sólo de quienes golpean a los adolescentes sino de todos aquellos quienes presencian impasibles esta escena dantesca”.
Por estas denuncias el juzgado dispuso que el próximo lunes declaren Fulco e integrantes de la Inddhh, además de solicitar al Inau que identifique a los funcionarios que participaron en los hechos y que están registrados en la grabación. Por el momento, Brecha detectó entre el malón de funcionarios a Wilmar García, Luis Escuarcia y Henry Ponce, todos señalados en diversas denuncias por maltratos, todos miembros del primer tribunal de concursos del Sirpa (que en 2012 se encargaba de determinar quiénes ingresaban como nuevos funcionarios), todos con cargos de dirección actuales o pasados en el sistema de privación de libertad. Hay además otros funcionarios de la vieja guardia (véase recuadro “Estos son”), mezclados entre nuevos trabajadores.
IGUAL QUE AYER. “Todas las semanas estamos iniciando dos o tres investigaciones, no hay semana que no haya alguna sanción, y ha habido ya algunos pedidos de destitución al directorio del Inau”, aclaró Bellomo en relación con la política cotidiana de la administración. El jerarca dijo sobre los hechos registrados: “Nunca tenemos tantos funcionarios para reprimir ni para atender las situaciones, no creo que este sea el procedimiento normal, pero lamentablemente todas las semanas estamos detectando malos procedimientos y recibiendo denuncias”. Y es que los abusos no empezaron ayer: “Estos episodios de violencia institucional son parte de una lógica de ejercicio del poder instaurada desde hace más de 20 años en estos centros, que se ha expandido y profundizado como forma habitual de práctica desde la pasada administración”, expresó ayer jueves en un comunicado el Comité de los Derechos del Niño.
Salvo durante la gestión de Ruben Villaverde, en la que sugestivamente hubo paz sindical, ausencia de fugas y reducción de motines, en el resto de las gestiones frenteamplistas, a veces explícita y otras más sutilmente, los presidentes de la institución alegaron que su alejamiento se debía a la imposibilidad de desarrollar un plan de transformaciones debido al relacionamiento con el sindicato. Mateo Méndez, a su salida en 2009 y sólo seis meses después de asumir el cargo, dijo que se trata de un ámbito que “tiene mucho de enfermo, de perverso y de corrupción”, y donde “el poder político o sindical” se utiliza “para recaudar beneficios personales o sindicales”. En las mismas circunstancias, aunque más poéticamente, Rolando Arbesún twiteó que “parar las fugas era un imperativo moral con la ciudadanía, mi renuncia un imperativo moral con mi conciencia”.
Algunos años después, este miércoles, al mismo tiempo que se difundía el video de la golpiza se grababa otro en el que, a lo barra brava, algunos funcionarios cantaban, micrófono en mano y con Joselo López arengando detrás, “Fuera la Fulco/ del Sirpa ya / Vamo’ la Berro/ que no se va”. Es parte de la misma historia.
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El video según Richard Read, dirigente del Pit-Cnt
Diametralmente opuesto
“Lo que se ve realmente asusta”, manifestó en diálogo con Brecha Richard Read, dirigente sindical. “No sólo es grave la violencia física, que los caguen a patadas en el piso, sino el patoterismo, que entren 30 tipos a patotear”, dijo el dirigente, quien agregó, en clara discrepancia con lo manifestado a la prensa por Joselo López, que “no creo que eso (la actuación de los trabajadores) esté dentro del protocolo de un funcionario público que atiende a gurises menores de edad”. El sindicalista remató: “Lo peor que se puede hacer es actuar con corporativismo. Este va a ser el primer tema de la agenda del secretariado del martes. Hay un tema de derechos humanos que no se puede obviar”.
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El video y su contexto
En patota
Los funcionarios tardan en reaccionar, pero cuando lo hacen aparecen en patota. Hacía más de tres minutos que dos adolescentes habían estrellado una tapa de hormigón contra el suelo y trataban de usarla para romper los candados de las celdas del Centro de Privación de Libertad (Ceprili). Como algunas otras veces durante esos minutos, los internos se acercan y gritan para reclamar la atención de los funcionarios a través de una puerta enrejada que los separa de la asamblea. Esta vez alguien se acerca. De un lado de la reja, dos adolescentes desarmados; del otro, decenas de funcionarios que se amontonan y esperan todavía un minuto más mientras aúnan fuerzas. Los adolescentes reculan pero más de veinte funcionarios se abalanzan sobre ellos, los tiran al piso, los esposan, los patean, los hieren. Después del primer amontonamiento se ve que uno de ellos queda inmóvil por algunos minutos, al otro le mana sangre del cuello.
Es 24 de julio y faltan pocos minutos para las 8 de la noche cuando se desata lo que los funcionarios catalogarán luego de “motín”. El registro de las cámaras de vigilancia no tiene audio pero los gritos se escuchan a través de los gestos, la mano dura a través de los golpes y la complicidad a través de la participación de decenas de funcionarios. Cuando los dos jóvenes ya están esposados, boca abajo en el piso, ingresa al patio central que da a las celdas Joselo López, vicepresidente del Pit-Cnt y presidente del sindicato de Inau, que se acomoda a un lado, manos en los bolsillos y observa lo que sucede. Pero pese al relato que construyen las imágenes que López presenció, dirá antes de la difusión del video que la seguidilla de motines se debe a que Fulco dio orden de reducir a los gurises con colchones para no entrar en contacto físico directo, lo que genera que los trabajadores tengan miedo de actuar por posibles sanciones. Declarará al portal del Pit-Cnt que “mientras nosotros estuvimos reunidos, éramos seis personas allí, pero el resto de los trabajadores estaban en sus lugares de trabajo”. Y resumirá el hecho en una judicialización más de la protesta.
“Así es el Suinau”
Lo que sigue es un comunicado de la lista 10 del Sindicato Único de Trabajadores del Inau, la que desde hace años coloca en la presidencia del sindicato a Joselo López y que ha sido coherente en la defensa cerrada de los funcionarios denunciados por abusos, malos tratos y torturas dentro de los centros de privación de libertad. Refiriéndose al comunicado que sigue, López aseguró a la prensa no ser el autor, pero sí compartir los puntos que plantea. Huelgan los comentarios:
“¡Pa’ que vayan sabiendo!: En este momento la reflexión que se nos ocurre es pensar que es demasiado evidente la campaña contra nuestro sindicato, y contra nuestro compañero presidente, y lo que se nos viene a la mente es el Suinau impone respeto, les guste o no les guste al poder de turno, siempre fuimos iguales, siempre defendimos a los compañeros a ultranza, jamás dejamos a un compañero tirado, así es el Suinau, así hemos sido históricamente, aunque intenten desvirtuar la verdad algunos medios de prensa que le hacen la ‘venia’ a la innombrable full coronel (por Gabriela Fulco, actual directora del Sirpa), que lo tengan claro si nos quieren doblegar todo el Suinau va a redoblar. Conocemos bien estas luchas a contramano, ¿saben por qué?, porque en el Inau, trabajamos en las peores condiciones, para que los gurises tengan la mejor calidad de atención, y si será que sabemos los trabajadores del Inau lo que significa tener todo en contra y salir adelante de todas maneras.
Hoy tuvimos una nueva oportunidad de mostrar y demostrar la fuerza y la unidad que caracteriza a nuestro sindicato, más de 800 compañeros se movilizaron hasta las cerradas oficinas del Sirpa, y ahí full coronel acuarteló a sus alcahuetes que no dieron la cara, y lo decimos sin vuelta: ¡no tenemos miedo!, ¡tenemos convicciones y principios que defenderemos con uñas y dientes!, ¡más que nunca viva el Suinau!, ¡más que nunca por una patria sin gurises marginados ni trabajadores explotados!, ¡solidaridad con los compañeros de Rivera y Cerro Largo, recientemente procesados en el desempeño de la función!”.
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Los funcionarios registrados
Estos son
Algunos de los funcionarios de la vieja guardia que participaron de la asamblea del 24 de julio en el Ceprili y que fueron registrados por las cámaras de seguridad son Gustavo Olivera, Walter Barboza, Pablo di Mateo, el “Bocha” Sarmiento, Artigas Rodríguez, Antonio Millán, Gustavo Martínez, además de los ya mencionados Wilmar García, Luis Escuarcia y Henry Ponce.
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