La historia se remonta a muchos años antes de la década del 60. Varios intentos y asociaciones se fueron encadenando para que en 1963 se conformara la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria –Fenapes–, que nuclea a filiales sindicales de todo el país.
Los docentes eran parte del gobierno autónomo del Consejo de Secundaria a través de la Asociación de Profesores de Enseñanza Secundaria del Uruguay –Apesu–. Dicha asociación no contemplaba a la totalidad de los docentes, sólo los “efectivos” podían participar en la orgánica de la asociación. Además la Apesu tenía un fuerte sesgo capitalino y conservador, lo que fue generando que se crearan agremiaciones por fuera del orden.
En este marco, existen experiencias de federaciones y asociaciones en el Interior, e incluso de unificación en una sola federación. El antecedente más importante es la Federación Uruguaya de Profesores de Enseñanza Secundaria –Fupes–, fundada en 1949, que tuvo momentos de fuerte disputa en la interna de la Apesu, convocando por primera vez en la historia a un paro docente, en el año 1950. Si bien se desmembró a fines de los años cincuenta, su existencia sirvió de puntapié inicial para la formación de la Confederación de Profesores de Liceos del Interior (Copli).
En 1960 se crea la Gremial de Profesores de Montevideo; una gremial clasista, en el sentido de que entiende al docente como un trabajador, y que cuenta con una agremiación que nuclea a los primeros egresados del Ipa. En un congreso celebrado en la ciudad de Salto, la Confederación del Interior se unirá a la Gremial de Montevideo para formar Fenapes.
Por su parte, en estos años el sistema estaba viviendo un explosivo incremento de la matrícula de enseñanza media: en 1950 había algo más de 37 mil estudiantes, en 1960 pasó a algo más de 60 mil, y una década más tarde, en 1970, tenía 132 mil estudiantes. Sin embargo, este proceso no fue acompasado con incrementos presupuestales. Por eso las condiciones de trabajo empeoraron sustantivamente.
En 1963, además, se implementa un nuevo plan de estudios que incrementa las horas docentes sin aumentar el salario. La reforma, que incrementa las horas de liceo sin nuevas aulas, produce el cierre de turnos y el crecimiento de la cantidad de estudiantes por salón. Por este hecho, la reivindicación y la lucha se centraba en más presupuesto, mejores condiciones de trabajo y mejora salarial. Sobre este último punto, el reclamo consistía en que un docente al inicio de la carrera ganara igual que un diputado.
Por esos años la recién creada Fenapes era muy activa en su accionar, tanto en lo que refiere a la lucha por sus reivindicaciones como en su participación en el Primer Congreso del Pueblo, en la posterior formación de la Cnt y en la formación de la intersindical de la educación –lo que hoy es la Cseu.
En el Primer Congreso del Pueblo la Fenapes presenta un documento que diagnostica los problemas sociales de Uruguay, defiende la educación pública y problematiza el rol del docente. En concreto, reivindica cuatro puntos: educación popular, acceso universal, democratización y mejorar la formación docente. A su vez, propone ampliar de seis a diez los años de educación obligatoria en el país.
Cuando se conformó la Cnt, la Fenapes formó parte de una corriente sindical minoritaria que logró el reconocimiento de la mayoritaria: el movimiento sindical aceptó el pluralismo, la corriente minoritaria tuvo tres representantes en el órgano de dirección, y uno de estos fue para Fenapes.
Es importante remarcar que estas luchas obtuvieron conquistas importantes e históricas hasta el año 1968. Por ejemplo, al analizar el gasto en educación, y tomando la prioridad macroeconómica (gasto/Pbi), se observa que hasta 1960 rondaba el 1,5 por ciento del Pbi. A partir de ese año el porcentaje aumenta anualmente hasta llegar al 3,8 por ciento en 1967.
Durante ese lapso el presupuesto del Consejo de Educación Secundaria siempre estuvo por debajo de lo solicitado, mostrando que a pesar de las conquistas el gasto era insuficiente en relación con las demandas del sistema educativo. Además la economía uruguaya presentaba un bajo dinamismo –crecía a tasas cercanas a cero– desde 1955, por lo cual los incrementos se lograban en disputas directas con otros gastos e ingresos del Estado. Entre otras cosas también se logró el llamado masivo a concurso para que los docentes fueran “efectivos”, hecho que cambió la correlación de fuerzas en el orden docente.
En 1968 la escalada de conquistas se truncó, comenzaron los fuertes enfrentamientos con el gobierno de Pacheco Areco –ese año fueron asesinados los primeros tres mártires estudiantiles–. En 1970 se intervino el Consejo y se formó la Comisión Interventora (Comin), poniendo fin a la autonomía tanto en lo político como en lo presupuestal. Los años siguientes fueron de continuo enfrentamiento y lucha en todos los niveles de la educación. Los recortes presupuestales, a pesar de los crecientes incrementos en la matrícula, la caída del salario y las intervenciones del gobierno en la educación, en particular en el nivel medio, fueron algunas de las principales causas.
Esta resistencia al avance de la destrucción de la autonomía y del deterioro de la calidad de la enseñanza pública desembocó en la experiencia de los liceos populares llevada a cabo por alumnos, docentes y padres en muchos lugares de Montevideo. Se trató de “organizar espacios de enseñanza para continuar los cursos clausurados, evitar la deserción estudiantil, involucrar a los padres en la enseñanza de sus hijos, estrechar vínculos entre padres, docentes y estudiantes para así hacer frente a la intervención y preparar el escenario para futuras movilizaciones en contra del proyecto de ley de educación que se estaba gestando y que sometía la enseñanza secundaria al poder político”. Fue esta, tal vez, la experiencia más importante de autonomía en educación que vivió la Fenapes.
La dictadura profundizó lo que ya habían impuesto la Comin y la ley de educación del año 1972 en materia de política educativa. El presupuesto educativo en relación con el Pbi se redujo considerablemente y tuvo una tendencia decreciente hasta el año 1995, cuando mostró su mínimo: 1,87 por ciento. La matrícula, tanto en educación media como terciaria, creció durante todo ese período, por lo que el deterioro en la calidad educativa y salarial se agudizó profundamente.
OTRAS LUCHAS. En 1994 la Fenapes impulsó un plebiscito para agregar en la Constitución un artículo que garantizara el otorgamiento del 27 por ciento del gasto del Estado a la Anep y la Udelar, lo que equivalía al 4,5 por ciento del Pbi. Pero no se consiguió. A partir de 1996 comenzó una nueva tendencia creciente del gasto en educación, pero abriendo un nuevo frente: una reforma educativa que profundizaba la mirada neoliberal.
Los primeros dos gobiernos progresistas aumentaron la tendencia creciente del presupuesto educativo, que alcanzó valores similares a los de fines de la década del 60, pero con muchos años de rezago y una matriculación sustantivamente superior, ya que hoy asisten a la educación media algo más de 222 mil estudiantes. Por eso la lucha por más recursos sigue presente y eso se notó durante la discusión de la última ley de presupuesto, donde la consigna era conseguir el 6 por ciento del Pbi para la Anep y la Udelar.
En lo que respecta a lo salarial, esta mirada histórica deja aspectos para la reflexión. Aquella consigna de ganar como un diputado parece estar lejana en el horizonte: el salario docente se deterioró en el tiempo y el de los diputados subió. Si actualizamos los valores de 1963, un docente al inicio de su carrera ganaría hoy 29.040 pesos y un diputado 48.400, pero eso no ocurre, los docentes ganan un salario nominal de 23.663 y los diputados perciben 234.873 pesos –considerando las partidas parasalariales–. Esta evolución hizo que hoy un diputado gane casi diez veces más que un docente en su inicio de carrera, cuando antes era sólo 1,67 veces más. Incluso el presidente del Codicen gana un poco más de la mitad que un diputado.
Aquella aspiración –que los docentes ganen igual que un diputado– sería una meta inviable para un sindicato que lucha por la educación universal y gratuita. Por eso la reivindicación cambió, y la meta es media canasta básica –es decir, la valorización de la canasta promedio del Ine para el cálculo del Ipc–, que implicaría aumentar el salario docente en aproximadamente 42 por ciento y llevar el salario de ingreso a algo más de 30 mil pesos.
Evidentemente, la historia por la educación pública es mucho más compleja, involucra al conjunto de la sociedad y tiene entre sus principales protagonistas también a los estudiantes. Asimismo, el debate pedagógico, la proletarización docente y la sucesión de reformas y cambios educativos, que tanto desvelan a los sindicatos, trascienden los objetivos de este artículo. No obstante, rescatar parte de la experiencia de lucha y resistencia por la defensa de la educación pública, en tiempos de criminalización docente, nos parece de orden.
* Integrante de Comuna.