En una reunión en la Clínica Ginecotológica B del Hospital de Clínicas, el profesor titular Washington Lauría solicitó a los presentes –la mayoría del personal ginecológico– que indicaran en una planilla si eran o no objetores de conciencia. Era 2012, la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (19.987) se había aprobado recientemente y la obligatoriedad del Servicio de Salud Sexual y Reproductiva se había puesto en marcha. En esa reunión solo una médica manifestó que no era objetora; otra lo hizo luego. Debido a que más del 90 por ciento del personal ginecológico no realizaba las interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) y, por ende, el acceso a este derecho no estaba garantizado, se implementó, a través del programa Unidades Docentes Asistenciales (UDA), un cargo cuya tarea prima...
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