El drama de la vivienda no es el mismo en Europa que –pongamos– en América Latina, y hasta puede parecer horrible, viendo la magnitud de lo que pasa por aquí –más ahora–, preocuparse de lo que pasa por allá. Pero a veces hay que ir a ver qué sucede en los países ricos para darse cuenta de que las tensiones que los atraviesan son las mismas que por acá y que los razonamientos para enfrentarlas –las ideologías– también.
En el mundo rico, la crisis de 2008 fue un parteaguas. Tal vez, el equivalente al que habrá sido para sus habitantes de las primeras décadas del siglo pasado la crisis del 29. Hace casi 15 años empezaron a notarse por esos lares cosas, fenómenos que ya estaban pero no salían a la luz. El estallido de la burbuja inmobiliaria, por ejemplo, hizo que millones de personas en Estados Unidos y Europa fueran despedidas de sus trabajos, no pudieran pagar sus elevadísimas deudas y perdieran sus casas. Muchas de ellas quedaron, literalmente, en la calle.
Los años previos habían sido casi de fiesta. La fiebre por el ladrillo, que acompañaba un boom del consumo, aumentaba una sensación de bonanza que los gobiernos de entonces se empeñaban en sostener, fueran ellos liberales o socialdemócratas. Guarda quien intentara pinchar el globo: era tratado de agorero por los gobernantes, por los empresarios, por los banqueros. Con la crisis de las subprimes de 2008 y la crisis de la deuda de 2010, el castillo se desmoronó. No hay que ser adivino para deducir quién pagó los platos rotos. Muchas familias que se habían endeudado para comprar sus casas debieron entregarlas a sus acreedores –por lo general, bancos–, que en los años siguientes engrosaron su cartera de apartamentos y casas, y luego los transfirieron a fondos de inversión. Pagar el alquiler se hizo, a su vez, insostenible para cada vez más gente, fundamentalmente en las principales ciudades, donde el proceso de gentrificación iniciado años antes se fue acentuando.
De acuerdo a los datos de Eurostat (la oficina de estadística de la Comisión Europea), en 2020, antes de la pandemia –que empeoró todo–, alrededor de 700 mil personas en la Unión Europea (UE) vivían en la calle, un 70 por ciento más que diez años atrás. Dos años antes, otras estadísticas indicaban que el 17 por ciento de los europeos vivía en condiciones de hacinamiento y que 82 millones de residentes en los por entonces 28 países de la UE (uno de cada cuatro de los 440 millones de habitantes del bloque, que todavía incluía al Reino Unido) destinaban, en promedio, más del 30 por ciento de sus ingresos –y un 10 por ciento, más del 40– a pagar alquileres o hipotecas. Diez años antes, eran muchísimos millones menos.
El porcentaje variaba grandemente de un país a otro, pero el fenómeno afectaba a la gran mayoría. Incluso a Francia, donde cada vez más gente empezó a tener problemas para asumir el pago de un alquiler y los gastos corrientes. El número de personas desalojadas en Francia creció un 40 por ciento entre 2002 y 2011, según los datos oficiales citados por El País de Madrid (13-XI-12). Y si allí las cosas no se desbordaron, como sucedió en otros países del sur europeo (España, Grecia), se debió a que entraron en juego mecanismos de compensación y asistencia propios de un Estado de bienestar más sólido que en la media de la UE. Aun así, los suicidios por desalojos, casi inexistentes en años anteriores, fueron en Francia algo suficientemente significativo como para ser destacados como preocupantes por algunos municipios en 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014, de acuerdo al diario Libération.
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El problema de la vivienda fue creciendo tanto desde 2008 en Europa que a comienzos de la década pasada comenzaron a multiplicarse en la región los movimientos centrados en ese tema, que pasaron a abarcar ya no tanto a los dejados de lado tradicionales –como los inmigrantes– como a los nativos de clase baja o media expulsados de sus casas o al borde de serlo. En marzo de 2019 unas 80 asociaciones de 20 países lanzaron una iniciativa ciudadana para obligar a los países de la UE a invertir más en vivienda pública, hacerla accesible a los sectores populares, penalizar a los tenedores de casas vacías y prohibir los desalojos sin alternativa habitacional digna. La iniciativa, a la que llamaron Housing for All (‘vivienda para todos’), necesitaba recoger 1 millón de firmas en un año, un plazo que vencía en marzo de 2020, para que pudiera ser debatida por las estructuras de la UE. Los cambios de normativa causados por el Brexit y la exclusión de las firmas conseguidas en Gran Bretaña obligaron a abandonar la campaña antes de fecha. «Íbamos por el buen camino», dijeron los responsables de la campaña. Y consideraron que, de todas maneras, el debate estaba instalado.
La pandemia, con su secuela de nuevos desalojos, reactualizó ese debate. En enero, el Parlamento Europeo aprobó un informe sobre la situación de la vivienda en la UE presentado por la eurodiputada verde holandesa Kim van Sparrentak. En la Europa de hoy, decía la legisladora ecologista, «grandes compañías –en especial, bancos– están comprando partes enteras de las ciudades, concentrando en sus manos un poder enorme, con gigantescas consecuencias urbanísticas, de ordenamiento territorial, habitacionales, ambientales». Pero esas empresas sólo responden ante sus accionistas y en muchos países «no encuentran límites por parte de los poderes públicos». El informe de Van Sparrentak reclamaba que se establecieran esos límites. Nicolas Schmit, comisario de Empleo y Derechos Sociales de la UE, respaldó a su colega holandesa. «La vivienda no es solamente un sector económico: es también un derecho y hay que garantizar su aplicación», dijo.
El informe fue aprobado por una amplia mayoría (352 votos a favor, 179 en contra), pero representantes de asociaciones que impulsaron la iniciativa Housing for All creen que no va a tener mayores consecuencias, que será un texto más, como lo son las constituciones de tantísimos países, que reconocen el derecho a una vivienda digna como un derecho humano básico que no puede ser librado a los vaivenes del mercado, y sin embargo… «Exigiremos, a pesar de todo, el respeto de esas leyes allí donde existen y no se aplican. Mejor que estén a que no estén, aunque no nos hagamos ilusiones», dijo, por ejemplo, un integrante de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, de España, uno de los movimientos europeos por la vivienda más fuertes de Europa.
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España ha sido en las últimas décadas el país europeo donde más vivienda se construyó, pero también uno de los que registran un mayor número de casas y apartamentos vacíos y un mayor número de desalojos. Sólo entre 2008 y 2012, señalaron los investigadores universitarios madrileños Raquel Rodríguez Alonso y Mario Espinoza Pino en De la especulación al derecho a la vivienda (Traficantes de Sueños, 2017), unas 245 mil familias fueron desalojadas de sus casas por no poder hacer frente a sus hipotecas o alquileres. Los números se mantuvieron más o menos en los mismos niveles en los años siguientes. A mediados del año pasado había unos 200 desalojos diarios (La Marea, 16-IX-20). «Ante la ausencia de alternativas habitacionales por parte de la administración, el destino de estas familias suele ser la miseria y la exclusión», apuntaron los investigadores. «El mazazo [de la crisis de 2008] hizo aparecer de golpe todas las contradicciones sobre las que se había articulado el ciclo inmobiliario: el sobreendeudamiento familiar, las consecuencias de una forma de crecer devastadora en el medioambiente, las malas prácticas de las entidades financieras, la negligencia y la complicidad de las instituciones de control, la debilidad de un mercado de trabajo dependiente del monocultivo del cemento. […] El final de la “fiesta del ladrillo” se saldó con una resaca de miles de desahucios», dijeron.
El modelo español de boom inmobiliario, sostenido con matices tanto por el conservador Partido Popular (PP) como por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), tenía entre sus pilares la sobreoferta de vivienda. «Uno podía suponer que, ante tanta casa construida, los precios bajarían. Pero no: aumentaron. Era pura especulación, apoyada en una burbuja de consumo», destacaba recientemente Jaime Palomera, presidente del Sindicato de Inquilinos de Cataluña.
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El año pasado, cuando negociaron la formación del gobierno español, Unidas Podemos (UP) y el PSOE acordaron reformar la ley de vivienda, regulando el mercado inmobiliario, frenando los desalojos, estableciendo un impuesto a las viviendas vacías, fijando un tope a los alquileres, promoviendo la vivienda social. Era, en realidad, una propuesta de los liderados por Pablo Iglesias que los socialistas se vieron obligados a aceptar: a la coalición UP la apoyaban los otros partidos que permitieron, con su abstención en el Parlamento, que Pedro Sánchez llegara a la presidencia del gobierno, como los catalanes de Izquierda Republicana y los vascos de EH Bildu, así como 9 mil organizaciones sociales y las centrales sindicales. Estaba escrito negro sobre blanco, pero, una vez aprobados los presupuestos generales del Estado, los socialistas dieron marcha atrás.
El alma liberal que anida en el PSOE –que está mediada, sobre todo, por las voces del ministro de Transportes, encargado del área de vivienda, José Luis Ábalos, y la ministra de Economía, Nadia Calviño (una economista ligada al mundo de las finanzas que estuvo a punto de convertirse en presidenta del Eurogrupo)– atendió los reclamos de los grandes intereses inmobiliarios, muy bien representados en la dirigencia socialista. En las últimas semanas Ábalos dijo que se opone a la intervención del Estado en el mercado inmobiliario. Dijo también que la vivienda es, «además de un derecho humano, un bien de mercado» –el énfasis lo puso en la segunda parte de la oración–, que los propietarios necesitan seguridad jurídica y que los «maximalismos» son «ineficaces y peligrosos». Si de él dependiera, la intervención del Estado en materia de vivienda se limitaría a «otorgar incentivos fiscales» a los propietarios para que alquilen sus viviendas a precios rebajados y a aumentar el parque de vivienda social. Y poco más: acaso prohibir los desalojos en tiempos de pandemia y luego sin alternativa habitacional.
A Ábalos y a Calviño los seduce la ley de vivienda que desde 2019 aplican sus correligionarios socialistas en Portugal, basada en los mismos principios de incentivos fiscales para los propietarios que fijen alquileres inferiores al precio de mercado. Pero ha sido muy poco efectiva la ley portuguesa, dijo Palomera a El Salto (23-II-21): en sus primeros meses de vigencia la norma portuguesa generó unas pocas decenas de alquileres sociales. No movió la aguja. Si se confirma la propuesta de Ábalos y Calviño, agregó el presidente del Sindicato de Inquilinos de Cataluña, «los fondos buitre no sólo habrán conseguido permiso para seguir especulando sin límite, sino que gozarán de nuevos favores fiscales que vaciarán las arcas públicas de la sanidad, la educación y las políticas de vivienda». «En resumen, más favores fiscales para los que más tienen», concluyó.
«Qué sabrá usted de un techo», le escribió a Ábalos la periodista Cristina Fallarás, columnista de Público que en el «putísimo año 2008» fue desalojada de su casa junto con una hija de 4 años y uno de 10, y embarazada de ocho meses. «Ustedes hablan de alquileres, de arrendatarios y arrendadores, hablan de términos idiotas por negarse a decir techo. Techo, techo, techo; de eso se trata. Madriguera, nido, albergue, amparo. Qué sabrán ustedes al sentarse sobre sus cálculos de mierda, que no tienen en cuenta el significado de las rentas del trabajo frente a las rentas del capital», escribió. Pero la carta de Fallarás no conmovió a Ábalos. Menos que menos a Calviño. Y es de suponer que aún menos a Joan Clos, un socialista que fue alcalde de Barcelona y ministro de Industria, Turismo y Comercio, y el año pasado se convirtió en presidente de dos organizaciones patronales del sector, la Federación Internacional de Profesiones Inmobiliarias y la Asociación de Propietarios de Vivienda de Alquiler, a las que pertenece, por ejemplo, el fondo de inversión estadounidense Blackstone, el mayor propietario de viviendas de España en la actualidad.
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Los socialistas españoles de «alma liberal» tal vez se hayan congratulado por la noticia que el 15 de abril llegó desde Alemania: allí, el Tribunal Constitucional anuló la ley de congelación de alquileres vigente desde hacía algo más de un año en Berlín, la capital del país, gobernada por una alianza entre socialdemócratas, ecologistas y los poscomunistas de La Izquierda. Aprobada en febrero de 2020, la ley berlinesa fijaba un tope al precio del metro cuadrado en una ciudad cada vez más cara, en la que el 85 por ciento de los 3,7 millones de habitantes son inquilinos. De un alcance de cinco años, abarcaba casas y apartamentos construidos antes de 2014, aproximadamente 1,5 millones. Pero el Tribunal Constitucional consideró que se trata de un asunto de competencia federal y no de los estados (Berlín es una ciudad-estado) y la declaró sin valor. En su año de vigencia, la ley permitió que los alquileres bajaran un 7,6 por ciento respecto a 2019. Su lado negativo es que los constructores trasladaron su obra nueva a zonas periféricas de la capital. «Eso pasa siempre cuando a un poderoso se lo intenta limitar, pero hay que seguir por ese lado para favorecer a los más pobres. Como consecuencia de la emergencia sanitaria, va a haber en Berlín una verdadera emergencia social que, en primer término, se hará sentir en el tema de la vivienda. La ley de 2020 había sido una buena solución», comentó la Asociación Berlinesa de Inquilinos.
Ábalos pronostica que en Cataluña puede suceder algo similar a lo que sucedió en Berlín. En setiembre, el Parlamento catalán aprobó, con el apoyo de 4 mil asociaciones y buena parte del espectro político –desde Podemos y la anticapitalista Candidatura de Unidad Popular hasta los centroderechistas de Junts per Catalunya–, una ley de congelación y rebaja de alquileres aplicable en las 60 localidades más castigadas por la especulación inmobiliaria. Siguiendo el camino de sus correligionarios alemanes que impugnaron la ley berlinesa, el PP denunció la ley catalana en el Tribunal Constitucional y en enero el tribunal controlado por los «populares» acogió la denuncia.
El ejemplo catalán muestra que no sólo ciudades o países con gobiernos en los que participa la «izquierda radical» habilitan al Estado a intervenir en el mercado inmobiliario. «Media Europa y algunas ciudades de Estados Unidos tienen leyes así», dice Palomera. En Europa, las más avanzadas y favorables a los inquilinos rigen en grandes ciudades –como las francesas París y Lille, y la austríaca Viena– y a nivel estatal –como en Suecia, Países Bajos y Suiza–. La ley holandesa –aprobada a fines de marzo, tras una dura negociación entre liberales, socialdemócratas y verdes– establece que durante tres años los alquileres no podrán subir más del 1 por ciento sobre el nivel de inflación en la franja privada del mercado inmobiliario, que abarca a unas 560 mil viviendas (El País, 26-III-21). En el mercado regulado, el de la vivienda social –que comprende a más de 2,3 millones de hogares, un 80 por ciento del total de los arrendamientos–, ya regía, desde febrero, un congelamiento de los alquileres. El Parlamento holandés también aprobó una partida de 450 millones de euros para mejorar los barrios más deprimidos y facilitar el acceso a la vivienda social a las personas que viven solas.
La resistencia a medidas de este tipo en filas de la derecha holandesa había sido muy dura. La conservadora ministra del Interior, Kasja Ollongren, se había opuesto a aceptar una resolución anterior del Senado holandés de bajar temporalmente los alquileres por la crisis sanitaria. Que los inquilinos negocien con los propietarios individualmente, pues habrá quienes se apiaden, llegó a decir. Fue censurada en el Parlamento, incluso por legisladores de su propio partido, y debió ceder. La ley aprobada ahora va bastante más allá de una simple bajada temporal de los arrendamientos.
«Los mercados del alquiler se han convertido en mercados muy especulativos con dinámicas parecidas a las de los mercados financieros», dijo Palomera a El Salto. Regularlos se impone. Va de justicia social mínima, piensa. Sus colegas berlineses coinciden. Y afirman que en el debate sobre si la vivienda es un derecho humano básico o un bien de mercado se juega la vida de la gente. Como le lanzaba a la cara Fallarás a Ábalos y al «alma liberal» de los socialistas españoles: «Qué sabrán de un techo».
