Cataluña está viviendo la mayor crisis social, política –y pronto veremos la económica– que haya existido en la época democrática.
Ni que decir tiene que la mayor responsabilidad de lo que ocurre en Cataluña se debe a las políticas desarrolladas, aplicadas e impuestas por el Estado central español, gobernado por el Partido Popular liderado por Mariano Rajoy. Ahora bien, sin implicar una igualdad de responsabilidades o equidistancia de razones, el hecho es que el gobierno de Junts Pel Sí es, también, responsable de cada una de estas crisis.
No me voy a extender en la crisis social, pues creo ya haber demostrado1 que las políticas de claro corte neoliberal (como la reforma laboral, que ha incrementado el desempleo y la precariedad y disminuido los salarios y la protección social) y los enormes recortes del gasto público social y las privatizaciones en los servicios públicos del Estado del bienestar catalán realizadas por los gobiernos de Convergencia (con Unió Democrática hasta el año 2015 y con Erc después), han jugado un papel esencial en el gran deterioro de la calidad de vida y bienestar social de las clases populares en Cataluña. Estas políticas neoliberales fueron aprobadas en las cortes españolas (junto con el PP, otro partido neoliberal), por el partido Convergència (ahora llamado Pdecat, que ha gobernado Cataluña por la mayoría del período democrático).
Una causa importante de la crisis política ha sido la estrategia diseñada para alcanzar la independencia “exprés” desarrollada por Convergència, que ha liderado la coalición Junts Pel Sí en colaboración con el partido Erc y con la ayuda de la Cup, un partido muy minoritario pero con considerable influencia en el Parlament.
Tal estrategia, conocida como el “procés” ha incluido varios componentes. Uno de ellos ha sido el calendario de intervenciones en las que alcanzar la secesión era un objetivo inmediato y siempre prioritario, anteponiéndolo a todos los demás (en realidad, la actividad legislativa del parlamento bajo esta mayoría ha sido muy limitada). El president Puigdemont aseguró que el Parlament aprobaría 45 leyes en los 18 meses de legislatura. En realidad, hasta ahora han visto la luz verde sólo 23 (18 este año y cinco el año pasado). En el principio de la legislatura anterior, durante un período parecido, fueron aprobadas 47 leyes.
Lo que el govern catalán deseaba era conseguir la independencia “exprés”, y en este proceso se fue escalando el nivel de intervenciones, bien en la narrativa de su discurso, bien en el argumentario utilizado para justificar sus intervenciones, bien en las acciones tomadas por el govern catalán que produjeron un incremento de la tensión con el Estado central, tensión que tenía el intento de movilizar la opinión popular en apoyo del govern. Algunos dirigentes de Junts Pel Sí así lo indicaron en varias ocasiones. Su meta era radicalizar el discurso para conseguir una mayor movilización.
MONOPOLIZANDO EL SOBERANISMO. La otra característica de este proceso ha sido igualar el significado de soberanismo (el derecho a decidir) con el de independentismo (la secesión de Cataluña del resto de España), haciendo intercambiables los dos conceptos y términos. La dicotomía presentada en su estrategia era, pues, limitar las alternativas posibles al independentismo, o a lo que los independentistas llamaban “el unionismo”, definiendo como tal a todas las opciones que no fueran secesionistas. Dicotomía que favorecía a la primera opción, pues el comportamiento represivo e insensible a la identidad catalana y el no reconocimiento de Cataluña como nación por el gobierno de Rajoy debilitaban cada vez más el atractivo de continuar con el presente statu quo. En esta estrategia era esencial presentar a todo el Estado español como incambiable y hostil a Cataluña, mientras que el movimiento político-social catalán conocido como En Comú Podem, liderado por la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y el similar a nivel nacional Unidos Podemos eran percibidos como obstáculos para sus fines, pues presentaban una imagen amable y atractiva de España. La elección de En Comú Podem en las dos últimas elecciones legislativas en Cataluña creó gran desazón en los sectores más conservadores y liberales de Junts Pel Sí. En realidad, Convergència (Pdecat) no votó la moción de censura al gobierno de Rajoy presentada por Podemos.
Ambas formaciones políticas –En Comú Podem y Unidos Podemos– apoyaban el derecho a decidir del pueblo catalán, derecho que incluye el derecho a escoger entre varias alternativas, una de las cuales sería la secesión, aun cuando no era la alternativa preferida por ninguna de estas dos coaliciones. La mayoría de la población catalana es soberanista pero no es independentista. Todo independentista es soberanista pero no todo soberanista es independentista. Esta clarificación nunca la hicieron los independentistas, faltando a la verdad cuando indicaron que “el pueblo catalán desea la independencia”, porque los datos muestran que la mayoría del electorado no es independentista.
MOVILIZAR CON EL “RÉFÉRENDUM”. Otra característica del “procés” fue la exclusión de las organizaciones no independentistas en la gestión de la campaña del referéndum. En realidad las marginaron de la organización del Pacto Nacional por el Referéndum, que incluía, además de los partidos soberanistas (independentistas y no independentistas), a las mayores instituciones de la sociedad civil, tales como sindicatos, asociaciones de vecinos, de profesionales, de campesinos, de la pequeña empresa, etcétera. Y la máxima expresión de esta monopolización apareció en la organización de las fiestas de la Diada de este año (en homenaje de aquellos que en 1714 murieron defendiendo los derechos de Cataluña en su lucha contra el monarca borbón Felipe V), que fue un canto a la independencia, protestando por la falta de libertad existente en España, ignorando a su vez la falta de libertad y pluralidad existente en los actos gestionados por el gobierno de Junts Pel Sí. La Diada, día nacional de Cataluña, fue un canto al Sí en la campaña electoral de lo que erróneamente llamaron referéndum. Ello explica que mucha gente, como yo, que cada año íbamos a celebrar el día nacional de Cataluña en las manifestaciones multitudinarias, no fuéramos, ofendidos por el carácter tan partidista y sectario del acto. En consecuencia, el número de participantes de este año bajó en comparación con otros previos.
LA DEMOCRACIA COMO MÓVIL. La carga policial en la mañana del 1 de octubre cambió la naturaleza y objetivo de la movilización y explica que mucha gente que no pensaba participar en el referéndum saliera a la calle para votar, mostrando su rechazo a la actitud claramente represiva y antidemocrática del Estado central. Este aumento de participación en el referéndum fue más acentuado en los barrios obreros del cinturón rojo de Barcelona que en otras partes de Cataluña. La manifestación pasó de ser un movimiento proindependencia a un movimiento prodemocracia, paso que quedó refrendado por lo ocurrido el día 3 de octubre, cuando hubo un paro general organizado por la Taula Demòcrata (la Mesa Demócrata), compuesta por las mayores asociaciones de la sociedad civil, desde los sindicatos mayoritarios hasta las asociaciones de campesinos, asociaciones de vecinos, asociaciones profesionales, de los pequeños empresarios, y un largo etcétera. Fue un paro generalizado en toda Cataluña que cambió la orientación del movimiento, y en el que la Mesa Demócrata adquirió protagonismo.
LA CLASE TRABAJADORA. Otro gran error del independentismo fue no tener en cuenta su falta de atractivo entre la clase trabajadora de Cataluña. La evidencia de ello, aunque constantemente negada por los partidarios de la independencia, es conocida. La clase trabajadora de Cataluña no es independentista, por varias razones. El movimiento pro secesión está liderado por una coalición dirigida por el partido del señor Artur Mas, es decir, por la derecha catalana, cuyas políticas neoliberales son percibidas, con razón, por la clase trabajadora como dañinas a sus intereses. La proximidad del presidente Puigdemont con Mas es conocida, y Mas nunca fue popular entre las clases trabajadoras catalanas. La mayor parte de ellas proceden de distintas partes de España, hablan castellano, emocionalmente se consideran españolas y se oponen a la secesión. La evidencia de este fenómeno es clara, como, por ejemplo, lo muestran los datos provenientes de la Encuesta del Ceo (Cis de la Generalitat) de junio de 2017, donde se puede ver que a más ingresos por hogar más apoyo a la independencia; y a la inversa, mientras menos ingresos haya por hogar menos apoyo a la independencia. Además en Cataluña las personas que se autoconsideran de clase popular claramente no apoyan la independencia: 56,15 por ciento de las clases populares no lo hace, mientras que sólo 33 por ciento sí la apoya.
Ello explica por qué el independentismo nunca ha sido mayoritario y continuará sin serlo. Sólo existiría tal posibilidad en caso de que este proyecto tuviera un contenido fuertemente social. Pero tal tema social ha estado ausente. Sólo vagas generalizaciones, con escasa credibilidad, marcaron el discurso social del independentismo con promesas un tanto hiperbólicas.
Los partidos rozaron la irresponsabilidad, pues hicieron promesas claramente irrealizables, como que no habría sacrificios en la transición, se mantendrían las pensiones y otras transferencias, y los servicios públicos. Ahora bien, de todas las exageraciones, la más grande era la que asumía que se conseguiría la independencia en seis meses. Es difícil creerse que los que hacían tales declaraciones creyeran lo que decían.
Es imposible que los dirigentes del movimiento independentista liderado por el gobierno catalán no vieran que este procés llevaba a la situación actual, que está creando una enorme frustración y dolor. Muchas eran las razones para que tal estrategia no fuera posible. Una era el Estado español, heredero del Estado dictatorial y la fuerza del nacionalismo españolista que había calado hondo (como consecuencia de cuarenta años de dictadura y cuarenta años de democracia supervisada e incompleta) en grandes sectores de la población española. La correlación de fuerzas en España ha sido muy desfavorable a las fuerzas independentistas y a eso se suma la nulidad de apoyos en la Unión Europea. Es más, al considerar a España como inmodificable, el independentismo no relacionó la transformación de Cataluña con la modificación simultánea que está ocurriendo en España, y su campaña anti España dificultó que grandes sectores de la población española pudieran hacer suya la lucha por una nueva Cataluña.
Esta estrategia está llevando a los catalanes a una situación en la que veremos la pérdida total de la autonomía y la pérdida de derechos. La torpeza del independentismo ha sido hábilmente utilizada por el Estado español. Y lo enormemente frustrante es que era fácilmente predecible lo que está pasando. La única razón para explicar el hecho de que, a pesar de la evidencia en contra, los dirigentes independentistas continuaran insistiendo con la misma fórmula, era que en realidad pretendían capitalizar electoralmente la enorme movilización para las elecciones que tendrán lugar próximamente en Cataluña.
HUBIERA SIDO POSIBLE… Otra alternativa habría sido quitarle protagonismo a la independencia y enfatizar, en su lugar, la creación de una nueva Cataluña en colaboración con las izquierdas españolas que están intentando cambiar a España, ayudando al pueblo español a que percibiera que la lucha por el derecho a decidir en Cataluña era también la lucha para transformar a España. La estrategia a seguir hubiera sido la democratización de Cataluña y de España, en un proyecto de profunda transformación democrática, poniendo la resolución de la gran crisis social en el centro de las luchas para conseguir la plurinacionalidad. El paro general del 3 de octubre, liderado por fuerzas que pusieron como objetivo la propuesta democrática, era un indicador de que tal estrategia era posible. El hecho de que se haya enfatizado tanto el tema nacional, polarizando a la sociedad entre independentistas y defensores de la “unidad nacional”, está debilitando enormemente a las fuerzas progresistas democráticas y muy en particular a las izquierdas, facilitando con ello la reproducción de las sensibilidades neoliberales que han estado liderando los dos polos en esta polarización.
* Catedrático de ciencias políticas y políticas públicas en la Universidad Pompeu Fabra. Esta columna fue publicada originalmente en el blog Pensamiento Crítico, de Público.es. Brecha reproduce fragmentos con autorización del autor.
- “El mayor problema que tiene hoy Cataluña del cual no se habla: la crisis social” (Público, 30-VI-17).