—¿Qué resultado se puede esperar de este informe, aparecido a fines del gobierno de Cristina Fernández y con el macrismo a punto de asumir el poder?
H V —Es un proceso lento y largo. Las responsabilidades empresariales ya están mencionadas en los juicios de 1985 a las juntas militares. Pero en aquel momento el diseño de la política de justicia de Ricardo Alfonsín apuntaba a sancionar exclusivamente a los jefes militares, ni siquiera a los autores directos de los crímenes. El gobierno era muy débil, y la situación económica, heredada de la dictadura, era catastrófica, en un mundo donde el neoliberalismo campeaba. No había contexto como para poder encarar el tema de las responsabilidades empresariales más a fondo. Y Alfonsín, para subsistir, hizo un acuerdo con los grandes empresarios. El mismo día de abril de 1985 en que empiezan las audiencias públicas del juicio, el presidente se reúne en la residencia de Olivos con una veintena de grandes empresarios que prometen apoyar el juicio a los militares y no conspirar para desestabilizar al gobierno, pero a cambio de que el Ejecutivo no altere la política económica.
Recuerdo un episodio de cuando cubrí el juicio a las juntas. La fiscalía y la Cámara Federal tenían muy pocos recursos y de repente un día aparece una procesadora de texto súper moderna. Cuando pregunto cómo la consiguieron, me responden que se trató de una donación del Grupo Macri, uno de los más poderosos conglomerados empresariales del país. Era impensable en ese marco hablar de juicios a los empresarios.
V B —Las investigaciones actuales son tributarias del esfuerzo acumulado a lo largo del tiempo, vinculado a la militancia de los organismos de derechos humanos. En el consorcio de trabajo que produjo este informe, el Cels representa a un movimiento social que sostuvo esta temática en Argentina. Una de las riquezas más potentes que tiene el caso argentino es la vinculación de espacios de investigación con fuerzas sociales, cosa que no ha sucedido en otros países.
Lo que hicimos fue analizar la trayectoria empresarial como sujeto. Si bien en los 25 casos que tratamos encontramos evidencia de participación empresaria en la represión, no a todas las empresas les fue bien. Algunas de ellas se vieron beneficiadas por las políticas de la dictadura, como Acindar y el grupo Techint, grandes sostenes económicos del régimen.
H V —En primer lugar no hablamos de complicidad sino de participación. Complicidad es la participación en un acto de terceros; en cambio la participación responsable es un acto propio. Como autores, son responsables y no cómplices. Y caracterizamos una veintena de formas de esa participación, que van desde las de menor intensidad –como despidos, retiros voluntarios pero forzados, control de ingreso a la planta por parte de las fuerzas represivas– hasta las de mayor grado de criminalidad, como el establecimiento de campos de concentración en instalaciones de la empresa, asentamientos militares dentro de la planta, participación de directivos en torturas, secuestros y desapariciones, o la entrega de listas de personal a ser secuestrado. En algunas empresas esas formas de involucramiento en la represión se dan casi todas juntas. Se podría incluso llegar a graficar la intensidad de la participación, porque este es un trabajo en curso, no está terminado.
V B —Para llegar a estas conclusiones hay un análisis de la trayectoria de la empresa, un análisis tributario, estudios que ya vienen de los años setenta y ochenta, de la organización sindical y el proceso de conflictividad y la importancia del accionar de los trabajadores en los establecimientos fabriles, de los delegados y las comisiones internas en la tarea sindical de base.
—¿No hay diferencias en la forma de operar entre las empresas nacionales y multinacionales?
V B —Hay empresas que obtuvieron ganancias por su participación en la represión y otras que no, por las características de la propia actividad económica. Pero en todas las empresas estudiadas hay una preocupación por el activismo sindical de base.
H V —Esto hay que incluirlo en un movimiento global. El golpe en Argentina se produce en momentos en que termina el cuarto de siglo glorioso de la posguerra, cuando en todo el mundo los trabajadores incrementaron enormemente su participación en el ingreso. Al entrar en crisis ese paradigma, a partir de la cuestión del petróleo, a principios de la década de 1970, y las grandes ganancias de los petrodólares que se reciclan en préstamos a los países del Tercer Mundo, comienza el ciclo de la valorización financiera. Se producen entonces luchas gremiales muy intensas, porque los trabajadores se niegan a ceder su participación en el ingreso y las patronales están dispuestas a imponerlo de cualquier manera. En Argentina esos movimientos incluyen el Cordobazo, en 1969, el surgimiento de la lucha armada, el regreso de Perón, en el 73. Luego vienen años de una enorme confrontación de clases pero dentro de ciertos marcos democráticos, en 1973 y 1974. La represión a los trabajadores y los sindicatos que se da entonces es el precedente imprescindible para entender lo que viene después, porque hay despidos, detenciones, torturas, pero hasta que comienza a operar la Triple A no hay asesinatos ni desapariciones. Luego del golpe de 1976 las mismas personas que fueron reprimidas en aquel contexto son reprimidas en el nuevo contexto, pero ahora sí con desapariciones y asesinatos. Es un proceso para observar en su continuidad. No es que el golpe cambió todo, sino que fue una etapa dentro de una escalada.
V B —Más allá de que el trabajo abarca el período de la dictadura, de 1976 a 1983, prestamos mucha atención también al período de 1974 a 1976, decisivo para los trabajadores. Allí hay casos emblemáticos, como el de Fiat, en Córdoba, que ilustra el ciclo transcurrido desde el Cordobazo hasta la política represiva que empieza en 1974. En Tucumán se reconfiguran las relaciones sociales, a partir de que quedan en la calle 40 mil trabajadores que constituyen el caldo de cultivo de una radicalización política muy fuerte, con la guerrilla y las luchas estudiantiles y obreras. La represión apunta igualmente a liquidar a un sindicalismo clasista y combativo que se opone a las burocracias entronadas en los aparatos gremiales.
H V—Por otra parte, la idea de que se puede hacer desaparecer a miles de personas provenientes en su mayoría de centros urbanos y con un porcentaje apreciable de obreros sindicalizados y de estudiantes de clase media, y hacerlo sin consecuencias de largo plazo en la sociedad, además de un crimen es una ingenuidad. Equivale a desconocer el funcionamiento de la sociedad. Evidentemente es mucho más fácil no tener que rendir cuentas, no tener prisioneros sobrevivientes, no hacer juicios, pero a largo plazo es autodestructivo y fue lo que ocurrió con las fuerzas armadas argentinas. Y además está el episodio de la Guerra de Malvinas. La suma de esas dos cosas, y la incapacidad de manejar la situación económica en términos mínimamente racionales, hicieron que las fuerzas armadas argentinas colapsaran como actor político. Eso permitió que la lucha de los organismos de derechos humanos fructificara en juicios y condenas y en conciencia social. Son cosas que no ocurrieron en otros países, por distintas razones.
—Por ejemplo en Uruguay, Brasil o Chile…
H V —En Brasil, porque la proporción de personas víctimas de la represión en relación con el conjunto de la población es menor que en Argentina y un número importante de esas víctimas son indígenas y campesinos que no tienen la inserción social de los trabajadores industriales organizados en sindicatos y los estudiantes de clase media. Tiene menos repercusión. En Uruguay, porque el número de desaparecidos es mucho menor que en Argentina, si bien la masividad de la tortura fue muy fuerte. Y en Chile porque la dictadura duró 17 años, un tiempo que le permitió conducir su transición. Sin embargo, también en Chile el proceso de justicia avanzó mucho, en parte como reflejo de la situación argentina y sus logros. De alguna manera el proceso argentino irradió hacia el resto de los países.
V B —Hay mucho interés en este trabajo en varios países. La dictadura brasileña abarca el tiempo de dos dictaduras argentinas y hay muchas diferencias en términos cronológicos, represivos y de las orientaciones que se tomaron. El interés en esta línea de investigación apunta a ver no solamente qué hicieron los empresarios en el proceso de represión. Todo el recorrido pone de manifiesto la disputa sobre la economía en las décadas de 1960 y 1970, tanto en lo nacional como en el contexto latinoamericano, la reconfiguración brutal de las relaciones laborales, la caída de la participación de los trabajadores en el ingreso.
El trabajo ya se presentó en Brasil, Uruguay y Alemania. Para los alemanes, por ejemplo, la participación de las trasnacionales tiene un eje particular en este tema. La Convención Internacional de Juristas hizo a su vez un tratado de dos volúmenes sobre la complicidad empresarial en las violaciones a los derechos humanos.
—¿Qué peso político tienen las resoluciones de la Onu u otros organismos del sistema internacional con relación a estos temas?
H V —Son muy importantes en tanto haya quien los traduzca en cosas concretas en cada país.
V B —No hay un efecto automático punitivo.
H V —No, no lo tiene. La resolución 28/1992 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto de Argentina, y la siguiente sobre Uruguay, tuvieron efectos muy distintos. Y eso porque el movimiento de derechos humanos en Argentina fue muy fuerte. No es que en Uruguay no lo haya sido, como se vio durante el referéndum de 1989. Siempre pensé que ese no era el camino correcto, que era un error someter el tema de juzgar a los militares a un plebiscito, justamente porque la resolución del sistema interamericano de protección de los derechos humanos dice que no hay ningún elemento de la legislación interna que pueda oponerse a la obligación internacional de investigar y sancionar esos crímenes. En Uruguay eligieron otro camino. La sociedad se movilizó muy activamente, pero al no haberse logrado anular la ley de caducidad, el efecto fue paradójico, depresivo. Hubo una gran movilización durante un año y luego vino el reflujo que le quitó presión a la justicia uruguaya para avanzar, que es el camino que elegimos nosotros en Argentina. Nosotros pedimos la nulidad de las leyes de punto final y obediencia debida a mediados de 2000. No antes. Sólo después de que se habían establecido los juicios por la verdad en todo el país a partir de 1998, había juicios abiertos en Francia, Alemania, España, Estados Unidos e Italia, ya habían detenido a Pinochet en Londres, se había cumplido medio siglo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y se aproximaba el aniversario 25 del golpe. Con esos antecedentes hicimos un gran trabajo de investigación y denuncia, pero también contemplamos el aspecto político. Sabíamos que habría una movilización muy grande en 2001 y entendíamos que esa presión popular tan fuerte iba a equilibrar las presiones secretas que permanentemente hacían los poderes fácticos sobre la justicia, y entonces los jueces iban a fallar libres de esa presión. Y así fue. En marzo de 2001 el juez Gabriel Cavallo, a pedido del Cels, declaró nulas las leyes de impunidad y se allanó el camino a los juicios. Es un camino largo y muy lento, pero muy consistente.
—¿Y ahora?
H V —El contexto de hoy es más difícil. El actual gobierno querría terminar con los juicios, pero sabe que no puede. Y asumió el compromiso de que los juicios son parte de una política de Estado y tienen que continuar. En el bicentenario de 2010 el Cels hizo una declaración y la enviamos a toda la dirigencia política para ver si asumía el compromiso de justicia. Mauricio Macri, como jefe del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, firmó ese documento, que fue votado por unanimidad en la Cámara de Diputados de la Nación. No pueden parar los juicios. Esta historia es larga y estamos acostumbrados a esta lucha.
- En las ediciones de Brecha del 24 de junio y del 1 de julio, dos notas (“Teoría de la praxis”, de Salvador Neves, y “Esos grandes ausentes”, de Daniel Gatti) hacen referencia a este informe.
Llenando vacíos
Para fines de mes se anuncia la publicación en Montevideo de un libro (El negocio del terrorismo de Estado. Los cómplices económicos de la dictadura uruguaya) que pretende arrojar luz sobre la trama económica de la dictadura y la participación de los empresarios en su mantenimiento. Bajo la coordinación de Juan Pablo Bohoslavsky, asesor en la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, de las Naciones Unidas, y con prólogo de Kathryn Sikkink, el trabajo, editado por Debate, cuenta con notas de Isabel Clemente, Jorge Notaro, Jaime Yaffé, Carlos Demasi, Federico Leicht, Fabián Werner, Samuel Blixen y Natalia Uval, Nicolás Carrillo Santarelli, Ariela Peralta y Gianni di Palma, Francesca Lessa y Gabriel Pereira.
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