A principios de agosto la Jutep, popularmente conocida como “Junta anticorrupción”, hizo un pedido de informe a Ancap sobre el uso de las tarjetas corporativas de los directores durante los años 2010 y 2013. El análisis de los datos recabados fue publicado el miércoles: el organismo concluyó que el ex vicepresidente Raúl Sendic violó diversas normas vigentes en materia de administración de fondos públicos. No así los otros miembros del directorio.
Fue la primera vez que la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) actuó de oficio con “el objetivo de verificar el adecuado cumplimiento de las normas que rigen el ejercicio de la función pública”. Se eligió un caso complejo por las “varias posiciones y tiroteo mediático”, señaló a Brecha su presidente, Ricardo Gil Iribarne. El trabajo fue arduo porque no se consiguieron todos los datos que se precisaban para realizar un análisis cabal de la utilización de las tarjetas corporativas por parte de los directores. La Jutep tuvo que hacer tres pedidos de información a Ancap, y ni así logró acceder a todos los gastos ni controles realizados, especialmente a los comprobantes de pago, necesarios para obtener el detalle de las compras y determinar si los gastos de las tarjetas fueron personales o con fines institucionales. En algunos casos la justificación y devolución de fondos “se hacían, en otros no, y en otros no se sabe”, de acuerdo al informe. La Jutep también señala que ni los controles de Ancap ni los realizados por el auditor externo (Kpmg) advirtieron sobre esta situación.
De todas formas, la Jutep pudo identificar “omisiones” e “irregularidades” en cuanto a “probidad”, “rectitud”, “legalidad”, “implicancias”, “buena administración financiera”, “rendición de cuentas”, y “prohibición de uso indebido de fondos” en la utilización que Sendic hizo de la tarjeta. La Jutep verificó la existencia de 46 compras efectuadas en comercios que, “en principio, no aparecían directamente relacionados con los cometidos institucionales”.
En ese sentido, se asegura que las violaciones a las normas “no pueden justificarse por la falta de controles evidenciada en Ancap”, tal como alegó Sendic, y que por el contrario su “responsabilidad” “es mayor en tanto máxima autoridad del organismo y promotor del procedimiento de uso de esos medios de pago en el organismo que presidía”. Por otro lado, la Jutep cita al Tocaf para asegurar que son faltas administrativas que “se graduarán conforme a la jerarquía del infractor y a su nivel de responsabilidad en la materia”.
También se argumenta que la Jutep no le pidió una declaración jurada a Sendic porque en todos los casos son “montos reducidos” y se entiende que no implicaron un incremento significativo en su patrimonio. Gil Iribarne declaró a Brecha que, aunque las hubieran pedido, no las hubieran podido analizar por “falta de recursos”.
Por otro lado, el documento de 18 páginas indica que durante el período analizado (2010-2013), otros directores, como Germán Riet, justificaron cada gasto. Al respecto, Gil Iribarne señaló como “positivo” el hecho de que Ancap emprendiera una investigación administrativa para determinar responsabilidades en el faltante de comprobantes originales de los gastos efectuados con las tarjetas corporativas y conocer qué “estaba pasando”, y “sobre todo” para que “no siga pasando”: “El funcionario que maneja fondos públicos tiene que rendir cuentas documentadas de cómo los usó, eso no se estaba cumpliendo. Es importante que se haya abierto una investigación en la medida en que se detectaron fallas serias en los procedimientos de control de Ancap y de normas generales”.
Tras la divulgación del informe, el diputado de la 711 (sector de Sendic) Felipe Carballo realizará un pedido de informes a Ancap para conocer los gastos de las tarjetas desde el año 2000 a la fecha, informó Búsqueda.
AL FINAL DEL DÍA. “La Jutep ha hecho un trabajo serio, recabando información fáctica e importante, mejor dicho, tratando de recabarla, porque no la conseguimos toda… De todas formas, quedó demostrado que es un organismo de contralor del Estado muy válido y que apunta a determinar irregularidades en el cumplimiento de normas, leyes y decretos que rigen la conducta del funcionario público y que no están comprendidas en el Código Penal”, aseguró Gil Iribarne. A su vez, hizo énfasis en que se trabajó con “mucha libertad, sin presión, sin ninguna llamada”, cuestión no menor, ya que indica que “Uruguay tiene una cierta fortaleza” en cuanto a “procesos de libertad de prensa, posibilidad de acceso a la información y actuación independiente de los organismos de contralor. Muestra que estamos un poco mejor que los otros países de la región”, afirmó.
De ahora en adelante la Jutep prevé continuar trabajando “más proactivamente” en casos en los que por su “impacto o gravedad” su análisis “sirva” a la ciudadanía (véase Brecha, 24-VIII-17). Todavía no han definido los criterios exactos para ver en qué temas trabajarán; una zona “posible”, por ejemplo, sería el caso del intendente de Soriano, Agustín Bascou, acusado de librar cheques sin fondo en su actividad privada y de comprar combustible para la Intendencia en estaciones de su propiedad (véase recuadro).