A principios de junio, con el inicio del mes de Ramadán, el mes sagrado para los musulmanes, comenzó de a poco la exaltación. Se rumoreaba que Jihad Dihab, uno de los seis ex presos de la cárcel de Guantánamo, que se había radicado en Uruguay en 2014, se habría ido a la frontera con Brasil. El 15 de junio el programa de televisión Santo y seña, de Monte Carlo TV, estimó que ese rumor era una información digna de ser confirmada y comunicada al mundo. “¡Tenemos una primicia! –anunció–, sólo el ministro del Interior la sabe”: Jihad Dhiab había cruzado la frontera.
Dos días más tarde, lo que para cualquier residente de Uruguay hubiera sido un hecho banal –cruzar a Brasil– ya se había transformado en una noticia internacional. Una fuente oficial anónima de Estados Unidos afirmó a The Washington Post que las autoridades estaban buscando al sirio de 45 años que ese país había privado de libertad arbitrariamente durante 12 años. “Ex detenido de Guantánamo desaparece en Sudamérica”, tituló a su turno la cadena de televisión estadounidense Fox News.
La sensación que generó el movimiento de Dhiab dejó claro desde el principio que a él no se lo consideraba un residente más de Uruguay.
La particularidad de los ex presos de Guantánamo consiste en que, para salir de la infame cárcel, tienen que comprometerse a no abandonar, durante los dos primeros años, el país receptor, y que estos países deben velar por que se cumpla ese compromiso.
Brecha ya divulgó que el contrato que firmaron los ex presos que llegaron a Uruguay incluía esta cláusula, aunque el enviado del gobierno uruguayo a Guantánamo, José “Chacha” González, lo negó a Brecha, y el ex presidente José Mujica aseguró en reiteradas ocasiones que Uruguay no aceptaría esta condición, transformándose así en una excepción mundial.1
LA CLÁUSULA NEGADA. Las negociaciones entre Uruguay y Estados Unidos –que resultaron en el traslado de Dhiab a territorio oriental– y su contenido son secretas, pero ante la noticia de la “desaparición” del sirio, el 7 de julio el enviado especial del Departamento de Estado para el cierre de Guantánamo, Lee Wolosky, tuvo la difícil tarea de explicar ante los senadores republicanos el contenido del acuerdo sin detallarlo explícitamente, en una sesión pública de la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado de Estados Unidos.
Aseguró que el “programa de reasentamiento de dos años, que fue el objeto del convenio acordado con Uruguay y, francamente, acordado con él mismo (Dhiab)” todavía no había expirado. Según Wolosky, “lo que el plan del presidente (Obama) describe son restricciones de viaje (…) específicamente la retención de documentos internacionales de viaje”. También hay “una serie de medidas adicionales que tomamos y que toman nuestros socios”, aseveró. Pero dejó claro que éstas eran secretas: “Estoy dispuesto a describírselas hasta en este caso específico de Uruguay en una sesión a puertas cerradas, pero no puedo hacerlo aquí”.
Desde el gobierno uruguayo se ha insistido reiteradas veces en que Jihad Dhiab es libre. El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, afirmó reiteradas veces que los ex presos de Guantánamo en Uruguay podían moverse libremente y salir del país cuando quisiesen.
La Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh) también asevera que Dhiab está amparado por las leyes uruguayas que lo reconocen como refugiado. “No hay ninguna limitación, ni en los tratados internacionales, ni en la ley de refugiados uruguaya, de viajar”, insistió a Brecha Juan Raúl Ferreira, integrante del Consejo Directivo de la institución.
Y es que en el entusiasmo por reportar que Dhiab podría haber cruzado la frontera se omitió señalar que cualquier restricción de sus derechos de circular sería contraria a la actual legislación uruguaya e internacional.
Como lo expresó Mujica, Uruguay no puede actuar de “carcelero”, y “no le va a poner un milico atrás para que esté controlando lo que hace o deja de hacer”.
La idea de que Dhiab debería ser controlado y su libertad restringida, aun sin haber sido acusado de algún delito, corresponde a la misma lógica de la “guerra contra el terrorismo” acuñada en 2001 por el entonces presidente de Estados Unidos, George W Bush, la misma que ilegalmente privó a Dihab de su libertad durante 12 años.
Esta doctrina no ha desaparecido de la política estadounidense. Los dirigentes del Partido Republicano siguen defendiéndola con ardor sin preocuparse por reconocer que los detenidos de Guantánamo no pueden ser tratados como culpables al nunca haber sido procesados en una corte. Para ellos los hombres recluidos en Guantánamo son indiscutiblemente terroristas. El balance del poder político en Estados Unidos es una dimensión imprescindible para comprender cómo se articula allí el debate político sobre Guantánamo. Como el Congreso está dominado por una mayoría republicana que se niega rotundamente a cerrar la cárcel, la retórica política estadounidense ya hace tiempo ha adoptado “la parte ideológica de la guerra” contra el terrorismo que el gobierno de Bush abiertamente preconizaba.2 Las críticas que ha recibido Obama por querer cerrar la cárcel han sido tan feroces que prácticamente se transformó en un tabú hablar de los derechos humanos de los presos de Guantánamo.
Fue en este contexto que el senador republicano Ed Royce, presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado de Estados Unidos, no dudó de calificar a Dhiab de “terrorista” en la audiencia del 7 de julio de esa comisión.
A pocos días de ejecutarse los traslados de 13 presos de la base de Guantánamo a Serbia, Italia, Montenegro y Arabia Saudita, Royce, férreo opositor a la liberación, necesitaba una noticia como la del cruce de fronteras de Dhiab para llamar al orden a las dos personas responsables del gobierno de Obama por el cierre de Guantánamo, Lee Wolosky y Paul M Lewis. “Por si alguien cree que la preocupación de esta comisión es teórica, e insisto especialmente en los terroristas que han sido trasladados a Uruguay en 2014, no es teórica, porque ahora Jihad Dhiab, que es un terrorista vinculado a Al Qaeda (…) desapareció de Uruguay”, afirmó Royce al convocar a la audiencia.
BAJO TORTURA. Royce no tiene por qué temer un juicio. Como los ex detenidos tienen prohibido poner un pie en Estados Unidos, la etiqueta de “terrorista” puede usarse con ellos en ese país sin consecuencias legales.
No es el caso de Uruguay. Sin embargo, algunos medios uruguayos tampoco dudaron en describir a Dhiab como un potencial terrorista o simplemente como un terrorista. La edición web del diario El País del 7 de julio se refirió a él como “el terrorista sirio”. En Brasil los medios llevaron el calificativo a los titulares. El sitio brasileño Veja.com tituló el 16 de junio: “Un ex miembro de Al Qaeda está suelto en Brasil”, y luego, el 1 de julio: “Avianca lanza alerta sobre fuga de terrorista sirio para Brasil”, mientras que el paulista d O Estadão también se refirió a “una posible fuga de un terrorista sirio a Brasil”.
Aquí en el sur, Santo y seña presentó a Dihab así: “De él se decía, lo decía el propio Departamento de Defensa estadounidense, que integró células terroristas en Siria y en Afganistán. Que sirvió en la fuerza aérea siria en 1991 y 1993, donde recibió entrenamiento con armas, pero luego fue miembro de Al Qaeda a fines de los noventa”.
Estas informaciones provienen de documentos filtrados del Pentágono y publicados por Wikileaks y el diario estadounidense The New York Times. A cualquier lector le llevaría tres minutos leer la descripción y las advertencias que los editores del medio consignan en la plataforma donde se publican los documentos.
Ahí se indica que parte de la información de los reportes filtrados, llamados “Joint Task Force Assessment” (que datan de 2002 a 2009), “puede haber sido sustituida por evaluaciones posteriores hechas bajo el gobierno de Obama que todavía son reservadas o por documentos aun más clasificados”. De hecho, las evaluaciones que se hicieron posteriormente de los presos que fueron trasladados a Uruguay y a otros países constataron que no constituyen un riesgo.
Pero es aun más importante señalar que gran parte de los datos fueron obtenidos a través de torturas, lo cual los hace poco fiables. Andy Worthington, escritor y periodista experto en Guantánamo que asesoró a Wikileaks en la publicación de los famosos documentos, ha advertido en reiteradas ocasiones que la lectura de estos documentos “exigen un cuidado extremo” y que esta información no se debe manejar de manera acrítica.
La razón de ello es que gran parte de ella está basada en “testimonios de testigos –en la mayoría de los casos, los codetenidos de los presos en cuestión– poco fidedignos, o bien porque fueron sujetos a tortura u otros tipos de coerción (a veces no en Guantánamo, sino en cárceles secretas de la Cia), o porque dieron testimonios falsos para recibir mejor trato en Guantánamo”.
También subraya Worthington que los “Joint Task Force Assessments” se basan en informaciones falsas sobre los motivos por los cuales cada preso fue detenido y que “fueron añadidas a los expedientes de los presos después de su llegada a Guantánamo (ya que) no se llevó a cabo ningún proceso de investigación (de los detenidos) antes de (su) traslado”, aseguró. “Como lo explicó un interrogador de alto rango en su libro sobre sus experiencias, todos los prisioneros que cayeron en custodia estadounidense tenían que ser trasladados a Guantánamo, a pesar de que la mayoría ni siquiera fue capturada por fuerzas estadounidenses, sino por aliados afganos o pakistaníes en momentos en que se ofrecían grandes recompensas monetarias por ‘sospechosos de pertenecer a Al Qaeda o al Talibán’”, señaló Worthington.
A pesar de que en febrero de este año Obama declaró que Guantánamo es una “mancha en nuestra historia más amplia de asegurar los más altos principios del Estado de derecho”, la insinuación de que los ex presos son una potencial amenaza es alimentada también por funcionarios de su misma administración.
Lo hizo la nueva embajadora estadounidense en Uruguay, Kelly Keiderling, el 11 de julio al declarar que Dhiab “podría ser” una amenaza y confirmar que funcionarios del Departamento de Estado de su país habían viajado a Uruguay para hablar con las autoridades uruguayas sobre su paradero. En un comentario asombroso, la embajadora se tomó la libertad también de hablar en nombre de Uruguay. “Lo que sí por supuesto hubiéramos querido, así como Uruguay hubiera querido, (es) que el señor Dhiab permaneciese en Uruguay”, afirmó. “No controlamos a los seres humanos, o sea que quién sabe lo qué está en su cabeza”, agregó además.
Y cuando un periodista le preguntó si Dihab era libre, su reacción fue preguntar: “¿Libre? ¿En qué manera?”.
Brecha ya ha relatado las torturas y las violaciones de los derechos humanos que ocurrieron en Guantánamo y que padeció Dhiab.3 En esa cárcel fue aislado, golpeado, a tal punto que recurrió a la huelga de hambre. Para arrebatarle su único modo de expresión de protesta se lo alimentó forzosamente con métodos repudiados por la Asociación Médica Mundial.
En Uruguay esperó un año y medio para reencontrarse con su familia y tener la certeza de que este país lo acompañaría en sus tantas dificultades para volver a llevar una vida normal, luego de tantos años de sufrimiento y vida infrahumana. Esa espera para él fue llena de frustraciones y de promesas incumplidas.3
Si cuando puso el pie en Uruguay pensó que sería libre, que se lo miraría con otros ojos, que su familia lo estaría esperando, como le habían prometido, que por fin viviría una vida en paz, pudiendo mirar al futuro sin miedo, se equivocó. Al parecer uno no se libra tan fácilmente de la sombra de Guantánamo.
- “Había una vida”, en Brecha, 8-X-15.
- Tal cual lo indicó Douglas J Feith, subsecretario de política del Departamento de Defensa del gobierno de Bush, en 2005 (E Schmitt y Thom Shanker, “US Officials Retool Slogan for Terror War”, en The New York Times, 26-VII-05).
- “Esa tortuosa libertad” y “Relatar el dolor”, en Brecha, 21-V-15, y “Necesito mostrar”, en Brecha, 14-I-16.