La Alianza en Defensa de los Territorios fue creada oficialmente en diciembre de 2021, en un evento en Brasilia que reunió a 25 líderes de los pueblos Kayapó, Munduruku y Yanomami. Incluso antes de que el proyecto de ley 191/2020 –que pretende liberar la minería en los territorios indígenas de Brasil– fuera ingresado en trámite de urgencia el 9 de marzo para su consideración por el Congreso federal, aquel encuentro ya alertaba sobre el momento dramático que vive la Amazonia, donde actualmente se concentra el 93,7 por ciento de la actividad minera en territorio brasileño, según una encuesta reciente de la organización Mapbiomas.
De acuerdo a lo señalado en ese relevamiento, en las tierras indígenas consagradas por la Constitución brasileña, el área ocupada por la minería creció 495 por ciento entre 2010 y 2020. Los territorios Kayapó y Munduruku, en el estado de Pará, y Yanomami, en el estado de Roraima, son en la actualidad los más impactados por la minería ilegal de oro. A pesar de vivir situaciones similares en sus territorios, los tres pueblos nunca habían actuado juntos. La semilla de la alianza fue plantada el año pasado durante el campamento Luta pela Vida, llevado adelante en Brasilia. Allí se firmó un pacto histórico contra el avance de la minería ilegal, los proyectos de ley que amenazan con dar vía libre a la minería en las tierras indígenas, las hidroeléctricas y varios otros proyectos extractivistas.
«Son 38 años de lucha contra la minería y estoy muy contento con esta alianza para proteger nuestras tierras», dice el líder y chamán Davi Kopenawa Yanomami. Para la lideresa Maial Paiakan Kayapó, en tanto, la Alianza en Defensa de los Territorios es sinónimo de resistencia y existencia: «Atravesamos un momento en el que se quieren abrir a toda costa las tierras indígenas a la minería y a otras actividades que van a destruir totalmente nuestros territorios. Ahora somos tres pueblos para luchar juntos en defensa de nuestros derechos originarios. Nuestra unidad como pueblos del bosque es fundamental para ganar esta guerra».
«Mi gente está cansada de hacer denuncias. Estamos bajo amenaza porque siempre son los mismos rostros los que hablan, pero al unirnos eso puede cambiar. Algo tenemos que hacer para que este gobierno deje de matarnos y violar nuestros cuerpos y nuestros espíritus, que piden ayuda», asevera Alessandra Korap, líder indígena del pueblo Munduruku y víctima constante de amenazas de muerte.
GARIMPO Y DEFORESTACIÓN
Un estudio reciente de la Universidad Federal de Minas Gerais informa que, tan solo en 2019 y 2020, la minería ilegal fue responsable de la deforestación de 2.137 hectáreas en la tierra indígena Kayapó y 1.925 hectáreas en la tierra indígena Munduruku.
Además, entre agosto de 2020 y julio de 2021 desaparecieron 13.235 quilómetros cuadrados de selva amazónica, la mayor deforestación registrada en los últimos 15 años por el informe anual del Proyecto de Monitoreo por Satélite de la Deforestación en la Amazonia Legal (Prodes, por sus siglas en portugués), considerado el sistema más preciso para medir cuotas anuales de deforestación. Según el Prodes, el más afectado de los nueve estados que componen la Amazonia Legal es Pará, que solo en este último período tuvo 5.257 quilómetros cuadrados de área deforestada.
Al mismo tiempo, un monitoreo sin precedentes de Greenpeace Brasil mostró que la minería ilegal ha destruido 632 quilómetros de ríos dentro de las tierras indígenas Munduruku y Sai Cinza, también en Pará. En los últimos cinco años se ha incrementado en 2.278 por ciento la extensión de los ríos destruidos dentro de estos territorios.
Megaron Txucarramãe, del pueblo Kayapó, dice que todo el que ha visto de cerca la actividad minera sabe que «el garimpeiro trae a la tierra indígena la destrucción de la tierra, la selva y los ríos». Además, el líder comunitario recordó los impactos ocasionados por los mineros entre los propios indígenas, afectados por enfermedades, prostitución y conflictos.
En su artículo «Empresas do ouro enriquecem, indígenas padecem», publicado en Le Monde Diplomatique Brasil en noviembre de 2021, Luísa Molina y Rodrigo Magalhães de Oliveira recuerdan varias historias trágicas provocadas por la minería entre los yanomamis, algunas de las cuales se colaron en la cobertura de los grandes medios durante el año pasado.
El 12 de octubre de 2021, en la tierra indígena Yanomami, dos niños indígenas que jugaban en un río se ahogaron porque una draga minera operaba ilegalmente en las cercanías. El cuerpo de uno de ellos, arrastrado por la corriente, solo fue encontrado dos días después. Cinco meses antes, otros dos niños murieron, también ahogados tras un ataque de mineros en su comunidad. En julio, la víctima de la minería ilegal fue un joven indígena de 25 años, que murió al ser atropellado por una avioneta que transportaba a mineros.
Fue también la minería la responsable de la propagación de las epidemias que, hace tres décadas, mataron a unos 1.500 yanomamis, así como de la masacre de Haximu, en Roraima, ocurrida en 1993, y que condujo a la única condena judicial por el crimen de genocidio en la historia de Brasil.
La minería es una vieja pesadilla en la tierra indígena Yanomami. En esta zona, y a lo largo de la historia, se han deforestado más de 3 mil hectáreas de bosque (casi 1.000 hectáreas solo en 2021). Actualmente, los yanomamis se enfrentan a la segunda gran fiebre del oro desde la década de 1980, con 20 mil garimpeiros radicados en el territorio.
CONTAMINACIÓN EN LA SANGRE
Investigaciones recientes han detectado niveles alarmantes de mercurio en la sangre de los mundurukus y los yanomamis. Entre los mundurukus del Medio Tapajós (municipio de Itaituba), nueve de cada diez indígenas tienen niveles por encima del límite de seguridad establecido por la Organización Mundial de la Salud.
Entre los yanomamis, la situación también es aterradora. Según una encuesta de 2014 de la prestigiosa fundación Fiocruz de Río de Janeiro, en las localidades más afectadas por la minería el 92 por ciento de la población tenía niveles elevados de mercurio en sangre. Una alta contaminación con este metal puede generar graves daños neurológicos, inmunológicos, digestivos y otras secuelas.
La proliferación de la malaria es también un rasgo característico de las zonas con fuerte actividad minera: en ellas se cavan grandes pozos que se llenan de agua estancada, lo que proporciona el ambiente ideal para la reproducción de mosquitos transmisores de enfermedades.
A lo largo de 2021, se difundieron noticias impactantes sobre niños que sufrían malaria y desnutrición en la tierra indígena Yanomami; algunos de ellos murieron sin atención médica adecuada, según denuncian las comunidades. En los territorios Munduruku, la situación es igualmente preocupante: de 2018 a 2020, el número de reportes oficiales de infección por malaria saltó de 645 a 3.264.
(Publicado originalmente por el Instituto Socioambiental-ISA. Traducción y titulación de Brecha.)
Acampe de indígenas en Brasilia
El miércoles 6 por la tarde, indígenas de todas las regiones de Brasil marcharon hacia el Congreso Nacional. Forman parte del 18.º Campamento Tierra Libre (ATL), que desde el lunes 4 marca el ritmo del planalto central, reuniendo a más de 7 mil indígenas de 200 pueblos en la Explanada. En el centro de la agenda del campamento está la defensa de la demarcación de las tierras indígenas y la oposición al proyecto de ley 191/2020, que permite la minería y la generación de energía en tierras indígenas, y el proyecto de ley 490/07, de marco temporal, que limita el reconocimiento de nuevas tierras tradicionalmente habitadas por pueblos originarios.
El día anterior a la marcha, ATL 2022 lanzó una carta abierta contra el proyecto que libera la minería en tierras indígenas sin permitir que los pueblos que las habitan tomen una decisión final sobre los proyectos extractivos. Los firmantes argumentan, además, que «el actual gobierno quiere promover la especulación inmobiliaria en los territorios indígenas e incentivar la invasión de la agroindustria», e instan a los parlamentarios a detener las iniciativas de ley a estudio en la Cámara Baja.
(Fragmento de «Indígenas de todo o Brasil ocupam Brasília em defesa de seus direitos e territórios», de Agência Pública.)
Laura Scofield
