El profesor rural y exdirigente del magisterio Pedro Castillo fue el primer campesino en llegar a la presidencia de Perú y asumió el mandato hace siete meses, luego de dar batalla en las calles y en el tribunal electoral para que su rival –Keiko Fujimori– y sus aliados conservadores no le arrebataran la victoria de las urnas alegando «fraude». Los observadores electorales reportaron que los comicios fueron hechos conforme a ley y la fiscalía descartó que hubiera suplantación de miembros de mesa o falsificación de sus firmas, como hasta hoy repiten algunos opositores.
Las promesas de convocar a una asamblea constituyente, convertir la educación y la salud en derechos fundamentales, rescatar la golpeada economía de los pequeños agricultores y llevar adelante una reforma tributaria, entre otras, son recuerdos. El presidente y su cuarto gabinete están muy ocupados en la sobrevivencia política frente a un Congreso y una elite mediática que clama por su salida del cargo. Los motivos principales son la incompetencia y corrupción en el Ejecutivo, que se expresan en 30 cambios de ministros e investigaciones fiscales por tráfico de intereses en contratos estatales y en los ascensos militares.
En 2021 el exsindicalista fue candidato de Perú Libre, un partido de izquierda ortodoxa en el que no militaba. Su fundador, el médico marxista-leninista Vladimir Cerrón, estaba inhabilitado a causa de una sentencia por corrupción y lo invitó. En la campaña electoral de primera vuelta, el perfil de Castillo era populista, conservador y antinstituciones, pero antes del balotaje se alió con la excandidata presidencial Verónika Mendoza, lideresa de Nuevo Perú, un colectivo de izquierda moderada. La idea era cerrar el paso a la candidata Fujimori, quien enfrenta un proceso judicial por lavado de activos y obstrucción a la Justicia.
La alianza con Mendoza implicaba para el profesor –de alcanzar la presidencia– garantizar los derechos de la población LGTBI, la continuidad de la vacunación contra la covid-19 y dejar atrás el modelo económico neoliberal, entre otros puntos. Incluso, en vísperas de la segunda vuelta, se reunió con mujeres víctimas de esterilizaciones forzadas durante el régimen de Alberto Fujimori (1992-2000), que buscaban comprometerlo en sus luchas por justicia y reparación. El presidente fue entonces visto como un político de izquierda que promovía una nueva Constitución.
Los acuerdos que firmaron Castillo y Mendoza en mayo de 2021 eran para «lograr un gobierno del pueblo» y construir un «nuevo pacto social» a través de una asamblea popular constituyente. Al menos dos de los contendientes de Castillo en la primera vuelta electoral representaban el autoritarismo y la corrupción: la hija del autócrata Fujimori y el candidato del partido ultraconservador, Renovación Popular. Ambos son aliados de la actual presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, quien representa a una de las dos facciones del partido Acción Popular.
El mandatario designó en su primer gabinete a tres cuadros de la izquierda moderada –en Economía, Mujer y Salud–, que dieron estabilidad y credibilidad a su gobierno, especialmente por el avance sostenido de la vacunación contra la covid-19 y la recuperación de la economía. En 2020, el PBI cayó 11 puntos por causa de la pandemia, y la población en pobreza creció 10 puntos, llegando al 30 por ciento de los peruanos. En 2021, el PBI creció en 13 por ciento.
Si desde agosto la oposición pedía que Castillo dejara el cargo por haber nombrado a ministros no calificados o a profesionales con cuya línea discrepaban, entre noviembre y diciembre las críticas arreciaron ante las primeras revelaciones de tráfico de intereses y corrupción en la adjudicación de contratos estatales y de los ascensos militares.
Mirtha Vásquez, una abogada progresista y expresidenta del Congreso, había asumido como primera ministra en octubre –la segunda, en reemplazo de un hombre de confianza de Cerrón– y ofreció transparencia del gobierno para responder a las denuncias por favoritismo en contratos en el Ministerio de Transportes y la empresa estatal Petroperú. Pero, por el contrario, los asesores y el abogado del presidente aconsejaron a Castillo que se victimice y no entregue información sobre las personas –lobistas, amigos y familiares– con quienes se reunía fuera del palacio de gobierno.
Durante una diligencia de la investigación por la interferencia del secretario general de la presidencia en los ascensos militares, los fiscales encontraron 20 mil dólares en el baño de la oficina del funcionario. Castillo pidió la renuncia de su hombre de confianza en noviembre. Poco después, a inicios de diciembre, el parlamento planteó la primera moción de «vacancia presidencial por permanente incapacidad moral» contra el profesor rural, una figura que el fujimorismo y sus aliados usan desde fines de 2018 como si fuera un impeachment, pese a que este no existe en la Constitución.
En 2018, Fuerza Popular y sus aliados consiguieron votos suficientes para la «vacancia» de Pedro Pablo Kuczynski y lo obligaron a renunciar. En 2020, una coalición semejante echó a Martín Vizcarra con el mecanismo de vacancia, que requiere 87 votos y la argumentación de «incapacidad moral», un concepto no definido por la Constitución. La moción de vacancia a Castillo en diciembre se quedó a medio camino: para admitirla a debate en el pleno del Congreso eran necesarios 52 votos y solo hubo 46.
Pero esta semana, tras nuevos detalles sobre la posible participación del jefe de Estado en los contratos digitados, congresistas de Renovación Popular y de Fuerza Popular lograron suficientes firmas para presentar una segunda moción.
EL DESCARRILAMIENTO
En diciembre, las denuncias de corrupción ya no solo surgían en la prensa limeña. El entonces ministro de Interior, Avelino Guillén, advirtió al presidente que el comandante general de la Policía Nacional quitó presupuesto y personal a la unidad de elite que asiste a los fiscales que investigan a personas políticamente expuestas, y alertó de sobornos a cambio de nuevas colocaciones (destinos) de oficiales de la Policía. Un mes después, el mandatario sacó del gabinete a Guillén, referente peruano de la lucha anticorrupción, pues en la década pasada –cuando era fiscal– logró la primera sentencia contra Fujimori y su exasesor Vladimiro Montesinos de 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad. Castillo reemplazó a Guillén por un policía jubilado habituado al show televisivo mediante el populismo penal, alguien que no indagará sobre los graves hechos de corrupción cometidos en las fuerzas del orden en los primeros meses del gobierno del maestro rural.
¿Por qué en siete meses el presidente peruano ha nombrado a cuatro primeros ministros y por qué el tercero de ellos duró menos de una semana en febrero? Una de las explicaciones es que si el Congreso cabildea y junta 87 votos, lo puede echar, y por ello da cuotas de ministros a los partidos representados en el parlamento, para así asegurarse votos que defiendan al Ejecutivo en las interpelaciones o censura de ministros o en las votaciones de vacancia presidencial.
El tercer primer ministro que designó Castillo a inicios de febrero era un congresista denunciado por su hija y su esposa por violencia: un juez otorgó medidas de protección a su esposa en 2017. Héctor Valer había llegado al parlamento como candidato del partido de ultraderecha, Renovación Popular, y antes había militado en otras tres formaciones. Valer formó una bancada con otros colegas y sumaban siete votos, útiles para Castillo en el contexto de adversidad. No importó su inexperiencia en gestión pública y una docena de investigaciones fiscales por diversos delitos que la prensa reveló. También el presidente nombró a Katy Ugarte, una parlamentaria de Perú Libre como ministra de la Mujer, una política ultraconservadora, opuesta a los derechos de la población LGTBI.
Ante la indignación masiva, incluso de feministas que hicieron plantones en el Ministerio de la Mujer contra Valer, y la posibilidad de que el Congreso denegara el voto de investidura al gabinete, el jefe de Estado recompuso el equipo. Reemplazó a Valer y Ugarte, pero también echó al ministro de Salud, que había permanecido desde el primer equipo que formó a fines de julio. El médico y excongresista de izquierda moderada Hernando Cevallos le había pedido a Castillo un gabinete que fuera acorde con las políticas del gobierno, es decir, no elegido por cuotas para evitar la vacancia. No pudieron salvar las discrepancias y Castillo reclutó como nuevo titular de Salud a un hombre muy cercano a Cerrón, el médico y promotor de pseudociencia Hernán Condori. El nuevo funcionario se publicitaba como obstetra pese a que no lo era y la Comisión de Ética del Colegio Médico lo investiga por esas causas. El gremio médico y asociaciones científicas han pedido su renuncia, pero el presidente lo respalda porque dice que es un profesional que viene «de la chacra». Pero, en realidad, el apoyo se debe a lo que pueda pasar en el hemiciclo.
PROMESAS OLVIDADAS
Pero además de los cambios en el gabinete como mecanismo de sobrevivencia política hay otras decisiones del presidente, que abandonó propuestas que sustentaban su oferta de «cambio». Quien fue el ministro de Economía por medio año, Pedro Francke, planteó una reforma tributaria especialmente dirigida a las empresas mineras favorecidas por el alza de precios internacionales de los metales. Ello podría sustentar una mayor inversión para recuperar los deficientes sistemas de salud y educación. Los gremios empresariales y los medios de comunicación de Lima cuestionaron la reforma –dijeron que no era el momento– y Castillo miró para otro lado. El Congreso rechazó el pedido del Ejecutivo de otorgarle facultades legislativas en materia tributaria y Francke se quedó solo.
También fue una bandera del maestro rural la renegociación del contrato del gas de Camisea, el principal yacimiento del país, para que el recurso llegue a precios más bajos a las regiones próximas al yacimiento, ya que pagan costos muy altos por garrafa. El Ejecutivo formó una comisión interministerial para revisar la cuestión, pero, ante la desidia del jefe de Estado por el asunto, el informe que elaboró el grupo de trabajo no ha merecido la atención pública.
Finalmente, la promesa de promover una asamblea constituyente también se ha disipado como una mala palabra –asimismo rechazada por el empresariado y los medios de comunicación de Lima–. El miércoles 2, al preguntarle en una conferencia de prensa por las críticas al gobierno, el primer ministro Aníbal Torres respondió: «La política del gobierno ha sido desde un inicio: no hemos promovido, no promovemos ni vamos a promover la asamblea constituyente, pero eso no significa que los ciudadanos puedan plantear esa iniciativa. Eso es un derecho de los ciudadanos, así como es un derecho oponerse».
El parlamento está también debilitado frente a la opinión pública, pues la obstrucción al Ejecutivo es continua desde 2016, cuando fue elegido presidente Kuczynski. Según una encuesta de febrero del Instituto de Estudios Peruanos, el 73 por ciento desaprueba la gestión del Congreso.
Mientras los dos poderes del Estado se enfrascan en batallas indeseables, se acumulan viejos y nuevos problemas. Entre los viejos, la descomposición del sistema de salud, el 75 por ciento de personas en el mercado laboral informal, el déficit de aprendizaje por dos años sin clases presenciales. Entre los nuevos, miles de pescadores artesanales, estibadores, microcomerciantes, pequeños empresarios de balnearios y restaurantes han perdido su trabajo desde el 15 de enero por el derrame de petróleo de Repsol en el mar de la costa central del país. Los 11.900 barriles contaminaron aguas y litoral en 116 quilómetros cuadrados, incluidas dos áreas naturales protegidas.
Desde que ocurrió el derrame, han pasado tres ministros de Ambiente y dos ministros de Economía. El ministro de Producción anunció la semana pasada que el Estado entregará un subsidio a 2.500 pescadores, pero no ha precisado ni cuándo, ni por qué monto, ni hasta cuándo. La empresa afirma que ha entregado hasta el momento uno o dos vales de compra en supermercado a unas 3.900 personas. En paralelo, un informe de una misión de expertos de Naciones Unidas destaca la inexistencia de un padrón de afectados e impacto social del desastre y de un plan de monitoreo ambiental. Los políticos están enfocados en sus asuntos y no en los de los ciudadanos.
El 8 de marzo, el gabinete Torres debe pedir el voto de investidura al Congreso y, en la víspera, la Comisión de Fiscalización de ese poder del Estado pretende interrogar al jefe de Estado sobre sus reuniones con la gestora de intereses que ha declarado a la fiscalía sobre los contratos estatales amañados en el Ministerio de Transportes y en Petroperú.
Pedro Castillo se había presentado en la campaña electoral de 2021 como un candidato sin mancha, a diferencia de la mayoría de los postulantes a la presidencia en 2021 y de los expresidentes peruanos –que están con pedido de extradición (Alejandro Toledo), o afrontan juicios (Ollanta Humala), o tienen detención domiciliaria (Kuczynski) por casos de corrupción ligada a la constructora brasileña Odebrecht–. Por el momento, la fiscal general ya le abrió investigación por un par de contratos estatales irregulares y por las interferencias en los ascensos militares: tendrá que responder a ellas tan pronto pierda la inmunidad del cargo. Es difícil saber el destino de su gestión, pero es fácil afirmar que la política peruana se desangra en su lento deterioro, tanto como los derechos de las personas.
