Cerramos 2022 con una cifra dramática, vergonzosa para nuestro país: ocho niños fueron asesinados, siete de ellos a manos de sus padres biológicos. Todos los asesinatos estuvieron enmarcados en contextos de violencia doméstica.
El Sipiav (Sistema Integral de Protección a la Infancia y la Adolescencia contra la Violencia) señala que por día se detectan 19 casos de maltrato o abuso sexual hacia niños, niñas y adolescentes en Uruguay; en 2021 se reportaron 7.035 casos. De ese total, el 91 por ciento de las personas agresoras integran el grupo familiar. Los padres ocupan el primer lugar, con el 39 por ciento, seguidos de las madres, con el 23 por ciento.
Unicef, por su parte, alerta sobre la alta prevalencia de violencia hacia la infancia en Uruguay: «Uno de cada cuatro niños sufre violencia física y uno de cada dos, violencia psicológica. Más de la mitad de los adultos declara haber ejercido violencia hacia al menos un menor. Eso representa alrededor de 350 mil niños y niñas, en tanto el castigo físico alcanza a unos 160 mil niños. […] 150 mil niños son testigos de violencia en sus hogares. La alta prevalencia de la violencia hacia los niños y aquella de la que son testigos en sus hogares hace que este sea un problema de enorme magnitud, respecto al cual, además del desarrollo de políticas orientadas a la detección y atención, es necesario trazar acciones para un cambio en las normas culturales de disciplina y relacionamiento en las familias».
Los datos de violencia hacia las infancias en Uruguay son escalofriantes y la cantidad de niños y niñas que crecen en hogares siendo testigos de la violencia de sus padres hacia sus madres es alarmante.
En este marco, la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración de Diputados se apresta a votar el miércoles 28 el proyecto de ley de corresponsabilidad en la crianza, que pretende bajar las garantías de protección para los niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia. La legislación actual prevé que, frente a una denuncia de violencia de género o violencia doméstica, se tomen medidas de protección en forma inmediata para quienes estén siendo víctimas de la situación. La decisión se toma teniendo en cuenta una serie de elementos que permiten valorar el riesgo, y se evalúan en forma periódica a través de informes técnicos y pericias, entre otras herramientas. Aun así, este año, no pudimos proteger a los ocho niños víctimas de violencia que fueron asesinados por sus padres.
Quienes impulsan el proyecto de ley de corresponsabilidad en la crianza plantean como un gran problema la existencia de falsas denuncias de violencia que hacen las mujeres y que trae como consecuencia la separación injusta de niños, niñas y adolescentes de sus padres. Quienes lo postulan dicen que afecta a muchísimos padres, sin embargo, no presentan ninguna evidencia científica, ni datos estadísticos, ni investigaciones nacionales. Solo hacen lobby, repiten una y otra vez los mismos enunciados, sin aportar datos estadísticos rigurosos.
Si se analizan los datos estadísticos producidos por el Poder Judicial, se puede identificar que en nuestro país la enorme mayoría de las parejas que se separan resuelven la tenencia de sus hijos e hijas de común acuerdo y sin mayores conflictos. De los miles de divorcios que hay en el año, es muy menor el porcentaje de litigios por tenencias. Según datos del Poder Judicial, en 2020 hubo 270 juicios por tenencias conflictivas en Montevideo y solo 15 apelaciones en todo el país.
Con base en estas cifras, lo que queda claro es que si existen denuncias falsas o casos en los que los niños y niñas quedan rehenes entre sus progenitores, son casos puntuales, concretos, sobre los que hay que intervenir, pero desde abordajes técnicos y no legales.
¿Por qué decimos que el proyecto de ley de corresponsabilidad en la crianza daña la infancia? Porque va a poner en alto riesgo a muchos niños y niñas víctimas de violencia y los va a someter a la tortura de tener que convivir o visitar al progenitor violento.
El capítulo cuatro del proyecto de ley a estudio establece que, a pesar de que existan medidas cautelares, el juez podrá suspender o no la convivencia del niño con el progenitor denunciado por violencia y que las visitas no se podrán suspender.
En un país donde hay 150 mil niños creciendo en hogares con violencia de género, eventualmente podrían ser obligados a visitar a su progenitor. Esto es inadmisible desde todo punto de vista. Desde los derechos humanos, desde la ética, desde la responsabilidad como país.
Ser obligado a visitar a un progenitor que ha ejercido violencia en el hogar y al que se le tiene terror es una práctica de tortura para cualquier niño, niña o adolescente. Este proyecto de ley incluso le da la potestad al juez no solo de mantener las visitas, sino de mantener el régimen de tenencia compartida, exponiendo a los niños y niñas a situaciones de alto riesgo, de riesgo de vida inclusive. Otra vez: los ocho casos de niños asesinados por sus padres en 2020 nos están alertando de la gravedad del problema.
La corresponsabilidad en la crianza es un horizonte a alcanzar en nuestro país, porque la realidad nos muestra que la mayor carga de cuidado de los hijos e hijas recae en las mujeres. A pesar de que en los últimos años se han logrado cambios importantes y existe un mayor involucramiento de los varones en los procesos de cuidado y crianza de sus hijos e hijas, aún se sigue sobrecargando a las mujeres con este rol. Cambiar esta realidad requiere políticas públicas concretas, requiere cambiar el modelo cultural, que sigue siendo machista, requiere trabajar en políticas de igualdad de género y trabajar hacia una sociedad igualitaria.
Este proyecto de ley no coloca en el centro los derechos de los niños, niñas y adolescentes, sino que prioriza los intereses de los adultos, en especial de aquellos adultos que están separados de sus hijos e hijas por orden judicial.