O los 100 días de luna de miel de un gobierno son un mito urbano mediático o el primer ministro británico, Rishi Sunak, es la excepción a la regla. Ni las siete semanas endemoniadas de su predecesora, Liz La Breve Truss, consiguieron que el multimillonario indio se beneficiara con ese efecto de esperanza que suele traer un cambio de gobierno. Después de 13 años de lo mismo, los británicos están inmunes a un pase de magia tan simple como el cambio de caras para cambiar sus expectativas.
La ola de huelgas por la crisis económico-social que comenzó en junio son una clara muestra de este fenómeno. Los paros solo se suspendieron en señal de respeto por el fallecimiento de la reina Isabel II en setiembre, unas semanas antes de la asunción del premier de origen indio. Con Sunak en el n.o 10 de Downing Street desde fines de octubre, los paros se han incrementado semana a semana hasta la huelga general de los servicios públicos del 1 de febrero. El viernes 3 hubo otro paro ferroviario; el lunes 6 paró el servicio de enfermería (unos 750 mil trabajadores) y el de ambulancias.
Hay 14 huelgas programadas para febrero. Es decir, la mitad de este mes vivirá un paro de algún sindicato de los considerados esenciales durante la pandemia. Hay siete huelgas más a la vista en marzo. Los maravillosos días de dulzura y tolerancia de la luna de miel ni siquiera han existido. Como una boda mal arreglada, el matrimonio gobierno-sociedad comenzó a los palos.
LA RIGIDEZ DEL GOBIERNO
Sunak prometió escuchar a la sociedad, corregir los horrores de su predecesora y hacer volver a Reino Unido al camino de la prosperidad. Con 13 años de promesas conservadoras sobre sus espaldas, la sociedad respondió con escepticismo o protesta, con apático descontento o paros y manifestaciones.
Enfrentado a la huelga de los servicios públicos, Sunak eligió abroquelarse en el típico discurso conservador-thatcherista alegando que no había fondos para cubrir los aumentos que se pedían y culpabilizando a la oposición de los paros. En una entrevista por sus 100 días en el gobierno, Sunak dijo que su principal preocupación era la inflación: «A mí me gustaría darles un aumento masivo a las enfermeras y los enfermeros. Sería lo más fácil. Pero se trata de tomar decisiones. Y, en este momento, la prioridad es la inflación».
La inflación anual se quintuplicó en un año: hoy es de dos dígitos. Los salarios públicos están prácticamente congelados desde que los conservadores subieron al poder en 2010. Sunak no se movió de su posición a pesar de las huelgas: no puede otorgar más de un 4 por ciento, dice, frente al entre 10 y 19 por ciento que piden los sindicatos.
El resultado son estos paros escalonados del transporte público, la educación, la administración pública, los servicios municipales y, el más alarmante de todos, el Servicio Nacional de Salud (NHS, por su sigla en inglés). Según la Oficina Nacional de Estadísticas, en los últimos seis meses se registraron 35 mil muertes más que el nivel promedio de los últimos cinco años.
El servicio de emergencias tarda hasta 12 horas en ver a los pacientes; el de ambulancias no da abasto por falta de personal. Hay un 10 por ciento de vacantes no cubiertas en el NHS. La lista de espera para operaciones y citas de urgencia supera los 7 millones de pacientes. En lo que va del año se cancelaron 88 mil citas médicas: estadísticamente, un porcentaje de ellas correspondería a casos de cáncer, cuya detección temprana es esencial para el tratamiento.
En medio de esta situación, Sunak parece padecer una sordera crónica. En ningún momento ha pasado por sus labios la palabra crisis, ni se le ha ocurrido convocar al COBRA, el Comité de Contingencias Civiles que se reúne en casos de emergencia nacional. No sorprende que en las encuestas los laboristas les lleven 24 puntos a los conservadores y que Keir Starmer, líder laborista, sin hacer mucho de su parte, aventaje en todas las mediciones a Sunak.
¿NO HAY PLATA?
La Tax Justice Network, entre otras organizaciones, ha remarcado en las últimas semanas que el dinero para pagar los aumentos salariales está: es el que se llevan empresarios y multimillonarios a guaridas fiscales o el que sacan de generosísimas exenciones impositivas.
Una autoridad arbitral en estos debates públicos, el economista Paul Johnson, director del Instituto de Estudios Fiscales, de Londres, señaló al matutino The Guardian que el aumento salarial del sector público «no es inflacionario». Johnson coincide con Sunak en una cosa: se trata de opciones políticas. Lo ilustra con un ejemplo entre muchos otros. Si el gobierno eliminara el subsidio que se le da a la gasolina, habría unos 6.000 millones de libras adicionales en las arcas del Estado que «bastarían para que el NHS y la educación tuvieran un aumento salarial en línea con la inflación».
Más casos de un sistema tributario disfuncional: la energética Shell reveló este viernes una de las ganancias más grandes de la historia corporativa británica: más de 40.000 millones de dólares gracias a la subida de los precios energéticos. Los sindicatos exigen un impuesto extraordinario acorde con estos beneficios que no provienen de un aumento de la productividad, sino de una situación especial de los mercados internacionales. La Unión Europea ha recaudado 520 millones de dólares de Shell como «contribución solidaria»; el Reino Unido, solo 134 millones. «Estas ganancias y estas tasas impositivas son obscenas y un insulto a los trabajadores», señaló Paul Nowak, secretario general de la Trades Union Congress, la mayor central sindical del país.
LA ECONOMÍA
Sunak recibió una economía caótica de Liz Truss y logró estabilizarla. Reino Unido no desbarrancó, pero hoy está en recesión. Las cosas no van a mejorar este año: según las estimaciones del Fondo Monetario Internacional, todas las economías desarrolladas van a crecer, incluida Rusia, pero la única que mostrará un crecimiento negativo será Reino Unido.
El enfoque ultraortodoxo del gobierno y las autoridades bancarias están cavando un hoyo más profundo a esta crisis. La semana pasada, el Banco de Inglaterra anunció un aumento de las tasas de interés por décima vez consecutiva: del 3,5 al 4 por ciento. La medida va a impactar en especial al sector empresario y a los que tienen una hipoteca inmobiliaria: más de 2 millones de personas. La proyección es que cerca de 100 mil personas incurrirán en atrasos en los pagos hipotecarios. En el aire está el fantasma de fines de los ochenta y principios de los noventa, cuando un aumento de las tasas del interés terminó con decenas de miles de reposesiones: gente que debió abandonar sus hogares porque no podían pagar los intereses y porque el costo de la propiedad era menor que el que le debían al banco.
LOS OTROS 100 DÍAS
La idea de los vitales 100 primeros días del gobierno viene de la crisis de los años treinta y la decisión de Franklin D. Roosevelt de aprobar 77 proyectos de ley e inversión en ese período inicial para resucitar la economía. Nada de eso ha sucedido con Sunak, que preside un partido que tiene una extraordinaria mayoría parlamentaria, pero está fragmentado, dominado por el tribalismo y la complacencia, y sin ninguna idea alternativa al mantra neoliberal thatcherista.
En los segundos 100 días de gobierno vendrá una prueba de fuego: las elecciones municipales de mayo. Si se confirma la derrota catastrófica que predicen las encuestas, Sunak entrará en la arena movediza que se tragó a sus predecesores Theresa May, Boris Johnson y Liz Truss. Las cosas están tan mal que algunos vaticinan que, en ese caso, el Partido Conservador podría buscar un regreso de Boris Johnson.
(Publicado originalmente en Página 12.)
El proyecto de ley conservador para evitar los paros en sectores claves
Convertir a los sindicatos en rompehuelgas
Keith Ewing | John Hendy*
Como respuesta a la ola de huelgas, el oficialismo conservador impulsa en el Parlamento un proyecto de ley de «niveles de servicio mínimo» que obligará a los sindicatos de seis sectores de la economía considerados esenciales a asegurar la operativa mientras se desarrollan medidas de lucha.
Se trata de un proyecto notablemente breve, de solo seis páginas, que reemplaza el ahora redundante proyecto de ley de transporte, presentado hace solo tres meses. Aquel, en cambio, tenía 19 páginas, a pesar de aplicarse a un solo sector. El nuevo proyecto de ley se extiende a los servicios de salud, de bomberos y rescate, de educación, de desmantelamiento nuclear y de seguridad fronteriza, así como de transporte.
La razón por la que el proyecto de ley actual es tan breve es que propone delegar en el secretario de Estado de Empresa, Energía y Estrategia Industrial, Grant Shapps, el poder de reglamentar por completo la aplicación de la norma. En la normativa británica los reglamentos tienen que ser aprobados por el Parlamento, pero los legisladores no pueden tocar los borradores de reglamento propuestos, que solo reciben un escrutinio mínimo. De aprobarse la nueva legislación, será Shapps quien determinará «los niveles de servicio mínimo en relación con las huelgas» en cada uno de los seis sectores.
COERCIÓN ESTATAL
Los seis sectores a los que se aplica el proyecto de ley son los mismos incluidos en la Ley de Sindicatos, aprobada por los tories en 2016, que requiere que los mandatos de huelga en estos servicios tengan el apoyo de al menos el 40 por ciento de los trabajadores habilitados para votar, así como de la mayoría de los votantes.
Con los nuevos poderes otorgados por el proyecto hoy a discusión, Shapps busca aumentar su poder para restringir los derechos sindicales. Ya en 1997, un ex primer ministro británico afirmó que Reino Unido tiene «las leyes sobre sindicatos más restrictivas del mundo occidental». Desde entonces, se han introducido nuevas restricciones, no solo a través de la Ley de Sindicatos de 2016, sino también mediante regulaciones que permiten contratar a trabajadores de agencias especiales dedicadas a romper huelgas.
A diferencia del ahora redundante proyecto de ley de transporte presentado en octubre, el proyecto de ley actual no solo amplía la fuerza laboral requerida para tener un nivel mínimo de servicio, sino que elimina el requisito de que sindicatos y empresarios deben negociar este nivel en cada sector. En cambio, la iniciativa le otorga total discreción a este respecto al secretario de Estado de Empresa, Energía y Estrategia Industrial. Esto significa que podrá, incluso, establecer los niveles mínimos de servicio en un nivel tan alto que cualquier huelga se vuelva inútil. Es probable que la única limitación para el gobierno sea que, en muchos de los seis sectores implicados, la escasez crónica de fondos y personal significará que aun niveles mínimos de servicio muy bajos apenas si podrán cumplirse en tiempos normales, cuando nadie va a la huelga.
Estos nuevos poderes se verán, además, reforzados por sanciones brutales. Un trabajador que se niegue al llamado de su empleador para cumplir con los niveles de servicio mínimos perderá la protección por despido improcedente si es despedido. El gobierno busca autorizar así a los empleadores a hacer lo que ni siquiera un tribunal está habilitado a hacer en Reino Unido.
Luego que la patronal notifique al sindicato la identidad de los trabajadores que serán obligados a trabajar, el proyecto de ley requiere que el sindicato tome «medidas razonables» para garantizar que todos los miembros implicados cumplan con tal obligación. La pregunta de muchos observadores y críticos de la normativa es: ¿qué tendría que hacer un sindicato para demostrar que ha tomado «medidas razonables»? ¿Emitir instrucciones a los miembros relevantes de que no deben hacer huelga? ¿Aprobar un mandato por asamblea de que deben convertirse en rompehuelgas?
Es fácil imaginar a los empleadores argumentando ante los tribunales que el sindicato no tomó «medidas razonables» porque no disciplinó ni expulsó a un miembro que se negó a cumplir con un aviso de trabajo, particularmente si el incumplimiento fue persistente. Por lo tanto, Reino Unido se enfrentará a la siguiente paradoja: desde 1988, la legislación prohíbe a los sindicatos sancionar o expulsar a un miembro que se niegue a participar en una huelga. En virtud del nuevo proyecto de ley, se podrá exigir al mismo sindicato que sancione o expulse a otro miembro que sí participa de la huelga.
*Keith Ewing es profesor de derecho público en el King’s College de Londres y autor de numerosos libros, entre ellos The Bonfire of the Liberties y MI5, the Cold War and the Rule of Law. John Hendy es miembro de la Cámara de los Lores por el Partido Laborista y abogado laboralista. Es presidente del Instituto por los Derechos Laborales.
(Publicado originalmente en Tribune. Traducción de fragmentos a cargo de Brecha.)
