En un extenso dictamen, el fiscal Ricardo Perciballe solicitó formalizar la investigación por los crímenes perpetrados en Argentina contra decenas de militantes políticos y sindicales uruguayos, entre ellos, el asesinato de Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whitelaw, en mayo de 1976. «Nos encontramos frente al mayor magnicidio de la historia de nuestro país», escribió Perciballe en su dictamen, al que accedió Brecha.
En su escrito, el fiscal hizo un raconto de las detenciones ilegales, secuestros, asesinatos y desapariciones de uruguayos en Argentina, entre 1974 y 1976, que contaron con la participación de militares uruguayos. Según Perciballe, todos estos crímenes tuvieron como trasfondo el Plan Cóndor y califican como crímenes de lesa humanidad, por lo que el Estado tiene la obligación de investigarlos. Entre estos delitos está la desaparición de Manuel Liberoff y los homicidios de Daniel Banfi, Guillermo Jabif y Luis Latrónica, entre otros.
En este sentido, la tesis presentada por la fiscalía apunta a que los crímenes contra militantes de organizaciones políticas «formaban parte de la lógica represiva» de la dictadura uruguaya, que se trasladó hacia Argentina para la persecución de opositores. El atentado contra los legisladores, sin embargo, tenía otros motivos: acallar sus voces de denuncia sobre la situación interna de Uruguay, pero, sobre todo, evitar todo intento de diálogo para una salida al régimen. «Detrás de tan vil accionar hubo un claro mensaje en clave política», apuntó.
Perciballe recordó que el crimen de los legisladores intentó simularse como una disputa interna entre distintas facciones de la disidencia uruguaya en el exilio. Sin embargo, el tenor de los operativos revela «un mecanismo extremadamente aceitado» de los servicios represivos de la época. Los secuestros de Michelini y Gutiérrez Ruiz –recuerda el fiscal– fueron en áreas céntricas, altamente vigiladas, que oficiaron de «zona liberada». «Precisamente de ello se trató el Plan Cóndor, que en esta instancia alcanzó un punto central de su nefasta actuación.»
Sin embargo, tampoco se pueden descartar «razones eminentemente económicas» detrás de estos crímenes, alega el magistrado, ya que los servicios de inteligencia uruguayos tenían en la mira el «importante caudal de dinero» obtenido por varias organizaciones, como el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros y el Partido por la Victoria del Pueblo, por medio de secuestros extorsivos. Para el fiscal, existen distintos informes y memorandos de inteligencia del Servicio de Información de Defensa (SID) que hacen especial hincapié en la existencia de este dinero, y que su destino fue objeto específico de los interrogatorios a los que fueron sometidos varios detenidos. «Dicho botín también estaba en la mira de los represores […]. Por él fueron», señaló.
El dictamen establece la responsabilidad de estos crímenes en la Dirección Nacional de Información e Inteligencia, en el SID y en el Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas. Según el fiscal, existió una verdadera coordinación entre estas unidades como parte de un único esquema represivo, que incluyó la sistemática violación de los derechos humanos de los detenidos. En este esquema, el SID «fungía como el verdadero gozne de la represión de los opositores al régimen», cuyos integrantes actuaban en las distintas unidades militares de todo el país, pero también en el exterior, en especial en Buenos Aires, donde tuvieron bases operativas en conjunto con las fuerzas represivas de ese país.
En este punto, Perciballe apunta a la responsabilidad de los mandos, como Víctor Castiglioni, Hugo Campos Hermida y Juan Antonio Rodríguez Buratti (jefe del Departamento III del SID), así como del teniente coronel José Nino Gava-zzo, recientemente fallecido. Pero también a una docena de efectivos militares, «quienes actuaron en cumplimiento de órdenes de sus superiores, pero que no se ven eximidos de responsabilidad por cuanto la obediencia debida no alcanza aquellos mandatos ilícitos como los que nos ocupan».
En este marco, Perciballe solicitó el inicio de un juicio penal contra cinco represores: Gilberto Vázquez, José Arab, Jorge Silveira, Ernesto Ramas y Ricardo Medina. Además, solicitó librar una orden de captura internacional con fines de extradición de los militares Manuel Cordero (condenado en Argentina por crímenes del Plan Cóndor) y Pedro Mato (radicado en Brasil, prófugo de la Justicia uruguaya y condenado en Italia por estos crímenes).
