El peso de la religión en el debate sobre el aborto legal dejó expuesta su influencia en la política y en las instituciones del Estado, al tiempo que disparó una iniciativa ciudadana por la separación de la Iglesia Católica y el Estado. Desde el 8 de agosto, en el país vecino apostatan en masa.
En el gran debate sobre el aborto en Argentina, que culminó en las últimas semanas en el Senado con el voto en contra del proyecto de ley que planteaba su legalización, la argumentación de carácter religioso pesó mucho y lo suficiente como para impedir su aprobación. El movimiento que impulsó el reclamo por el aborto legal ha tenido repercusiones inesperadas; desempolvó y reactivó otra reivindicación social, un tanto oblicua pero latente en el país donde nació y ejerció como cardenal el actual líder del Vaticano: la separación del Estado y la Iglesia.
Es la tarde de un sábado nublado en la tradicional esquina militante de las porteñas avenidas Corrientes y Callao. Allí la izquierda o los movimientos sociales suelen coincidir con megáfonos y banderas para criticar los planes económicos del partido político gobernante. Esta vez la convergencia en la calle busca poner en crisis a una institución, la Iglesia Católica, que por su capacidad de prédica y organización opera como una fuerza política que trasciende a todos los gobiernos.
La Coalición Argentina por el Estado Laico (Cael) llevaba casi una década promoviendo la necesidad de un Estado neutral en valores religiosos, cuando recibió un empujón significativo el 8 de agosto pasado. Mientras en el Senado argentino se debatía la legalización del aborto, se hizo un llamado a la apostasía colectiva, y ese día, según varios medios argentinos, unas 2.500 personas presentaron su renuncia a la Iglesia Católica. El pasado sábado 18, otros miles iniciaron el trámite (Clarín, 18-VIII-18). Apostasía Colectiva-No en mi Nombre, una de las tantas organizaciones que integran la Cael, hace convocatorias ciudadanas para que los fieles católicos molestos con la estructura eclesiástica, por ejemplo por su encarnizado rechazo a la despenalización del aborto, puedan renunciar al culto.
PAÑUELOS. El abogado César Rosenstein, uno de los fundadores de Cael, viste un suéter anaranjado, del color de los pañuelos que pasaron a representar la reivindicación de su organización y que ese día cuelgan entre un semáforo y un cartel de tránsito. Tras la marea verde –por la tela triangular de ese color que identificó a la campaña por el aborto legal–, la Cael y el movimiento Apostasía Colectiva buscan hacer crecer una oleada social que fije la mira en la separación de Estado y religión. “En Cael hay organizaciones religiosas, y también estamos los ateos. Eso lo digo para advertir que nuestra aspiración no es suprimir la fe católica, sino contar con un Estado neutral en materia religiosa”, explicó Rosenstein a Brecha. “No deseo que el gobierno niegue la existencia de Dios, más bien que no tenga nada para decir al respecto. El Estado laico es el único Estado que puede garantizar una libertad de conciencia plena y de no discriminación por temas religiosos entre los ciudadanos. Por eso no queremos un Estado ateo, preferimos un Estado laico”, insistió.
La concentración en Corrientes y Callao va poblándose de gente, pañuelos y colores. Los integrantes de No en mi Nombre colocan un par de pequeñas mesas de madera y unas sillas en los pocos resquicios libres de la acera. A ese mobiliario a cielo abierto se acerca gente a iniciar la solicitud de apostasía. El movimiento No en mi Nombre sistematizará las planillas con los datos y las firmas de los ciudadanos interesados en desvincularse de la Iglesia Católica, los acercará luego a la Conferencia Episcopal y, más tarde, insistirá ante la curia para que acelere el siempre demorado llamado a sus ex fieles para registrar su renuncia a la institución.
La acción de apostatar es concebida por la campaña como un acto político, explicó a Brecha desde Mar del Plata Fernando Lozada, integrante de la Cael. “Para la Iglesia Católica la apostasía, básicamente, es un pecado grave contra la unidad de la institución, tanto como el cisma y la herejía. Nosotros, en cambio, vemos a la apostasía como el ejercicio de un acto político. Por eso convocamos a realizarla de forma colectiva y pública.” Se trata de un gesto político que engloba varias reivindicaciones y que tiene varios sentidos diferentes, argumentó Lozada. Uno de ellos es “advertirle a la institución católica que no queremos pertenecer más a su Iglesia”, otro es señalar que “no tienen derecho a registrarnos en sus bases de datos, ya que ese ingreso de fe suele realizarse a una edad temprana y no tan madura como para convalidar ese vínculo”. Lozada enfatizó que la apostasía “también es una forma de exigir el derecho a una protección de nuestros datos personales; especialmente a los datos sensibles, que en la legislación argentina cuentan con una protección especial. En los hechos, además, la Iglesia no está cumpliendo con el plazo de cinco años establecido por ley para borrar de sus registros a las personas que ya no desean ser consideradas creyentes. Nos tacha pero no nos suprime de sus listas, y al costado consigna la leyenda ‘Apostató’. Ese es un acto delictivo, porque la Iglesia computa en sus bases de datos información significativa y nos ficha como apóstatas”.
PRIVILEGIOS DE DICTADURA. En las últimas décadas la Casa Rosada ha brindado un gran y sostenido apoyo económico al culto católico. “El erario destina casi 178 millones de pesos (cerca de 6 millones de dólares) al sostenimiento del culto católico. Con ese dinero se financian sueldos de obispos, becas a seminaristas, salarios de curas párrocos de frontera. Esos privilegios fueron conseguidos por la Iglesia fundamentalmente en la última dictadura, y luego no fueron revocados por el sistema democrático. Pero, además, la Iglesia goza de otros beneficios por parte del Estado: por ejemplo, ha recibido y recibe tierras fiscales, o propiedades del Estado ya erigidas. Hace muy poco se conoció que la Iglesia goza de privilegios impositivos en las propiedades que posee en la provincia de Salta”, sostuvo Lozada.
El referente marplatense de Cael destacó los puentes, o enlaces institucionales, que la Iglesia ha tendido con estamentos del Estado, como el sistema educativo, el de salud, y las guarniciones del Ejército: “El Estado financia el sueldo de los cientos de capellanes que la Iglesia tiene dentro de la estructura de las fuerzas armadas. El vicario castrense cobra un sueldo equivalente al de un ministro de la nación. El subsidio otorgado a los 3.500 colegios privados católicos diseminados en todo el país es de aproximadamente 18.000 millones de pesos anuales, lo que representa cerca de 10 por ciento del presupuesto otorgado a la educación pública”.
Rosenstein también enfatizó que, a pesar de ciertos avances legales laicos, como la no obligación constitucional de que el presidente sea católico a partir de la reforma de 1994, en “la sala de audiencias de la Corte Suprema hay colgado sobre la planta baja un crucifijo enorme. No parece ser la mejor señal de autonomía para el máximo escalafón del derecho en Argentina”.
RECOLECCIÓN DE FIRMAS. El Frente de Izquierda y de los Trabajadores (Fit) lanzó una campaña nacional para juntar firmas y solicitarle al Congreso “derogar los privilegios de la Iglesia Católica”. “El Estado le paga a un obispo 48 mil pesos (1.600 dólares), mientras que a un profesional principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) le abona 21.168 pesos”, escribió en redes sociales esta semana el legislador porteño del Fit Gabriel Solano. “Financiamos al oscurantismo contra la ciencia”, opinó. Según el portal La Izquierda Diario, en poco tiempo la iniciativa del partido trotskista “ya sumó el apoyo de cien mil ciudadanos”. Mientras a la Facultad de Filosofía y Letras de la Uba recientemente le cortaron el gas por falta de pago, afirmó además Solano, a la Universidad Católica la eximen de pagar el impuesto municipal.
La figura del sumo pontífice divide transversalmente la llamada “grieta argentina”, ya que su prédica cuenta con detractores y seguidores dentro de las dos fuerzas partidarias opuestas y más influyentes en los últimos 15 años: la alianza gobernante Cambiemos y el kirchnerismo. Las palabras de los integrantes del Senado que rechazaron el proyecto de legalización del aborto desvelaron la gran influencia de la curia católica sobre la clase política argentina. Ese liderazgo se sostiene en cauces naturales, pero también en actos de intimidación pública. El senador tucumano José Alperovich, del P J Federal (peronismo no kirchnerista), vio, previo a su voto finalmente negativo, su rostro en afiches pegados por toda la capital provincial con la siguiente consigna: “¡No al holocausto prenatal!”.
