El 15 de febrero de 2013 la Suprema Corte de Justicia (SCJ) disponía el traslado de la jueza Mariana Mota del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de Séptimo Turno al Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil de Primer Turno. Cuatro meses después, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) confirmaría esa decisión. Culminaba así un proceso iniciado tres años antes, poco después de que Mota dictara sentencia en primera instancia contra el exdictador Juan María Bordaberry. «A partir de ese mismo momento comenzó contra Mota un proceso paralelo llevado a cabo por todos aquellos que desde 1985 estaban intentando perpetuar la impunidad de los violadores a los derechos humanos: dirigentes blancos y colorados, militares retirados y en actividad, académicos y profesional...
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