En Uruguay los inmuebles rurales comenzaron a empadronarse en 1912. La norma que ordenó la formación de la División Catastro tenía como objetivo dar «cumplimiento a los cometidos que el decreto del 19 de diciembre de 1831 confirió a la Comisión Topográfica». Pero los 81 años que pasaron hasta que por fin se emprendió la tarea de inventariar la propiedad del suelo no fueron precisamente de procrastinación. Entre una fecha y otra, la superficie de propiedad estatal pasó de ser el 80,4 por ciento del total a ser solamente el 15. Además, recién entonces, esta última cláusula pasó a significar lo que el lector y el periodista entienden al leerla. De eso se trata la Breve historia sobre la propiedad privada de la tierra en Uruguay, el nuevo libro de Nicolás Duffau.1
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