Cuando las denuncias de golpizas y maltratos dentro del hogar Ser de la Colonia Berro –que estuvieron en el centro de la agenda durante varios meses del año pasado– dejaron de negarse, se arguyó que eran casos aislados generados por funcionarios descarriados. También se sostenía, institucionalmente, que cada denuncia estaba siendo investigada y que había que garantizarles el debido proceso a los funcionarios involucrados. Siguiendo ese hilo, Brecha hizo un pedido de acceso a la información pública con respecto a algunos casos ocurridos en 2012. También se solicitaron los legajos de varios de los funcionarios involucrados en los hechos.
El expediente que resulta clave tiene como protagonista a Claudio Martínez, conocido como “Popeye” y procesado por “reiterados delitos de abuso de autoridad contra los detenidos” en octubre de 2014, en uno de los casos que desbordó las barreras del sistema y llegó a la justicia penal. Martínez era subdirector del hogar Ser cuando ocurrieron los hechos por los que fue procesado. Lo que encontró Brecha es que cuatro días antes de nombrar a “Popeye” en ese cargo, la Comisión Delegada trató y desechó un pedido del departamento jurídico para que el “educador” fuese separado del cargo, al encontrárselo responsable de una golpiza ocurrida en febrero de 2012.
La denuncia la iniciaron la madre y la tía de Juan –el nombre es ficticio– el 6 de febrero de 2012. Ese día les avisaron del “hogar” que al gurí lo habían trasladado porque los funcionarios tenían quejas de él y porque la noche anterior había habido “un problema”. Cuando la familia encontró al chico, éste contó que durante una requisa Popeye lo había levantado“como una bolsa de papas”, que no lograba responder porque “estaba empastillado” y que había sido esposado y golpeado por el educador. Las madres reclamaron que se llevara al chiquilín al forense y que se lo protegiera en el nuevo hogar, por temor a represalias. El departamento jurídico inició una investigación de urgencia al respecto, entrevistó a jóvenes, educadores, subdirectores, pidió documentos, partes, horarios, turnos. Un mes más tarde elevó sus conclusiones a la subgerencia del sistema, en ese momento llamado Semeji, y que un mes más tarde se convertiría en el Sirpa. El informe y las conclusiones del departamento jurídico son claros.
El adolescente fue reducido dos veces, golpeado por el funcionario, y trasladado a otro hogar, sin que se supiera quién tomó esa decisión. Fue llevado al hospital Filtro, donde no lo atiendieron “porque no está en el hospital en el momento en que es llamado por los médicos” (la investigación no aclara a qué se debió esto). Juan fue devuelto a una celda diferente en ese segundo hogar, donde fue golpeado por otros internos y ahí sí, finalmente, atendido por una emergencia médica.
“Reunida y analizada toda la prueba, entendemos que el proceder del educador no fue ajustado al rol esperado, por lo que, y con la intención de prevenir nuevas situaciones, entendemos que existen elementos para sancionar al funcionario. (…) Consideramos asimismo que el resto de los funcionarios que se encontraron presentes en el servicio el día que se llevó a cabo la requisa son asimismo pasibles de sanción dado que –por acción u omisión– el funcionario que constata un hecho de apariencia irregular debe actuar en consecuencia, extremo que no se cumplió en este caso. Al contrario, el resto del personal educador, así como el propio subdirector, minimizaron el episodio llegando incluso tres de los cinco funcionarios a utilizar textualmente la misma expresión: “sangre puede haber porque se cortan a cada rato”, dice el informe.
Raúl González, encargado de la subgerencia del Semeji –aún no había cambiado su denominación a la actual de Sirpa– elevó un documento a la gerencia del sistema, fechado el 7 de marzo, en el que aconsejó sancionar a Martínez y observar al resto del turno, incluido el subdirector a cargo. La gerencia del entonces Semeji estaba a cargo de Ruben Villaverde, quien de manera interina ocupaba ese lugar, vacante desde fines de 2011 tras la renuncia de Rolando Arbesún. Pero no se cumple la sanción, sino que se abre una investigación administrativa en el centro donde el interno fue golpeado originalmente y otra en el lugar a donde fue trasladado y golpeado por otros presos. Se suceden tres informes sobre los hechos, dos de la asesoría letrada del Semeji y un tercero del departamento jurídico del sistema (entonces Sirpa), que toman declaración una y otra vez a las personas involucradas y que no difieren sustancialmente en nada de lo establecido en el que estaba listo a un mes de la golpiza.
En abril de 2013, un año después de los hechos, vuelve a pedirse que se separe de su cargo al agresor, de manera preventiva, y que se le retenga la mitad del sueldo, ya que no se le había aplicado sanción alguna. Según consta en un folio del expediente citado, fechado el 14 de junio de 2013, “el señor Ruben Villaverde hace constar que, leídas las actuaciones, no comparte las conclusiones a las que arribara el instructor sumariante. Expresa que en la medida en que el señor Martínez ya no se desempeña en el centro (había sido trasladado a otro), dispone que se le instruya un sumario administrativo sin separación de cargo ni retención de haberes”.
El 20 de junio, cuatro días más tarde, y según aparece en la foja de servicio del funcionario, Claudio Martínez es promovido como subdirector del hogar Ser.
El 15 de julio de 2013 un grupo de madres se presenta ante el departamento jurídico del Sirpa a denunciar los abusos y torturas sufridos por sus hijos en ese hogar. Uno de los siete acusados es Claudio “Popeye” Martínez.
Las pruebas recabadas, cuyos detalles se despliegan en este artículo, permiten apreciar cómo, a pesar de manifestarse siempre individualmente, la violencia no es aislada, sino que es un continuo que se expande en el tiempo y se ramifica al resto de los centros de reclusión. También que el sustento de la violencia es político y que va tiñendo todas las partes del sistema, hasta llegar a la cabeza.
En setiembre de 2014 un grupo de madres denunció en el juzgado penal de Pando a Ruben Villaverde y a Javier Salsamendi, entonces presidente del Inau, por omisión ante las torturas sufridas por sus hijos en uno de los hogares del Sirpa. Parte de la argumentación de las madres es que ellas mismas se entrevistaron con Villaverde para denunciar los hechos. La causa sigue abierta.