Es poco, y no por eso menos alarmante, lo que los ciudadanos logramos conocer sobre el denominado caso Astesiano, sobre la aún oscura trama orquestada, esta vez, desde el entorno de la presidencia de la república para el uso ilegal del aparato estatal como instrumento de prácticas reñidas con la vida en un Estado de derecho. Lo que sabemos no es por la mentada transparencia del gobierno, sino gracias a la labor de algunos medios de difusión, que por hacerlo sufren descalificaciones por parte de la coalición gobernante. Una vez más, lo que se intenta es matar al mensajero.
Ni la continuidad de esas conductas delictivas ni la forma en que los ciudadanos nos enteramos de ellas son algo nuevo. Lo nuevo, que sí deberíamos esperar y reclamar sin ambigüedades, es que esta vez no se desperdicie la oportunidad para profundizar la democracia y no para defender una suerte de «institucionalidad» que opera en las sombras poniendo a prueba, una vez más, la capacidad y la voluntad que el sistema político y los poderes del Estado deberían tener para deslastrarse de los vestigios del autoritarismo estatal que heredamos del llamado pasado reciente y que permanece, disimuladamente, hasta nuestros días como atributo de la malparida transición en paz.
El hallazgo, en 2006, de los denominados archivos Berruti1 –compuesto por unos 1.500 rollos de microfilms, con distintos documentos desde 1968 hasta 1985– en la sede castrense del Centro General de Instrucción de Oficiales de Reserva (CGIOR) puso al desnudo la existencia de espionaje ilegal, minuciosamente registrado en los archivos de los servicios de inteligencia militar y policial, que data de muchos años antes del período de actuación ilegítima del Estado (13 de junio de 1968-27 de junio de 1973) y la propia dictadura cívico-militar (27 de junio de 1973-1 de marzo de 1985), dirigida a lo que la doctrina de la seguridad nacional califica como el «enemigo interno». Fue también la confirmación de que en las estructuras de los institutos armados se mantuvo, con la complicidad de buena parte del sistema político, una mentalidad que se extendió en democracia y que es la que se manifiesta en la situación denunciada por dos senadores de la república en el episodio protagonizado por el presidente del PIT-CNT y ahora con profesores y alumnos de un centro de enseñanza. Saber si eso se mantiene, dónde y quiénes son los portadores de esa mentalidad es importante, puesto que nos encontraríamos ante una circunstancia en la que se podrían reproducir situaciones de autoritarismo muy graves. Con eso hay que ser radicalmente intolerantes.
Por otro lado, la comprobación de la existencia de esa continuidad en determinadas estructuras básicas del Estado es una prueba del error que se cometió en la transición pactada en el Club Naval de mantenerlas absolutamente intactas, sabiendo que se trata de cuerpos muy endogámicos que se reproducen dentro del mismo ambiente social y, muchas veces, familiar.
Sobre la gravedad de los hechos que ponía de manifiesto el contenido de los archivos encontrados en 2006 no estuvo planteada ninguna comisión investigadora parlamentaria que buscara establecer algunas responsabilidades políticas y, eventualmente, penales, ni por parte de la izquierda, que ejercía el gobierno con mayoría parlamentaria, ni por parte de la oposición blanca y colorada. Con seguridad la atención estaba puesta en otro uso del aparato del Estado para llevar adelante actividades ilegales. Nos referimos al ocultamiento y el asesinato de Eugenio Berríos en territorio uruguayo durante el gobierno de Lacalle padre, y por el que, por aquellos días, la Justicia chilena solicitaba la extradición de Tomás Casella, Wellington Sarli y Eduardo Radaelli, tres militares uruguayos. Sin duda, la situación de las Fuerzas Armadas bajo el gobierno democrático y la necesidad de avanzar en la lucha contra la impunidad eran una preocupación dominante, al menos para una parte –minoritaria, por cierto– de alguna organización integrante del Frente Amplio. Tampoco fue de interés público del sistema judicial uruguayo, que resolvió archivar el expediente judicial en Pando al dictaminar que no había pruebas contra los militares uruguayos. A pesar de la prédica de Eleuterio Fernández Huidobro de que la extradición de los tres militares era un atropello a nuestra soberanía nacional, se efectivizó la extradición y los militares fueron juzgados en Chile.
Muchos años después, en un allanamiento ordenado por la Justicia, se incautó en el domicilio del fallecido coronel Elmar Castiglioni2 un voluminoso archivo que podría contener parte de los documentos de inteligencia militar faltantes de los ubicados en el CGIOR. Lo que conocemos, gracias al semanario Brecha, es el contenido de dos trabajos en los que se listan dos inventarios primarios y generales de lo que podría ser su contenido y que fuera elaborado por el profesor Álvaro Rico y la archivóloga Isabel Wschebor, encomendados por la sede penal.
Ese conocimiento público de nuevo puso en evidencia el uso ilegal de los servicios de inteligencia del Estado para espiar a los ciudadanos en democracia y, a diferencia de lo que sucedió con los archivos del CGIOR, esta vez motivó la instalación en la Cámara de Representantes de una comisión investigadora solicitada por el entonces diputado del Partido por la Victoria del Pueblo Luis Puig.
Insólitamente, aquella investigadora con amplias facultades, que recibió testimonio y numerosas declaraciones, no logró acceder al objeto original de su investigación: el archivo Castiglioni. Solo pudo indagar sobre el contenido de los archivos encontrados en la sede del CGIOR en 2006 y, como esos documentos contenían actividades ilegales de espionaje llevadas a cabo desde el Estado hasta 2005, una vez remitidos a la Justicia, la fiscalía concluyó que, a pesar de haber probado el espionaje ilegal, correspondía archivar la causa porque los delitos habían prescripto.
A otro nivel, un ciudadano uruguayo que encontró en el listado publicado por Brecha una carpeta con su nombre solicitó ante la sede penal ser puesto en conocimiento de qué información obtenida de forma ilegal sobre su persona se encontraba en el archivo Castiglioni. Han pasado muchos años y ese ciudadano aún sigue sin conocer el contenido de esa carpeta.
La sociedad tampoco sabe si lo que hay allí es en realidad el faltante de los archivos del CGIOR ni si el archivo Castiglioni contiene actividades ilegales posteriores a las analizadas por la Justicia que escapen a los plazos de prescripción y puedan implicar responsabilidades penales. Es decir, si existieron, no se sabe en qué fecha ni bajo la responsabilidad de quiénes.
*Raúl Olivera Alfaro es integrante de la Secretaría de Derechos Humanos y Políticas Sociales del PIT-CNT.
1. Los archivos encontrados por la entonces ministra de Defensa Nacional, Azucena Berrutti, fueron trasladados al Archivo General de la Nación en 2009 y luego puestos bajo reserva por 15 años. Brecha publicó alrededor de 14 mil de los casi 3 millones de documentos que componen el archivo (véase Documentos de espionaje militar en democracia, Brecha, 27-VII-17).
2. Castiglioni fue subdirector del Centro de Altos Estudios Nacionales y jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia del Estado.
