“¡Vengan!, Paraguay puede ser la China de América Latina.” La frase, repetida una y otra vez por el ministro de Industria del país guaraní, Gustavo Leite, caló hondo en el empresariado uruguayo. Con esa marca país como insignia, el gobierno de Horacio Cartes busca posicionar a Paraguay como el lugar más competitivo de la región y atraer las inversiones extranjeras que tienen al mercado asiático como destino. Para arañar tamaña aspiración, ese país apuesta a endulzar a sus vecinos con la siguiente batería de medidas: baja presión tributaria, incentivos fiscales a las inversiones, un régimen de maquila y zonas francas, y una fuerza laboral joven y barata. Los incentivos no han pasado desapercibidos para los empresarios uruguayos que, al mismo tiempo que miran con buenos ojos la oferta del país guaraní, presionan más acá, en el sur, al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para que entibie tanto el proyecto de ley de inclusión laboral de personas con discapacidad en el ámbito privado como la modificación de la ley de nocturnidad. La advertencia del sector es clara: “Nos vamos a Paraguay”.
Luego de que ambas iniciativas fueron aprobadas por unanimidad en la Cámara de Diputados, el lobby empresarial tocó la puerta del Ministerio de Trabajo. Varios empresarios plantearon su malestar por los proyectos de ley consensuados en la Cámara baja, al mismo tiempo que mostraron su intención de radicarse en Paraguay. El argumento manejado es que los costos operativos y las condiciones de trabajo son “más benignas”. En efecto dominó, el titular de la cartera trasladó el reclamo a los diputados y senadores. Fuentes de Brecha explicaron que el ministro, Ernesto Murro, describió su preo-
cupación por la fuga de empresas uruguayas a tierras guaraníes y también su descontento por no haber sido consultado durante el estudio de ambas iniciativas.
Los proyectos de ley que despiertan rechazo en el empresariado –y reparos en el Ministerio de Trabajo– fueron aprobados hace aproximadamente cuatro meses. La fuerza con que salieron de la Cámara baja y la considerable movilización social que los respaldaba vaticinaban –tanto en la opinión pública como en el Parlamento– su aprobación a fines de 2016. Sin embargo, fuentes políticas manifestaron a Brecha que “fueron trancados por la posición del Ministerio de Trabajo, que busca que pierdan cafeína, que se conviertan en un café liviano”. Cuando se lo consultó sobre el tema, el ministro Murro prefirió no hacer declaraciones.
La ley de trabajo nocturno establece que para cobrar el plus del 20 por ciento por nocturnidad el trabajador tiene que de-sempeñarse durante cinco horas consecutivas entre las 22 horas y las seis de la mañana. La modificación propuesta en Diputados apunta a que se le pague el prorrateo de las horas realizadas en la franja horaria pautada por la ley, así la persona haya trabajado una hora, tres o cinco. El otro proyecto de ley que genera resistencias obliga a las empresas privadas que tengan en su planilla a 25 o más trabajadores a contratar a un porcentaje de por lo menos 4 por ciento de personas con discapacidad.
Al llegar al Senado, las iniciativas quedaron paralizadas. El Ministerio de Trabajo puso el freno de mano y expresó a los legisladores que los proyectos no habían tenido una buena instancia de intercambio y consulta con la cartera y el empresariado. Murro alegó que las leyes que afectan las relaciones laborales tienen que –por lo menos– ser discutidas en el Consejo Superior Tripartito. Fuentes políticas argumentaron a Brecha que la negociación colectiva, sin embargo, no es vinculante en materia de legislación.
“Es entendible que el Ministerio de Trabajo tenga que hacer equilibrio entre los sectores que representa y construir acuerdos que reduzcan la conflictividad, pero nuestro rol es otro. Tratamos de poner el foco en aquellos sectores que necesitan la protección del Estado. Podemos escuchar y comprender las tensiones que administran otros, pero nosotros somos los que estamos acá cuando se votan los proyectos de ley y la movilización social bordea el Parlamento”, alegó un integrante de la bancada de senadores frenteamplista.
De fondo, según el diputado Carlos Coitiño (Pvp), las precauciones del Poder Ejecutivo relacionadas con el crecimiento de la economía se pueden ver cristalizadas en las advertencias que los titulares de las carteras manifiestan a los legisladores (“no enojar al capital para que no se vaya” o “tampoco crear un clima para que no vengan”). El legislador del Partido por la Victoria del Pueblo entiende que esta postura “perjudica” al Frente Amplio (FA): “Estamos en un momento de desgaste muy fuerte y la gente espera que el gobierno apoye prioritariamente a los sectores más vulnerables, frente al poder económico que no necesita apoyo”.
Según Coitiño, trancar estas leyes puede tener consecuencias para el oficialismo: “Lograr, en materia de legislación laboral, que todos los parlamentarios voten, es un fenómeno inusual, y parar leyes con estas características tiene un precio político altísimo para el FA”. El diputado expresó también que no comparte la metodología comparativa de los empresarios ni del ministerio. “Uruguay –razona– tiene que compararse con el criterio de justicia y derecho que tiene acá y que es parte del patrimonio del país, no con la situación laboral de Paraguay.”
En la misma línea, integrantes del Senado manifestaron a Brecha que “a un gobierno de izquierda no se le tiene que mover un pelo” con la presión ejercida por las empresas que amenazan con irse a Paraguay. El país guaraní “no puede ser la medida con la que Uruguay se compare, porque sus condiciones laborales son diferentes”. Si bien entienden que las empresas perciban “un atractivo en eso”, una sociedad que a largo plazo tiende a tener “mayor tensión social o debilidad en su institucionalidad no es buen negocio para nadie”.
“El énfasis de los atractivos de Uruguay tiene que estar puesto en su seguridad jurídica, su transparencia y su calidad institucional. Esas son las fortalezas del país para que la inversión llegue. Uruguay tiene que tener claro que no es retrocediendo en materia de legislación que va a retener la inversión o seguir captando inversión extranjera directa”, reflexionó un senador oficialista.
Sobre las resistencias de los empresarios a los proyectos de ley, algunos legisladores entienden que si bien eso forma parte de la “tensión entre intereses diferentes”, el Estado debe “ponerse del lado del eslabón más débil de la cadena, es decir, del trabajador”. La presión de las empresas que amenazan instalarse en Paraguay “no puede condicionar las políticas laborales de un Estado y un gobierno. En el caso de Uruguay –que no es el paraguayo– tenemos una legislación social y laboral avanzada con relación a buena parte de los países de América Latina, no podemos perder de vista eso”.
Mientras la carta de rumbear hacia Paraguay –jugada por los empresarios– no tiene ningún peso para los parlamentarios, el temor del gobierno a que las empresas uruguayas cierren y emigren al país guaraní cobra cada vez mayor consistencia.
PARAGUAY FOR EXPORT. “Ahora parece que está de moda Paraguay”, apuntó el director de Trabajo, Juan Castillo, en agosto del año pasado (durante el ciclo “Reflexiones canarias”, de la Intendencia de Canelones). Según El Observador, Castillo agregó: “Es posible que sean más baratos los costos laborales, aunque no sé si existe la misma certeza jurídica. Yo quisiera tener cada vez más competitividad del lado uruguayo para que vinieran más empresas a invertir, para que tengamos más desarrollo y más puestos de trabajo, sería ideal, pero me tocó ser director en un momento bastante complicado”.
Y, justamente, la mejora de la competitividad ha sido el desvelo de los gobiernos paraguayos en las últimas décadas, asegura el embajador uruguayo en Paraguay, Federico Perazza. Para lograrlo –explica– el país ha abierto un abanico de medidas: bajar la presión tributaria, mejorar los costos competitivos de su fuerza laboral, abrirse al mundo y favorecer el clima de negocios.
Además, ese país se ha dotado de una serie de instrumentos para atraer las inversiones extranjeras directas, como la ley de incentivos fiscales a las inversiones (que pueden llegar a una exoneración total de los impuestos), la ley que regula el régimen maquila de exportación, la ley de zonas francas y la ley de asociación público-privada que oficia de instrumento para captar fondos privados destinados a la obra pública e infraestructura, enumera el embajador.
“El actual gobierno del presidente Cartes enfatiza en sus viajes y presentaciones internacionales que Paraguay es el país de los ‘tres 10’ (10 por ciento de impuesto a la renta personal, 10 por ciento de impuesto a la renta empresarial y 10 por ciento de impuesto al valor agregado). Ese es su punto de partida”, explica Perazza. Pero además de la ya conocida tríada, el presidente presenta a Paraguay en el mundo “como una mujer bonita y fácil” de la que los demás países pueden hacer “uso y abuso” (véase columna de Andrés Colmán Gutiérrez, corresponsal en Asunción).
Los instrumentos para favorecer la inversión extranjera directa y la retórica del gobierno de Cartes parecen haber conquistado al empresariado uruguayo. Actualmente más de cien empresas orientales prueban suerte en tierras paraguayas. De ese total, 17 instalaron sus negocios en 2016, como Si-Si y Saceem.
Algunas optaron por irse del todo de Uruguay, entre ellas las agropecuarias Everdem y Prograin; otras pivotean entre Uruguay y Paraguay, como Victoria M Ortiz e Indian Emporium. Lo cierto es que cuando las empresas uruguayas encuentran su tope en el mercado interno, “el primer paso de internacionalización es Paraguay”, asegura el embajador.
En un primer momento la inversión uruguaya en Paraguay se centraba primordialmente en el agro. Las tierras del Chaco eran las elegidas por los uruguayos (sus precios oscilan entre 350 y 1.500 dólares la hectárea). Sin embargo, con el correr del tiempo la inversión uruguaya se ha ido diversificando. Actualmente los uruguayos invierten en ganadería, servicios, desarrollo inmobiliario y construcción, empresas de tecnología de la información (“muy presentes estos años”, asegura Perazza), marketing y medios de comunicación (Canal U, presidido por el empresario de medios uruguayo Pablo Scotellaro, figura en la lista de empresas instaladas en Paraguay), software y franquicias en el área de la gastronomía, alimentos y vestimenta.
Según los datos del Banco Central de Paraguay analizados por la embajada uruguaya en ese país, la inversión uruguaya en Paraguay acumulada en los últimos años ha sumado 90 millones de dólares (datos de 2015). En términos relativos, representa el 2 por ciento de la inversión extranjera directa (Ied) total en el país guaraní y se ubica en el decimosegundo puesto por país de origen. En primer lugar está Estados Unidos, con el 26 por ciento de la Ied, y le sigue Brasil con 19 por ciento. “Si se analiza la Ied per cápita (es decir, las inversiones en relación con la población de cada país), Uruguay pasa a ocupar el tercer puesto en Paraguay, luego de Luxemburgo y Panamá”, analiza el embajador uruguayo.
Perazza precisa que, en cambio, la inversión paraguaya en Uruguay representa sólo 0,8 por ciento de la Ied total en nuestro país, y actualmente está decreciendo. Según el diplomático, “Uruguay debe hacer más visibles sus atributos de país confiable y seguro para las inversiones paraguayas”. El embajador recalca que mientras la seguridad jurídica es la mayor ventaja de Uruguay, la baja institucionalidad y seguridad jurídica en Paraguay son, a su entender, elementos que debe mejorar el otro país terminado en guay para captar capitales.
En su afán por atraer inversión extranjera a toda costa los gobernantes paraguayos ofrecen “mano de obra joven”, y también barata. Lo que no se dice, pero se vive en tierras guaraníes, es que hay una constante vulneración de los derechos de los trabajadores, producto de una legislación laboral que, si bien no dista demasiado de la uruguaya, está lejos de ser cumplida.
NO TODO ES ORO. La precarización laboral en Paraguay es “uno de los fundamentos por los cuales las empresas extranjeras vienen a instalarse”, explica a Brecha el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores-Auténtica (Cut-a) paraguaya, Bernardo Rojas. La jornada de ocho horas, el salario mínimo y la seguridad social brillan por su ausencia en la realidad paraguaya. El ministro de Industria guaraní afirmó al diario El Observador en marzo de 2016: “No nos asustan jornadas de 14 horas y 41 grados de calor”. Estas condiciones son las que, sin dudas, “atraen al capital”, asegura el dirigente sindical.
Rojas profundizó sobre la realidad laboral de su país: “Acá hay poco empleo, entonces las patronales se valen de eso para presionar a los trabajadores: ‘si querés trabajar en estas condiciones trabajá, si no te vas’”. El salario mínimo, además de ser bajo, no se paga. Las jornadas de ocho horas existen, pero no se cumplen. El dirigente puso como ejemplo que en el sector del transporte “se trabaja hasta 16 horas por día para poder sacar una parte del salario mínimo”.
“Tan sólo 18 por ciento de los trabajadores asalariados de la población económicamente activa cuenta con seguro social, detalla Rojas, y añade que ocho de cada diez trabajadores se desempeñan en el terreno informal. “Si vamos por sectores, el caso de la mujer es más delicado, porque por el mismo trabajo ganan diferente, son violentadas en todos sus derechos y trabajan de diez a 12 horas por día”, relata el dirigente.
Actualmente el salario mínimo en Paraguay es de unos 350 dólares, sin embargo no todas las empresas lo pagan. “En diciembre de este año el Poder Ejecutivo paraguayo reunido con los empresarios y trabajadores ha decidido reglamentar el procedimiento de fijación del salario mínimo de manera tal que quede indexado a la inflación (a junio de cada año), al tiempo que establece la obligatoriedad de que el Consejo de Salario Mínimo se reúna anualmente para fijar el ajuste”, detalla el embajador uruguayo. Mientras que el presidente de la Central Nacional de Trabajadores (Cnt), Miguel Zayas, afirmó a Brecha que la creación del consejo es “un logro”, Rojas se mostró mucho más escéptico, porque no representa cabalmente a los trabajadores.
Sobre el vínculo de las empresas extranjeras con los trabajadores paraguayos, el dirigente de la Cut-a sostuvo que operan de la misma manera que las nacionales: “de manera abusiva”. El presidente de la Cnt precisó a su vez que muchas veces las empresas extranjeras se amparan en el período de prueba de 60 días, “dejan fuera a unos y meten a otra gente, y así sucesivamente”.
El régimen de maquila –que tanto atrae a capitales extranjeros– funciona como una máquina de “violentar los derechos de los trabajadores”, afirmó Rojas. La ley incentiva a que las empresas extranjeras produzcan bienes en el país para luego exportarlos sin pagar ningún tributo relacionado con el proceso productivo. El objetivo es beneficiar a los capitales, a cambio de que generen “puestos de trabajo de manera rápida”. Sin embargo, una vez que el trabajador entra en el régimen “no se le paga el salario mínimo, no tiene acceso a beneficios sociales, no se puede sindicalizar y trabaja horas sin parar”, explica Rojas.
El encargado de hacer cumplir las normativas y velar por los derechos de los trabajadores es el recién nacido Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, que formalmente se creó en julio de 2013. Zayas sostiene que la cartera no “puede hacer nada” porque no tiene los rubros necesarios para contratar los funcionarios necesarios. El dirigente de la Cut-a cuenta que “el mismo ministerio que hemos luchado por crear, ahora resulta que responde a los intereses de la patronal y del gobierno”. Ambos dirigentes concuerdan en que si un trabajador denuncia malos tratos, irregularidades en sus relaciones de trabajo o cualquier violación a sus derechos en el Ministerio de Trabajo, su despido está asegurado.
Por otra parte, el incipiente ministerio “ilegaliza los sindicatos mediante el congelamiento del trámite de los registros sindicales”, añadió Rojas. El dirigente de la Cnt explicó que el ministerio burocratiza el reconocimiento de un sindicato (“te ponen trabas de punta a punta”). Fernando Gambera, responsable de la Secretaría de Relaciones Internacionales del Pit-Cnt, ha comprobado –cuando la Coordinadora de Centrales del Cono Sur se ha reunido en Paraguay– que la “represión sindical es brutal”. El dirigente uruguayo manifestó que si bien la “libertad sindical” está establecida en los “papeles”, el derecho a la huelga “es reprimido”, el de asociación “queda en tela de juicio porque el Ministerio de Trabajo nunca termina de autorizar a los sindicatos”, y la autonomía “se respeta poco porque están los sindicatos amarillos”. El dirigente uruguayo reflexiona: “Puede ser un paraíso para las empresas, pero no para los trabajadores”.
[notice]¿Y por estos pagos?
El desembarco de empresas paraguayas en Uruguay en comparación con las uruguayas en tierras guaraníes es reducido. Algunos de los nombres que destaca la embajada uruguaya en Paraguay son: Atlantic Pharma International; Biplaner; Bma Pharma SA; Collombo Valley SA; Duffolk Intertrade; Dunsey SA; Fibatir SA; Girofar Intertrade; Kefersol; Las Cumbres Trading; Liwers SA; Tribex Company SA; Urulife SA; H Petersen; Emblema Ecop.
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Incentivos para la inversión extranjera
Maquiladoras de la realidad
El ministro de Industria de Paraguay, Gustavo Leite, afirmó a la agencia Efe que su país aspira a ser la “fábrica de la región”. Entre los instrumentos para conseguirlo, el país guaraní apuesta políticamente a un sistema de maquiladoras.
Las maquilas son conocidas tanto por su capacidad para atraer la inversión extranjera directa como de generar condiciones precarias de trabajo. Es un sistema de producción según el cual las empresas se instalan en un país a producir bienes y servicios, para luego exportarlos. El atractivo para las empresas es que están exoneradas del pago de tributos por el proceso productivo que realizan. “En Paraguay las operaciones de maquila sólo abonan un único tributo del 1 por ciento, que se aplica sobre el valor agregado al producto dentro del territorio paraguayo”, detalla el embajador uruguayo en Paraguay, Federico Perazza.
“La maquila se ha convertido en uno de los principales incentivos para la inversión extranjera directa previstos en la legislación paraguaya”, explica el diplomático, y precisa que, según datos oficiales, a través de este sistema se emplea a “unas 11.500 personas de forma directa y 4.500 de forma indirecta. Desde 2013 la maquila registra un crecimiento anual promedio de entre 20 y 25 por ciento, y en 2016 ha posibilitado que las exportaciones (bajo este régimen) lleguen a 300 millones de dólares”.
El embajador explicó que de un total de 124 empresas que han optado por este régimen de inversiones, “84 corresponden a Brasil, cuyos giros comerciales son autopartes, confecciones, textiles, calzados, tecnologías de la información y la comunicación (call centers), plásticos, madera y alimentos procesados”.
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