Dentro y fuera del Partido Nacional arrecian los cuestionamientos éticos sobre el intendente Bascou y el diputado Wilson Ezquerra, ambos dirigentes de Alianza Nacional. Sin embargo, parece olvidado el caso del delfín de Luis Lacalle Pou en Maldonado. Sobre Rodrigo Blás, presidente de la Junta Departamental y de la comisión departamental nacionalista, pesa una denuncia penal por defraudación tributaria. Tras permanecer “congelado” durante casi tres años, el expediente comenzó a moverse en las últimas semanas.
La justicia especializada en crimen organizado se apresta a retomar las actuaciones por el caso del edil herrerista Rodrigo Blás –principal dirigente en Maldonado del senador Luis Lacalle Pou y aliado clave del intendente Enrique Antía en el gobierno departamental–, a quien la Dirección General Impositiva (Dgi) denunció por defraudación fiscal en setiembre de 2014. Junto con Blás, líder del sector departamental Unión y Cambio, actual presidente de la Junta de Maldonado y de la comisión departamental del Partido Nacional (PN), hay seis imputados más: su esposa, un edil de su sector, un escribano, dos escribanas –ambas funcionarias municipales– y un empresario argentino.
Si bien la Dgi ya comprobó la defraudación fiscal por vía administrativa, la instrucción judicial estuvo, hasta ahora, congelada por varios motivos. En principio porque, mediante una estrategia de defensa conjunta de los imputados, a fines de 2014 el grupo interpuso un recurso de caducidad contra la denuncia de la Dgi, argumentando que la oficina estatal había excedido los plazos legales. La intención era el archivo del caso sin ingresar al tema de fondo, según acordaron los defensores Álvaro Villegas (actual prosecretario de la Intendencia de Maldonado, Idm), su socia Susana Soto y el ex fiscal Enrique Moller (ahora contratado por la Idm para abocarse a las denuncias por presuntas irregularidades en la anterior administración del Frente Amplio). En aquella oportunidad lograron retrasar las actuaciones por unos meses, hasta que el fiscal Juan Bautista Gómez y la jueza Adriana de los Santos, a cargo de la causa, coincidieron en desestimar el recurso.
La fiscal María de los Ángeles Camiño ya había asumido en lugar de Gómez y tenía pendientes algunas citaciones cuando Moller apeló el fallo, en junio de 2016. Una vez más consiguió dilatar la investigación durante meses, pero este año un tribunal ratificó el procedimiento de la Dgi. Paralelamente, el 15 de mayo se confirmó el embargo genérico dictaminado en 2014 sobre los bienes de los imputados, solicitado por la Dgi y que también había recurrido la defensa. En crimen organizado estas medidas preventivas pueden extenderse hasta por cinco años.
Con esto, el fiscal Luis Pacheco y la jueza María Helena Maynard –quienes están ahora a cargo del expediente– pueden retomar las actuaciones. Sin embargo, fuentes del caso afirmaron a Brecha que, debido a la cantidad de imputados y la variedad de defensores, a mediados de este mes el fiscal solicitó revisar el expediente para descartar la existencia de algún otro recurso, antes de comenzar la investigación. Si no lo hay, se prevé que las primeras audiencias comiencen en noviembre.
Otros factores que incidieron en la dilatoria de la investigación judicial, más allá de la sagacidad de la defensa, tienen que ver con el relevo de fiscales y juezas y la seguidilla de casos de alta complejidad e impacto público en los últimos tres años. A modo de ejemplo, en la misma fiscalía que el caso Blás cayeron la causa de Pluna, la conexión uruguaya con las estafas y coimas a la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), el caso de Eugenio Figueredo, los presuntos actos de corrupción en la gestión de Ancap (véase página 7), el caso del narcotraficante mexicano Gerardo González Valencia y el lavado de dinero del cártel de Los Cuinis en Uruguay, las derivaciones de la causa argentina que investiga la ruta del dinero K, y el caso del mafioso calabrés Rocco Morabito, entre otros. En este contexto de complejidad y sobrecarga de trabajo no es extraño que las denuncias de la Dgi pasen a un segundo plano en el orden de prioridades.
EVASIÓN MEDITADA. No obstante, aun sin fallo judicial se sabe que el político y funcionario del gobierno de Maldonado incurrió en prácticas que ni su partido ni su líder han cuestionado. La denuncia de la Dgi ante la justicia de crimen organizado estuvo precedida por una exhaustiva investigación administrativa que confirmó la defraudación fiscal y además reveló intencionalidad en la evasión.
Los inspectores concluyeron que la defraudación rondó los 6,7 millones de pesos (casi 300 mil dólares del momento), duplicada debido a las multas y recargos por morosidad. A esta altura, sumada la multa por defraudación, es posible que la deuda supere holgadamente el millón de dólares, estimaron fuentes de la Dgi consultadas por Brecha.
Las entrevistas con imputados y testigos, más la incautación de documentación clave, permitieron reconstruir la maniobra: consistía en escriturar a un precio inferior al real los terrenos que la inmobiliaria de Blás vendía en el fraccionamiento Valle di Saronno, ubicado en el barrio Lausana, de Maldonado, para ahorrarse buena parte de los impuestos correspondientes a la transacción. El fraccionamiento pertenecía a Javipark SA, firma dirigida por el argentino Oscar Andorno y propiedad de la panameña Sapsol SA, según declaró el empresario a la Dgi. Blás dice ser únicamente un apoderado de Javipark, firma que tiene su domicilio legal en el estudio del contador Juan Carlos Etcheverrito.
Según la denuncia penal, a través de su inmobiliaria (para la cual trabaja el resto de los imputados, menos Andorno) Blás actuó de forma premeditada y organizada para engañar al Estado. El grupo también intentó obstaculizar la investigación de la Dgi, amedrentando a testigos para que modificaran su declaración original, señala la denuncia. De esa operativa, más el llamativo cambio de propietarios del fraccionamiento hasta que terminó en poder de Javipark SA, dio cuenta este semanario en una serie de artículos publicados entre febrero y octubre de 2014.1
En ese lapso los blancos se abroquelaron tras la figura de Blás y atribuyeron la información a un plan del gobierno nacional frenteamplista para atacar a su partido. Redujeron el hecho a un asunto privado que, en su opinión, en nada comprometía el desempeño del edil que entonces aspiraba a gobernar el departamento. En Unión y Cambio, su sector, hablaron de una campaña de “desprestigio, mentiras y calumnias” y de “políticas de enchastre”. En Montevideo, Lacalle Pou indagaba y recibía informes de primera mano sobre la situación de su dirigente más promisorio en Maldonado, donde el PN estaba decidido a quitarle el gobierno al FA en las elecciones de 2015.
Cuando Brecha informó que la Dgi había presentado la denuncia penal2 el caso tomó estado nacional y el entonces presidenciable declaró que se trataba de “un asunto privado” y “no en el ejercicio de la política”, por lo cual esperaría el fallo judicial. “Seré implacable con aquel que se desvíe y la justicia lo pruebe. Si podemos criticar a los ajenos seremos bien severos con los propios”, argumentó, aunque el desvío estaba probado por vía administrativa. Pese a un distanciamiento interno del que varias fuentes nacionalistas dieron cuenta a Brecha en aquel momento, Lacalle Pou no se privó de aparecer ante la opinión pública respaldando la candidatura de su delfín. Días después, al cerrar su campaña, Blás insistió en que todo eran “rumores, chismes y mentiras”. Y Antía, su contrincante interno en la batalla electoral, se limitó a opinar que se trataba de un “asunto privado en manos de la justicia”.
¿A QUIÉN LE IMPORTA? El entonces candidato a intendente había eludido el pago de sus impuestos y además estaba acusado ante la justicia por hacerlo en forma deliberada y organizada. Sin embargo su campaña siguió adelante y, con el auspicio de sus correligionarios, Blás logró convencionales necesarios para ser electo presidente de la comisión departamental del PN.
Llegó a los comicios de mayo de 2015 sin sobresaltos: obtuvo 16 mil votos con los cuales aseguró el triunfo de Antía. Su sector logró puestos clave en el gabinete (vivienda, salud, políticas sociales) y varios de sus cuadros lograron ingresar a la administración departamental. Mientras, Blás eligió seguir en su función de edil, que desempeña en forma ininterrumpida desde 1994. Se transformó en el articulador clave para la aprobación de proyectos estratégicos en la Junta Departamental y supo encontrar los acuerdos para asumir la presidencia del legislativo departamental en 2016.
Como para aventar cualquier duda sobre la probidad de su dirigente en Maldonado, a la ceremonia de asunción asistieron Lacalle Pou y el presidente del directorio del PN, Luis Alberto Heber. Blás tuvo entonces el voto unánime de las bancadas. Lo apoyó todo el FA, aunque sectores sin representación en la Junta, como el Pvp, advirtieron en la interna sobre los antecedentes éticos y morales del edil. Particularmente Cabildo, sector con mayoría en la bancada de izquierda, ensalzó la figura del nuevo presidente al fundamentar la votación. Cabildo es el sector que en Maldonado lidera el diputado Darío Pérez (Liga Federal), quien este año volvió a cobrar protagonismo nacional por ser uno de los primeros en reclamar la renuncia del vicepresidente Raúl Sendic.
En julio pasado Blás resultó reelecto por un segundo período, pero esta vez no consiguió el respaldo frenteamplista. Tras la experiencia de un año, la izquierda le cuestionó sus constantes violaciones al reglamento del legislativo y su mal relacionamiento con los ediles, a quienes faltó el respeto en sala e intentó presionar en las bancadas al buscar acuerdos para aprobar proyectos, relataron a Brecha fuentes del oficialismo y de la oposición. Esta vez el diputado Darío Pérez dio la orden expresa de no votarlo, no por sus antecedentes de defraudación fiscal –que sobrevolaron la discusión– sino por “la prepotencia” que ostentó en su primer año de gestión, acotó una fuente de Cabildo.
La postura del FA cayó tan mal al presidente de la Junta que ordenó suspender la fiesta de asunción. Sin embargo, pronto tendría una alegría: su sector arrasó en la última elección de jóvenes del PN. Unión y Cambio fue, por lejos, el más votado del departamento y más que duplicó las adhesiones a su inmediato seguidor, el sublema Todos por Maldonado, encabezado por Antía.
Sostiene el filósofo Andrés Reyes que “los políticos profesionales deberían ser, mostrar, actuar con base en un conjunto de virtudes públicas pero también privadas” (véase nota en página 5). En una encuesta de Cifra3 publicada hace tres años, la amplia mayoría de los uruguayos creía que “la actuación privada de un político no es relevante para su gestión pública”.
- “Aire turbio” (28-II-14); “Un mal sueño” (7-III-14); “Triple alianza” (28-III-14); “Un valle de misterios” (10-V-14); “Un misterio menos” (17-V-14), todos ellos de lectura libre en la web de Brecha.
- “Por la impositiva”, Brecha, 17-X-14.
- El 72 por ciento sostiene que “no es importante” conocer la vida privada de los candidatos. Encuesta de Cifra publicada en El Observador, setiembre de 2013.