Una primera advertencia es que la posibilidad de incrementar los fondos adicionales a los aprobados en el presupuesto quinquenal (en 2020) en la rendición de cuentas es una potestad exclusiva del Poder Ejecutivo y que en la discusión parlamentaria la única alternativa de los legisladores es modificar la distribución de esos recursos. Por tanto, la tarea del Poder Legislativo se limita a desvestir un santo para vestir a otro, más cuando los fondos incrementales propuestos por el Ejecutivo son insuficientes para atender la realidad pospandémica y la demanda de distintos sectores de la sociedad. El proyecto de rendición es parte del programa del gobierno y refleja el posicionamiento político e ideológico de la actual administración nacional.
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La novedad, en este caso, es el lavado de manos de algunos jerarcas del gobierno ante la falta de contemplación de los requerimientos de algunas instituciones nacionales, como los del artículo 220 de la Constitución. Una lectura del mensaje gubernamental evidencia la discriminación de la Universidad de la República (Udelar) y la ciencia. Por un lado, es notable la ausencia de fondos adicionales para el funcionamiento de la Udelar (el proyecto es de cero peso, pero, además, se le sustraen recursos por la eliminación del adicional al Fondo de Solidaridad, unos 13 millones de dólares anuales). Por otro, se destaca la pobre asignación para la ciencia, a pesar de que en los momentos más complejos de la pandemia de covid no faltaron los elogios por su desempeño y su contribución a la campaña contra el virus. De los 26 millones de dólares que se aluden como destinados a la ciencia, solo 4 millones van para la Agencia Nacional de Investigación e Innovación. Y de los 22 millones restantes, 10 millones van para los proyectos de emprendedurismo que están en la órbita del Ministerio de Economía y Finanzas, y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), y 12 millones, para la Agencia Nacional Uruguay Audiovisual, que poco tendría que ver con la ciencia.
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De acuerdo con las normas constitucionales, a la OPP le corresponde precisamente eso, definir las normas presupuestales de acuerdo a las prioridades del Ejecutivo. Sin embargo, su director, Isaac Alfie, dijo en una entrevista concedida a la radio El Espectador (11-VII-22): «Me gustaría que fuera algo más para la ciencia y menos para otro lado». Luego alegó que en la discusión del mensaje presupuestal son los ministros quienes definen las prioridades. Y, en un traslado de sus responsabilidades a terceros, agregó: «Creo que algunas cosas los parlamentarios pueden decidir». Para propios y ajenos, es evidente el peso decisivo del director de la OPP en la conducción del equipo económico, por lo que resulta evidente la intención de quitarse responsabilidad en una decisión que le corresponde y que, además, ha concitado el rechazo de la comunidad científica, la oposición política y vastos sectores de la sociedad.
En cuanto al incremento cero para la Udelar, Alfie dijo que el proyecto le asigna 7 millones de dólares para su desarrollo en el interior. Pero, como bien se sabe, no hay mejor mentira que una verdad a medias. Esos 7 millones van para la Intendencia de Paysandú y no para la Udelar (el plan original es la construcción conjunta de un campus universitario en la capital del departamento, con una contrapartida de la universidad), pero no se asigna ningún recurso genuino para los fondos que debe invertir la casa de estudios. En cuanto a la eliminación del adicional al Fondo de Solidaridad con destino a la universidad, aseguró que esa partida única de 7 millones (que él dijo que van a la Udelar) compensa la quita del adicional. Pero, ante la inconsistencia de su argumentación, trasladó a los parlamentarios la posibilidad de no eliminar el adicional, lo que se contradice con su afirmación original de que la ausencia de esos recursos había sido enmendada con los 7 millones.
La otra verdad a medias de Alfie es que la Udelar se beneficiará con los aumentos salariales resueltos por el convenio entre la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) y los sindicatos de la educación. Los funcionarios y los docentes de la universidad no están contemplados en esos acuerdos, ya que a ellos les corresponde lo votado en el artículo 4 del presupuesto quinquenal de 2020, por lo cual, de acuerdo a lo establecido al final del período de gobierno, recibirán un ajuste del 2,8 por ciento, lo que implica una pérdida salarial que ronda el 8 por ciento.
Esa falta de celo en la asunción de sus responsabilidades incluye al ministro del Interior, Luis Alberto Heber. Frente al reclamo de los sindicatos policiales sobre la suerte de sus salarios (ayer, jueves, se manifestaron ante el Palacio Legislativo), Heber primero le echó la culpa a COFE de la falta de recuperación en la rendición y luego varió su discurso para afirmar que aún falta un «medio tiempo» en la negociación parlamentaria. Así, dijo tener esperanzas de que en el Parlamento se puedan tener mejoras y luego advirtió que «no es una iniciativa del Ejecutivo» buscar transferir recursos y mejorar el salario.
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Sin embargo, en otros planos del proyecto de la rendición no hay un abandono de las potestades del Ejecutivo y sus integrantes. Por ejemplo, el texto prevé rebajas impositivas para los «malla oro», porque se disminuye la tasa del impuesto a la renta de las personas físicas de tipo 1 (el que grava ingresos no provenientes directamente de las remuneraciones de los asalariados) a los intereses de los depósitos bancarios a plazo fijo en moneda nacional, que pasan del 7 al 1,5 por ciento cuando el plazo es mayor a un año (y al 5,5 por ciento cuando el tiempo del depósito es menor a ese lapso).
Asimismo, se reduce el impuesto al patrimonio de los predios rurales, restando a la extensión del campo las hectáreas de bosque nativo, pues se lo considera área no explotable. Por otro lado, a los efectos de la contribución inmobiliaria rural y el impuesto de primaria, se exonera a los propietarios de campo cuyas tierras se compongan de hasta 300 hectáreas con índice Coneat 100 también con el descuento del tramo de bosque nativo. Esta medida afecta la recaudación de las intendencias y de la Administración Nacional de Educación Pública.
En estos ítems no hay traslado de responsabilidades y el Ejecutivo (o sus jerarcas) no se descansan en nadie.
