A pesar de que la producción, la exhibición y la distribución de los contenidos audiovisuales de un país tienen una esencia netamente artística, el gobierno ha incluido al sector dentro de su enfoque empresarial, transversal a toda la rendición de cuentas. Como informó La Diaria (6-VII-22), el productor de televisión Facundo Ponce de León es el autor de un proyecto que decreta la creación de una Agencia Nacional Audiovisual (ANUA) y hace desaparecer el Instituto Nacional del Cine y el Audiovisual (INCAU), derogando casi todos los artículos de la ley de cine sancionada en 2008. Aquella ley tenía la misión de asegurar que existiera la posibilidad de hacer cine en este país, apostando a poner en valor la creación nacional. Ahora, para las autoridades, lo importante es favorecer a las multinacionales para que otorguen empleo a técnicos formados a imagen y semejanza de plataformas como Netflix y Amazon.
¿QUÉ ES EL CINE?
En el documento inicial para la creación de la ANUA, la palabra cine casi no aparece. En su planteo, «una serie o largometraje de ficción o documental, un servicio de producción publicitaria, un programa televisivo, […] un videojuego, el rodaje de una película extranjera en territorio nacional, […] un video institucional estratégico, un contenido de realidad virtual»1 pueden ser tratados de la misma manera. Esa concepción deriva de una posición teórico-crítica que reconoce como imposible diferenciar, en términos concretos, aquello que es cine de lo que no lo es. Pero ¿realmente da lo mismo hacer un videojuego que hacer cine? ¿Una película tiene la misma pertinencia cultural que un contenido de realidad virtual? Es cierto que todo eso es audiovisual: la diversidad del lenguaje cinematográfico es tan grande que lo único plausible para regular que algo se considere película es tener en cuenta las condiciones contextuales que así lo definen, sus paratextos, los circuitos en los que se exhibe. Ese reconocimiento supone la afiliación a una tradición cultural e histórica que sirve para jerarquizar los materiales, priorizar su conservación y contribuir a un sentido colectivo que construye el territorio del cine como un espacio de libertad creativa, imposible de emular en otros ámbitos. El abordaje economicista pone en igualdad de condiciones una película y una publicidad, a pesar de que en uno de esos «contenidos audiovisuales» la última palabra no la tiene un director, sino un cliente.
FONDOS Y TRASFONDOS
La pérdida del INCAU supone tirar por la borda el saber acumulado desde 2008, deslindarse del recorrido internacional ya hecho y abandonar la idea de que es necesario estimular de manera específica la creación cinematográfica, aun cuando el cine nacional está en un momento de auge. La creación de la agencia se justifica diciendo que «Uruguay padece de una dispersión institucional que repercute negativamente en el desarrollo del sector». Pero ¿por qué esa centralización de los recursos no puede estar en la órbita del INCAU? Lo urgente para el cine es el aumento del Fondo de Fomento, y esta rendición de cuentas deroga la indexación de 2018, que permitía que no sufriera devaluaciones. Ese fondo se otorga a partir de llamados en los que un jurado autónomo y rotativo define qué proyectos serán apoyados, garantizando la diversidad. En cambio, el Programa Internacional Uruguay Audiovisual, en el que se encuentran los 12 millones con los que el gobierno se embandera, se otorga a discrecionalidad, dependiendo del criterio de los funcionarios del gobierno de turno. Se trata de un fondo de cash rebate, que se cobra contra inversión: el Estado devuelve a las empresas una parte del gasto, y, si bien no se concursa (se otorga por orden de llegada), solamente pueden solicitarlo producciones de medianos o altos presupuestos. La amplia mayoría de las películas documentales, por ejemplo, queda excluida. Dicho sea de paso, ¿por qué el Estado debe devolverles el gasto a las empresas que invierten en sus propias publicidades? Así, los productores independientes, los jóvenes que recién empiezan y los directores de proyectos tan arriesgados como Bosco2 –que jamás habría podido preverse como un éxito de taquilla y que, sin embargo, lo es– tienen cada vez menos chances de hacer películas y el cine empieza a despedirse de nosotros. Más que proyectarnos hacia el futuro, estas decisiones parecen meternos de cabeza en el pasado, volviendo a aquella tradición de imposibilidad y frustración que hacía que cada película que se estrenaba en nuestro país fuera presentada como «la primera película uruguaya».
1. Brecha accedió al documento, que circuló en las redes sociales.
2. Bosco (Alicia Cano, 2021) ha pasado los 10.500 espectadores a partir de su estreno y sigue sumando público.
