En el mensaje del último Primero de Mayo, la dirigenta del PIT-CNT Tamara García denunció ataques a organizaciones, personas y culturas militantes. Mencionó amenazas, discursos de odio, iniciativas legales que limitan derechos.1 Después colgó dos preguntas picantes («¿Por qué está mal que nos duela la injusticia y luchemos por nuestros derechos? ¿Por qué nos quieren silenciar?») y una afirmación siempre bienvenida («No dejaremos de luchar»). Las preguntas invitan a pensar lo incómodo. Por ejemplo, la inclusión de mayores y nuevas violencias en el funcionamiento habitual de las gobernabilidades democráticas.
Una respuesta corta sería que nos quieren silenciar porque no todas las libertades son igualmente bienvenidas cuando los impulsos para ampliar derechos se confrontan con la intención de adecuar las democracias a la radicalización de las injusticias. Para pensar estos temas en nuestro aquí y ahora, es necesaria cierta distancia y un encuadre que contemple dos subjetividades en expansión: democracias cansadas y emergencia sanitaria global.
NUEVA NORMALIDAD
La declaración de la pandemia por covid-19 fue un reinicio de facto del siglo XXI, que amaneció en marzo de 2020 bajo una nueva normalidad. Es una categoría política originada por la crisis de salud, pero con efectos que desbordan el campo sanitario hasta convertirse en un ordenador de todas las relaciones sociales. La pandemia instaló un gran temor que empuja la búsqueda de soluciones sanitarias y políticas dentro del repertorio conocido de experiencias y técnicas para el control social más estricto. Las incertidumbres biomédicas orientan la acción sobre los únicos campos de apariencia gobernable: las conductas, las tecnologías, la política. Un impulso sin frenos ni comandos democráticamente reconocibles.
A esta altura no es fantasioso pensar que los límites y las variantes de nuevas normalidades acompañarán las mutaciones virósicas. En cuanto al «buen» gobierno global de la nueva normalidad, este reposa sobre un consenso opaco de monopolios industriales y comerciales de comunicación y del rubro farmacéutico. Lo prueba la tiránica organización de los ritmos y límites de la actividad a nivel planetario, alrededor de la triple contabilidad diaria de infecciones, muertes y personas vacunadas. ¿Estoy negando la significación sanitaria del covid-19 o la necesidad de contener su expansión? Claro que no. Pero sí señalo la convergencia de la respuesta política a la emergencia sanitaria con una deriva regresiva de lo democrático, que viene ocurriendo con diferentes ritmos y modalidades según lugares y trayectorias históricas.
Es un proceso documentado y estudiado desde disciplinas y perspectivas teóricas suficientemente distantes como para asumir que es una tendencia.2 La nueva normalidad no es tan nueva, pero radicaliza y expone una versión espectacular y grotesca de degradación democrática. Para muestra están la censura arbitraria en plataformas digitales, los toques de queda, la suspensión de derechos de reunión y expresión, etcétera. En el otro extremo se ubica la discrecionalidad de gobernantes que no toman acciones para contener la infección, dejando a las poblaciones a merced de sus capacidades sociales e individuales de defensa. Consideraciones aparte merece la golosa fascinación de todas las elites por los modos orientales de control tecnoburocrático de las poblaciones. Sin duda, la pandemia es un gran negocio político para quien puede imponer sus términos de nueva normalidad.
LIBERTAD RESPONSABLE
En estas tierras nuestras, oscilando entre los extremos más notorios, el gobierno de la pandemia y la política lleva el encantador nombre de libertad responsable. Los 14 meses de gobierno de la coalición coinciden con la pandemia. Nada sugiere que esa sincronía desaparezca rápidamente ni que sus efectos sean un mal sueño que se disipe al despertar. Un balance rápido sugiere que la nueva normalidad no fue un problema para que la coalición aplicara su programa. Más bien parece una horma cómoda para su éxito. Deslindo con la meritocracia vulgar aclarando que no digo éxito como sinónimo de justo, de la misma manera que tampoco la mayor justicia de unas políticas les acarrea automática legitimidad social.
En el medio está la política y es allí donde hasta ahora se dibuja la ventaja del bloque gobernante. Una ventaja que no se reduce a los números que arrojan las encuestas de opinión pública. En 14 meses Lacalle dispuso con decisión su lucro electoral para implementar, a su ritmo, un proyecto político complejo y que afecta negativamente a amplios sectores sociales. Lo hizo conservando, tal vez fortaleciendo, un bloque gobernante centrado en políticos y corporaciones, especialmente de la economía y la comunicación. Al mismo tiempo mantiene vital el humor antiprogresista, que fue clave para ganar las elecciones y ahora usa como una tecnología de gobierno. En ese antiprogresismo militante convergen los grandes beneficiarios y también muchas personas agraviadas por el sistema. Es un humor que activa reacciones con el automatismo de los más arraigados sentidos comunes y se nutre por igual con deseos o frustraciones.3
En resumen, la fuerza gobernante liderada por Lacalle navega exitosamente en la corriente disruptiva de derecha, que viene instalando agendas y gerentes en buena parte del planeta. Es una factura político-cultural uruguaya, organizada sobre la convicción de que el bien nacional se garantiza blindando las jerarquías y los privilegios sociales. En eso cree y para eso gobierna. Así lo expuso el diputado Gustavo Zubía (bien lejos de las retóricas de libertad responsable) cuando, defendiendo la Ley de Urgente Consideración, eructó nombre y deseo de la sociedad que promueven. Se trata, dijo, de «terminar con la política basada en la filosofía del amor, la solidaridad y la condescendencia con todos».4 A brutalidad de parte relevo de pruebas. Claro que la antisolidaridad es una respuesta de derecha a la vida precaria y la falta de esperanzas. Solo que, como política, la antisolidaridad no se realiza aprobando leyes. La coalición puede desterrar la solidaridad, la justicia y el amor del discurso y la práctica del Estado que administra si se lo permiten su consenso y sus votos.
El problema para el bloque gobernante es que la solidaridad, la empatía y el compromiso no son abstracciones ni artificios discursivos, sino cultura. Son prácticas arraigadas en organizaciones y entramados sociales, que se fundan en antiguas y nuevas tradiciones del sentir, hacer y luchar. De manera que, para aplicar un programa que radicaliza las injusticias y pretende terminar con la cultura de la solidaridad, será necesaria mucha violencia simbólica y de la otra.
De eso se hablaba el Primero de Mayo. Hasta ahora el bloque gobernante se beneficia de un consenso amortiguador basado en la nueva normalidad y la libertad responsable. Es un espacio político donde pueden sumirse los sentidos de su ejercicio del poder. Pero la disputa sobre la propiedad y los límites de la libertad hace visible lo mucho que está en juego. Es mejor no olvidarlo.
1. Véase completo en https://www.facebook.com/watch/?v=311855100298846.
2. A título indicativo menciono, entre muchas referencias posibles, el «Informe 2018» de Latinobarómetro y Capitalismo gore, de Sayak Valencia. en versión libro o conferencia.
3. Gabriel Delacoste caló hondo ese tema en una semblanza de la senadora Bianchi, publicada en Brecha.
4. Véase completo en https://www.canal4.com.uy/programas/todas-las-voces/videos/lunes-17-de-mayo-4.
